Áreas de desafío del gobierno abierto

Mejorar la eficacia de los marcos legales de acceso a la información.

Las acciones y reformas que encajan dentro del alcance de esta área de desafío son:

• Introducción de nuevos marcos jurídicos sobre la libertad de acceso a la información o modificaciones que mejoren significativamente los existentes.
• Reformas que aumenten el acceso a la independencia, capacidad e integridad de las autoridades de supervisión de la información.
• Actividades que mejoran sustancialmente la implementación y el cumplimiento de los marcos jurídicos sobre libertad y acceso a la información, incluso mediante la accesibilidad, el uso y la reutilización de los datos.
• Reformas que introducen, fortalecen o implementan marcos de divulgación proactiva que cumplen al menos dos de los siguientes requisitos: 1) En leyes promulgadas por la legislatura, 2) De alcance intergubernamental, 3) Requerir la divulgación en formatos abiertos.
• Reformas que mejoran el acceso de cada organismo a la información, los informes de desempeño y los datos (incluidas las solicitudes, las respuestas afirmativas, los tiempos de respuesta, el uso de exenciones, las apelaciones y los resultados de las apelaciones).

Reformas que no entran dentro del alcance de esta área de desafío:

• Transparencia general o actividades de divulgación de información (por ejemplo, portales de transparencia) que no estén recogidas en un marco jurídico.
• Mejorar la eficacia de los marcos legales de acceso a la información.

Desarrollar, fortalecer y/o implementar acciones para combatir la corrupción y las finanzas ilícitas a nivel nacional y local.

Las acciones y reformas que se ajusten al alcance de este desafío deben incluir al menos una de las siguientes áreas:

• Combatir las finanzas ilícitas mediante la transparencia en la titularidad real de las empresas y los activos (inmuebles y activos virtuales), las medidas de recuperación de activos y la regulación de los proveedores de servicios profesionales.
• Contratación abierta con una participación pública significativa (codiseño, coimplementación o seguimiento) que vaya más allá de la participación en formación, sensibilización o consultas.
• Finanzas políticas y divulgación de activos e intereses, centrándose en reformas que implementan y van más allá de las Resolución 11-7 de la UNCAC sobre financiación política.
• Nuevas normativas o modificaciones en materia de cabildeo, así como en lo que respecta a la divulgación de datos sobre actividades de cabildeo, incluyendo medidas proporcionales que salvaguarden el derecho a la participación significativa de las organizaciones de la sociedad civil.
• Transparencia en la industria extractiva, incluidas medidas para abordar la corrupción y los riesgos de financiación ilícita en el sector.
• Estrategias, planes de acción o mecanismos de coordinación anticorrupción con mecanismos claros de implementación, presentación de informes y seguimiento que permitan la participación y la supervisión públicas.

Mediante este desafío, los gobiernos pueden mejorar las políticas, la implementación y la interoperabilidad en las áreas mencionadas. Se alienta especialmente a los gobiernos a impulsar reformas ambiciosas que fortalezcan los vínculos y la interoperabilidad de los datos en estas áreas.

Reformas que no entran dentro del alcance de esta área de desafío:

• Políticas anticorrupción que no abordan explícitamente las políticas enumeradas anteriormente, como el fortalecimiento general de las instituciones anticorrupción. 
• Integridad de la información electoral (tema tratado en el informe "Desafío a la libertad de prensa y la integridad de la información") 
• Protección de los denunciantes (cubierta por Challenge on Justice)

Fortalecer entornos y espacios propicios para la sociedad civil y la acción cívica.

Las acciones y reformas que encajan dentro del alcance de esta área de desafío son:

• Crear conjuntamente, con la sociedad civil, estrategias, políticas y/o leyes que fortalezcan el espacio cívico.
• Reformas destinadas a mejorar la libertad de asociación y a fortalecer el entorno propicio para que las organizaciones de la sociedad civil operen con mínimas restricciones.
• Reformas destinadas a mejorar la libertad de reunión, tanto a nivel nacional como local. 
• Reformas relacionadas con la mejora de la libertad de expresión, como la protección de los defensores de los derechos humanos y otros activistas.
• Fortalecer entornos y espacios propicios para la sociedad civil y la acción cívica.

Reformas que no entran dentro del alcance de esta área de desafío:

• Reformas relacionadas específicamente con la protección de la libertad de prensa. Estas reformas están contempladas en el Desafío sobre la Libertad de Prensa y la Integridad de la Información.

Fortalecer la formulación e implementación de políticas climáticas transparentes, participativas y colaborativas.

