Enstandarización in Digital Formats (PA0008)

Estandarizar los formatos digitales de la información gubernamental, garantizando su accesibilidad en todos los sistemas operativos utilizados. Crear estándares en los formatos digitales de la información pública que permitan la accesibilidad a todos los sistemas informáticos.

Compromiso 3. Estandarización de formatos digitales (✪)

Texto del compromiso:

Crear estándares en los formatos digitales de la información pública que permitan la accesibilidad a todos los sistemas informáticos.

Hitos:

3.1 Crear estándares en los formatos para almacenar los informes y documentos públicos.

3.2 Publicar y divulgar los estándares en los formatos para las instituciones públicas.

3.3 Capacitar a las instituciones públicas en los estándares utilizados para almacenar la información.

3.4 Promover políticas públicas donde se definan los tipos de formatos en que deben ser almacenados los datos gubernamentales.

Institución responsable: Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

Institución (es) de apoyo: NA

Fecha de inicio: marzo de 2011 Fecha final: junio de 2017

Nota editorial: este compromiso es estelar, pues es medible, claramente relevante para los valores de la AGA, tiene impacto potencial transformador y fue sustancial o completamente implementado.

Objetivo del compromiso

El compromiso surgió como propuesta de la sociedad civil, producto de las dificultades que enfrentaban sus organizaciones a la hora de buscar información en las páginas de internet del Estado, debido a la poca uniformidad de sus formatos, a que estos eran cerrados y a la poca relevancia del contenido.

El objetivo fue uniformar los formatos e interfaces de las páginas web de instituciones públicas y a la vez fomentar que se publicara más información a través de ellas y bajo estándares de datos abiertos, de manera que mejorara su accesibilidad.

Se pretendía que tales acciones facilitaran el acceso a la información para los ciudadanos, al contemplar la normalización de los formatos digitales en las instituciones públicas a través de la creación de estándares, de iniciativas para fomentar la publicación y divulgación de datos, de capacitaciones institucionales para la publicación y uso de la información pública y para desarrollar criterios sobre las características y el valor de esta.

Cumplimiento

Medio término: Sustancial

El Informe de Medio Término calificó como sustancial el avance del compromiso tras un año de implementación por el trabajo hecho en el desarrollo de estándares para normalizar diferentes aspectos sobre el uso de las tecnologías de la información en el manejo de datos públicos y la forma en que los ciudadanos interactúan con estos.

A medio término, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) había concluido los documentos borradores de las normas con los estándares para la creación y uso de las redes sociales en las entidades de Gobierno de Panamá, para la seguridad de información y las TICS en el Gobierno de Panamá, para la plataforma tecnológica de los sistemas de videovigilancia nacional y para el almacenamiento tecnológico.

También había desarrollado el estándar geoespacial, el estándar para el uso de software y el catálogo de estándares para lograr la interoperabilidad entre las instituciones del Estado.

Varios de estos estándares incluyen guías para la publicación de información en formatos de datos abiertos, con lineamientos específicos para su publicación.

El Comité de Interoperabilidad y Seguridad, también de la AIG, se encontraba evaluando cada uno de estos documentos para su posterior aprobación, proceso que también incluía un período de prueba de 6 meses en los que se verificaría si estaban suficientemente adaptados al contexto panameño y si podían aplicarse a las instituciones. Debido a que estos trámites no se habían concluido, los estándares aún no estaban disponibles para el público.

La AIG también había creado una App, llamada Panamá Apps, que centraliza todas las aplicaciones digitales del Gobierno. El catálogo de Apps reportaba 2.580 descargas al momento de la evaluación.

La inclusión de este compromiso en el plan de acción ayudó a impulsar la implementación de la Ley 83 del 9 de noviembre de 2012, que regula el uso de los medios electrónicos para los trámites gubernamentales. Esta ley creó el Comité de Interoperabilidad y Seguridad con el fin de que desarrollara estándares que facilitaran la interoperabilidad de los sistemas de información de las diferentes organizaciones del Estado, estándares que se desarrollaron en el marco del compromiso.

