Participatory Social Policy and Transparent (SV0077)
Overview
At-a-Glance
Action Plan: El Salvador National Action Plan 2016-2018
Action Plan Cycle: 2016
Status: Inactive
Institutions
Lead Institution: Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia
Support Institution(s): Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción; Iniciativa Socia para la Democracia ISD, Observatorio de Gobierno Abierto
Policy Areas
Capacity Building, Public Participation, Sustainable Development GoalsIRM Review
IRM Report: El Salvador End-of-Term Report 2016-2018, El Salvador Mid-Term Report 2016-2018
Starred: No
Early Results: Did Not Change
Design i
Verifiable: Yes
Relevant to OGP Values: Access to Information , Civic Participation
Implementation i
Description
Status quo o problema que se quiere resolver: Durante las consultas territoriales, en algunos municipios, la ciudadanía explicó que tenían dudas sobre los mecanismos y procedimientos para seleccionar a los beneficiarios de los diferentes programas de la política social que se implementa como parte de las obligaciones de la Ley de Desarrollo y Protección Social. Objetivo principal: Aumentar los niveles de transparencia en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los diferentes programas sociales que se ejecutan como parte de la Ley de Desarrollo y Protección Social. Breve descripción del compromiso: Implementar diversos mecanismos que permitan aumentar la transparencia en la ejecución de los programas sociales del Gobierno como parte de la política social del Estado. Relevancia: Transparencia: El aumento de la transparencia en los procesos de diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los diversos componentes de la política social haciendo uso de mejores mecanismos para el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Rendición de cuentas: Los ejecutores de los programas sociales rendirán cuentas de los procesos y mecanismos de selección de los beneficiarios y de las etapas de implementación de estos programas.
Relevancia frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030: Éste compromiso busca generar acciones relacionadas que permitan avanzar hacia el objetivo Nº 10 de “Reducción de las desigualdades” Ambición: Mejorar significativamente la eficiencia y eficacia del gasto social que se realiza a través de la inversión en los diferentes programas sociales que forman parte de la política social del Gobierno de El Salvador, como parte de sus atribuciones plasmadas en la Ley de Desarrollo y Protección Social. El Estado deberá garantizar a la ciudadanía la completa apertura a los lineamientos de selección de beneficiarios, establecimiento de prioridades y cumplimiento efectivo de los elementos de cada uno de los programas que se implementan a la fecha. El compromiso ayudará a reducir el clientelismo o la discrecionalidad que en algunos municipios se pueda estar dando al momento de la selección de beneficiarios o el sostenimiento de los mismos dentro del programa.
IRM Midterm Status Summary
1. Política social participativa y transparente
Texto del compromiso:
Implementar diversos mecanismos que permitan aumentar la transparencia en la ejecución de los programas sociales del Gobierno como parte de la política social del Estado.
Hitos:
1. Elaboración de un plan de trabajo para implementar el compromiso.
2. Elaboración de un manual para el ejercicio de la contraloría social.
3. Identificar el o los programas sociales en los que se realizará el ejercicio de contraloría social.
4. Capacitar sobre contraloría social a organizaciones locales, de por lo menos cinco departamentos, para el seguimiento y evaluación de los programas implementados como parte de la Política Social.
5. Realizar un ejercicio de contraloría social a la implementación de los programas sociales.
Objetivo: Aumentar los niveles de transparencia en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los diferentes programas sociales que se ejecutan como parte de la Ley de Desarrollo y Protección Social.
Institución responsable: Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia.
Institución (es) de apoyo: Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, Iniciativa Social para la Democracia, Observatorio de Gobierno Abierto.
Fecha de inicio: enero de 2017 Fecha final: junio de 2018.
Contexto y objetivos
El artículo 15 de la Ley de Desarrollo y Protección Social Asamblea Legislativa (2014). “Ley de Desarrollo y Protección Social”. Disponible en https://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-de-desarrollo-y-protecion-social de El Salvador establece que todos los programas sociales deberán estar armonizados con el Plan de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno de El Salvador y, a la vez, contar con la documentación del diseño conceptual y reglas de operación. El artículo 34 de dicha ley dictamina la creación de un mecanismo de identificación de las personas susceptibles de recibir las transferencias monetarias o en especie. Dichos mecanismos deben —por ley— garantizar la objetividad y la transparencia en la operación de los programas.
