Gobernanza digital democrática (UY0185)

Breve descripción del compromiso

Conformación de un ámbito de trabajo interinstitucional permanente para promover el desarrollo de políticas públicas para la gobernanza digital basada en la garantía de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Este ámbito se centrará en la gobernanza de las plataformas digitales, la integridad de la información y desinformación, y la protección del espacio cívico en línea, y generará recomendaciones de política pública para abordar los desafíos planteados para Uruguay de forma consistente con el derecho internacional de los derechos humanos, el fomento de la innovación tecnológica para la sociedad de la información centrada en las personas y orientada al desarrollo sostenible, integrando un enfoque de múltiples partes interesadas.

Definición del problema

¿Qué problema pretende abordar el compromiso?

La aceleración de las tecnologías digitales está reconfigurando las sociedades, generando nuevas oportunidades y capacidades, pero también desafíos, riesgos e impactos sobre los derechos humanos y sobre el funcionamiento de las democracias. Estos efectos requieren respuestas articuladas desde las políticas públicas que promuevan una gobernanza digital basada en los derechos humanos.

La desinformación, el discurso de odio, las burbujas de información, las políticas y prácticas para la moderación y curación algorítmica de contenido, la recolección de datos de las personas usuarias de plataformas digitales y sus interacciones, las brechas digitales, y los impactos diferenciados de las tecnologías en los niños, niñas y adolescentes son, entre otros, algunos de los problemas globales para la libertad de expresión en Internet y otros derechos que continúan planteados.

Los retos se han visto amplificados en los últimos años por la inteligencia artificial y la masificación del uso de las plataformas digitales, como redes sociales, buscadores, aplicaciones de mensajería, entre otros, que tienen un papel cada vez más relevante en la vida cotidiana de las personas, la conformación del espacio y debate público.

En Uruguay el uso de internet alcanza al 92% de las personas mayores de 14 años, y un 84% lo utiliza diariamente.

La complejidad de los problemas que están planteados requiere fortalecer las capacidades institucionales para:
 identificar las particularidades y prioridades que presentan para Uruguay
 desarrollar respuestas que posibiliten su abordaje con enfoques integrales y articulados desde las políticas públicas, que comprendan los aspectos regulatorios e institucionales pertinentes y la construcción de ciudadanía en el entorno digital.
 involucrar activamente a las múltiples partes interesadas, incluyendo sociedad civil, sector privado, academia y organismos internacionales.

¿Cuáles son las causas del problema?

De acuerdo con los diagnósticos realizados por organizaciones expertas en libertad de expresión tanto del sistema universal como regional de protección de los derechos humanos, los problemas son multicausales.

Entre otros factores que desafían la libertad de expresión en Internet, se han destacado: la concentración en pocos actores privados del entorno digital global, el modelo de negocios de las plataformas digitales, la insuficiente transparencia y rendición de cuentas sobre las políticas y prácticas de moderación de contenidos en línea y la recolección y tratamiento de los datos personales de las interacciones de las personas usuarias; las brechas y exclusión digital, el déficit de alfabetización informacional; las medidas y regulaciones estatales desproporcionadas que vulneran la libertad de expresión.

En palabras de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión:

Las herramientas digitales como la inteligencia artificial generativa; los algoritmos de recomendación de contenidos basados en características sociales protegidas a través del monitoreo de datos personales sobre los hábitos y comportamientos de las personas usuarias; los algoritmos de remoción, priorización y reducción de alcance de contenidos diseñados por equipos no diversos y orientados a aumentar la visibilidad de contenidos que generan mayor interacción, sumados a la publicidad dirigida con tendencia a profundizar sesgos y convicciones preexistentes, no solamente han influenciado las experiencias de las personas usuarias y el entorno informativo, sino que también han facilitado que los discursos extremistas, desinformativos, de incitación al odio y la violencia en general cobren mayor volumen, amplificación y replicación (RELE – CIDH, párr. 32)

Asimismo, la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la Organización de Naciones Unidas, ha advertido que:

el crecimiento de la desinformación en los últimos tiempos no puede atribuirse únicamente a la tecnología o a actores malintencionados. Debe entenderse en el contexto de otros factores, entre ellos: un sector de medios de comunicación tradicionales en dificultades a causa de la transformación digital y de la competencia de las plataformas en línea, y amenazado por la presión del Estado en algunas partes del mundo; la ausencia de regímenes sólidos de información pública; los bajos niveles de alfabetización digital y mediática de la población en general; y las frustraciones y agravios sufridos por un número creciente de personas, alimentados por decenios de privación económica, fallos del mercado, negación de los derechos políticos y desigualdades sociales, que hacen que algunos individuos sean más susceptibles de ser manipulados (ONU, 2021, párr. 20)

En particular, para el caso de Uruguay, un reciente informe realizado por la sociedad civil, señala que:

Uruguay presenta un sistema jurídico fragmentado y no sistematizado sobre los diferentes regímenes aplicables a las plataformas. En muchas ocasiones el abordaje se ha realizado de manera reactiva, sin una mirada general que considere las particularidades de las plataformas digitales como objeto de regulación y sin contar con estudios que evalúen los posibles impactos de las propuestas regulatorias” (Datysoc – Observacom, 2025, p 4-5)

Descripción del compromiso

¿Qué se ha hecho hasta ahora para solucionar el problema?

