Reform Description

Este desafío de Gobierno Abierto consiste en la promoción de una gestión abierta, transparente y orientada al bien común. Para ello, se propone la creación de un Sistema de Integridad Municipal que fomente una gestión orientada al interés público y la apertura de información presupuestaria en lenguaje claro, con el fin de promover la transparencia, la rendición de cuentas y el empoderamiento ciudadano.

Considerando que la relación tradicional entre la ciudadanía y las instituciones públicas ha tendido a caracterizarse por el hermetismo —una “caja negra” que se cierra tras las elecciones—, este desafío busca revertir esa lógica. Se reconoce en el paradigma de gobierno abierto un modelo de gestión capaz de revolucionar la relación entre las instituciones públicas y la ciudadanía, promoviendo la transparencia, la participación y la colaboración. En ese marco, este desafío se estructura en torno a dos ejes principales:

1. Gestión interna municipal:
Este eje contempla la creación de un sistema de integridad institucional que promueva la primacía del bien común sobre los intereses individuales. Para ello, se considera la conformación de un Comité de Integridad, integrado por autoridades municipales, que oriente la gestión desde los principios éticos. Asimismo, se establecerá un protocolo de consultas y denuncias, que permita resolver dilemas sobre los principios y deberes establecidos en el Código de Ética Municipal. De esta forma, se busca prevenir delitos funcionarios y la mala gestión de recursos públicos, promoviendo una cultura organizacional basada en la integridad. Además, se elaborará un Plan de Integridad 2025-2028, que contemple una visión institucional clara y un compromiso con la mejora continua.
 
2. Relación con la ciudadanía:
Este eje se enfoca en la apertura de información presupuestaria municipal en lenguaje claro y accesible. El objetivo es responder a las necesidades de información de la ciudadanía y fomentar el uso de estos datos como herramientas de control ciudadano de la gestión pública. Reconociendo la asimetría de información y poder existente entre las instituciones y la ciudadanía, se busca transformar contenidos altamente burocráticos en información comprensible para la ciudadanía, de modo que la transparencia genere valor público.

Para ello, se abrirá un proceso de consulta que permita identificar qué información presupuestaria es de mayor interés para la ciudadanía. Luego, se elaborarán reportes en lenguaje claro, que serán difundidos en la comunidad. Finalmente, se llevarán a cabo actividades presenciales de rendición de cuentas presupuestarias que faciliten la retroalimentación y fortalezcan el empoderamiento ciudadano.

Problem(s) Addressed by Reform

Esta acción busca abordar dos problemas públicos interrelacionados: la poca consolidación de mecanismos institucionales para fortalecer la integridad en la gestión municipal y las dificultades en el acceso y comprensión de la información presupuestaria por parte de la ciudadanía.

En primer lugar, la ausencia de estructuras formales que promuevan una cultura de integridad genera espacios de ambigüedad en la toma de decisiones y aumenta los riesgos de conflictos de interés, uso indebido de recursos públicos y pérdida de legitimidad institucional. Aunque existen normas generales sobre probidad y principios éticos en la función pública, muchas veces estas no se traducen en herramientas concretas que orienten la conducta de los funcionarios municipales ni en instancias para prevenir o abordar dilemas éticos. Esta situación puede derivar en malas prácticas, debilitamiento de la confianza ciudadana y dificultades para consolidar una gestión basada en el bien común.
 
En segundo lugar, la complejidad de la información presupuestaria municipal —tanto en términos de acceso como de comprensibilidad— limita la capacidad de la ciudadanía para ejercer un control efectivo sobre la gestión pública. Si bien los municipios están legalmente obligados a publicar cierta información financiera, esta suele presentarse en formatos técnicos, fragmentados o difíciles de interpretar para personas no especializadas. Esta barrera no solo impide la rendición de cuentas efectiva, sino que también reproduce la desigualdad en el acceso al conocimiento público, profundizando la brecha entre las instituciones y la ciudadanía.

Ambos problemas comparten un origen común: la persistencia de una cultura institucional cerrada, jerárquica y burocrática, que no facilita ni promueve la participación ciudadana informada ni la gestión pública ética. Por ello, esta acción se enfoca en crear condiciones institucionales que favorezcan tanto una conducta íntegra al interior del municipio como la apertura de información útil, clara y reutilizable hacia la ciudadanía.

