Skip Navigation
El Salvador

Rescue of the Historical Memory of the Events Before and During the Salvadoran Armed Conflict (SV0096)

Overview

At-a-Glance

Action Plan: El Salvador Action Plan 2018-2020

Action Plan Cycle: 2018

Status: Active

Institutions

Lead Institution: Presidencia de la República

Support Institution(s): Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción Archivo General de la Nación Ministerio de Educación

Policy Areas

Capacity Building, E-Government, Public Participation, Sustainable Development Goals

IRM Review

IRM Report: El Salvador Transitional Results Report 2018-2020, El Salvador Design Report 2018-2020

Starred: Pending IRM Review

Early Results: No IRM Data

Design i

Verifiable: Yes

Relevant to OGP Values: Access to Information , Civic Participation , Technology

Potential Impact:

Implementation i

Completion: Pending IRM Review

Description

No. 4: Rescate de la memoria histórica de los hechos ocurridos antes y durante el conflicto armado salvadoreño
Septiembre de 2018 – agosto 2020
Compromiso nuevo o preexistente
Institución o actor responsable de la implementación Presidencia de la República
Descripción del compromiso
¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda? Falta de un sistema de registro documental unificado y accesible sobre los principales acontecimientos de la historia reciente de El Salvador principalmente del conflicto armado.
¿Cuál es el compromiso? La documentación de los graves sucesos de DDHH permite conocer la verdad, identificar los patrones de comportamiento tanto de víctimas como de victimarios, cuyo análisis ofrecen perspectivas para establecer garantías de no repetición y la concientización de la ciudadanía sobre los hechos de la historia reciente de El Salvador, específicamente durante el conflicto armado.
Por ello, el objetivo de este compromiso es contribuir al rescate de la memoria histórica de El Salvador, por medio de la publicación, en un sitio web de la Presidencia, de la documentación de sucesos relevantes que conmocionaron a la comunidad nacional e internacional, referidos a graves violaciones a los DDHH ocurridos durante el conflicto armado.
¿Cómo contribuirá a resolver la problemática? Este compromiso se relaciona con el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas, por ende, las autoridades impulsaran acciones que sean garantía de no repetición, y que reafirmen la decisión del país por la paz, la justicia y la reconciliación.
¿Por qué es relevante a los valores de OGP? Transparencia: Permitir el derecho al acceso a la información pública sobre los casos de graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado como reparación a las víctimas y sus familiares y que el Estado se comprometa a implementar acciones orientadas a la no repetición de estas conductas. Además, permitirá a las nuevas generaciones asumir y fomentar una cultura de paz.
Participación ciudadana: Que la ciudadanía pueda aportar información (testimonios, fotografías, mapas), documentos, que enriquezcan los acervos de la memoria popular y puedan acudir a los centros de memoria histórica para conocer de los sucesos y sensibilizar a las nuevas generaciones.
Tecnología e Innovación: permitirá el uso de la tecnología para la socialización y sensibilización de la población.

