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El Salvador

Participatory Social Policy and Transparent (SV0077)

Overview

At-a-Glance

Action Plan: El Salvador National Action Plan 2016-2018

Action Plan Cycle: 2016

Status: Inactive

Institutions

Lead Institution: Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia

Support Institution(s): Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción; Iniciativa Socia para la Democracia ISD, Observatorio de Gobierno Abierto

Policy Areas

Capacity Building, Public Participation, Sustainable Development Goals

IRM Review

IRM Report: El Salvador End-of-Term Report 2016-2018, El Salvador Mid-Term Report 2016-2018

Starred: No

Early Results: Did Not Change

Design i

Verifiable: Yes

Relevant to OGP Values: Access to Information , Civic Participation

Potential Impact:

Implementation i

Completion:

Description

Status quo o problema que se quiere resolver: Durante las consultas territoriales, en algunos municipios, la ciudadanía explicó que tenían dudas sobre los mecanismos y procedimientos para seleccionar a los beneficiarios de los diferentes programas de la política social que se implementa como parte de las obligaciones de la Ley de Desarrollo y Protección Social. Objetivo principal: Aumentar los niveles de transparencia en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los diferentes programas sociales que se ejecutan como parte de la Ley de Desarrollo y Protección Social. Breve descripción del compromiso: Implementar diversos mecanismos que permitan aumentar la transparencia en la ejecución de los programas sociales del Gobierno como parte de la política social del Estado. Relevancia: Transparencia: El aumento de la transparencia en los procesos de diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los diversos componentes de la política social haciendo uso de mejores mecanismos para el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Rendición de cuentas: Los ejecutores de los programas sociales rendirán cuentas de los procesos y mecanismos de selección de los beneficiarios y de las etapas de implementación de estos programas.
Relevancia frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030: Éste compromiso busca generar acciones relacionadas que permitan avanzar hacia el objetivo Nº 10 de “Reducción de las desigualdades” Ambición: Mejorar significativamente la eficiencia y eficacia del gasto social que se realiza a través de la inversión en los diferentes programas sociales que forman parte de la política social del Gobierno de El Salvador, como parte de sus atribuciones plasmadas en la Ley de Desarrollo y Protección Social. El Estado deberá garantizar a la ciudadanía la completa apertura a los lineamientos de selección de beneficiarios, establecimiento de prioridades y cumplimiento efectivo de los elementos de cada uno de los programas que se implementan a la fecha. El compromiso ayudará a reducir el clientelismo o la discrecionalidad que en algunos municipios se pueda estar dando al momento de la selección de beneficiarios o el sostenimiento de los mismos dentro del programa.

IRM Midterm Status Summary

1. Política social participativa y transparente

Texto del compromiso:

Implementar diversos mecanismos que permitan aumentar la transparencia en la ejecución de los programas sociales del Gobierno como parte de la política social del Estado.

Hitos:

1. Elaboración de un plan de trabajo para implementar el compromiso.

2. Elaboración de un manual para el ejercicio de la contraloría social.

3. Identificar el o los programas sociales en los que se realizará el ejercicio de contraloría social.

4. Capacitar sobre contraloría social a organizaciones locales, de por lo menos cinco departamentos, para el seguimiento y evaluación de los programas implementados como parte de la Política Social.

5. Realizar un ejercicio de contraloría social a la implementación de los programas sociales.

Objetivo: Aumentar los niveles de transparencia en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los diferentes programas sociales que se ejecutan como parte de la Ley de Desarrollo y Protección Social.

Institución responsable: Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia.

Institución (es) de apoyo: Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, Iniciativa Social para la Democracia, Observatorio de Gobierno Abierto.

Fecha de inicio: enero de 2017 Fecha final: junio de 2018.