Fin de término: Completo

Los nuevos estándares se publicaron en la página de internet de la AIG[Note26: Al momento de realizar esta evaluación el investigador verificó que había 9 estándares publicados en la página de la AIG, el 26 de enero de 2018, en esta dirección: http://www.innovacion.gob.pa/estandares] y se habían divulgado a través de medios de comunicación masiva, por medio de una campaña publicitaria[Note27: La campaña se centró en spots de radio, por lo que el investigador no encontró ni se le facilitaron medios de verificación. La campaña se confirmó en la entrevista con Carlos Iván Días, director del programa de datos abiertos de la Autoridad Nacional de Innovación ], y en las diferentes capacitaciones realizadas por representantes de la AIG en instituciones del Gobierno. Al concluir el segundo año de implementación del compromiso, todavía no se habían publicado los nuevos estándares[Note28: Los estándares que se desarrollaron se hicieron para normalizar las siguientes áreas:

•Interoperabilidad.

• Páginas web del Estado, que pretende uniformar la interface de las páginas web del Estado.

• Términos de referencia de las licitaciones.

• Para transmisión de datos en internet, como la telefonía IP.

•Seguridad.

•Información georreferenciada.

• Desarrollo de software, en los que el código fuente sea del Estado.

• Guia y directrices para medios de pago electrónico.

•Estructurar dominios de uso público

• Compra de bienes y servicios tecnológicos, aplicados en las compras públicas, en la que se les solicita que cumplan con todos los demás estándares.] en el diario oficial La Gaceta, pues aún no eran leyes de la República debido a que la Asamblea Nacional no los había aprobado.

No obstante, la legislación faculta a la AIG como órgano rector del sector público[Note29: Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, establecida mediante la Ley 65 de 30 de octubre de 2009.] en materia de tecnologías de la información, y la institución ya aplicaba los lineamientos definidos en esos documentos y exigía a los proveedores del Estado cumplir con ellos como parte de los requisitos para venderles sus servicios tecnológicos.

Al referirse a dichos lineamientos, Carlos Iván Díaz[Note30: Entrevista realizada por medios digitales el 24 de enero de 2017.], director del programa de datos abiertos en la AIG, explicó: “Se están usando porque las entidades encuentran que les facilita el proceso; además, porque ya se consensuaron con la industria y los términos de referencia para las compras públicas de bienes y servicios en que usen tecnología tienen que ser aprobados por el Sistema de Evaluación de Solicitudes, que es parte de la AIG”.

Tras concluir el período correspondiente al presente plan de acción, en junio de 2017, la institución había capacitado sobre el contenido y la implementación de los estándares a 60 de los 75 gobiernos locales que existen en Panamá y a 78 de las cerca de 110 entidades públicas a nivel nacional. En el tema particular de datos abiertos, un total de 22 organizaciones habían recibido el entrenamiento[Note31: Entrevista realizada a Carlos Iván Días, director del programa de datos abiertos de la Autoridad Nacional de Innovación] y en enero de 2017 se publicó el Plan de Acción Nacional de Datos Abiertos de Gobierno[Note32: Plan de Acción Nacional de Datos Abiertos de Gobierno].

Fuera del periodo de evaluación de este plan, para finales del año 2017 un total de 35 instituciones publicaban información en formato de datos abiertos. En conjunto tenían 100 datasets a disposición del público[Note33: Agencia EFE, “Panamá tiene 100 conjuntos de Datos Abiertos a disposición del público”, cable publicado por El Economista el 17 de octubre de 2017: http://www.eleconomista.net/2017/10/10/panama-tiene-100-conjuntos-de-datos-abiertos-a-disposicion-del-publico

La distribución de los conjuntos de datos se da de la siguiente manera: Registro Público (24), Seguido de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (21), AIG (20), Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (8), Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (7), Ministerio de Economía y Finanzas (7), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (6), órgano Judicial (4), Tribunal Electoral (2) y la Contraloría General y Universidad Tecnológica de Panamá (1).]. Según explicó Díaz, por entonces recibían con frecuencia solicitudes de capacitación sobre el tema y aspiraban a capacitar a la totalidad de las instituciones públicas panameñas para finales del 2018, cuando concluiría el transitorio concedido por decreto para que las entidades públicas empezaran a publicar su información bajo estos formatos.

El 24 de noviembre de 2017 se publicó el Decreto Ejecutivo 511[Note34: Decreto Ejecutivo 511 del 24 de noviembre de 2017, que dicta la política pública de transparencia de Datos Abiertos de Gobierno: https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28421/GacetaNo_28421_20171207.pdf], que dicta la política pública de transparencia de Datos Abiertos de Gobierno. En él se les conceden a las instituciones seis meses para capacitarse en los temas técnicos y conceptuales relacionados con datos abiertos, y otros seis meses adicionales para identificar y publicar la información. El documento da a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) la responsabilidad de dictar las directrices oficiales para la implementación de datos abiertos en el Gobierno y elaborar, coordinar, implementar, monitorear y evaluar periódicamente la política pública de transparencia de datos abiertos.