Información adicional Relevancia frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030: Este compromiso busca generar acciones relacionadas que permitan avanzar hacia el objetivo Nº 16 de “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.”
Actividad y producto entregable Fecha de inicio: Fecha de término:
Diseñar un mecanismo para identificar y recopilar la información correspondiente a los sucesos durante y post conflicto armado (Acuerdos de Paz, Resoluciones nacionales e internacionales sobre la temática, informe de la comisión de la verdad, informes de sociedad civil nacionales e internacionales que documentaron el conflicto). Este mecanismo debe considerar la participación ciudadana en la construcción de archivos de la memoria. Y la ubicación de los mismos, a nivel nacional e internacional con personas naturales, universidades, centros de investigación, bufetes internacionales, entre otros. Septiembre 2018 Enero 2019
Diseño y creación de un espacio en el portal web de la Presidencia de la
República donde se recopilen archivos históricos concernientes al conflicto armado salvadoreño, visibilizando los diferentes sectores de la sociedad que se vieron involucrados en los procesos del conflicto armado hasta llegar al proceso de los acuerdos de paz, tales como víctimas y protagonistas de los cambios en el país (mujeres, pueblos originarios, jóvenes, campesinos entre otros). Enero 2019 Junio 2019
Recopilación, procesamiento y sistematización de la información histórica y documentación referida al conflicto armado. Enero 2019 Junio 2019
Digitalización de la información correspondiente a los sucesos durante y post conflicto armado. Octubre 2018 Febrero 2019
Diseño y elaboración de material de educación popular sobre la información histórica y documentación referida al conflicto armado. Mayo 2019 Agosto 2019
Diseño, creación y entrega de material educativo para docentes sobre la información histórica y documentación referida al conflicto armado. Mayo 2019 Agosto 2019
Divulgación y visibilización de la información a través de la apertura de espacios físicos y digitales dentro de la red de bibliotecas nacionales o casas de la cultura, museos estatales para su consulta por la ciudadanía. Julio 2019 Agosto 2020
Brindar acceso a información pública de manera oficiosa en el portal web de la Presidencia. Septiembre 2018 Agosto 2020
Impulsar reformas sobre ley de archivo general de la nación. Febrero 2019 Abril 2020
Diseño de una política de Estado de preservación del patrimonio y acervos histórico del conflicto armado. Febrero 2019 Mayo 2019
Promover una reforma en la currícula del Ministerio de Educación para incorporar, con toda seriedad y amplitud, los acontecimientos propios del conflicto Abril 2019 Agosto 2020
Información de Contacto
Nombre de la persona responsable María Silvia Guillén
Título, Departamento Comisionada Presidencial de Derechos Humanos
Correo electrónico y teléfono 2231-1375
Otros actores involucrados Actores de gobierno Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción
Archivo General de la Nación
Ministerio de Educación

IRM Midterm Status Summary

4. Rescate de la memoria histórica de los hechos ocurridos antes y durante el conflicto armado salvadoreño

Texto del compromiso como aparece en el plan de acción:

El objetivo de este compromiso es contribuir al rescate de la memoria histórica de El Salvador, por medio de la publicación, en un sitio web de la Presidencia, de la documentación de sucesos relevantes que conmocionaron a la comunidad nacional e internacional, referidos a graves violaciones a los DD. HH. ocurridos durante el conflicto armado”.

Hitos:

  1. Diseñar un mecanismo para identificar y recopilar la información correspondiente a los sucesos durante el conflicto armado y después de él (acuerdos de paz, resoluciones nacionales e internacionales sobre la temática, informe de la comisión de la verdad, informes de la sociedad civil nacional e internacional que documentaron el conflicto). Este mecanismo debe considerar la participación ciudadana en la construcción de archivos de la memoria y su ubicación a nivel nacional e internacional con personas naturales, universidades, centros de investigación, bufetes internacionales, entre otros.
  2. Diseño y creación de un espacio en el portal web de la Presidencia de la República donde se recopilen archivos históricos concernientes al conflicto armado salvadoreño, visibilizando los diferentes sectores de la sociedad que se vieron involucrados en los procesos del conflicto armado hasta llegar al proceso de los acuerdos de paz, tales como víctimas y protagonistas de los cambios en el país (mujeres, pueblos originarios, jóvenes, campesinos entre otros).
  3. Recopilación, procesamiento y sistematización de la información histórica y documentación referida al conflicto armado.
  4. Digitalización de la información correspondiente a los sucesos durante y post conflicto armado.
  5. Diseño y elaboración de material de educación popular sobre la información histórica y documentación referida al conflicto armado.
  6. Diseño, creación y entrega de material educativo para docentes sobre la información histórica y documentación referida al conflicto armado.
  7. Divulgación y visibilización de la información a través de la apertura de espacios físicos y digitales dentro de la red de bibliotecas nacionales o casas de la cultura, museos estatales para su consulta por la ciudadanía.
  8. Brindar acceso a información pública de manera oficiosa en el portal web de la Presidencia.
  9. Impulsar reformas sobre ley de archivo general de la nación.
  10. Diseño de una política de Estado de preservación del patrimonio y acervo histórico del conflicto armado.
  11. Promover una reforma en el currículo del Ministerio de Educación para incorporar, con toda seriedad y amplitud, los acontecimientos propios del conflicto