En 2024 los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, adoptaron el Pacto Digital Global, en el que se comprometen a “fomentar un espacio digital inclusivo, abierto y seguro que respete, proteja y promueva los derechos humanos”

Uruguay participa de distintos foros y ámbitos regionales e internacionales en donde se llevan adelante esfuerzos para una gobernanza global de Internet y las tecnologías emergentes.

Actualmente se encuentra un curso un proceso de diálogo multisectorial impulsado desde la sociedad civil por el Laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc) y OBSERVACOM, con el apoyo de la UNESCO y Agesic, que busca promover amplios acuerdos nacionales que sirvan de base para una regulación democrática de las grandes plataformas digitales, alineada con el derecho internacional de los derechos humanos y adecuada a nuestro país. Este diálogo se orienta en las Directrices para la Gobernanza de las Plataformas Digitales de la UNESCO, aprobadas en 2023.

¿Qué solución propone?

Generar un ámbito de trabajo interinstitucional permanente, integrado por instituciones públicas con diversos cometidos, que habilite un abordaje integral y articulado para promover el desarrollo de políticas para la gobernanza digital basada en la garantía de los derechos humanos, - incluyendo entre otros, la libertad de opinión y expresión, el acceso a la información, la privacidad, la protección de los datos personales, la participación, la igualdad y no discriminación-, y el fortalecimiento de la democracia.

El trabajo de este ámbito se centrará en la gobernanza de las plataformas digitales, la integridad de la información y desinformación, y la protección del espacio cívico en línea.

Su propósito será generar recomendaciones de política pública para un abordaje integral y multidimensional que posibilite contar con los marcos regulatorios, la institucionalidad y la construcción de capacidades para una gobernanza digital democrática, alineada con el derecho internacional de los derechos humanos, los estándares desarrollados por los órganos expertos de los sistemas de Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y los compromisos asumidos por el país a través de sus distintos procesos y foros.

Desarrollará mecanismos para recoger la perspectiva y aportes de las múltiples partes interesadas, a través de instancias de intercambio y otros formatos para involucrar a actores del ecosistema de la sociedad civil, el sector privado y la Academia.

Promoverá la generación de estudios y evidencia que apoye la definición de las políticas y contribuya a robustecer la comprensión, discusión y participación pública en la temática, para la construcción de un espacio digital inclusivo, abierto y seguro que respete, proteja y promueva los derechos humanos.

¿Qué resultados queremos lograr implementando este compromiso?

Asegurar un ámbito interinstitucional que posibilite abordar las temáticas priorizadas de manera integral.

Instrumentar mecanismos para integrar el enfoque de múltiples partes interesadas al diseño de las políticas públicas para la gobernanza digital.

Promover políticas públicas para la gobernanza digital con un enfoque basado en los derechos humanos y el fortalecimiento democrático

Análisis del compromiso

¿Cómo mejorará el compromiso la participación ciudadana en la definición, implementación y seguimiento de soluciones?

Se generarán instancias para el diálogo e intercambio entre múltiples partes interesadas a efectos de relevar insumos para las recomendaciones de política a realizar.

Planificación del compromiso

Hito 1
Ámbito permanente de trabajo interinstitucional .
Resultado esperado: Ámbito establecido y plan de trabajo acordado.
Fecha de finalización: Mayo 2026.
Institución que lidera: Agesic.

Hito 2
Primer ciclo de intercambios entre múltiples partes interesadas bajo un enfoque multiactor.
Resultado esperado: Intercambio realizado. Documento síntesis de emergentes
Fecha de finalización: Diciembre 2026.
Institución que lidera: Agesic.

Hito 3
Recomendaciones de políticas elaboradas.
Resultado esperado: Informe publicado
Fecha de finalización: Diciembre 2026.
Institución que lidera: Agesic.

Hito 4
Segundo ciclo de intercambios entre múltiples partes.
Resultado esperado: Intercambio realizado. Documento síntesis de emergentes.
Fecha de finalización: Diciembre 2027.
Institución que lidera: Agesic.

Hito 5
Recomendaciones de políticas elaboradas.
Resultado esperado: Informe publicado
Fecha de finalización: Diciembre 2027.
Institución que lidera: Agesic.

Hito 6
Estudios y relevamientos para la generación de evidencia que apoye la toma de decisiones y apoyar la comprensión pública de los retos y recomendaciones.
Resultado esperado: Al menos 2 estudios realizados conforme se defina en el plan de trabajo.
Fecha de finalización: Diciembre 2028.
Institución que lidera: Agesic.

Hito 7
Difusión de los estudios
Resultado esperado: Presentación pública realizada.
Fecha de finalización: Junio 2029.
Institución que lidera: Age.
digital, el déficit de alfabetización informacional; las medidas y regulaciones estatales desproporcionadas que vulneran la libertad de expresión. En palabras de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión: Las herramientas digitales como la inteligencia artificial generativa; los algoritmos de recomendación de contenidos basados en características sociales protegidas a través del monitoreo de datos personales sobre los hábitos y comportamientos de las personas usuarias; los algoritmos de remoción, priorización y reducción de alcance de contenidos diseñados por equipos no diversos y orientados a aumentar la visibilidad de contenidos que generan mayor interacción, sumados a la publicidad dirigida con tendencia a profundizar sesgos y convicciones preexistentes, no solamente han influenciado las experiencias de las personas usuarias y el entorno informativo, sino que también han facilitado que los discursos extremistas, desinformativos, de incitación al odio y la violencia en general cobren mayor volumen, amplificación y replicación (RELE – CIDH, párr. 32)