Reform Description

El Poder Judicial de la República Dominicana implementará su Política de Justicia Abierta, como instrumento estratégico orientado a consolidar un modelo de justicia más transparente, participativo, colaborativo y sujeto a rendición de cuentas. 

La política busca fortalecer la legitimidad social del sistema de justicia, mejorar la percepción ciudadana sobre las instituciones judiciales y consolidar un modelo de gestión judicial más cercano, accesible y centrado en las personas usuarias. 

La iniciativa incorpora principios de transparencia, participación pública, colaboración y rendición de cuentas, así como enfoques transversales de género, accesibilidad universal, lenguaje claro, interculturalidad y acceso a la justicia para poblaciones vulnerables. 

La política contempla:
•        El fortalecimiento de mecanismos de acceso a información judicial y datos abiertos; 
•        La creación de espacios permanentes de participación y cocreación ciudadana; 
•        El desarrollo de mecanismos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas; 
•        La implementación de un tablero público de indicadores; 
•        El fortalecimiento de la comunicación judicial en lenguaje claro; 
•        La promoción de procesos de colaboración entre el Poder Judicial y actores del ecosistema de justicia.

Asimismo, la política será implementada mediante un plan de acción plurianual y una estructura de gobernanza institucional que permita garantizar su sostenibilidad y seguimiento continuo.

Problem(s) Addressed by Reform

La política busca abordar desafíos estructurales relacionados con la relación entre el sistema de justicia y la ciudadanía, entre ellos:
•        Limitada participación ciudadana en el diseño y evaluación de políticas judiciales; 
•        Barreras de acceso a información y servicios judiciales; 
•        Baja comprensión pública de decisiones y procesos judiciales; 
•        Necesidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas institucional; 
•        Déficits de confianza ciudadana en las instituciones judiciales; 
•        Necesidad de consolidar mecanismos permanentes de diálogo y colaboración entre el Poder Judicial y la sociedad; 
•        Barreras de acceso a la justicia para grupos en situación de vulnerabilidad. 

La política también busca consolidar y articular iniciativas ya existentes de modernización y apertura institucional dentro de un marco estratégico sostenible y transversal. 

La Política de Justicia Abierta representa el primer marco integral de gobernanza judicial abierta desarrollado por el Poder Judicial de la República Dominicana. 
La reforma permite pasar de iniciativas aisladas de transparencia y participación a una política institucional estructurada, con objetivos, principios, mecanismos de implementación, monitoreo y evaluación claramente definidos. 

Asimismo, incorpora mecanismos permanentes de participación pública, monitoreo ciudadano y colaboración multisectorial que permitirán fortalecer el vínculo entre el Poder Judicial y la ciudadanía. 

La política también establecera mecanismos concretos de seguimiento mediante indicadores, tableros públicos y evaluaciones externas independientes, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas institucional. 

Relevance to OGP Values

La política fortalece directamente los principios de gobierno abierto:
Transparencia
Promueve la publicación proactiva de información institucional, jurisdiccional, presupuestaria y estadística, así como el fortalecimiento de portales de información y datos abiertos. 

Rendición de cuentas
Establece mecanismos de monitoreo, informes públicos periódicos, audiencias de rendición de cuentas, evaluaciones externas independientes y herramientas de retroalimentación ciudadana. 

Participación cívica
Incorpora procesos de cocreación, consulta pública, espacios de diálogo multisectorial y mecanismos permanentes de participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de políticas y servicios judiciales. 

Colaboración
Promueve alianzas y redes de trabajo entre el Poder Judicial, sociedad civil, academia, organismos internacionales y otros actores relevantes del ecosistema de justicia. 

Intended Results

Al finalizar el período de implementación se espera:
•        La aprobación y lanzamiento oficial de la Política de Justicia Abierta; 
•        La conformación de la Comisión de Justicia Abierta; 
•        La elaboración del Plan de Acción Plurianual; 
•        La creación de mecanismos permanentes de participación y retroalimentación ciudadana; 
•        La implementación de un tablero público de indicadores; 
•        El fortalecimiento de mecanismos de transparencia y acceso a información judicial; 
•        La consolidación de mecanismos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas; 
•        El fortalecimiento de la confianza pública y legitimidad institucional del Poder Judicial. 

Milestones

○        Elaboración del borrador de la Política de Justicia Abierta; 
○        Jornadas de cocreación y consulta pública; 
○        Mesas territoriales de validación; 
○        Sistematización de aportes y adecuación del documento; 
○        Presentación ante el Consejo del Poder Judicial; 
○        Aprobación y lanzamiento oficial de la política; 
○        Creación de la Comisión de Justicia Abierta; 
○        Elaboración del Plan de Acción Plurianual; 
○        Desarrollo del sistema de monitoreo y evaluación; 
○        Implementación del tablero público de indicadores; 
○        Desarrollo de mecanismos permanentes de participación y rendición de cuentas.

Is Civil Society Involved?

Sí, la política ha sido desarrollada mediante un proceso participativo que incluyó mesas territoriales de cocreación, jornadas de validación y procesos de consulta pública con participación de:
•        Organizaciones de la sociedad civil; 
•        Academia y universidades; 
•        Gremios jurídicos; 
•        Medios de comunicación; 
•        Estudiantes; 
•        Organismos internacionales; 
•        Personas usuarias del sistema de justicia y ciudadanía en general. 

Asimismo, la política prevé mecanismos permanentes de participación, diálogo y retroalimentación durante su implementación.