Strengthening Civil Society Councils and Other Participatory Mechanisms Citizen in Governance (CL0059)

Nombre del compromiso: Fortalecimiento de los Consejos de la Sociedad Civil y otros mecanismos de participación
ciudadana en la gestión pública
Plazo de ejecución: 1 de diciembre de 2018 al 30 de diciembre de 2020
Institución o actor responsable de la
implementación
División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de
Gobierno
Descripción del compromiso
¿Cuál es la problemática que el
compromiso aborda?
Si bien la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en
la Gestión Pública crea mecanismos de participación obligatorios a todos
los órganos de la Administración del Estado, la realidad es que a más de
7 años de su promulgación esto no se ha cumplido a cabalidad.
Es por ello que como objetivo del compromiso se busca establecer
nuevos mecanismos para fomentar y aumentar la participación
ciudadana como una política de Estado más allá de un cumplimiento de
la ley.
Esto toma aún mayor relevancia en cuanto a los Consejos de la Sociedad
Civil, pues es este es un mecanismo que posibilita el ejercicio ciudadano
de participar en los programas y políticas públicas, permitiendo conocer,
deliberar y proponer corresponsablemente aportando a la legitimidad de
la toma de decisiones, pudiendo transformarse en una instancia
verdaderamente incidente en todo el proceso de vida de las políticas
públicas.
Hoy en día, según datos de la División de Organizaciones Sociales del
Ministerio Secretaría General de Gobierno, el 80% de los ministerios y
servicios de la Administración Central del Estado poseen constituido su
Consejo de la Sociedad Civil. Aquello es significativamente menor en el
sector municipal, ya que según datos del SINIM 2017 tan solo un 63% de
los municipios los tienen conformados.
¿Cuál es el compromiso? Lograr un alza significativa en el porcentaje de organismos de la
Administración del Estado que dan cumplimiento efectivo a las
obligaciones de la Ley N° 20.500, orientadas a establecer mecanismos de
participación ciudadana. La forma de medirlo será a través los informes
de medición de implementación que realiza la División de Organizaciones
Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Además de publicar la información en el portal de Gobierno que se está
desarrollando, para que la información sea accesible a todos. Sin
perjuicio de lo anterior se realizará un especial esfuerzo en cuanto a los
Consejos de la Sociedad Civil.
¿Cómo contribuirá a resolver la
problemática?
Los esfuerzos antes descritos lograrán asegurar que existan los
mecanismos mínimos de participación ciudadana en todos los órganos
del Estado, tal como lo mandata la Ley N° 20.500, ya que a pesar de ser una obligación esto no se cumple a cabalidad. Sin perjuicio de esto, y
considerando la diversidad con que se desarrolla la participación
ciudadana en Chile, es que además se buscará ir progresando en la
calidad e incidencia de estos mecanismos de participación. Contando con
mesas de trabajo entre sociedad civil y organismos de la administración
pública.
Las formas en que se buscará cumplir estos compromisos son los
siguientes:
- Rol de la Unidad de Estudios y Desarrollo: La División de
Organizaciones Sociales a través de la Unidad de Estudios y
Desarrollo es la que debe velar por que se fortalezcan los
mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública.
Es por esto que sus funcionarios realizan un trabajo de
seguimiento y asesoría a los encargados de participación
ciudadana de los distintos ministerios y servicios de la
administración central. Esta misión seguirá realizándose y
procurará tener mayor incidencia para cumplir los objetivos
antes propuestos. Contando además con las propuestas que
puedan levantarse a través de los diferentes COSOC.
- Nuevo Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana: La
Ley N° 20.500 solo da un marco general respecto a los