Contexto y objetivos

El artículo 15 de la Ley de Desarrollo y Protección Social Asamblea Legislativa (2014). “Ley de Desarrollo y Protección Social”. Disponible en https://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-de-desarrollo-y-protecion-social de El Salvador establece que todos los programas sociales deberán estar armonizados con el Plan de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno de El Salvador y, a la vez, contar con la documentación del diseño conceptual y reglas de operación. El artículo 34 de dicha ley dictamina la creación de un mecanismo de identificación de las personas susceptibles de recibir las transferencias monetarias o en especie. Dichos mecanismos deben —por ley— garantizar la objetividad y la transparencia en la operación de los programas.

El artículo 50 de la ley determina que serán de acceso público al menos los siguientes puntos de los programas sociales: los resultados de las consultas para su elaboración, los resultados y recomendaciones de las evaluaciones de este, el diseño conceptual y las reglas de operación de cada uno de los programas, y la información agregada de los registros de los beneficiarios de los programas de transferencias monetarias o bienes materiales, siempre y cuando no contengan datos confidenciales.

Durante la consulta territorial realizada para el diseño del plan de acción, la población expresó a las OSC un desconocimiento sobre cómo se elige a los participantes de los programas sociales y cómo convertirse en potenciales beneficiarios. Representantes de la Secretaría Técnica y Planificación de la Presidencia (SETEPLAN) comentaron al investigador del MRI que la fundamentación técnica de los programas puede encontrarse en plataformas web de instituciones públicas. La información disponible en la web —por ejemplo, en el portal del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) FISDL (2017). “Oferta programática”. Disponible en http://www.fisdl.gob.sv/temas-543/oferta-programatica/sistema-de-proteccion-social-universal/comunidades-solidarias-rurales# o en el Ministerio de Educación MINED (2015). “Sub programa Vaso de Leche”. Disponible en http://www.mined.gob.sv/index.php/programas-sociales/item/7913-sub-programa-vaso-de-leche — responde a la implementación de estos programas, pero no cumple con las exigencias dispuestas en la ley.

La contraloría social a los programas sociales cobra una mayor importancia al estar estos institucionalizados mediante una ley y, en casos específicos, porque su financiamiento ha sido convertido en ley, tal es el caso del programa Vaso de Leche Asamblea Legislativa (2014). “Ley del programa de vaso de leche escolar”. Disponible en https://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-de-programa-de-vaso-de-leche . De acuerdo con representantes de STEPLAN, en la actualidad no existe un mecanismo de consulta para que los ciudadanos verifiquen el manejo de los recursos que se destinan a los diversos programas sociales. Tampoco es posible conocer si existe una asignación eficiente de recursos al seleccionar a las personas correctas para participar en los programas. Por tanto, el objetivo de este compromiso es aumentar los niveles de transparencia en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los diferentes programas sociales que se ejecutan como parte de la Ley de Desarrollo y Protección Social.

De acuerdo con representantes de la SETEPLAN e ISD, con el compromiso se pretende desarrollar un manual que incluya los lineamientos necesarios para ejercer la contraloría social en los programas sociales. Las capacitaciones, a realizarse en al menos cinco departamentos, y la realización de un ejercicio de contraloría social establecerán las bases para que los ciudadanos posean un mayor conocimiento sobre cómo practicar una mejor auditoría social. El compromiso, por tanto, es relevante para el valor de participación ciudadana.

Este compromiso también permite establecer un mecanismo que favorezca las denuncias por discrecionalidades o señalamientos de errores cometidos por las instituciones públicas en la asignación de recursos de los programas sociales. Por tanto, se considera relevante al valor de acceso a la información.

De implementarse por completo, el compromiso daría cumplimiento a responsabilidades establecidas por la ley. La falta de transparencia en los programas sociales cobra una mayor relevancia en el caso de El Salvador, donde estos proyectos se encuentran blindados legalmente en el Subsistema de Protección Social Universal. La implementación de mecanismos de contraloría social en los programas sociales representa un paso para fortalecer la transparencia fiscal a través de la reducción en discrecionalidad y arbitrariedad en la asignación de recursos.