Las acciones y reformas que encajan dentro del alcance de esta área de desafío son:

• Desarrollar o implementar mecanismos permanentes para la participación ciudadana en la formulación de políticas sobre clima, medio ambiente y/o la transición energética.
• Traducir compromisos o disposiciones específicas relacionadas con la apertura del gobierno, procedentes de acuerdos y tratados regionales o mundiales sobre el clima, el medio ambiente y/o la transición energética, en políticas, leyes o prácticas nacionales.
• Habilitar y/o implementar herramientas o mecanismos que midan e informen públicamente sobre el progreso de la implementación nacional de los acuerdos regionales o mundiales mencionados anteriormente y/o disposiciones específicas de gobierno abierto. 
• Garantizar la supervisión pública y la transparencia en la financiación climática, el gasto relacionado con los combustibles fósiles y la sostenibilidad en los procesos de contratación pública.

Reformas que no entran dentro del alcance de esta área de desafío:

• Procesos participativos que no son continuos, como las consultas con plazos definidos.

Reforzar la transparencia y la supervisión pública de la IA, la toma de decisiones automatizada, los marcos de protección de datos y la infraestructura pública digital (IPD).

Las acciones y reformas que encajan dentro del alcance de esta área de desafío son:

• Transparencia en la toma de decisiones automatizada por parte de los gobiernos, como la publicación de datos subyacentes, fichas modelo o registros de transparencia.
• Integrar las evaluaciones de impacto en los derechos humanos en el uso de las nuevas tecnologías.
• Crear mecanismos de reclamación pública cuando se utilice tecnología en servicios o procesos orientados al público.
• Crear o fortalecer organismos de supervisión independientes que puedan examinar el uso que hace el gobierno de la tecnología.
• Crear oportunidades específicas de participación pública para dar forma al uso de las tecnologías digitales en el sector público y/o a la gobernanza de las nuevas tecnologías, incluidas las infraestructuras públicas digitales.
• Crear mecanismos específicos que promuevan la inclusión digital dentro de los marcos de IA, DPI, toma de decisiones automatizada o protección de datos, o que prevengan la discriminación en línea.
• Reformas que protegen los datos personales y la privacidad mediante el establecimiento de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, como marcos de consentimiento o modelos claros de propiedad de los datos. 

Reformas que no entran dentro del alcance de esta área de desafío: 

• Reformas que promueven el uso de tecnologías digitales sin un enfoque claro sobre cómo se utilizarán y gobernarán dichas tecnologías: incluyendo la digitalización de servicios públicos, aplicaciones para teléfonos móviles, adopción de herramientas de IA, etc. Las reformas que aprovechan las herramientas digitales para abordar temas cubiertos en otras áreas del Desafío se evaluarán de acuerdo con esas áreas. 
• Reformas de datos abiertos, incluidos los portales de datos.
• Reformas que aumenten la preparación técnica para la aplicación de tecnologías avanzadas, incluyendo el aumento de la conectividad.

Promover reformas institucionalizadas* de supervisión pública e inclusión a lo largo de todo el ciclo presupuestario y de gasto.

Las acciones y reformas que se ajustan al ámbito de este desafío (es decir, presupuestos, ingresos, gastos, auditorías y gestión de la deuda) son:

• Fortalecer el papel de la legislatura y otras instituciones relevantes en la aprobación, seguimiento, revisión y publicación de datos e informes presupuestarios, fiscales y relacionados con la deuda, desde una perspectiva de gobierno abierto.
• Reformas o actividades que faculten a las instituciones de supervisión fiscal (EFS) independientes y a las oficinas del Defensor del Pueblo para hacer cumplir medidas de transparencia y rendición de cuentas a lo largo del ciclo presupuestario.
• Implementar mecanismos participativos, dirigidos a grupos subrepresentados, para definir las prioridades de gasto y supervisar la ejecución del presupuesto.
• Institucionalizar* herramientas en línea y fuera de línea para promover la participación a lo largo del ciclo presupuestario y de gasto.

Reformas que no entran dentro del alcance de esta área de desafío:

• Reformas que promueven exclusivamente el acceso del público general a los datos e información fiscal, incluidos los datos abiertos, los portales de datos, las aplicaciones para teléfonos móviles y las guías en lenguaje sencillo, como los Presupuestos Ciudadanos, sin establecer mecanismos institucionalizados* correspondientes para la participación o supervisión pública.

Adoptar reformas de gobierno abierto para promover la plena participación de las mujeres, los jóvenes, las personas LGBTQIA+, las personas con discapacidad, las comunidades indígenas, las personas mayores y otros grupos subrepresentados en los ámbitos político, social y económico.

