Evaluation of Practice Public Access to Information (GT0065)

Status quo o problema que se quiere resolver: Inexistencia de un mecanismo que permita reconocer a los sujetos obligados que fomente, impulsen y logren el efectivo cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Objetivo principal: Reconocer a los sujetos obligados que cumplan con estándares de calidad que generen buenas prácticas de acceso a la información pública. Breve descripción del compromiso: Ejecución de un programa de reconocimiento de buenas prácticas generadas e implementadas por las comisiones multidisciplinarias de cada institución. Desafío de OGP atendido por el compromiso: Aumento de la integridad pública y Mejoramiento de los servicios públicos. Relevancia: Impulsar el reconocimiento público a los sujetos obligados en el cumplimiento de la LAIP que disminuya la percepción de opacidad y promueva la mejora continua de los sujetos obligados, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas. Ambición: Cambiar la percepción de las instituciones públicas hacia el cumplimiento de la Ley de Acceso de la Información Pública para eficientar los servicios públicos.

Compromiso 3: Evaluación de buenas prácticas de acceso a la información pública

Texto del compromiso: Ejecución de un programa de reconocimiento de buenas prácticas generadas e implementadas por las comisiones multidisciplinarias de cada institución.

Objetivo: Reconocer a los sujetos obligados que cumplan con estándares de calidad que generen buenas prácticas de acceso a la información pública.

Ambición: La percepción de las instituciones públicas hacia el cumplimiento de la Ley de Acceso de la Información Pública para eficientar los servicios públicos.

Hitos:

3.1 Definir la metodología para la evaluación y calificación de los sujetos obligados.

3.2 Crear un Comité encargado de la evaluación de las buenas prácticas que se establezcan

3.3 Implementar la metodología y calificación de los sujetos obligados con base en la identificación de buenas prácticas en los sujetos obligados.

3.4 Realizar evento público de premiación y divulgación de resultados.

Institución responsable: Acción Ciudadana, Guatecambia

Institución (es) de apoyo: Sujetos obligados, Procurador de los Derechos Humanos (PDH), organizaciones de sociedad civil que participan en gobierno abierto, Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) y otras interesadas, agencias de cooperación internacional

Fecha de inicio: septiembre 2016 Fecha final: abril 2018

Contexto y objetivos

Desde la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información el 21 de abril de 2009, los informes periódicos realizados por la Procuraduría de los Derechos Humanos han establecido deficiencias en su cumplimiento.^{[Note62: http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/sin-datos-sobre-fideicomisos-comudes-y-ong]} El Ministerio Público y la Procuraduría de Derechos Humanos han señalado la ocurrencia de incumplimiento de plazos y la negación de información. ^{[Note63: https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/07/21/pdh-y-mp-fortaleceran-ley-de-acceso-a-la-informacion/]}

Durante el proceso de cocreación del plan de acción 2016-2018, se pensó que una manera de promover un cambio de actitud en las instituciones públicas era crear un programa que premiase las buenas prácticas como un estímulo positivo. De esa manera, se ideó establecer un concurso para otorgar premios anuales a las oficinas de acceso a la información que den cumplimiento a la ley de forma proactiva.

Debe hacerse notar que, en lugar vez de realizarse un programa de reconocimiento (exploratorio) como se plantea en el texto del compromiso, se diseñó un concurso (voluntario) de buenas prácticas.

El compromiso tiene una especificidad alta y un impacto potencial menor, ya que, si bien es un avance para promover la cultura de transparencia en la administración pública, el cambio en la práctica gubernamental será menor. Además, el compromiso no contempla replicar las prácticas que sean calificadas como exitosas o innovadoras o que éstas estuvieran a disposición de las entidades públicas a través de un banco de buenas prácticas, lo que permitiría aumentar su potencial.