A pesar de la relevancia, y dado el contexto donde el Gobierno de El Salvador afronta negociaciones para un pacto fiscal y promueve una política de austeridad en sus instituciones, el Gobierno podría implementar más acciones que aumenten los niveles de transparencia en el diseño y desarrollo de los programas sociales, de acuerdo con las disposiciones de ley actuales. Si bien la iniciativa representa un cambio positivo, los sistemas de control social son complementarios y no garantizan el cumplimiento de lo dispuesto en la ley, pues precisan de la participación de actores sociales. Por tanto, el impacto potencial en esta área de política pública se considera como menor.

La implementación del ejercicio de contraloría permitiría obtener mayores niveles de transparencia en el diseño y ejecución de estos programas, pero esto no implica que el compromiso atienda los problemas de transparencia fiscal de acuerdo con los mecanismos ya disponibles en la ley. El compromiso plantea hitos relevantes, medibles y con plazos de implementación definidos, pero su texto no es del todo específico, al no detallar los potenciales mecanismos, programas o manera de medir el aumento de transparencia. Según el gobierno, esto se esperaba trabajar en conjunto con las organizaciones sociales. Por tanto, su especificidad se califica como media.

Cumplimiento

El Gobierno de El Salvador reportó un 15 % de avance en el cumplimiento de este compromiso en el portal del OGA al cierre del primer año de implementación. En junio de 2017 se publicó el plan operativo AGA (2017). “Política social, participativa y transparente”. Disponible en http://alianza.gobiernoabierto.gob.sv/2016-2018/aga_challenges/transparencia/aga_actions/politica-social-participativa-y-transparente en dicha plataforma. Según representantes de SETEPLAN, miembros de ISD y delegados de la Unión Europea están realizando esfuerzos para desarrollar el manual de contraloría social, para luego implementarlo en San Miguel, Zaragoza, Cojutepeque, Panchimalco, Sonsonate, Armenia y Morazán. Estos municipios han sido seleccionados por SETEPLAN, en conjunto con ISD, para dar prioridad a aquellos territorios donde esta organización posee presencia. Las capacitaciones se llevarán a cabo por medio de dos convocatorias para empresas experimentadas y a través de fondos de cooperación internacional.

De acuerdo con representantes de ISD —que comparte responsabilidad en esta iniciativa—, la implementación del compromiso se relaciona fuertemente con la eficiencia del gasto público, uno de los elementos importantes dentro del contexto de este plan de acción. Consideran que la entrega del financiamiento para las capacitaciones a través de los fondos de cooperación podría retrasar la implementación de la fase final de este compromiso. A la fecha de cierre de este informe, no existe un manual técnico sobre la contraloría social de los programas y tampoco se han dado detalles sobre las capacitaciones para el uso y la implementación de dicho manual. Estas actividades deberán terminar en mayo de 2018.

Representantes de SETEPLAN confirmaron que continúan en proceso de evaluación para que se efectúen convocatorias relacionadas con la elección de los organismos que estarán encargados de desarrollar las capacitaciones de contraloría social. El cumplimiento, de acuerdo con los plazos del plan de acción, se considera puntual y su avance se califica como limitado.

Siguientes pasos

El investigador del MRI considera que, a pesar de su importancia parcial para la transparencia fiscal, este compromiso no debería incluirse en un próximo plan de acción si no aportará un valor agregado al cumplimiento de oficio que ya debe darse de la ley. No obstante, si para las partes interesadas continúa siendo necesaria la inclusión de compromisos relacionados, el investigador del MRI recomienda:

  1. Agilizar los trámites para obtener los fondos de cooperación internacional, para no generar atrasos en el cumplimiento del compromiso.
  2. Ampliar el alcance de las capacitaciones a territorios con mayor presencia de programas sociales.
  3. Cumplir con el requerimiento de publicar la información mencionada en el artículo 50 de la Ley de Desarrollo y Protección Social. La disponibilidad de esta información contribuirá a fortalecer las condiciones para mejorar la calidad de los ejercicios de contraloría social y contribuirá a generar un mayor impacto relacionado con la transparencia fiscal.