Fecha de inicio: septiembre de 2018 Fecha de término: agosto de 2020

Para ver el texto completo del compromiso, por favor visitar https://bit.ly/2JJeynE

Contexto y objetivos

Tras un largo período de dictaduras militares y golpes de Estado, El Salvador atravesó un fuerte conflicto armado de 1980 a 1992, donde se enfrentaron el ejército salvadoreño y las fuerzas de la guerrilla, conformadas en aquel entonces por distintos grupos y sectores del espectro ideológico de izquierda. En 1992, ambos bandos firmaron los Acuerdos de Paz y, un año después, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, otorgando una amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de las personas que hubieran participado en la comisión de delitos [29].

La aplicación de esta ley representó un obstáculo legal para investigar, identificar y juzgar a los principales responsables de planificar, ordenar o cometer crímenes de lesa humanidad, guerra o graves violaciones a los derechos humanos contra la población salvadoreña, dirigentes internacionales o extranjeros. La amnistía se aplicó para ambos bandos participantes en el conflicto armado. Algunos reportes —entre ellos el más destacado el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas [30]— identificaron a los principales sospechosos de cometer algunas de las masacres y violaciones a derechos humanos durante la guerra, pero la amnistía impidió su juzgamiento.

En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, argumentando que el diseño y aplicación de la ley no ha permitido una implementación efectiva de la justicia, la reparación de víctimas, desvelar la verdad y la reconstrucción de la sociedad salvadoreña tras el conflicto armado. A partir de este hito, casos previamente archivados y nuevos han retomado notoriedad, y permitiendo a la Fiscalía General de la República reabrir los juicios, llamar a testigos a identificar a los acusados de cometer crímenes de lesa humanidad [31].

Esto ha supuesto un reto de enormes proporciones para la Administración pública. A pesar de contar con la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y una ley para conservar y resguardar documentación histórica —Ley del Archivo General de la Nación [32]—, la publicación de información referente a operaciones militares durante la guerra o que involucre a funcionarios (o exfuncionarios) continúa siendo un tema sensible. Por tanto, el objetivo de este compromiso es publicar documentación relevante a casos de violaciones de derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado.

Para lograr esto, la oficina de la Comisionada Presidencial de los Derechos Humanos liderará un proceso para implementar un mecanismo participativo que permita identificar, recopilar, digitalizar, publicar —en formato físico y digital— y sistematizar documentación clave sobre el conflicto armado. Luego, se le entregará esta información al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), para desarrollar material educativo e incorporar la nueva información en el currículo educativo. Posteriormente, esta oficina impulsará reformas a la Ley del Archivo General de la Nación —como el diseño de un centro cultural para resguardar la información— y el diseño de una política gubernamental orientada a garantizar la conservación del patrimonio histórico del conflicto armado.

Representantes de la SPTA y la oficina de la Comisionada Presidencial de los Derechos Humanos coinciden en que el compromiso es bastante ambicioso [33]. En primer lugar, no existe un conocimiento certero de dónde podrían ubicarse algunos archivos del conflicto armado. También reconocen que deben construirse criterios para la publicación de la información, de manera que las evidencias correspondientes se presenten en los juicios o casos correspondientes. Finalmente, admiten que existe incertidumbre ante el eventual cambio en la Administración gubernamental, pues la decisión de continuar con este esfuerzo queda a discreción del nuevo presidente electo.

El compromiso tiene una clara relación con el valor de acceso a la información, al recopilar, digitalizar y publicar nueva información referente al conflicto armado; y los hitos de la iniciativa son lo suficientemente específicos para ser verificables. El compromiso contempla la implementación de un mecanismo participativo en la búsqueda, identificación y recopilación de archivos. Al tratarse de una iniciativa sin precedentes y que aborda temas sensibles e históricos, la conformación de un mecanismo que permita identificar y recuperar archivos del conflicto armado de forma conjunta (entre el Gobierno y la sociedad civil) representa una acción relevante para fortalecer la participación ciudadana.

