Strategic Plan for the Strengthening of the Public Integrity (CL0056)

Nombre del compromiso: Plan estratégico para el fortalecimiento del Sistema de Integridad Pública
Plazo de ejecución: 2 de enero de 2019 al 30 de agosto de 2020
Institución o actor responsable de la
implementación
Servicio Civil
Descripción del compromiso
¿Cuál es la problemática que el
compromiso aborda?
Chile se ha comprometido a dar relevancia a los temas de integridad,
probidad y anticorrupción, trabajando en materias administrativas y
legales durante aproximadamente 18 años. En el mencionado lapso de
tiempo, se han generado más de 200 medidas en aras de fortalecer la
Integridad y enfrentar situaciones de corrupción.
Sin embargo, pese a que el índice de percepción se encuentra en el
primer quintil de países con menor corrupción, los funcionarios públicos
presentan alta percepción de desconfianza en el ámbito público,
valoración que, entre otras, pone en tela de juicio tanto a las
instituciones como a los funcionarios públicos, generando un daño
importante en la reputación pública y deteriorando la democracia.
Inevitable no considerar la emergencia de casos de alta connotación
pública.
En ese contexto, el desafío es ir más allá del control legal propiciando el
fortalecimiento de una cultura ética organizacional pública. En tal
entendido, el Servicio Civil ha sido convocado por ley a constituirse como
un apoyo en esta meta, siendo la institución coordinadora e
implementadora de orientaciones y asesorías técnicas en materias de
probidad y transparencia, y hoy colocando su acento en facilitar la
implementación de sistemas de integridad públicos que respondan a
fortalecer un marco de integración entre la normativa vigente y los
valores que inspiran la acción gubernamental y administrativa.
Un primer avance dio sus primeros frutos el 2017, contando con códigos
de ética participativos en 256 instituciones centrales de Estado, siendo
un primer el reflejo de la sistematización de aquellos valores y conductas
que muestran la cultura, misión, visión y objetivos estratégicos de la
institución, considerando además el marco legal que rige las conductas
de los funcionarios públicos.
Los códigos de ética han sido un hito de gran relevancia para el sistema
público, ya que establece un marco de referencia general respecto del
actuar esperado, proporcionando un criterio claro y consensuado que
permite a todos los funcionarios públicos adecuar su conducta hacia el
buen ejercicio de sus funciones y transformándose en un instrumento
participativo del Sistema de Integridad Pública de Chile. En la actualidad se continúa desplegando un esfuerzo, por lo cual este
instrumento sigue siendo trabajado y desarrollado, de manera piloto,
con algunas municipalidades, como una iniciativa que forma parte del
trabajo de la Alianza Anticorrupción.
Sin embargo, de acuerdo a la experiencia internacional y resultados de
las investigaciones sobre comportamiento ético en las organizaciones, se
ha concluido que un código de ética es una medida de prevención
importante, pero no es suficiente por si sólo para fomentar una cultura
ética, por lo que es necesario integrarlo en una estructura y procesos que
permitan implementar los estándares y orientaciones para todo el actuar
público.
En el año 2018 hemos avanzado en la segunda etapa, respondiendo al
desafío de poseer Sistemas de Integridad diseñados e implementados
por los servicios públicos del Estado, contando no sólo con los códigos de
ética, sino con una estructura que contenga procesos de difusión y
formación, canales de consulta, denuncia y sanciones asociadas a la
normativa vigente, sistema de seguimiento y monitoreo y una
actualización constante de tanto de sus contenidos como de sus
procesos.
Este trabajo no se puede ser desarrollado de manera aislada por un
servicio público, sino que es preciso establecer alianzas estratégicas con
todas las instituciones que poseen en sus funciones el resguardo de
materias de integridad pública, probidad, ética, transparencia y lucha
contra corrupción, generando orientaciones unificadas y fortaleciendo
un discurso en común.
Dado lo anterior, el Servicio Civil ha venido desarrollando un trabajo
mancomunado, como miembros de la Alianza Anticorrupción, con el
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la Comisión Asesora
Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, el Consejo de
Defensa del Estado, la Dirección Nacional de Compras Públicas, la
Contraloría General de la República, la Unidad de Análisis Financiero, el
Consejo para la Transparencia, entre otras instituciones.
Los sistemas de integridad parten de la creación de una herramienta
como son los códigos de ética, sin embargo, el desafío con las
instituciones centrales del Estado ha sido, partir de un nivel similar de
desarrollo, estandarizando una estructura que permita implementar
sistemas de consultas, resolución de conflictos, difusión y capacitación,
entre otros, generando la reflexión y la conciencia de una cultura ética
pública y avanzando en la articulación de nuestras instituciones para la
modernización del Estado.
¿Cuál es el compromiso? Democratizar el conocimiento a los sistemas de integridad pública para
todos los funcionarios en las instituciones centrales del Estado de Chile,
a lo largo del territorio nacional, mejorando la confianza en sus
instituciones. Esto a través de capacitaciones regionales tanto a servicios
públicos, municipios y ciudadanía, además de la creación de un portal de
información. ¿Cómo contribuirá a resolver la
problemática?
Disminuir la brecha de conocimiento en el desarrollo de los sistemas de
Integridad con representatividad del 70% de instituciones públicas a nivel
central de Estado de Chile, a través de un plan de difusión de lossistemas
de integridad pública en las 16 regiones del país en asociación con
entidades especializadas en estas materias.
¿Por qué es relevante a los valores de
OGP?
Transparencia: El compromiso es relevante frente a la transparencia,
mejorando la calidad y el acceso a la información relacionadas con
sistemas de integridad por parte del funcionario público, fortaleciendo el
derecho a la información.
Participación Pública: El compromiso consiste en mejorar oportunidades
o las capacidades de los directivos públicos para influir o tomar
decisiones que signifiquen priorizar los temas de integridad en la
institución.
Rendición de Cuentas: El compromiso consiste en mejorar reglas,
regulaciones y mecanismos para exigir a los directivos públicos rendir
cuentas sobre sus acciones en materias de integridad pública, probidad
y transparencia.
Información adicional Este compromiso tiene presente lo señalado en el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 16 de las Naciones Unidas, el cual está orientado a promover
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles; promover el estado de derecho en los
planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la
justicia para todos; reducir sustancialmente la corrupción y el soborno
en todas sus formas; crear instituciones eficaces, responsables y
transparentes a todos los niveles; garantizar la adopción de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las
necesidades a todos los niveles; y, garantizar el acceso público a la
información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad
con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
Actividad y producto entregable Fecha de inicio Fecha de término
Mesa de trabajo para Plan de Difusión Marzo de 2019 Abril de 2019
Lanzamiento de Iniciativa Mayo de 2019 Mayo de 2019
Talleres regionales para Directivos Mayo de 2019 Agosto de 2020
Talleres regionales para Profesionales Mayo de 2019 Agosto de 2020
Talleres regionales para Administrativos y
Auxiliares
Mayo de 2019 Agosto de 2020
Talleres regionales para Funcionarios de
Atención de Público
Mayo de 2019 Agosto de 2020
Talleres regionales para Fiscalizadores Mayo de 2019 Agosto de 2020 nformación de Contacto
Nombre de la persona responsable Daniella Carrizo Santiago
Título, Departamento Encargada de Sistemas de Integridad y Códigos de Ética pública de las
instituciones públicas - Servicio Civil
Correo electrónico y teléfono dcarrizo@serviciocivil.cl
Otros actores
involucrados
Actores de
Gobierno
- Ministerio de Hacienda
- Contraloría General de la República
- Unidad de Análisis Financiero
- Consejo Defensa del Estado
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia
- Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y
Transparencia
OSC, sector
privado,
organizaciones
multilaterales,
grupos de trabajo
- Alianza Anticorrupción
- Chile Transparente