IRM End of Term Status Summary

I. TRANSPARENCIA

Compromiso 1. Política social, participativa y transparente

Texto del Compromiso: 

Implementar diversos mecanismos que permitan aumentar la transparencia en la ejecución de los programas sociales del Gobierno como parte de la política social del Estado.

  1. Elaboración de un plan de trabajo para implementar el compromiso
  2. Elaboración de un manual para el ejercicio de la contraloría social
  3. Identificar el o los programas sociales en los que se realizará el ejercicio de contraloría social
  4. Capacitar sobre contraloría social a organizaciones locales, de por lo menos 5 departamentos , para el seguimiento y evaluación de los programas implementados como parte de la Política Social
  5. Realizar un ejercicio de contraloría social a la implementación de los programas sociales.

Institución(es) responsable(s): Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia.

Institución(es) de apoyo: Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, Iniciativa Social para la Democracia, Observatorio de Gobierno Abierto

Fecha de inicio:  enero de 2017                                    Fecha de cierre: junio de 2018

Objetivo del compromiso

El objetivo de este compromiso fue aumentar los niveles de transparencia en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los diferentes programas sociales que se ejecutan como parte de la Ley de Desarrollo y Protección Social. Al momento de diseñar este compromiso, no existía un mecanismo de consulta que permitiera a los ciudadanos verificar el manejo de los recursos o métodos de selección de beneficiarios en los programas sociales.

De manera específica, el compromiso buscaba desarrollar un manual que incluyera lineamientos necesarios para ejercer la contraloría social en los programas sociales y realizar capacitaciones en al menos 5 departamentos. Adicionalmente, se realizaría un ejercicio de contraloría social como parte de una prueba piloto.

Cumplimiento

Medio término: Limitado

El cumplimiento de este compromiso fue limitado al cierre del informe de medio término. Al cierre del primer año de implementación, el Gobierno de El Salvador reportó un 15% de avance en el cumplimiento de este compromiso en el portal del OGA. [1] De manera conjunta, la Secretaría Técnica y de Planificación (SETEPLAN) e Iniciativa Social para la Democracia (ISD) seleccionaron a las ciudades de San Miguel, Zaragoza, Cojutepeque, Panchimalco, Sonsonate, Armenia y Morazán para realizar las capacitaciones sobre el manual de contraloría social, el cual se encontraba en proceso de elaboración. Representantes de ISD expresaron su preocupación sobre la no entrega de financiamiento —proveniente de fondos de cooperación— para que ellos ejecutaran las capacitaciones. Argumentaron que, de no comenzar con este proceso, no contarían con los recursos suficientes y la implementación del compromiso se retrasaría. 

Fin de término: Limitado

Este compromiso registró un cumplimiento limitado al cierre del fin de término. El Gobierno de El Salvador reportó 50% de avance en el portal del OGA. [2] En diciembre de 2017, la delegación de la Unión Europea en El Salvador, a través del Apoyo de la Unión Europea al Plan Social de El Salvador, publicó la solicitud de propuestas y documentos anexos para la “Promoción de la Contraloría Social a los Programas Sociales EuropeAid 157522/DAD/ACT/SV”. El objetivo específico de la convocatoria era implementar actividades de contraloría ciudadana de la ejecución técnica y financiera de los programas sociales Jóvenes con Todo, Comunidades Solidarias, Ciudad Mujer y Atención Primaria en Salud.

De acuerdo con representantes de ISD, esta convocatoria constituiría un apoyo financiero importante por parte de la Unión Europea para implementar el compromiso y fortalecer la contraloría social en El Salvador, pero el proceso de licitación no fue completado. En cambio, como parte de la Política de Participación Ciudadana, la SPTA diseñó y publicó la “Guía Ciudadana para el Ejercicio de la Contraloría Social”. Dicho documento está publicado en el portal [3] de OGA en formato borrador y aún se encuentra pendiente de aprobación y divulgación oficial. Representantes de ISD y la SPTA confirmaron que las capacitaciones y el ejercicio de contraloría social no se ejecutaron según lo estipulado, debido principalmente a la falta de presupuesto de la SETEPLAN. El investigador del MRI contactó, por dos medios distintos en diversas fechas, [4] a representantes de SETEPLAN, pero no recibió respuesta a la fecha de cierre de este informe.