Además, se reconoce que estos problemas afectan de forma desigual a distintos grupos sociales. En particular, la complejidad del lenguaje presupuestario y la falta de espacios de formación o acompañamiento limitan especialmente la participación de personas con menor acceso a educación financiera o tecnológica. Por ello, se propone una estrategia de apertura activa, que no solo entregue datos, sino que también los contextualice y facilite su apropiación por parte de toda la comunidad.

La acción propuesta representa un avance significativo en la atención de los problemas públicos previamente identificados, ya que introduce mecanismos concretos y sostenibles que permiten institucionalizar la integridad pública y mejorar de forma sustantiva la relación entre el municipio y la ciudadanía en materia de acceso a la información.

En primer lugar, el Sistema de Integridad Municipal constituye una innovación dentro del ámbito local al traducir los principios éticos en estructuras operativas claras. A través de la conformación de un Comité de Integridad, un Protocolo de Consultas y Denuncias Éticas, y la elaboración participativa de un Plan de Integridad a tres años, se establecerán estándares de conducta y procedimientos internos que orienten a las autoridades y funcionarios municipales en la toma de decisiones alineadas con el interés público. Esta institucionalización de la integridad permite pasar de declaraciones normativas generales a prácticas concretas de prevención de conflictos de interés, fortalecimiento de la probidad y mejora continua de la cultura organizacional. De esta manera, se considerará en el Plan de Integridad se incorporarán mecanismos de actualización del Código de Ética, que define la visión, misión, principios y valores, y conductas apropiadas, las opiniones de vecinos y vecinas, representados por el Consejo de Sociedad Civil (COSOC).

Además, el carácter colectivo de esta acción —al incluir la participación de diversas unidades municipales y la participación de la comunidad de vecinos y vecinas— promueve el arraigo de la integridad como principio transversal, lo que contribuye a prevenir la corrupción, reducir los márgenes de discrecionalidad y aumentar la legitimidad del gobierno local frente a la ciudadanía.

En segundo lugar, la estrategia de apertura presupuestaria en lenguaje claro representa un avance sustancial respecto a las obligaciones legales mínimas de transparencia activa. Al considerar un proceso de consulta ciudadana sobre intereses presupuestarios, la acción reconoce a la ciudadanía como agente con derecho a definir qué información necesita y cómo quiere acceder a ella. La posterior elaboración de reportes explicativos, junto con actividades presenciales de formación y retroalimentación, promueve una comprensión real de la gestión financiera municipal, habilitando a las personas para ejercer un control ciudadano informado y participativo.

Este enfoque no se limita a la publicación de datos, sino que impulsa una apertura activa, pedagógica y bidireccional, en la que la transparencia se convierte en un medio para fortalecer la confianza, la corresponsabilidad y el empoderamiento comunitario. Asimismo, al simplificar y contextualizar la información, la reforma contribuye a reducir la brecha de acceso entre distintos sectores de la población, promoviendo una gestión más equitativa e inclusiva.

Relevance to OGP Values

La acción propuesta se alinea de manera directa y sustantiva con los valores fundamentales del gobierno abierto: transparencia, rendición de cuentas, integridad, participación ciudadana y colaboración institucional. Su relevancia radica en que no se limita a implementar prácticas aisladas, sino que propone un enfoque sistémico que conecta la gestión interna del municipio con la apertura hacia la ciudadanía.

En primer lugar, esta acción fortalece la transparencia al ir más allá de las exigencias legales mínimas y proponer una estrategia activa de acceso a la información presupuestaria. Esta transparencia no se entiende solo como publicación de datos, sino como una política deliberada de apertura de información en lenguaje claro, pertinente y útil para la toma de decisiones ciudadanas. A través de consultas participativas, elaboración de reportes explicativos y actividades presenciales de retroalimentación, se busca garantizar que la información sea comprensible, relevante y accesible para toda la comunidad, con especial atención a grupos que históricamente han estado excluidos del debate público por barreras de lenguaje o formación técnica.

En segundo lugar, la acción promueve la rendición de cuentas al facilitar mecanismos concretos mediante los cuales la ciudadanía puede supervisar el uso de los recursos públicos. La apertura presupuestaria y los espacios de retroalimentación fortalecen el control social y obligan a las autoridades a responder de manera más directa, informada y oportuna frente a las prioridades e inquietudes de la población. De esta forma, se reduce la asimetría de información entre el municipio y la ciudadanía, y se construye una gestión pública más responsable y orientada al bien común.