mecanismos de participación, es por esto que cada gobierno, a
partir de 2011, ha tenido un Instructivo Presidencial de
Participación Ciudadana en donde se consideran, además de la
visión del gobierno respecto de la participación, las
instrucciones fundamentales para dar cumplimiento a los
mecanismos de la Ley 20.500. En este sentido la División de
Organización Sociales elaborará una propuesta para un nuevo
Instructivo Presidencial que buscará reforzar aún más lo antes
mencionado.
- Alianzas con otros servicios: La participación ciudadana es una
materia transversal a todos los órganos del Estado y por lo
mismo ésta responde a la cultura propia de cada ministerio y
servicio. Es por esto, que, desde la División de Organizaciones
Sociales se buscará formar alianzas con otros servicios con el
objeto de lograr el compromiso de fortalecer los mecanismos
de participación ciudadana en toda la Administración del
Estado. Una de estas alianzas será con la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo para fortalecer los
Consejos de la Sociedad Civil a nivel municipal, ya que, por
mandato legal, hoy se encuentran fuera de la competencia de
la anotada división
La alianza con otros servicios y entidades públicas tiene por
objeto lograr una mayor especificidad en las materias de
participación ciudadana y a su vez lograr un mayor alcance en
la difusión e involucramiento de los ciudadanos relacionados
con las distintas instituciones. - Capacitaciones: Un aspecto fundamental para que exista un
verdadero ejercicio de la participación es que los incumbentes
cuenten con las herramientas y la información necesaria para
desarrollar su labor. Esto significa que, tanto funcionarios
públicos como dirigentes y la ciudadanía en general, deben ser
capacitados y educados para desarrollar una participación
ciudadana efectiva.
Es por esto que además de las Escuelas de Formación Social que
hoy en día realiza la División de Organizaciones Sociales, es que
desarrollaremos un curso online para dirigentes sociales. Junto
con esto buscaremos que las capacitaciones puedan ampliarse
a los funcionarios públicos de la Administración Central del
Estado y a Municipalidades que se relacionen con dirigentes
sociales.
¿Por qué es relevante a los valores de
OGP?
El presente compromiso está fundado en los siguientes principios de
Gobierno Abierto:
- Transparencia: El compromiso está enfocado mejorar la calidad
y el acceso hacía la información.
- Participación Pública: El presente compromiso mejora las
posibilidades de la sociedad civil de influir en la toma de
decisiones.
- Rendición de cuentas: Este compromiso busca mejorar el
alcance y la calidad de los mecanismos que permiten el control
ciudadano.
Información adicional Este compromiso está en línea con el programa de gobierno del
presidente Sebastián Piñera en cuanto al fortalecimiento de la
participación ciudadana en la gestión pública y de la sociedad civil en
general.
Actividad y producto entregable Fecha de inicio Fecha de término
Rol de la Unidad de Estudios y Desarrollo 1 enero de 2019 31 diciembre de 2020
Nuevo Instructivo Presidencial 1 enero de 2019 31 diciembre de 2019
Alianza con otros servicios 1 enero de 2019 31 diciembre de 2020
Capacitaciones 1 enero de 2019 31 diciembre de 2020
Información de Contacto
Nombre de la persona responsable Gonzalo Cruces Rueda
Título, Departamento Jefe de Unidad de Estudios y Desarrollo de la División de Organizaciones
Sociales del Ministerio Secretaria General de Gobierno
Correo electrónico y teléfono [email protected] / +56226726089
Otros actores
involucrados
Actores de
Gobierno
- Ministerio Secretaría General de Gobierno.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y
Transparencia
OSC, sector
privado,
organizaciones
multilaterales,
grupos de trabajo
- Consejos de la Sociedad Civil Ministeriales
- Organismos de la sociedad civil que deseen participar de las
mesas de trabajo.
- Dirigentes Vecinales
- Tribu