¿Se avanzó en la apertura del gobierno?

Acceso a la información: No cambió

Participación ciudadana: No cambió

Las prácticas gubernamentales en acceso a la información y participación ciudadana no cambiaron tras la implementación limitada de este compromiso. De acuerdo con el informe de medio término, durante la consulta territorial realizada para el diseño del plan de acción, tanto la SPTA como las OSC identificaron que las organizaciones locales desconocían la forma en la que se eligen a los beneficiarios de los programas sociales, cómo se manejan los recursos y los medios de participación en estas iniciativas. A su vez, al momento de diseñar este compromiso, no existía un mecanismo de consulta que permitiera ejercer una contraloría social a dichos programas.

De acuerdo con representantes de ISD, la información que necesita conocerse para la contraloría social puede obtenerse a través de solicitudes de acceso a la información, por ejemplo: modelo de selección de beneficiarios, empresa ejecutora, territorios, evaluaciones de impacto, entre otras. Sin embargo, argumentan que el valor añadido de este compromiso residía en la capacitación y prueba piloto del ejercicio de contraloría social. El manual publicado en versión borrador profundiza en aspectos operativos y plantea lineamientos sobre cómo supervisar las actividades diarias de los programas sociales. Sin embargo, los instrumentos para ejercer la contraloría social aún están pendientes de diseñarse e incorporarse al manual.

El investigador del MRI contactó, por dos medios distintos y en diversas fechas, a representantes de SETEPLAN, para que brindaran comentarios sobre el cumplimiento e impacto de las actividades desarrolladas, pero no recibió respuesta a la fecha de cierre de este informe. Considerando que este compromiso tuvo una implementación limitada y que las actividades desarrolladas no modificaron el statu quo inicial, el investigador del MRI determina que las prácticas gubernamentales en acceso a la información y participación ciudadana no cambiaron.

¿Se incorporó en el siguiente plan?

El Gobierno de El Salvador no había presentado un nuevo plan de acción a la fecha de cierre de este informe. El investigador del MRI recomienda incluir este compromiso en un próximo plan, con la condición que se garantice el financiamiento y la ejecución por parte de SETEPLAN para realizar múltiples ejercicios de contraloría social. La versión borrador del manual contempla la vinculación de la contraloría con el sistema de atención ciudadana (ver compromiso 7), un aspecto que podría facilitar la comunicación de anomalías en la implementación de programas sociales.

El investigador del MRI recomienda incluir, en los futuros ejercicios de contraloría social, a representantes de asambleas ciudadanas municipales, quienes pudieran trasladar recomendaciones o irregularidades a las asambleas departamentales y, posteriormente, a las instituciones públicas correspondientes. Asimismo, es importante que el compromiso avance tanto en la publicación oficiosa de información como en el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas.

[1] OGA (2017). “Política social, participativa y transparente”. Disponible en http://alianza.gobiernoabierto.gob.sv/2016-2018/aga_challenges/transparencia/aga_actions/politica-social-participativa-y-transparente. Último acceso: 30 de septiembre de 2018.
[2] OGA (2018). “Política social, participativa y transparente”. Disponible en http://alianza.gobiernoabierto.gob.sv/2016-2018/aga_challenges/transparencia/aga_actions/politica-social-participativa-y-transparente. Último acceso: 30 de septiembre de 2018.
[3] Ídem
[4] Contactado vía correo electrónico el 27 de agosto de 2018 y por llamada telefónica el 20 de septiembre del mismo año.