Asimismo, esta acción fomenta la integridad institucional, un valor transversal del gobierno abierto que muchas veces es postergado en las políticas locales. La creación de un sistema de integridad que incluye un comité especializado, un protocolo de orientación y denuncia ética, y un plan de integridad a mediano plazo, representa un avance sustantivo hacia una cultura organizacional basada en principios éticos. Al generar estructuras permanentes que orienten el actuar de las autoridades y funcionarios, se fortalece el compromiso público, se previenen malas prácticas y se protege el interés general.

Por último, esta acción promueve la participación ciudadana y la colaboración institucional al integrar a distintos actores en el diseño, implementación y monitoreo de las iniciativas propuestas. No se trata de una reforma impuesta unilateralmente, sino de un proceso que contempla el diálogo entre unidades municipales, funcionarios y ciudadanía, reconociendo los saberes, expectativas y capacidades de cada uno. Esta perspectiva colaborativa es esencial para consolidar un gobierno abierto con raíces locales y sostenibilidad en el tiempo.

Intended Results

Al finalizar el período de implementación, se espera haber logrado avances concretos y sostenibles en tres dimensiones clave:

1. Fortalecimiento institucional interno:

- Reactivación y funcionamiento regular del Comité de Integridad.
- Aprobación e implementación de un Protocolo de Consultas y Denuncias Éticas abierto a funcionarios y ciudadanía.
- Diseño participativo y aprobación de un Plan de Integridad Municipal 2025–2027, con metas claras e indicadores de seguimiento.
- Capacitación inicial de equipos municipales en ética pública, transparencia y gobierno abierto.

2. Transparencia y acceso a la información:

- Publicación de al menos tres reportes presupuestarios en lenguaje claro y formatos accesibles, elaborados a partir de insumos recogidos mediante consulta ciudadana.
- Disponibilización de estos reportes a través de canales digitales y espacios presenciales, con oportunidades de retroalimentación por parte de la comunidad.

3. Relación con la ciudadanía:

- Participación activa de la ciudadanía en la identificación de temas presupuestarios de interés.
- Realización de al menos dos encuentros comunitarios presenciales o virtuales para explicar los reportes de manera didáctica y recoger sugerencias.
- Mayor confianza y empoderamiento ciudadano en el control social de la gestión municipal.
- Estos resultados permitirán consolidar un nuevo estándar de integridad y apertura institucional, sentando las bases para una cultura de corresponsabilidad entre municipio y ciudadanía.

Milestones

1. Diagnóstico participativo y planificación (sistema integridad):

- Revisión de buenas prácticas nacionales e internacionales.
- Validación de hoja de ruta.

2. Activación del Comité de Integridad:

- Definición de miembros del comité de integridad y plan de trabajo.
- Instalación formal del Comité y difusión interna.
- Actualización del Protocolo de Consultas y Denuncias Éticas

3. Diseño de canales digitales y físicos accesibles.

- Campaña de difusión del nuevo sistema abierto.

4. Diseño y aprobación del Plan de Integridad:

- Revisión por parte del Comité de Integridad.
- Aprobación por la máxima autoridad municipal.

5. Apertura presupuestaria en lenguaje claro:

- Encuesta ciudadana para priorizar información.
- Elaboración de reportes en lenguaje claro.
- Publicación periódica de información presupuestaria y actividades de difusión presenciales.

Is Civil Society Involved?

Si, la sociedad civil tendrá un rol clave en los siguientes momentos:

1. Encuesta ciudadana abierta para identificar qué dimensiones del presupuesto municipal son más relevantes o necesarias de transparentar.

2. Participación en encuentros comunitarios donde se presentarán los reportes presupuestarios y se recogerán opiniones para futuras mejoras.

3. Acceso al canal de consultas y denuncias éticas, lo que implica reconocer a los vecinos y organizaciones como actores legítimos en la vigilancia del comportamiento institucional.

4. Colaboración con organizaciones locales con experiencia en derechos ciudadanos, transparencia o innovación pública para validar enfoques, apoyar la difusión y fortalecer el control social.

5. Además, se evaluará la posibilidad de invitar a representantes ciudadanos como observadores del Comité de Integridad, para fortalecer su legitimidad y pluralismo.