Las acciones y reformas que encajan dentro del alcance de esta área de desafío son:

• Reformas centradas en el género, como mecanismos para abordar la violencia de género, tanto en línea como fuera de línea.
• Producir y hacer accesibles al público datos desglosados ​​por comunidades, como por ejemplo datos abiertos sobre género.
• Establecer mecanismos permanentes para involucrar a los grupos subrepresentados en la toma de decisiones, por ejemplo, comisiones de igualdad de género, consejos juveniles, órganos consultivos o procesos participativos continuos.
• Institucionalizar enfoques de gobierno abierto que aborden la igualdad de género y la inclusión en todo el gobierno.

Reformas que no entran dentro del alcance de esta área de desafío:

• Iniciativas para producir datos desagregados sin hacerlos accesibles al público.
• Procesos participativos que no son continuos, como las consultas con plazos definidos.
• Reformas destinadas a empoderar a las mujeres u otras comunidades afectadas que no tienen una perspectiva directa de gobierno abierto, por ejemplo, estableciendo cuotas para cargos políticos.

Avanzar en reformas de la justicia centradas en las personas.

Las acciones y reformas que encajan dentro del alcance de esta área de desafío son:

• Medidas concretas para fortalecer la independencia, la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad de respuesta de las instituciones de justicia, específicamente:
• Medidas que refuerzan la independencia e integridad judicial (por ejemplo, consejos independientes de disciplina, quejas y supervisión; transparencia en los procesos de selección y nombramiento). 
• Herramientas, mecanismos y/o procesos que miden públicamente la transparencia de las instituciones de justicia.
• Herramientas, mecanismos y/o procesos que miden públicamente cómo las instituciones de justicia responden a las necesidades de justicia de los ciudadanos y/o las satisfacen. 
• Mecanismos de reparación adecuados y eficaces que involucren al público (por ejemplo, protección para denunciantes, apelaciones en virtud del derecho a la información, mecanismos de quejas).

• Institucionalización* de:
• Mecanismos para enfoques participativos e inclusivos en el diseño de políticas y servicios de justicia.
• Otras prácticas de transparencia y/o rendición de cuentas

Desarrollar o reforzar marcos jurídicos y políticos o iniciativas que protejan los derechos de los periodistas, fortalezcan los medios de comunicación independientes y/o promuevan la integridad de la información.

Las acciones y reformas que encajan dentro del alcance de esta área de desafío son:

• Eliminar la difamación penal, la calumnia y otras sanciones por informar y abordar el uso de SLAPP (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública) para silenciar a periodistas y activistas.
• Crear entornos propicios para la generación de ingresos y mecanismos que permitan la existencia de plataformas de medios independientes y financiadas con fondos públicos, y evitar la concentración de la propiedad de los medios a nivel nacional y/o local.
• Reformas relacionadas con la revisión o aprobación de nuevas leyes de medios alineadas con los principios de gobierno abierto.
• Reformas o iniciativas que refuercen la integridad de la información (tanto en línea como en los medios tradicionales) y combatan la desinformación y la información errónea.

Reformas que no entran dentro del alcance de esta área de desafío:

• Reformas relacionadas con la protección de la libertad de expresión de manera amplia, sin referencia explícita a los medios de comunicación. 
• Las reformas relacionadas con la protección de los activistas están cubiertas por el Desafío #3: Espacio Cívico.

Incorporar o incorporar prácticas de participación pública inclusivas, de alta calidad y adecuadas para su propósito en todos los sectores, procesos e instituciones gubernamentales clave.

Las acciones y reformas que encajan dentro del alcance de esta área de desafío son:

• Aprobar e implementar leyes y políticas que integren, incorporen o protejan legalmente la participación en todo el proceso de formulación de políticas (por ejemplo, establecer requisitos de participación legalmente exigibles o institucionalizar un mecanismo de participación, como una asamblea ciudadana permanente).
• Crear equipos de participación, centros de buenas prácticas u organismos de participación independientes que se encarguen de mejorar la participación ciudadana en general o en el marco de reformas sectoriales específicas.
• Integrar los requisitos de participación ciudadana en los marcos de competencias y/o programas de formación para funcionarios públicos. 
• Elaborar normas mínimas obligatorias y directrices para la conducción de la participación ciudadana en todos los niveles de gobierno.

Reformas que no entran dentro del alcance de esta área de desafío:

• Oportunidades puntuales para la participación pública (por ejemplo, someter una política específica a consulta pública, cocrear una estrategia particular con el público).
• La creación de una plataforma de participación digital por parte de un solo ministerio u organismo, sin compromiso alguno para su adopción por parte de todos los niveles de gobierno.