El artículo 50 de la ley determina que serán de acceso público al menos los siguientes puntos de los programas sociales: los resultados de las consultas para su elaboración, los resultados y recomendaciones de las evaluaciones de este, el diseño conceptual y las reglas de operación de cada uno de los programas, y la información agregada de los registros de los beneficiarios de los programas de transferencias monetarias o bienes materiales, siempre y cuando no contengan datos confidenciales.
Durante la consulta territorial realizada para el diseño del plan de acción, la población expresó a las OSC un desconocimiento sobre cómo se elige a los participantes de los programas sociales y cómo convertirse en potenciales beneficiarios. Representantes de la Secretaría Técnica y Planificación de la Presidencia (SETEPLAN) comentaron al investigador del MRI que la fundamentación técnica de los programas puede encontrarse en plataformas web de instituciones públicas. La información disponible en la web —por ejemplo, en el portal del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) FISDL (2017). “Oferta programática”. Disponible en http://www.fisdl.gob.sv/temas-543/oferta-programatica/sistema-de-proteccion-social-universal/comunidades-solidarias-rurales# o en el Ministerio de Educación MINED (2015). “Sub programa Vaso de Leche”. Disponible en http://www.mined.gob.sv/index.php/programas-sociales/item/7913-sub-programa-vaso-de-leche — responde a la implementación de estos programas, pero no cumple con las exigencias dispuestas en la ley.
La contraloría social a los programas sociales cobra una mayor importancia al estar estos institucionalizados mediante una ley y, en casos específicos, porque su financiamiento ha sido convertido en ley, tal es el caso del programa Vaso de Leche Asamblea Legislativa (2014). “Ley del programa de vaso de leche escolar”. Disponible en https://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-de-programa-de-vaso-de-leche . De acuerdo con representantes de STEPLAN, en la actualidad no existe un mecanismo de consulta para que los ciudadanos verifiquen el manejo de los recursos que se destinan a los diversos programas sociales. Tampoco es posible conocer si existe una asignación eficiente de recursos al seleccionar a las personas correctas para participar en los programas. Por tanto, el objetivo de este compromiso es aumentar los niveles de transparencia en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los diferentes programas sociales que se ejecutan como parte de la Ley de Desarrollo y Protección Social.
De acuerdo con representantes de la SETEPLAN e ISD, con el compromiso se pretende desarrollar un manual que incluya los lineamientos necesarios para ejercer la contraloría social en los programas sociales. Las capacitaciones, a realizarse en al menos cinco departamentos, y la realización de un ejercicio de contraloría social establecerán las bases para que los ciudadanos posean un mayor conocimiento sobre cómo practicar una mejor auditoría social. El compromiso, por tanto, es relevante para el valor de participación ciudadana.
Este compromiso también permite establecer un mecanismo que favorezca las denuncias por discrecionalidades o señalamientos de errores cometidos por las instituciones públicas en la asignación de recursos de los programas sociales. Por tanto, se considera relevante al valor de acceso a la información.
De implementarse por completo, el compromiso daría cumplimiento a responsabilidades establecidas por la ley. La falta de transparencia en los programas sociales cobra una mayor relevancia en el caso de El Salvador, donde estos proyectos se encuentran blindados legalmente en el Subsistema de Protección Social Universal. La implementación de mecanismos de contraloría social en los programas sociales representa un paso para fortalecer la transparencia fiscal a través de la reducción en discrecionalidad y arbitrariedad en la asignación de recursos.
A pesar de la relevancia, y dado el contexto donde el Gobierno de El Salvador afronta negociaciones para un pacto fiscal y promueve una política de austeridad en sus instituciones, el Gobierno podría implementar más acciones que aumenten los niveles de transparencia en el diseño y desarrollo de los programas sociales, de acuerdo con las disposiciones de ley actuales. Si bien la iniciativa representa un cambio positivo, los sistemas de control social son complementarios y no garantizan el cumplimiento de lo dispuesto en la ley, pues precisan de la participación de actores sociales. Por tanto, el impacto potencial en esta área de política pública se considera como menor.
La implementación del ejercicio de contraloría permitiría obtener mayores niveles de transparencia en el diseño y ejecución de estos programas, pero esto no implica que el compromiso atienda los problemas de transparencia fiscal de acuerdo con los mecanismos ya disponibles en la ley. El compromiso plantea hitos relevantes, medibles y con plazos de implementación definidos, pero su texto no es del todo específico, al no detallar los potenciales mecanismos, programas o manera de medir el aumento de transparencia. Según el gobierno, esto se esperaba trabajar en conjunto con las organizaciones sociales. Por tanto, su especificidad se califica como media.