Cumplimiento

El compromiso se desarrolla de acuerdo al cronograma propuesto, con un nivel de avance sustancial. En su implementación, el compromiso ha pasado de ser un programa de reconocimiento a un concurso, en el que las entidades públicas se presentan de manera voluntaria. De acuerdo con Gabriela Ayerdi de Acción Ciudadana, se diseñó la metodología para evaluar y definieron las bases para el concurso. En este sentido, su avance es sustancial, restando solamente para su cumplimiento la realización del concurso en sí.^{[Note64: http://gobiernoabierto.gob.gt/evaluacion-de-buenas-practicas-de-acceso-a-la-informacion-publica/]}

El portal de seguimiento a los compromisos da cuenta de la creación del comité de evaluación, la cual cuenta con la participación de tres expertos; sin embargo, no se muestra evidencia de la realización de actividades.^{[Note65: Ídem]} Esto fue confirmado por el experto Silvio Gramajo, miembro del comité. Sobre los criterios de evaluación, Gramajo considera que la información debe entregarse de manera pronta, de una forma que sea accesible para quien la solicita y con el nivel necesario de especificidad que resuelva la duda implícita en la solicitud de acceso.^{[Note66: Silvio Gramajo. Entrevista realizada por los investigadores del MRI el 13 de noviembre de 2017. Se realizó una segunda comunicación por vía telefónica el 2 de febrero de 2018 para precisar la información proporcionada.]}

La metodología definida para calificar a los concursantes define qué es buena práctica y establece tres categorías para valorarla: transparencia pasiva, transparencia activa y datos abiertos y cultura de transparencia.^{[Note67: https://drive.google.com/file/d/0B23n1LmX5J5ObW1ZaVhRX3d4MlE/view]} Tal como indica Gramajo, las valoraciones son de carácter general y no establecen directrices para atender las demandas específicas que puede plantear un solicitante a las entidades obligadas.

La supervisión y validación de avances para este compromiso se ha visto dificultada por la salida de la mesa técnica de Acción Ciudadana, organización responsable de la implementación.^{[Note68: El 1 de septiembre de 2017, Acción Ciudadana junto con otras cinco organizaciones comunicaron a la persona punto de contacto su decisión de suspender temporalmente su participación en la mesa técnica de gobierno abierto.]} Además, el intercambio de información con el punto de contacto de gobierno ha sido limitado.

Acción Ciudadana y Guatecambia informaron a los investigadores del MRI que los compromisos en materia de acceso a información originalmente tenían como institución responsable a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). Sin embargo, luego de la salida de la PDH del proceso AGA, ambas organizaciones decidieron asumir la responsabilidad de la implementación de las actividades de este compromiso, a fin de garantizar que se llevara adelante la iniciativa.^{[Note69: Información brindada por Guatecambia y Acción Ciudadana durante la etapa de pre-publicación de este informe.]}

Siguientes pasos

Los investigadores del MRI consideran importante completar la implementación del compromiso con la realización del concurso. Una vez realizado, se sugiere llevar a cabo un proceso de evaluación y determinar si es pertinente la realización de una próxima edición.

Adicionalmente, los investigadores del MRI recomiendan aprovechar esta experiencia y consolidar acciones en esta dirección y avanzar en el diseño y establecimiento de un mecanismo de evaluación de cumplimiento de las obligaciones de las oficinas de acceso a la información de aplicación general y obligatoria para todos los sujetos obligados por la ley.

Además, es aconsejable que en un futuro se considere no delegar todo el peso y la responsabilidad en la organización e implementación del compromiso a una organización de la sociedad civil, ya que de esta manera no se asegura un liderazgo sostenible, no se da suficiente fuerza institucional y pueden presentarse dificultades de cumplimiento, supervisión de avances y en la coordinación con el punto de contacto.

Compromiso 3. Evaluación de buenas prácticas de acceso a la información pública

I. EJE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y ARCHIVOS INSTITUCIONALES

Texto del Compromiso: Ejecución de un programa de reconocimiento de buenas prácticas generadas e implementadas por las comisiones multidisciplinarias de cada institución.

Objetivo: Reconocer a los sujetos obligados que cumplan con estándares de calidad que generen buenas prácticas de acceso a la información pública.

Ambición: La percepción de las instituciones públicas hacia el cumplimiento de la Ley de Acceso de la Información Pública para eficientar los servicios públicos.

Hitos:

3.1 Definir la metodología para la evaluación y calificación de los sujetos obligados.

3.2 Crear un Comité encargado de la evaluación de las buenas prácticas que se establezcan

3.3 Implementar la metodología y calificación de los sujetos obligados con base en la identificación de buenas prácticas en los sujetos obligados.