Commitments

  1. No. 1: Advancing Ciudadanización Public Finance by Promoting Educational Gateway Component Fiscal Transparency

    SV0093, 2018, Access to Information

  2. Procedure for Public Participation in Public Consultations of MARN

    SV0094, 2018, Environment and Climate

  3. Draft Law on Non-Discrimination

    SV0095, 2018, Human Rights

  4. Rescue of the Historical Memory of the Events Before and During the Salvadoran Armed Conflict

    SV0096, 2018, Capacity Building

  5. Proposal for a Draft Accountability Act

    SV0097, 2018, Legislation & Regulation

  6. Participatory Social Policy and Transparent

    SV0077, 2016, Capacity Building

  7. Transparency in Social Organizations

    SV0078, 2016, Capacity Building

  8. Transparency Defenders

    SV0079, 2016, Access to Information

  9. Labor Rights Effective

    SV0080, 2016, Capacity Building

  10. National Employment Policy, Labor and Entrepreneurship

    SV0081, 2016, Capacity Building

  11. Portal Online Services

    SV0082, 2016, Capacity Building

  12. Citizen Service System

    SV0083, 2016, Capacity Building

  13. Health Online

    SV0084, 2016, Capacity Building

  14. Participatory Management for Environmental Protection

    SV0085, 2016, Capacity Building

  15. Transparent Production "Case Sugar Sector"

    SV0086, 2016, Capacity Building

  16. Citizen Participation in Draft Regulations

    SV0087, 2016, Capacity Building

  17. Citizen Participation Level Territorial

    SV0088, 2016, Capacity Building

  18. Houses of Culture and Coexistence

    SV0089, 2016, Capacity Building

  19. Social Organizations Act

    SV0090, 2016, Capacity Building

  20. Citizen Participation and Control in Education

    SV0091, 2016, Capacity Building

  21. Integral and Youth Council for Women

    SV0092, 2016, Capacity Building

  22. Citizen Participation in Planning Processes

    SV0057, 2014, Public Participation

  23. Independent Monitoring Mechanism the Five-Year Development Plan 2014-2020

    SV0058, 2014, Public Participation

  24. Open Offices

    SV0059, 2014, Capacity Building

  25. Regulate the Exercise of Accountability

    SV0060, 2014, Anti-Corruption

  26. Observatory Public Procurement

    SV0061, 2014, Anti-Corruption

  27. Publication of Drug Supply

    SV0062, 2014, Health

  28. Comprehensive Technical Education Program

    SV0063, 2014, Capacity Building

  29. Transparent Implementation of Community Policing Plan

    SV0064, 2014, Access to Information

  30. Rehabilitation and Reintegration Program

    SV0065, 2014, Capacity Building

  31. Strengthen Ethics and Transparency Issues in the Curriculum for Primary and High School

    SV0066, 2014, Access to Information

  32. Strengthen Public Probity

    SV0067, 2014, Anti-Corruption

  33. Transparency in Hiring Human Resources

    SV0068, 2014, Labor

  34. Transparency in Public Works

    SV0069, 2014, Infrastructure & Transport

  35. Simplification of Procedures

    SV0070, 2014,

  36. Strategy to Promote Private Investment in the Education System

    SV0071, 2014, Education

  37. Promotion of Free Software Public and Social Utility

    SV0072, 2014, Access to Information

  38. Open Data Policy

    SV0073, 2014, Access to Information

  39. Encouraging Social Responsibility

    SV0074, 2014, Anti-Corruption

  40. Adherence to the Global Compact of the United Nations Organization

    SV0075, 2014, Anti-Corruption

  41. Observatory Open Government

    SV0076, 2014,

  42. Civics Curriculum

    SV0038, 2013, Capacity Building

  43. Booking Guidelines for Public Information

    SV0039, 2013, Access to Information

  44. Improving the Quality of Web Portals Institutions

    SV0040, 2013, Access to Information

  45. Receiving System Corruption Allegations

    SV0041, 2013, Anti-Corruption

  46. Fiscal Transparency

    SV0042, 2013, E-Government

  47. Promotion of Citizen Oversight of Budgets

    SV0043, 2013, Fiscal Openness