De acuerdo con la estrategia propuesta en el decreto, los datos podrán publicarse en los sitios web institucionales, pero también deberán vincularse al portal de datos abiertos del gobierno de Panamá[Note35: https://www.datosabiertos.gob.pa/], de forma que este les sirva como otro canal de divulgación. El decreto se acompañó con la publicación de una resolución[Note36: Resolución N.º DS-3513-2018 del 17 de enero de 2018 de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), por la cual se desarrolla la Política Pública de Transparencia de Datos Abiertos de Gobierno adoptada mediante Decreto Ejecutivo N.º 511 de 24 de noviembre de 2017.]que contiene la guía[Note37: Apertura y Publicación de Datos Abiertos de Panamá https://www.datosabiertos.gob.pa/AIG-V2.pdf] sobre cómo publicar datos abiertos y fomentar el uso y re-uso de estos. Estos documentos y las capacitaciones ofrecidas facilitaron que algunas instituciones empezaran a publicar datos abiertos antes del vencimiento del transitorio otorgado por decreto.

Entre las políticas públicas que continuarán impulsando acciones en esta materia para brindar una mayor seguridad jurídica a la implementación de la política de datos abiertos, se encuentra la normativa propuesta para la protección de los datos personales. Se trata de un proyecto de ley[Note38: Proyecto de Ley 463, “de protección de datos de carácter personal”: http://www.asamblea.gob.pa/proyley/2017_P_463.pdf] que define los lineamientos de excepcionalidad al acceso a la información pública, lo que se considera información pública o privada, datos de acceso restringido, confidenciales, anónimos, sensibles y sobre cómo se define el secreto profesional.

“El objetivo de este proyecto es que a la hora de abrir los datos se garantice que no se abrirá información que sea confidencial para el ciudadano. Para eso se limita que las empresas vendan las bases de datos de sus clientes”, explicó Díaz. “Nosotros esperamos y creemos que ya este año (2018) el proyecto será aprobado por la Asamblea, así como la ley que contiene los estándares”, agregó.

¿Se avanzó en la apertura del Gobierno?

Acceso a la información: Excepcionalmente

La implementación de este compromiso significó la incursión de Panamá en el ámbito de los datos abiertos. Previo a su implementación, ninguna institución publicaba información en formato abierto, que apenas era conocido dentro del sector público. Además de la mayor cantidad de información que se publica a raíz del cumplimiento del compromiso, con la implementación de este compromiso también se generaron condiciones jurídicas y técnicas que permiten prever que en poco tiempo más instituciones se unirán a las que ya publican datos abiertos, pues hacerlo será un mandato de obligado cumplimiento a partir del 2019.

Tras su implementación, tal y como se describió, 35 órganos gubernamentales publicaban un total de 100 conjuntos de datos en formato abierto y se esperaba que esos números aumentaran significativamente una vez que se cumplieran los transitorios dados por el decreto 511 para todas las instituciones públicas panameñas.

Tales acciones permiten calificar como excepcionales los cambios que generó la implementación de este compromiso en el comportamiento de diferentes organismos dentro del Estado.

Miembros de la sociedad civil entrevistados y del sector privado[Note39: Memoria: Taller de Desarrollo de Capacidades: Datos Abiertos de Gobierno en Panamá. Sensibilización y Planificación Estratégica, Ciudad de Panamá.] consideraron que la pertinencia de la información publicada todavía debe mejorar y sobre todo aumentar, pero también reconocieron el valor del esfuerzo hecho y los significativos avances que ha hecho el gobierno de Panamá en materia de datos abiertos. Leah Cedeño, directora de la organización de sociedad civil Movimiento Independiente (Movin), calificó como de gran importancia las acciones implementadas como cumplimiento de este compromiso y consideró muy valiosos los pasos dados por la AIG al ayudar a que nuevas instituciones publiquen su información y en formatos abiertos. En su criterio, se debe dar continuidad a esta iniciativa y el siguiente pasó debería ser que las instituciones trabajen en mejorar la calidad y cantidad de la información divulgada hasta ahora.

¿Se incorporó en el siguiente plan?

El compromiso no se incluyó en el plan de acción 2017-2019.