3.4 Realizar evento público de premiación y divulgación de resultados.

Institución(es) responsable(s): Acción Ciudadana, Guatecambia

Institución(es) de apoyo: Sujetos obligados, Procurador de los Derechos Humanos (PDH), organizaciones de sociedad civil que participan en Gobierno Abierto, Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) y otras interesadas, agencias de cooperación internacional

Fecha de inicio: septiembre 2016 Fecha de cierre: abril 2018

Objetivo del compromiso

Establecer un sistema de reconocimientos públicos anuales a las oficinas de acceso a la información que den cumplimiento de forma proactiva a la Ley de Acceso a la Información Pública.

Al formular el compromiso, se presumió que al ofrecer estímulos a los encargados de las unidades de acceso a la información pública esto incidiría de manera positiva en un cambio de actitud en el ejercicio de sus funciones, quienes colaborarían de manera positiva y creativa en brindar los datos que la ciudadanía solicitara.

Cumplimiento

Medio término: Sustancial

Durante el primer año, el compromiso se desarrolló de acuerdo con el cronograma propuesto, con un nivel de avance sustancial. Se conformó un grupo de trabajo y un taller con las unidades de acceso a la información pública para diseñar la metodología. También se creó un Comité de expertos nacionales e internacionales encargado de evaluar las buenas prácticas. Sin embargo, una vez que comenzó su implementación, el compromiso pasó de ser un programa de reconocimiento a las mejores prácticas a un concurso en el que se tomarían en cuenta únicamente las iniciativas de las entidades públicas participaran de manera voluntaria. Al momento de la elaboración del informe de medio término, restaba solamente para su cumplimiento la realización del concurso.

Para más información, consultar el Informe de Avance 2016-2018.

Fin de término: Sustancial

Durante el segundo año de implementación, el cumplimiento del compromiso no fue asumido por el Procurador de Derechos Humanos (PHD) tal como era previsto. En su lugar, quedaron a cargo de la implementación del compromiso dos OSC: Acción Ciudadana y Guatecambia. Cuando estas entidades se retiraron de la Mesa Técnica —por las razones referidas al comienzo de este informe— la premiación no se realizó. [14] De acuerdo con Gabriela Ayerdi, de Acción Ciudadana, en conjunto con miembros de Guatecambia se llevaron a cabo las evaluaciones de instituciones públicas con buenas prácticas, pero no se concretó la premiación debido a razones de “coyuntura política”. Ayerdi aludió a las fricciones que se dieron entre las organizaciones de la sociedad civil a cargo del compromiso y el Gobierno..

Ángel Ramírez, director de Guatecambia, expresó que en el comité de evaluación participaron, entre otros, delegados de los ministerios de Gobernación y Defensa, pero que a lo largo de este proceso el cumplimiento se fue debilitando poco a poco: “Solo hubo propuestas de 12 oficinas públicas”. [15] Sofía Villatoro, directora del Centro Carter Guatemala [16], y Marvin del CID [17], presidente de Artículo 35, expresaron a su vez que la evaluación de las buenas prácticas no se divulgó tal como estaba previsto en el Plan de Acción.

¿Se avanzó en la apertura del Gobierno?

Acceso a la información: No cambió

El compromiso tenía la intención de promover la cultura de transparencia en la administración pública. Sin embargo, por el carácter de la práctica promovida —un concurso de participación voluntaria dirigido a las oficinas estatales de acceso a la información pública— su impacto potencial en materia de acceso a la información corría el riesgo de reducirse desde el principio.

Como consecuencia del cambio durante la implementación, en el concurso participaron solamente 12 unidades de acceso a la información pública. Tal cantidad es muy limitada si se considera que el Procurador de los Derechos Humanos fiscaliza a 70 unidades de acceso a la información del gobierno central y que en Guatemala hay 340 municipalidades.

A este problema de diseño debe agregarse también el hecho de que el concurso pretendía premiar pero no promover la difusión y réplica de prácticas que fuesen calificadas como innovadoras. Por otra parte, al no haberse realizado la premiación, el concurso quedó inconcluso, frustrándose el impacto e incentivo que la premiación pudiese haber tenido. Las únicas acciones realizadas fueron las evaluaciones que se hicieron a los 12 concursantes, de cuya divulgación no se obtuvo evidencia. Por todas estas razones, los investigadores consideran que los niveles de apertura en materia de acceso a la información no cambiaron.

¿Se incorporó en el siguiente plan?

El Cuarto Plan de Acción Nacional 2018-2020 presentado por el Gobierno de Guatemala en Noviembre no incluye este compromiso.