Cumplimiento
El Gobierno de El Salvador reportó un 15 % de avance en el cumplimiento de este compromiso en el portal del OGA al cierre del primer año de implementación. En junio de 2017 se publicó el plan operativo AGA (2017). “Política social, participativa y transparente”. Disponible en http://alianza.gobiernoabierto.gob.sv/2016-2018/aga_challenges/transparencia/aga_actions/politica-social-participativa-y-transparente en dicha plataforma. Según representantes de SETEPLAN, miembros de ISD y delegados de la Unión Europea están realizando esfuerzos para desarrollar el manual de contraloría social, para luego implementarlo en San Miguel, Zaragoza, Cojutepeque, Panchimalco, Sonsonate, Armenia y Morazán. Estos municipios han sido seleccionados por SETEPLAN, en conjunto con ISD, para dar prioridad a aquellos territorios donde esta organización posee presencia. Las capacitaciones se llevarán a cabo por medio de dos convocatorias para empresas experimentadas y a través de fondos de cooperación internacional.
De acuerdo con representantes de ISD —que comparte responsabilidad en esta iniciativa—, la implementación del compromiso se relaciona fuertemente con la eficiencia del gasto público, uno de los elementos importantes dentro del contexto de este plan de acción. Consideran que la entrega del financiamiento para las capacitaciones a través de los fondos de cooperación podría retrasar la implementación de la fase final de este compromiso. A la fecha de cierre de este informe, no existe un manual técnico sobre la contraloría social de los programas y tampoco se han dado detalles sobre las capacitaciones para el uso y la implementación de dicho manual. Estas actividades deberán terminar en mayo de 2018.
Representantes de SETEPLAN confirmaron que continúan en proceso de evaluación para que se efectúen convocatorias relacionadas con la elección de los organismos que estarán encargados de desarrollar las capacitaciones de contraloría social. El cumplimiento, de acuerdo con los plazos del plan de acción, se considera puntual y su avance se califica como limitado.
Siguientes pasos
El investigador del MRI considera que, a pesar de su importancia parcial para la transparencia fiscal, este compromiso no debería incluirse en un próximo plan de acción si no aportará un valor agregado al cumplimiento de oficio que ya debe darse de la ley. No obstante, si para las partes interesadas continúa siendo necesaria la inclusión de compromisos relacionados, el investigador del MRI recomienda:
- Agilizar los trámites para obtener los fondos de cooperación internacional, para no generar atrasos en el cumplimiento del compromiso.
- Ampliar el alcance de las capacitaciones a territorios con mayor presencia de programas sociales.
- Cumplir con el requerimiento de publicar la información mencionada en el artículo 50 de la Ley de Desarrollo y Protección Social. La disponibilidad de esta información contribuirá a fortalecer las condiciones para mejorar la calidad de los ejercicios de contraloría social y contribuirá a generar un mayor impacto relacionado con la transparencia fiscal.
IRM End of Term Status Summary
I. TRANSPARENCIA
Compromiso 1. Política social, participativa y transparente
Texto del Compromiso:
Implementar diversos mecanismos que permitan aumentar la transparencia en la ejecución de los programas sociales del Gobierno como parte de la política social del Estado.
- Elaboración de un plan de trabajo para implementar el compromiso
- Elaboración de un manual para el ejercicio de la contraloría social
- Identificar el o los programas sociales en los que se realizará el ejercicio de contraloría social
- Capacitar sobre contraloría social a organizaciones locales, de por lo menos 5 departamentos , para el seguimiento y evaluación de los programas implementados como parte de la Política Social
- Realizar un ejercicio de contraloría social a la implementación de los programas sociales.
Institución(es) responsable(s): Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia.
Institución(es) de apoyo: Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, Iniciativa Social para la Democracia, Observatorio de Gobierno Abierto
Fecha de inicio: enero de 2017 Fecha de cierre: junio de 2018
Objetivo del compromiso
El objetivo de este compromiso fue aumentar los niveles de transparencia en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los diferentes programas sociales que se ejecutan como parte de la Ley de Desarrollo y Protección Social. Al momento de diseñar este compromiso, no existía un mecanismo de consulta que permitiera a los ciudadanos verificar el manejo de los recursos o métodos de selección de beneficiarios en los programas sociales.