6. Plan estratégico para el fortalecimiento del Sistema de Integridad Pública

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda?

Chile se ha comprometido a dar relevancia a los temas de integridad, probidad y anticorrupción, trabajando en materias administrativas y legales durante aproximadamente 18 años. En el mencionado lapso de tiempo, se han generado más de 200 medidas en aras de fortalecer la Integridad y enfrentar situaciones de corrupción.

Sin embargo, pese a que el índice de percepción se encuentra en el primer quintil de países con menor corrupción, los funcionarios públicos presentan alta percepción de desconfianza en el ámbito público, valoración que, entre otras, pone en tela de juicio tanto a las instituciones como a los funcionarios públicos, generando un daño importante en la reputación pública y deteriorando la democracia. Inevitable no considerar la emergencia de casos de alta connotación pública.

En ese contexto, el desafío es ir más allá del control legal propiciando el fortalecimiento de una cultura ética organizacional pública. En tal entendido, el Servicio Civil ha sido convocado por ley a constituirse como un apoyo en esta meta, siendo la institución coordinadora e implementadora de orientaciones y asesorías técnicas en materias de probidad y transparencia, y hoy colocando su acento en facilitar la implementación de sistemas de integridad públicos que respondan a fortalecer un marco de integración entre la normativa vigente y los valores que inspiran la acción gubernamental y administrativa.

Un primer avance dio sus primeros frutos el 2017, contando con códigos de ética participativos en 256 instituciones centrales de Estado, siendo un primer el reflejo de la sistematización de aquellos valores y conductas que muestran la cultura, misión, visión y objetivos estratégicos de la institución, considerando además el marco legal que rige las conductas de los funcionarios públicos.

Los códigos de ética han sido un hito de gran relevancia para el sistema público, ya que establece un marco de referencia general respecto del actuar esperado, proporcionando un criterio claro y consensuado que permite a todos los funcionarios públicos adecuar su conducta hacia el buen ejercicio de sus funciones y transformándose en un instrumento participativo del Sistema de Integridad Pública de Chile.

En la actualidad se continúa desplegando un esfuerzo, por lo cual este instrumento sigue siendo trabajado y desarrollado, de manera piloto, con algunas municipalidades, como una iniciativa que forma parte del trabajo de la Alianza Anticorrupción.

Sin embargo, de acuerdo a la experiencia internacional y resultados de las investigaciones sobre comportamiento ético en las organizaciones, se ha concluido que un código de ética es una medida de prevención importante, pero no es suficiente por si sólo para fomentar una cultura ética, por lo que es necesario integrarlo en una estructura y procesos que permitan implementar los estándares y orientaciones para todo el actuar público.

En el año 2018 hemos avanzado en la segunda etapa, respondiendo al desafío de poseer Sistemas de Integridad diseñados e implementados por los servicios públicos del Estado, contando no sólo con los códigos de ética, sino con una estructura que contenga procesos de difusión y formación, canales de consulta, denuncia y sanciones asociadas a la normativa vigente, sistema de seguimiento y monitoreo y una actualización constante de tanto de sus contenidos como de sus procesos. Este trabajo no se puede ser desarrollado de manera aislada por un servicio público, sino que es preciso establecer alianzas estratégicas con todas las instituciones que poseen en sus funciones el resguardo de materias de integridad pública, probidad, ética, transparencia y lucha contra corrupción, generando orientaciones unificadas y fortaleciendo un discurso en común.

Dado lo anterior, el Servicio Civil ha venido desarrollando un trabajo mancomunado, como miembros de la Alianza Anticorrupción, con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, el Consejo de Defensa del Estado, la Dirección Nacional de Compras Públicas, la Contraloría General de la República, la Unidad de Análisis Financiero, el Consejo para la Transparencia, entre otras instituciones.

Los sistemas de integridad parten de la creación de una herramienta como son los códigos de ética, sin embargo, el desafío con las instituciones centrales del Estado ha sido, partir de un nivel similar de desarrollo, estandarizando una estructura que permita implementar sistemas de consultas, resolución de conflictos, difusión y capacitación, entre otros, generando la reflexión y la conciencia de una cultura ética pública y avanzando en la articulación de nuestras instituciones para la modernización del Estado.

¿Cuál es el compromiso?

Democratizar el conocimiento a los sistemas de integridad pública para todos los funcionarios en las instituciones centrales del Estado de Chile, a lo largo del territorio nacional, mejorando la confianza en sus instituciones. Esto a través de capacitaciones regionales tanto a servicios públicos, municipios y ciudadanía, además de la creación de un portal de información.

¿Cómo contribuirá a resolver la problemática?

Disminuir la brecha de conocimiento en el desarrollo de los sistemas de Integridad con representatividad del 70% de instituciones públicas a nivel central de Estado de Chile, a través de un plan de difusión de los sistemas de integridad pública en las 16 regiones del país en asociación con entidades especializadas en estas materias.