9. Fortalecimiento de los Consejos de la Sociedad Civil y otros mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública

¿Cuál es el compromiso?

Lograr un alza significativa en el porcentaje de organismos de la Administración del Estado que dan cumplimiento efectivo a las obligaciones de la Ley N° 20.500, orientadas a establecer mecanismos de participación ciudadana. La forma de medirlo será a través los informes de medición de implementación que realiza la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Además de publicar la información en el portal de Gobierno que se está desarrollando, para que la información sea accesible a todos. Sin perjuicio de lo anterior se realizará un especial esfuerzo en cuanto a los Consejos de la Sociedad Civil.

¿Cómo contribuirá a resolver la problemática?

Los esfuerzos antes descritos lograrán asegurar que existan los mecanismos mínimos de participación ciudadana en todos los órganos del Estado, tal como lo mandata la Ley N° 20.500, ya que a pesar de ser una obligación esto no se cumple a cabalidad. Sin perjuicio de esto, y considerando la diversidad con que se desarrolla la participación ciudadana en Chile, es que además se buscará ir progresando en la calidad e incidencia de estos mecanismos de participación. Contando con mesas de trabajo entre sociedad civil y organismos de la administración pública.

Las formas en que se buscará cumplir estos compromisos son los siguientes: - Rol de la Unidad de Estudios y Desarrollo: La División de Organizaciones Sociales a través de la Unidad de Estudios y Desarrollo es la que debe velar por que se fortalezcan los mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública. Es por esto que sus funcionarios realizan un trabajo de seguimiento y asesoría a los encargados de participación ciudadana de los distintos ministerios y servicios de la administración central. Esta misión seguirá realizándose y procurará tener mayor incidencia para cumplir los objetivos antes propuestos. Contando además con las propuestas que puedan levantarse a través de los diferentes COSOC.

- Nuevo Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana: La Ley N° 20.500 solo da un marco general respecto a los mecanismos de participación, es por esto que cada gobierno, a partir de 2011, ha tenido un Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana en donde se consideran, además de la visión del gobierno respecto de la participación, las instrucciones fundamentales para dar cumplimiento a los mecanismos de la Ley 20.500. En este sentido la División de Organización Sociales elaborará una propuesta para un nuevo Instructivo Presidencial que buscará reforzar aún más lo antes mencionado.

- Alianzas con otros servicios: La participación ciudadana es una materia transversal a todos los órganos del Estado y por lo mismo ésta responde a la cultura propia de cada ministerio y servicio. Es por esto, que, desde la División de Organizaciones Sociales se buscará formar alianzas con otros servicios con el objeto de lograr el compromiso de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en toda la Administración del Estado. Una de estas alianzas será con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para fortalecer los Consejos de la Sociedad Civil a nivel municipal, ya que, por mandato legal, hoy se encuentran fuera de la competencia de la anotada división La alianza con otros servicios y entidades públicas tiene por objeto lograr una mayor especificidad en las materias de participación ciudadana y a su vez lograr un mayor alcance en la difusión e involucramiento de los ciudadanos relacionados con las distintas instituciones.

- Capacitaciones: Un aspecto fundamental para que exista un verdadero ejercicio de la participación es que los incumbentes cuenten con las herramientas y la información necesaria para desarrollar su labor. Esto significa que, tanto funcionarios públicos como dirigentes y la ciudadanía en general, deben ser capacitados y educados para desarrollar una participación ciudadana efectiva. Es por esto que además de las Escuelas de Formación Social que hoy en día realiza la División de Organizaciones Sociales, es que desarrollaremos un curso online para dirigentes sociales. Junto con esto buscaremos que las capacitaciones puedan ampliarse a los funcionarios públicos de la Administración Central del Estado y a Municipalidades que se relacionen con dirigentes sociales.

Hitos y Actividades

• Rol de la Unidad de Estudios y Desarrollo
• Nuevo Instructivo Presidencial
• Alianza con otros servicios
• Capacitaciones [32]

Fecha de inicio: 01 diciembre 2018 Fecha de término: 30 diciembre 2020

Contexto y objetivos

La Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, expedida en el año 2011, establece la obligatoriedad de implementar mecanismos de participación ciudadana en todos los niveles de la administración, haciendo un especial énfasis en los Consejos de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) como espacios consultivos donde las organizaciones tendrían representación en temas de funcionamiento estatal [33]. Sin embargo, pasados ya casi ocho años desde su expedición, existen muchos estamentos que no tienen conformado su COSOC, con un 80% del nivel nacional y un 63% del nivel municipal [34].

Por lo anterior, la Dirección de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB) presenta este compromiso, donde se proyecta un plan de formación a dirigentes sociales y funcionarios sobre las ventajas de la participación ciudadana y de los COSOC en específico, como mecanismo de interacción y diálogo entre la administración y la ciudadanía. Puesto que sus acciones buscan crear capacidades para el involucramiento ciudadano en la gestión pública, este compromiso se observa relevante para el principio de participación ciudadana.

