Reform Description

La acción consiste en implementar un Mecanismo de interlocución y rendición de cuentas, cuyas principales contrapartes son la Fiscalía General de Justicia, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Tortura, y la sociedad civil, representada por un Consejo Ciudadano integrado por personas con experticia, legitimidad y validación ciudadana.

El Mecanismo constituye un espacio de diálogo y colaboración que favorece la rendición de cuentas, aun en un contexto marcado por tensiones históricas, desconfianza acumulada y problemas estructurales y coyunturales que justifican su existencia.

Su operación se enmarca en la implementación del "Plan de Optimización en la Investigación de los delitos de Tortura y Ejecuciones Extrajudiciales", cuyo objetivo general es mejorar la investigación y sanción de estas graves violaciones a los derechos humanos. La implementación gradual del Plan, así como el acompañamiento y monitoreo del Consejo Ciudadano, estarán disponibles en la página web institucional de la Fiscalía General, bajo el título "Justicia y Rendición de Cuentas (JURE)".

La existencia del Mecanismo busca fortalecer la "transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas" en la implementación del Plan de Optimización.

Su operación se desarrolla en tres momentos:

1. Preparación para la interlocución: tanto el Consejo Ciudadano como la Fiscalía organizan información, revisan prioridades y alinean expectativas, con el propósito de establecer bases claras para el diálogo.

2. Sesiones técnicas: el Consejo Ciudadano y la Fiscalía Especializada revisan el funcionamiento de indicadores, avances reportados, problemas estructurales y limitaciones institucionales relacionadas con el Plan. Estas sesiones permiten aclarar conceptos, identificar dificultades y generar una comprensión compartida sobre los avances y desafíos de su implementación.

3. Sesión plenaria de interlocución y rendición de cuentas: la Fiscalía presenta los avances y el Consejo formula preguntas previamente consolidadas, con el propósito de comprender las decisiones institucionales, contextualizar limitaciones y explorar alternativas de mejora.

En este contexto, el Mecanismo busca ordenar la relación técnico-política entre el Consejo y la Fiscalía, reducir riesgos de confrontación reactiva, mejorar la calidad del intercambio mediante información estructurada y generar condiciones para establecer acuerdos verificables en el tiempo.

Asimismo, debe responder a dos exigencias fundamentales: garantizar el acceso a información clara, criterios comprensibles y espacios genuinos de interlocución que eviten cualquier percepción de simulación; y, al mismo tiempo, preservar los límites competenciales, brindar previsibilidad institucional y asegurar que el diálogo se sustente en datos verificables y no en intercambios reactivos. 

Problem(s) Addressed by Reform

La acción aborda dos problemas públicos urgentes: la impunidad de conductas ilícitas cometidas por agentes del Estado y la baja confianza pública en las instituciones de procuración de justicia.

La impunidad en materia de tortura queda patente al considerar la brecha de la prevalencia de tortura frente a la sanción de esta. De acuerdo con WJP al analizar la Encuesta Nacional a Población Privada de la Libertad (ENPOL, aplicada por el INEGI), a nivel nacional al igual que en Quintana Roo, 8 de cada 10 personas en prisión respondieron en 2021 haber sido víctimas de maltratos y de tortura, desde la detención hasta haber recibido una sentencia condenatoria . La prevalencia de tortura contrasta con el reducido número de sentencias condenatorias a nivel nacional. Por ejemplo, el Observatorio de Tortura reportó que en 2023 sólo se dictaron 8 sentencias condenatorias, frente al inicio de 4,592 carpetas de investigación . En el caso de la Fiscalía Especializada en cuestión, en 2025 se contaba con 989 carpetas de investigación activas y 3 judicializaciones. 

En materia de ejecuciones extrajudiciales, no hay datos igual de contundentes, pero organismos internacionales incluyendo al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU , Human Rigths Watch, entre otros, han apuntalado las muertes violentas cometidas por agentes del Estado como un tema frecuente e igualmente urgente. La brecha está exacerbada por la falta de registros administrativos para conocer la dimensión del fenómeno criminal. Para 2025, sólo se contaba con una carpeta de investigación iniciada por esta conducta y ninguna judicialización.

La confianza pública en las instituciones de justicia es un reto urgente que reproduce el problema de impunidad, pues las personas difícilmente se acercan a denunciar. [AA2.1]Esto queda ilustrado con la cifra negra la cual se refiere a la falta de denuncia. El año 2025, la cifra negra alcanzó el 93.2% a nivel nacional debido, principalmente, a la desconfianza y a estimar la denuncia como una pérdida de tiempo. Por su parte, la confianza pública está afectada por la falta de conocimiento e identificación de las propias autoridades. Por ejemplo, sólo el 20% de la población encuestada por INEGI identifica a los jueces. A su vez, sólo el 33% de la población identifica a los fiscales o ministerios públicos, pero de esta fracción, el 63% los percibe con problemas de corrupción.

