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Peru

Consult Citizens Earlier on Regulations (PE0102)

Overview

At-a-Glance

Action Plan: Peru Action Plan 2019-2021

Action Plan Cycle: 2019

Status: Active

Institutions

Lead Institution: Presidencia del Consejo de Ministros Secretaría de Gestión Pública

Support Institution(s): Entidades públicas del Poder Ejecutivo

Policy Areas

Public Participation, Regulatory Governance

IRM Review

IRM Report: Peru Design Report 2019-2021

Starred: Pending IRM Review

Early Results: Pending IRM Review

Design i

Verifiable: Yes

Relevant to OGP Values: Access to Information , Civic Participation

Potential Impact:

Implementation i

Completion: Pending IRM Review

Description

¿Cuál es el problema público que el compromiso aborda?
Entidades Públicas que pertenecen al Poder Ejecutivo crean diferentes normas, las cuales son en muchos casos innecesarios o de baja calidad y no contribuyen al problema público detectado. La finalidad es que la sociedad civil pueda tener acceso a la información pública y pueda ser parte de la elaboración de normas, el objetivo es que el ciudadano participe en el proceso de consulta.

¿Cuál es el compromiso?
Difusión e implementación de agenda de consulta temprana de regulaciones: relevar problemas para encontrar soluciones viables.

¿Cómo el compromiso va a contribuir a solucionar el problema público?
La implementación de una agenda de consulta temprana de regulaciones permite que las entidades públicas que pertenecen al poder ejecutivo puedan revisar de forma más exhaustiva la o las normas que desean aprobar con el objetivo que el proyecto de norma atraviese un filtro de análisis de calidad regulatoria con la finalidad de saber si el proyecto de norma resuelve el problema público o si es que hay otras posibilidades de resolverlo sin la necesidad de emitir una norma.

¿Por qué el compromiso es relevante a los valores de la OGP?
Porque promueve que la administración pública cuente con una cultura de consulta temprana y anticipada de normas, institucionalizando la cultura de la consulta previa de los proyectos de norma a la ciudadanía y actores sociales involucrados. Esta acción generará la creación de confianza, integridad y legitimidad de las instituciones públicas.

IRM Midterm Status Summary

19. Agenda de consulta temprana de regulaciones: relevar problemas para encontrar soluciones viables

 

Objetivo principal

Difusión e implementación de agenda de consulta temprana de regulaciones: relevar problemas para encontrar soluciones viables.

Hitos

  1. Identificación de problemática que requieran intervención regulatoria, lo cual debe hacerse en un periodo anterior (máximo 31 de diciembre del año anterior).
  2. Difusión de la agenda a través de medios idóneos que aseguren su sociabilización con la ciudadanía.
  3. Habilitar canal de recepción de sugerencias o comentarios para poder hacer análisis y feedback por parte de la entidad.
  4. Establecimiento de mecanismos de monitoreo para garantizar el cumplimiento del compromiso.

Nota editorial: Para leer el texto completo de este compromiso, consulte el plan de acción de Perú en el siguiente enlace: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/01/Peru_Action-Plan_2019-2021.pdf

Evaluación del informe de diseño de IRM

Verificable:

Relevante:

Acceso a la información, participación ciudadana

Impacto potencial:  

Menor

Análisis del compromiso

Uno de los problemas principales que afecta el marco jurídico en Perú es la “hiper-regulación”: la aprobación descoordinada y sobrepuesta de nuevas normas, particularmente aquellas que establecen procesos administrativos. Más aún, las entidades públicas generan normativas que no necesariamente han pasado por control de calidad. La ausencia de análisis costo-beneficio y de evaluaciones iniciales, concurrentes o finales a la normativa lleva a un permanente desconocimiento del impacto económico o social de las normas aprobadas [79].

Para resolver ello, en 2016, el Gobierno peruano aprobó el Decreto Legislativo 1310 que admite como medida de simplificación administrativa la realización del Análisis de Calidad Regulatoria (ACR). Según el Decreto Supremo 061-2019-PCM, que aprueba el Reglamento para la aplicación del ACR, este es un instrumento para: “identificación, eliminación y/o simplificación de aquellos (procedimientos) que resulten innecesarios, ineficaces, injustificados, desproporcionados, redundantes o no se encuentren adecuados al Texto Único Ordenado de (…) la Ley del Procedimiento Administrativo General (…) o a las normas con rango de ley o disposiciones normativas que les sirven de sustento, así como la determinación y reducción de las cargas administrativas” (artículo 3.2).

El compromiso es relevante al valor de participación ciudadana y acceso a la información pública y propone que la ciudadanía participe en el proceso de aprobación de una norma a través de un canal de recepción de sugerencias o comentarios. El texto del compromiso apunta también a hacer análisis y feedback por parte de la entidad [80]. Esto se complementa con el mecanismo presencial de participación contenido en el artículo 10 del Decreto Supremo antes citado, que menciona: “la Comisión (Multisectorial de Calidad Regulatoria) puede invitar a especialistas de otros Sectores o especialistas o representantes de la sociedad civil y del sector privado, de reconocida capacidad o experiencia cuando resulte necesario por la naturaleza de los procedimientos administrativos. Tienen derecho a voz pero no a voto.”

El impacto potencial es menor. Si bien articular el ACR con gobierno abierto es un paso incremental positivo e innovador, del texto del compromiso no queda claro cuáles serían las consecuencias concretas del uso del mecanismo propuesto: no se presentan detalles sobre cómo se usaría esta información y cómo sería el proceso de retroalimentación. Un mecanismo de esta naturaleza puede rápidamente caer en desprestigio si las opiniones de las personas que participan no son explícitamente consideradas o rechazadas por el ente que organiza la consulta.

Por otro lado, cabe la pregunta de cómo se evitará la captura de este mecanismo por estudios de abogados o partes interesadas, quienes podrían buscar que sus intereses se vean reflejados en la norma bajo análisis [81]. El mecanismo presencial de participación contenido en el artículo 10 menciona: “la agenda de las sesiones en las que por invitación de la Comisión participan representantes de la sociedad civil y del sector privado, se publica en el portal institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros”. El compromiso no señala medidas similares para el mecanismo virtual propuesto.

[79] Entrevista con Caroline Gibu, representante de la OSC Ciudadanos al Día (20/04/20)
[80] Plan de acción, p. 60-61.
[81] Entrevista con Guillermo Flores, socio del Estudio Muñiz (16/04/20).

Commitments

Open Government Partnership