De manera específica, el compromiso buscaba desarrollar un manual que incluyera lineamientos necesarios para ejercer la contraloría social en los programas sociales y realizar capacitaciones en al menos 5 departamentos. Adicionalmente, se realizaría un ejercicio de contraloría social como parte de una prueba piloto.
Cumplimiento
Medio término: Limitado
El cumplimiento de este compromiso fue limitado al cierre del informe de medio término. Al cierre del primer año de implementación, el Gobierno de El Salvador reportó un 15% de avance en el cumplimiento de este compromiso en el portal del OGA. [1] De manera conjunta, la Secretaría Técnica y de Planificación (SETEPLAN) e Iniciativa Social para la Democracia (ISD) seleccionaron a las ciudades de San Miguel, Zaragoza, Cojutepeque, Panchimalco, Sonsonate, Armenia y Morazán para realizar las capacitaciones sobre el manual de contraloría social, el cual se encontraba en proceso de elaboración. Representantes de ISD expresaron su preocupación sobre la no entrega de financiamiento —proveniente de fondos de cooperación— para que ellos ejecutaran las capacitaciones. Argumentaron que, de no comenzar con este proceso, no contarían con los recursos suficientes y la implementación del compromiso se retrasaría.
Fin de término: Limitado
Este compromiso registró un cumplimiento limitado al cierre del fin de término. El Gobierno de El Salvador reportó 50% de avance en el portal del OGA. [2] En diciembre de 2017, la delegación de la Unión Europea en El Salvador, a través del Apoyo de la Unión Europea al Plan Social de El Salvador, publicó la solicitud de propuestas y documentos anexos para la “Promoción de la Contraloría Social a los Programas Sociales EuropeAid 157522/DAD/ACT/SV”. El objetivo específico de la convocatoria era implementar actividades de contraloría ciudadana de la ejecución técnica y financiera de los programas sociales Jóvenes con Todo, Comunidades Solidarias, Ciudad Mujer y Atención Primaria en Salud.
De acuerdo con representantes de ISD, esta convocatoria constituiría un apoyo financiero importante por parte de la Unión Europea para implementar el compromiso y fortalecer la contraloría social en El Salvador, pero el proceso de licitación no fue completado. En cambio, como parte de la Política de Participación Ciudadana, la SPTA diseñó y publicó la “Guía Ciudadana para el Ejercicio de la Contraloría Social”. Dicho documento está publicado en el portal [3] de OGA en formato borrador y aún se encuentra pendiente de aprobación y divulgación oficial. Representantes de ISD y la SPTA confirmaron que las capacitaciones y el ejercicio de contraloría social no se ejecutaron según lo estipulado, debido principalmente a la falta de presupuesto de la SETEPLAN. El investigador del MRI contactó, por dos medios distintos en diversas fechas, [4] a representantes de SETEPLAN, pero no recibió respuesta a la fecha de cierre de este informe.
¿Se avanzó en la apertura del gobierno?
Acceso a la información: No cambió
Participación ciudadana: No cambió
Las prácticas gubernamentales en acceso a la información y participación ciudadana no cambiaron tras la implementación limitada de este compromiso. De acuerdo con el informe de medio término, durante la consulta territorial realizada para el diseño del plan de acción, tanto la SPTA como las OSC identificaron que las organizaciones locales desconocían la forma en la que se eligen a los beneficiarios de los programas sociales, cómo se manejan los recursos y los medios de participación en estas iniciativas. A su vez, al momento de diseñar este compromiso, no existía un mecanismo de consulta que permitiera ejercer una contraloría social a dichos programas.
De acuerdo con representantes de ISD, la información que necesita conocerse para la contraloría social puede obtenerse a través de solicitudes de acceso a la información, por ejemplo: modelo de selección de beneficiarios, empresa ejecutora, territorios, evaluaciones de impacto, entre otras. Sin embargo, argumentan que el valor añadido de este compromiso residía en la capacitación y prueba piloto del ejercicio de contraloría social. El manual publicado en versión borrador profundiza en aspectos operativos y plantea lineamientos sobre cómo supervisar las actividades diarias de los programas sociales. Sin embargo, los instrumentos para ejercer la contraloría social aún están pendientes de diseñarse e incorporarse al manual.
El investigador del MRI contactó, por dos medios distintos y en diversas fechas, a representantes de SETEPLAN, para que brindaran comentarios sobre el cumplimiento e impacto de las actividades desarrolladas, pero no recibió respuesta a la fecha de cierre de este informe. Considerando que este compromiso tuvo una implementación limitada y que las actividades desarrolladas no modificaron el statu quo inicial, el investigador del MRI determina que las prácticas gubernamentales en acceso a la información y participación ciudadana no cambiaron.