Hitos y Actividades

• Mesa de trabajo para Plan de Difusión
• Lanzamiento de Iniciativa
• Talleres regionales para Directivos
• Talleres regionales para Profesionales
• Talleres regionales para Administrativos y Auxiliares
• Talleres regionales para Funcionarios de Atención de Público
• Talleres regionales para Fiscalizadores [20]

Fecha de inicio: 02 enero 2018 Fecha de término: 30 agosto 2020

Contexto y objetivos

Chile se ha embarcado en una buena cantidad de esfuerzos institucionales hacia la probidad, la transparencia y la lucha contra la corrupción en los últimos años, pero aún existe un alto nivel de desconfianza con la institucionalidad, precisamente por el surgimiento de varios escándalos de corrupción (ver sección Contexto). Con el ánimo de mejorar el nivel de conocimiento de los funcionarios de las diversas acciones institucionales por la probidad y la transparencia, y buscando profundizar el programa de la anterior administración de la Presidente Bachelet de códigos de ética [21], el Servicio Civil se propone implementar un programa de difusión de los nuevos sistemas de integridad pública [22]. Estos buscan acompañar los códigos de ética por cada uno de los servicios junto a programas de capacitación y formación de funcionarios. De esta manera, los funcionarios tendrían mayor conocimiento sobre la institucionalidad vigente en transparencia y probidad, lo cual redundaría en su quehacer cotidiano.

Aunque las actividades buscan construir capacidades al interior del aparato estatal en aras de apoyar la transparencia y la probidad en la función pública, dichas actividades no consideran el componente externo, es decir, no incluye aspectos de cara a la ciudadanía que lo haga relevante a los valores de gobierno abierto. No compromete al gobierno a publicar información inaccesible, tampoco mejorar las oportunidades de participación ciudadana en la toma de decisiones, ni crear mecanismos que obliguen a los funcionarios a responder ante críticas ciudadanas o justificar sus acciones ante el público.

A su vez, será posible verificar el cumplimiento de las actividades propuestas, sin embargo, pese a que se marcan como objetivos la realización de talleres y la conformación de una mesa de trabajo para la difusión de la iniciativa, no se observan datos cuantificables que permitan medir el alcance del compromiso, en términos de cuántos serían los talleres, a cuántas personas se busca alcanzar y cómo se realizarían las capacitaciones.

La falta de datos que permitan medir el alcance dificulta la determinación del impacto potencial. Se entiende que el compromiso podría significar un primer paso para “sacar del papel” los códigos de ética de los servicios públicos a través de programas de difusión y capacitación. Sin embargo, no es mucho lo que se modifica con la construcción de estos sistemas de integridad, puesto que parten de acciones que ya existían anteriormente. Dado que es poco lo que se puede constatar del texto del compromiso, y que el investigador del MRI no recibió respuesta del Servicio Civil para proveer más detalle sobre las actividades, se considera que este compromiso, tal como está presentado, podría conseguir un impacto menor.

Siguientes pasos

Para el investigador del MRI, el presente compromiso podría mejorar en la medida en que se aclaren los objetivos y las metas específicas que se buscan con estas actividades, en particular la cantidad de talleres, el número de funcionarios que se pretende alcanzar, si son todos de Santiago o si se incluye personal en regiones, y sobre todo, cómo se plantea hacer este tipo de capacitaciones.

Asimismo, no se evidencia ninguna interacción ni con la ciudadanía ni con organizaciones sociales que, precisamente, trabajan estos temas desde hace tiempo, lo cual podría enriquecer el debate y ampliar la idea de sistemas de integridad. También sería necesario vincular a otras organizaciones del mismo aparato estatal, como la Contraloría, para que la iniciativa sea más completa [23]. más allá de los actores gubernamentales.

Por último, sería importante que las acciones del presente compromiso estuvieran coordinadas con las presentadas en el compromiso 1 del presente plan, ya que son acciones desarrolladas por la misma entidad. De esta forma, se alcanzarían metas complementarias y se evitarían duplicidades de acción.

6. Plan estratégico para el fortalecimiento del Sistema de Integridad Pública