En ese sentido, la falta de entendimiento sobre las funciones y mandato de las instituciones de justicia contribuye a la desconfianza y alienación hacia las autoridades. Este problema es uno de los que el Mecanismo de interlocución y rendición de cuentas se propone abordar.

La acción representa un paso significativo para aumentar la confianza, al transformar la relación entre la Fiscalía y la ciudadanía, pasando de esquemas tradicionales de supervisión interna y denuncia pública a un mecanismo permanente de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas para mejorar la investigación de violaciones graves a derechos humanos.

Contempla una estrategia doble: supervisar y acompañar la mejora de la respuesta técnica de la Fiscalía Especializada, y garantizar la participación activa del Consejo Ciudadano como parte del Mecanismo de Interlocución y Rendición de Cuentas.

En materia de tortura, se monitorearán tres tareas: 
a) implementar una herramienta para priorizar casos por su relevancia delictiva (por ejemplo, tortura durante una manifestación) o viabilidad de judicialización (por contar con pruebas contundentes); b) fortalecer la colaboración con el Poder Judicial mediante reuniones de trabajo, considerando que el 80% de los casos de tortura inicia por remisión de jueces al escuchar señalamientos durante audiencias; y c) colaborar con la Dirección de Centros Penitenciarios para garantizar condiciones idóneas en los espacios donde se practican dictámenes médicos y psicológicos, conforme al "Protocolo de Estambul".

En materia de ejecuciones extrajudiciales, el Plan contempla: 

a) elaborar y aprobar un protocolo especializado conforme al "Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas"; y b) capacitar al personal de la Fiscalía Especializada sobre este fenómeno delictivo.

Estas acciones buscan, en materia de tortura, enfocar recursos en casos prioritarios, optimizar investigaciones mediante información compartida por jueces e incrementar dictámenes periciales y entrevistas a víctimas en centros penitenciarios. Para ejecuciones extrajudiciales, se busca realizar investigaciones criminales independientes con personal técnicamente capacitado, contribuyendo a mitigar la impunidad.

La confianza pública se abordará mediante dos elementos: transparentar los avances de la Fiscalía Especializada en las estrategias descritas y realizar sesiones de interlocución y rendición de cuentas ante el Consejo Ciudadano. Estos espacios permitirán la clarificación y el cuestionamiento constructivo, orientados por el Plan y dirigidos a verificar el cumplimiento gradual de las metas finales: "aumentar las judicializaciones y mejorar la atención a víctimas".

El "Mecanismo de Interlocución y Rendición de Cuentas" será el espacio donde la Fiscalía Especializada informe, explique y contextualice ante el Consejo Ciudadano los avances en la implementación de estas acciones y su impacto en el desempeño.

Relevance to OGP Values

La acción incorpora esencialmente los principios de "transparencia, participación cívica y rendición de cuentas".

En materia de "transparencia", promueve una gestión interna clara de la Fiscalía Especializada al establecer criterios de priorización del Plan, que deberán aplicarse de manera homogénea y predecible. Esto contrasta con prácticas de otras instituciones de justicia donde la atención de casos puede realizarse de forma unilateral y opaca. La transparencia también es condición para el funcionamiento del Mecanismo, ya que la Fiscalía deberá publicar en su plataforma institucional la información sobre la implementación del Plan antes de la primera sesión, permitiendo al Consejo Ciudadano contar con información útil para un diálogo sustantivo.

La "participación cívica", representada por el Consejo Ciudadano, es indispensable para el funcionamiento del Mecanismo de Interlocución y Rendición de Cuentas. El Plan fue construido mediante sesiones participativas con quienes ahora integran el Consejo, para identificar necesidades de justicia no atendidas, propuestas de mejora institucional y diseñar un espacio colaborativo y crítico con las instituciones. Estas sesiones también permitieron retroalimentar las estrategias del Plan y establecer las bases para la operación del Consejo mediante la revisión y aprobación de sus Reglas de Operación, su instalación formal y la aprobación de su Plan inicial de Trabajo Estratégico. Así, la participación ciudadana se incorporó desde el inicio, de forma estructurada, con reconocimiento institucional y con una visión de permanencia.

La "rendición de cuentas" constituye el objetivo del Mecanismo, pues sus sesiones permiten a la Fiscalía Especializada explicar y justificar sus acciones, avances y estancamientos ante el Consejo Ciudadano. A su vez, el Consejo puede cuestionar y emitir recomendaciones, las cuales serán publicables y accesibles en la plataforma institucional.

En conjunto, el Mecanismo busca fortalecer la "transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas" en la implementación del Plan de Optimización. La ciudadanía, mediante el Consejo Ciudadano, podrá acceder periódicamente a información sobre avances, resultados y desafíos, formular observaciones y recomendaciones y participar en procesos estructurados de diálogo con las autoridades responsables.