Aunque en el cuerpo del compromiso no se observan metas claras ni medibles, después de recibido el cuestionario diligenciado por el punto de contacto en la DOS se evidenció que las capacitaciones se realizarían a través de mecanismos de e-learning a través de un convenio con la Universidad de Chile, con un curso tipo diplomado que buscaría atender entre 800 y 1.000 personas en cada versión [35]. Además, tanto el Instructivo Presidencial como las alianzas con otras entidades pueden ser verificables a través de convenios o programas de colaboración. Con estos datos, se considera que el compromiso es lo suficientemente específico para ser verificable.

En cuanto a su impacto potencial, se plantean varias inquietudes: en primer lugar, tanto el representante de sociedad civil como el consultor BID y el representante del PNUD mencionan que este tipo de esfuerzos debería haberse hecho hace años, pues en la realidad existe un incumplimiento de la ley por parte de múltiples entidades del Estado. Este compromiso, entonces, buscaría normalizar una situación que ya debería haberse resuelto desde hace tiempo. Coinciden tanto la representante de gobierno como el representante de la academia en esta observación, aunque mencionan que este compromiso busca saldar una deuda pendiente con el sistema de participación ciudadana [36].

Ahora, no son pocas las críticas que se han hecho a los COSOC como mecanismo de participación, puesto que son espacios consultivos no vinculantes y que se observan como instrumentales más que como verdaderos espacios de toma de decisiones, lo cual podría explicar la razón por la que no hay interés en su implementación [37]. También han existido en los últimos años varios programas de formación en participación ciudadana, algunos financiados por agencias estatales, sin que necesariamente impliquen un cambio en el nivel de cumplimiento de la Ley 20.500 [38]. Aunque se evidencia una voluntad por parte de la DOS por saldar un vacío institucional, no se observan cambios institucionales o la búsqueda por reformas que ya han sido diagnosticadas con anterioridad, como lo hizo en el 2017 el Consejo Nacional para la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Sociedad Civil [39]. Por todo esto, se considera que este compromiso podría ser un paso adelante para promover el cumplimiento de la ley 20.500 en aquellas localidades donde aún no existen estos espacios, aunque no tendría mayor impacto en la solución del problema descrito.

Siguientes pasos

Para el investigador del MRI, más que buscar capacitar sobre un mecanismo participativo bastante criticado, este compromiso se podría enfocar en hacer frente a las debilidades que el mismo sistema de participación formal evidencia en los múltiples diagnósticos que se han realizado en la materia. Sería importante que se aprovechara este impulso evidente desde la DOS y la SEGEGOB para ir más allá de un cumplimiento formal de los estamentos establecidos en la Ley 20.500 y más bien buscar alternativas que permitan una participación real y efectiva en las entidades del Estado.

Tanto la academia como las organizaciones sociales pueden ser fuente de información para generar cambios normativos significativos, más allá de un instructivo presidencial, y que redunden en una mayor y mejor participación ciudadana en la gestión pública.

9. Fortalecimiento de los Consejos de la Sociedad Civil y otros mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública

Sustancial [37]

Si bien no todos los hitos del compromiso remitían a actividades medibles, el IRM comprobó que la Unidad de Estudios y Desarrollo brindó asesoramiento en materia de participación ciudadana a diversos organismos del Estado (hito 1), aunque no está claro si esa labor resultó en algún cambio tangible en las prácticas de dichos organismos. Asimismo, se realizó una jornada de mesas de trabajo con funcionarios para recabar insumos a partir de los cuales se desarrolló la propuesta de un nuevo instructivo presidencial sobre participación ciudadana en la gestión pública (hito 2) [38]. También se celebró un convenio con la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo [39], en virtud del cual se llevaron a cabo 16 jornadas regionales de capacitación para funcionarios municipales y dirigentes sociales (hito 3). Por último, se comenzaron a elaborar materiales educativos para la realización de capacitaciones que presumiblemente habrían quedado suspendidas a causa de la pandemia (hito 4).

Desde la sociedad civil se argumentó que, si bien el compromiso se implementó en su mayor parte, sus resultados fueron magros porque se enfocó en contribuir a dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de participación ciudadana, para lo cual no debería ser necesario un compromiso ante OGP, cuando lo que haría falta es “un cambio en la legislación para que los Consejos de la Sociedad Civil sean vinculantes” [40].