El alcance del compromiso es ambicioso y representa un esfuerzo sin precedentes para la publicación de información de alto contenido histórico y contribuir a garantizar justicia a las víctimas del conflicto armado. La Oficina de la Comisionada Presidencial de los Derechos Humanos debe identificar un mecanismo claro para recopilar los archivos, definir las principales reformas a la ley o los lineamientos de la nueva política de preservación del patrimonio. Si el compromiso se completara, generaría un cambio sustancial en el área de preservación y recuperación de archivos del conflicto armado y ofrecería información nueva y útil para la investigación de crímenes cometidos durante la guerra. Por tanto, su impacto potencial se califica como transformador.

El investigador del MRI contactó a 5 instituciones [34] que han comenzado a trabajar con la oficina de la Comisionada Presidencial para los Derechos Humanos en esta iniciativa —fuera del contexto de la AGA—, pero no recibió respuesta al cierre de este informe.

Siguientes pasos

El investigador del MRI considera que este compromiso debería incluirse y priorizarse en un próximo plan de acción, con el objetivo de mejorar su diseño y continuar con el esfuerzo —sin precedentes— de ubicar, publicar, digitalizar y sistematizar información clave de las masacres y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado.

El investigador del MRI considera que la continuación de este compromiso, a través de la plataforma de la AGA representaría una acción importante para contribuir al proceso de justicia restaurativa, reparación de las víctimas, reconstrucción de la verdad y avances en materia de derechos humanos. Asimismo, es imprescindible que las organizaciones del Observatorio de Gobierno Abierto contribuyan en la definición de un mecanismo participativo para el diseño de las reformas a la Ley del Archivo General de la Nación y de una nueva política gubernamental para la preservación del patrimonio histórico y se involucren en ellos.

Para mejorar la implementación, el investigador del MRI recomienda:

  • Definir los lineamientos para el diseño del mecanismo participativo que permitirá identificar y recopilar los documentos relacionados al conflicto armado.
  • Involucrar a un mayor número de instituciones públicas en la búsqueda y sistematización de archivos y documentación, de manera que esta iniciativa se posicione como un esfuerzo institucional de relevancia nacional.
  • Definir actividades y lineamientos clave para garantizar la continuación de este esfuerzo por parte de la nueva administración gubernamental —que funcionará a partir de junio de 2019—.

[29] Saldaña, Erika (2016). “Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía”. Disponible en https://bit.ly/2Tx4bDf

[30] Naciones Unidas (1992). “De la locura a la esperanza: la guerra de 12 años en El Salvador”. Disponible en https://bit.ly/1NsytwP

[31] Rauda, Nelson (2018). “Sí hay fiscalía para el juicio del Mozote”. Disponible en https://bit.ly/2nYnsj9

[32] Asamblea Legislativa (1985). “Ley del Archivo General de la Nación”. Disponible en https://www.asamblea.gob.sv/decretos/details/233

[33] Entrevista realizada a Nelson Flores, representante de la Oficina de la Comisionada Presidencial para los Derechos Humanos, el 15 de marzo de 2019 en San Salvador.

[34] Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), PROBÚSQUEDA, Tutela Legal “María Julia Hernández” y Asociación de Salvadoreños por los Derechos Humanos (ASDEHU).

IRM End of Term Status Summary

4.Rescate de la memoria histórica de los hechos ocurridos antes y durante el conflicto armado salvadoreño

No hay evidencia disponible:

El Gobierno de El Salvador reportó un 5% de cumplimiento de este compromiso en mayo de 2019 a través del portal de OGP. Sin embargo, el investigador contactó a la oficina de la Comisionada Presidencial para los Derechos Humanos, responsable del cumplimiento de este compromiso para verificar los avances, pero no recibió respuesta. Incluso, al cierre de este informe, el cargo de Comisionado Presidencial para los Derechos, se reporta como no vigente en el portal de transparencia de la Presidencia de la República [2].

[2] CAPRES (2020). “Portal de Transparencia de CAPRES”. Disponible aquí: https://www.transparencia.gob.sv/institutions/capres/officials/10135


Commitments

Open Government Partnership