El Mecanismo no implica acceso a investigaciones en curso ni a información reservada; promueve la supervisión ciudadana de las acciones, estrategias, indicadores y resultados institucionales relacionados con el fortalecimiento de la respuesta de la Fiscalía Especializada frente a los delitos de tortura y ejecuciones extrajudiciales. De esta manera, contribuye a mejorar el desempeño institucional, fortalecer la apertura de información pública y generar confianza entre las instituciones de justicia y la sociedad.

Intended Results

●        El primero y uno de los más importantes es la consolidación de un mecanismo pionero en Quintana Roo de interlocución, seguimiento y rendición de cuentas entre la Fiscalía General de Justicia del Estado y la ciudadanía organizada para la atención de los delitos de Tortura y Ejecuciones Extrajudiciales. 
●        La Fiscalía General de Quintana Roo incorpora de manera regular procesos de diálogo y rendición de cuentas con la ciudadanía, mientras que el Consejo Ciudadano fortalece su capacidad de representación e incidencia.
●        Fortalecimiento del Consejo Ciudadano a través de: la integración de nuevos miembros y la continuidad de los miembros actuales, la adquisición de capacidades técnicas en investigación y persecución penal, y su participación en espacios de diálogo y coordinación inter-institucional (como los conversatorios) para identificar y co-crear soluciones, así como acelerar su implementación. 
●        Aumento de la confianza y corresponsabilidad entre la Fiscalía y el Consejo Ciudadano; mejorar el entendimiento de los retos institucionales y fortalecer la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía. 
●        Mejora en los resultados en la investigación y persecución penal de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, reflejada en el aumento de la judicialización de carpetas y en la institucionalización de la coordinación entre la Fiscalía Especializada y otras autoridades. 
●        La Fiscalía cuenta con una plataforma institucional de seguimiento y transparencia que concentra y difunde información sobre la implementación del Plan, facilitando el acceso a información clave para fortalecer la rendición de cuentas y el diálogo informado con la ciudadanía.

Milestones

Hito 1. 
Cocreación y aprobación conjunta de lineamientos o directrices sobre la implementación de las sesiones plenarias del mecanismo. 
Hito 2. 
Dos sesiones técnicas entre la Fiscalía Especializada y el Consejo Ciudadano. (julio-agosto / octubre-noviembre) 
Hito 3. 
Primera sesión plenaria entre la Fiscalía General y el Consejo Ciudadano. (agosto) 
Hito 4. 
Plataforma JURE con información publicada y accesible que muestre los avances en la implementación del Plan. (diciembre)
Hito 5. 
Segunda sesión plenaria entre la Fiscalía General y el Consejo Ciudadano en la Glosa Ciudadana. (diciembre) 

Is Civil Society Involved?

Sí. La participación de la sociedad civil es un elemento central de la acción y se encuentra incorporada tanto en su diseño como en su implementación y seguimiento. El proyecto parte de la premisa de que las personas afectadas por detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales, así como las organizaciones que las acompañan, poseen conocimientos y experiencias indispensables para identificar las barreras de acceso a la justicia y construir soluciones efectivas. Por ello, organizaciones de la sociedad civil, colectivos de víctimas, academia, periodistas y personas defensoras participan en espacios de diagnóstico, diálogo, cocreación y monitoreo de las acciones impulsadas por el programa. Asimismo, la iniciativa fortalece sus capacidades para brindar acompañamiento legal, documentar casos, generar información y participar en procesos de incidencia y rendición de cuentas.

La participación ciudadana también es fundamental para garantizar la sostenibilidad y legitimidad de las reformas promovidas (en particular el Consejo de Seguimiento). El proyecto busca que la sociedad civil se apropie de los mecanismos y espacios de colaboración creados, no únicamente como observadora, sino como un actor propositivo y corresponsable en la mejora de la respuesta de las instituciones de justicia a las víctimas de estos delitos. A su vez, el acompañamiento en la implementación del Plan de persecución penal a cargo de la Fiscalía, le implica directamente en la consecución de estrategias y acciones concretas que realizará la Fiscalía, orientadas a mejorar la investigación y sanción en materia de tortura y ejecuciones extrajudiciales. 

En suma, el Consejo de Seguimiento lleva a cabo ejercicios de monitoreo, participa en espacios de diálogo y es un actor principal dentro del Mecanismo de Interlocución y Rendición de cuentas. Estas acciones promueven una relación constructiva entre ciudadanía e instituciones, generadora de confianza y sentando las bases para la colaboración y cocreación de soluciones viables para reducir la impunidad. Este enfoque permite que las propuestas respondan a las necesidades reales de las personas usuarias del sistema de justicia y favorece que los espacios habilitados de diálogo puedan mantenerse más allá de la duración del proyecto.