  48. Creating Audit Committees of Use of Public Resources

    SV0044, 2013, Anti-Corruption

  49. Accessibility Evaluation of Government Infrastructure.

    SV0045, 2013, Capacity Building

  50. Accessibility for Blind People Government Portal

    SV0046, 2013, Capacity Building

  51. Training to Improve Services for People with Disabilities

    SV0047, 2013, Capacity Building

  52. Law on Access to Public Information for the Blind

    SV0048, 2013, Access to Information

  53. Access to Information from Private Companies That Manage Public Funds

    SV0049, 2013, Access to Information

  54. List of Private Institutions That Receive Public Funds

    SV0050, 2013, E-Government

  55. Accountability of Private Institutions That Administer Public Funds

    SV0051, 2013, Private Sector

  56. Creation of the COST Group in El Salvador

    SV0052, 2013, Infrastructure & Transport

  57. Disclosure of Integrity Pacts and Codes of Ethics

    SV0053, 2013, Infrastructure & Transport

  58. Catalog of Priority Infrastructure Projects

    SV0054, 2013, Access to Information

  59. Buying Drugs

    SV0055, 2013, Health

  60. Credit Transparency

    SV0056, 2013, E-Government

  61. Computer System in Hospitals

    SV0022, 2013, E-Government

  62. Health Cards Right

    SV0023, 2013, Health

  63. Health Complaints System

    SV0024, 2013, Health

  64. Services Catalog

    SV0025, 2013, E-Government

  65. Continuous Improvement

    SV0026, 2013, Capacity Building

  66. Campaigns on Access to Public Information

    SV0027, 2013, Access to Information

  67. Regional Training

    SV0028, 2013,

  68. Training for Senior Officials

    SV0029, 2013, Access to Information

  69. Tracking Tools

    SV0030, 2013, Access to Information

  70. Guide Complaints and Notices

    SV0031, 2013, Anti-Corruption

  71. Starred commitment Legal Framework Reform Public Probity

    SV0032, 2013, Anti-Corruption

  72. Publication Corruption in Government Portal

    SV0033, 2013, Anti-Corruption

  73. Improve Quality of Accountability

    SV0034, 2013, Anti-Corruption

  74. Citizens' Guide to Accountability

    SV0035, 2013, Anti-Corruption

  75. Mobile Phone Access Accountability.

    SV0036, 2013, Anti-Corruption

  76. Campaigns on Transparency and Integrity Issues.

    SV0037, 2013, Anti-Corruption

  77. Starred commitment Opening and Response Information Offices

    SV0001, 2012, Access to Information

  78. Starred commitment Opening Office Departmental Information and Response

    SV0002, 2012, Access to Information

  79. Right of Reply

    SV0003, 2012, Dispute Resolution & Legal Assistance

  80. Users Bill of Rights

    SV0004, 2012, Anti-Corruption

  81. Citizen Monitoring Public Services

    SV0005, 2012,

  82. Distance Education Program

    SV0006, 2012, Access to Information

  83. Improving Accountability

    SV0007, 2012, Capacity Building

  84. Accountability Departmental Accounts

    SV0008, 2012, Capacity Building

  85. Integrity Pacts

    SV0009, 2012, Anti-Corruption

  86. Legal Aid for Constitutional Complaints

    SV0010, 2012, Capacity Building

  87. Emblematic Publication Corruption Case

    SV0011, 2012, Anti-Corruption

  88. Investment Process Transparency

    SV0012, 2012, Anti-Corruption

  89. Professionalize Audit Units

    SV0013, 2012, Anti-Corruption

  90. Political Parties Act

    SV0014, 2012, Political Integrity

  91. Intermediary Service Public Employment

    SV0015, 2012, Labor

  92. Starred commitment Fiscal Transparency Portal

    SV0016, 2012, E-Government

  93. Ranking of Private Banking

    SV0017, 2012, E-Government

  94. Catalog of Priority Projects Government

    SV0018, 2012, E-Government

  95. Expansion of E-Regulations

    SV0019, 2012, E-Government

  96. Targeted Transparency

    SV0020, 2012, Capacity Building

  97. "Active Transparency" Digital Newspaper

    SV0021, 2012, Capacity Building

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