¿Se incorporó en el siguiente plan?
El Gobierno de El Salvador no había presentado un nuevo plan de acción a la fecha de cierre de este informe. El investigador del MRI recomienda incluir este compromiso en un próximo plan, con la condición que se garantice el financiamiento y la ejecución por parte de SETEPLAN para realizar múltiples ejercicios de contraloría social. La versión borrador del manual contempla la vinculación de la contraloría con el sistema de atención ciudadana (ver compromiso 7), un aspecto que podría facilitar la comunicación de anomalías en la implementación de programas sociales.
El investigador del MRI recomienda incluir, en los futuros ejercicios de contraloría social, a representantes de asambleas ciudadanas municipales, quienes pudieran trasladar recomendaciones o irregularidades a las asambleas departamentales y, posteriormente, a las instituciones públicas correspondientes. Asimismo, es importante que el compromiso avance tanto en la publicación oficiosa de información como en el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas.
Commitments
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No. 1: Advancing Ciudadanización Public Finance by Promoting Educational Gateway Component Fiscal Transparency
SV0093, 2018, Access to Information
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Procedure for Public Participation in Public Consultations of MARN
SV0094, 2018, Environment and Climate
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Draft Law on Non-Discrimination
SV0095, 2018, Human Rights
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Rescue of the Historical Memory of the Events Before and During the Salvadoran Armed Conflict
SV0096, 2018, Capacity Building
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Proposal for a Draft Accountability Act
SV0097, 2018, Legislation & Regulation
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Participatory Social Policy and Transparent
SV0077, 2016, Capacity Building
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Transparency in Social Organizations
SV0078, 2016, Capacity Building
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Transparency Defenders
SV0079, 2016, Access to Information
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Labor Rights Effective
SV0080, 2016, Capacity Building
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National Employment Policy, Labor and Entrepreneurship
SV0081, 2016, Capacity Building
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Portal Online Services
SV0082, 2016, Capacity Building
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Citizen Service System
SV0083, 2016, Capacity Building
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Health Online
SV0084, 2016, Capacity Building
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Participatory Management for Environmental Protection
SV0085, 2016, Capacity Building
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Transparent Production "Case Sugar Sector"
SV0086, 2016, Capacity Building
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Citizen Participation in Draft Regulations
SV0087, 2016, Capacity Building
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Citizen Participation Level Territorial
SV0088, 2016, Capacity Building
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Houses of Culture and Coexistence
SV0089, 2016, Capacity Building
-
Social Organizations Act
SV0090, 2016, Capacity Building
-
Citizen Participation and Control in Education
SV0091, 2016, Capacity Building
-
Integral and Youth Council for Women
SV0092, 2016, Capacity Building
-
Citizen Participation in Planning Processes
SV0057, 2014, Public Participation
-
Independent Monitoring Mechanism the Five-Year Development Plan 2014-2020
SV0058, 2014, Public Participation
-
Open Offices
SV0059, 2014, Capacity Building
-
Regulate the Exercise of Accountability
SV0060, 2014, Anti-Corruption
-
Observatory Public Procurement
SV0061, 2014, Anti-Corruption
-
Publication of Drug Supply
SV0062, 2014, Health
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Comprehensive Technical Education Program
SV0063, 2014, Capacity Building
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Transparent Implementation of Community Policing Plan
SV0064, 2014, Access to Information
-
Rehabilitation and Reintegration Program
SV0065, 2014, Capacity Building
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Strengthen Ethics and Transparency Issues in the Curriculum for Primary and High School
SV0066, 2014, Access to Information
-
Strengthen Public Probity
SV0067, 2014, Anti-Corruption
-
Transparency in Hiring Human Resources
SV0068, 2014, Labor
-
Transparency in Public Works
SV0069, 2014, Infrastructure & Transport
-
Simplification of Procedures
SV0070, 2014,
-
Strategy to Promote Private Investment in the Education System
SV0071, 2014, Education
-
Promotion of Free Software Public and Social Utility
SV0072, 2014, Access to Information
-
Open Data Policy
SV0073, 2014, Access to Information
-
Encouraging Social Responsibility
SV0074, 2014, Anti-Corruption
-
Adherence to the Global Compact of the United Nations Organization
SV0075, 2014, Anti-Corruption
-
Observatory Open Government
SV0076, 2014,
-
Civics Curriculum
SV0038, 2013, Capacity Building
-
Booking Guidelines for Public Information
SV0039, 2013, Access to Information
-
Improving the Quality of Web Portals Institutions
SV0040, 2013, Access to Information
-
Receiving System Corruption Allegations
SV0041, 2013, Anti-Corruption
-
Fiscal Transparency
SV0042, 2013, E-Government
-
Promotion of Citizen Oversight of Budgets
SV0043, 2013, Fiscal Openness
-
Creating Audit Committees of Use of Public Resources
SV0044, 2013, Anti-Corruption
-
Accessibility Evaluation of Government Infrastructure.
SV0045, 2013, Capacity Building
-
Accessibility for Blind People Government Portal
SV0046, 2013, Capacity Building
-
Training to Improve Services for People with Disabilities
SV0047, 2013, Capacity Building
-
Law on Access to Public Information for the Blind
SV0048, 2013, Access to Information
-
Access to Information from Private Companies That Manage Public Funds
SV0049, 2013, Access to Information
-
List of Private Institutions That Receive Public Funds
SV0050, 2013, E-Government
-
Accountability of Private Institutions That Administer Public Funds
SV0051, 2013, Private Sector
-
Creation of the COST Group in El Salvador
SV0052, 2013, Infrastructure & Transport
-
Disclosure of Integrity Pacts and Codes of Ethics
SV0053, 2013, Infrastructure & Transport
-
Catalog of Priority Infrastructure Projects
SV0054, 2013, Access to Information
-
Buying Drugs
SV0055, 2013, Health
-
Credit Transparency
SV0056, 2013, E-Government
-
Computer System in Hospitals
SV0022, 2013, E-Government
-
Health Cards Right
SV0023, 2013, Health
-
Health Complaints System
SV0024, 2013, Health
-
Services Catalog
SV0025, 2013, E-Government
-
Continuous Improvement
SV0026, 2013, Capacity Building
-
Campaigns on Access to Public Information
SV0027, 2013, Access to Information
-
Regional Training
SV0028, 2013,
-
Training for Senior Officials
SV0029, 2013, Access to Information
-
Tracking Tools
SV0030, 2013, Access to Information
-
Guide Complaints and Notices
SV0031, 2013, Anti-Corruption
-
Legal Framework Reform Public Probity
SV0032, 2013, Anti-Corruption
-
Publication Corruption in Government Portal
SV0033, 2013, Anti-Corruption
-
Improve Quality of Accountability
SV0034, 2013, Anti-Corruption
-
Citizens' Guide to Accountability
SV0035, 2013, Anti-Corruption
-
Mobile Phone Access Accountability.
SV0036, 2013, Anti-Corruption
-
Campaigns on Transparency and Integrity Issues.
SV0037, 2013, Anti-Corruption
-
Opening and Response Information Offices
SV0001, 2012, Access to Information
-
Opening Office Departmental Information and Response
SV0002, 2012, Access to Information
-
Right of Reply
SV0003, 2012, Dispute Resolution & Legal Assistance
-
Users Bill of Rights
SV0004, 2012, Anti-Corruption
-
Citizen Monitoring Public Services
SV0005, 2012,
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Distance Education Program
SV0006, 2012, Access to Information
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Improving Accountability
SV0007, 2012, Capacity Building
-
Accountability Departmental Accounts
SV0008, 2012, Capacity Building
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Integrity Pacts
SV0009, 2012, Anti-Corruption
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Legal Aid for Constitutional Complaints
SV0010, 2012, Capacity Building
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Emblematic Publication Corruption Case
SV0011, 2012, Anti-Corruption
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Investment Process Transparency
SV0012, 2012, Anti-Corruption
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Professionalize Audit Units
SV0013, 2012, Anti-Corruption
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Political Parties Act
SV0014, 2012, Political Integrity
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Intermediary Service Public Employment
SV0015, 2012, Labor
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Fiscal Transparency Portal
SV0016, 2012, E-Government
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Ranking of Private Banking
SV0017, 2012, E-Government
-
Catalog of Priority Projects Government
SV0018, 2012, E-Government
-
Expansion of E-Regulations
SV0019, 2012, E-Government
-
Targeted Transparency
SV0020, 2012, Capacity Building
-
"Active Transparency" Digital Newspaper
SV0021, 2012, Capacity Building