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Costa Rica

Observatory of the Legal Framework Governing on Open Government (CR0051)

Overview

At-a-Glance

Action Plan: Costa Rica Action Plan 2017-2019

Action Plan Cycle: 2017

Status: Inactive

Institutions

Lead Institution: Ministerio de la Presidencia

Support Institution(s): Defensoría de los Habitantes Contraloría General de la República Procuraduría General de la República Costa Rica Íntegra Abriendo Datos Costa Rica Asociación Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta (ACCESA)

Policy Areas

Legislation & Regulation, Public Participation, Regulatory Governance

IRM Review

IRM Report: Costa Rica Design Report 2017-2019

Starred: Pending IRM Review

Early Results: Pending IRM Review

Design i

Verifiable: Yes

Relevant to OGP Values: Access to Information , Civic Participation

Potential Impact:

Implementation i

Completion: Pending IRM Review

Description

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda?
Existe falta de control y seguimiento del marco jurídico vigente relacionado con acceso a la información, participación ciudadana y anticorrupción. En la actualidad no existe un esfuerzo sostenido por verificar la implementación y cumplimiento de normativa relacionada con prácticas de Gobierno Abierto. Así mismo, es necesario contar con indicadores de evaluación y monitoreo en función de los esfuerzos que se están realizando en temas de Gobierno Abierto, Justicia Abierta, Parlamento Abierto y Estado Abierto. Dichos esfuerzos se sustentan en procesos normativos cuya implementación es lenta o no se ha iniciado y que es necesaria para las acciones dirigidas al acceso a la información, participación ciudadana, transparencia, datos abiertos y anticorrupción, requiriendo su monitoreo y evaluación sostenida en el tiempo.
¿Cuál es el compromiso?
Establecimiento del Observatorio del marco jurídico de Gobierno Abierto para el monitoreo de la implementación de normas y acciones, así como la evaluación del impacto para el monitoreo ciudadano y el diseño de iniciativas de realimentación y mejora.
¿Cómo contribuirá a resolver la problemática?
El desarrollo de un mecanismo multicanal que permitirá verificar los procesos y su cumplimiento en función de metas institucionales definidas en la estrategia organizacional o sectorial. Además, brindaría procesos de realimentación que faciliten mejoras organizativas, de gestión y normativas.
Otras ventajas que brindaría un Observatorio es la promoción de una cultura en la población orientada a la utilización de las TIC del Sector Público, incremento en la participación digital y presencial, acceso a derechos por medios electrónicos, seguimiento a la implementación normativa, generación de capacidades de gestión en los servidores públicos, ejercicio de deberes y responsabilidades ciudadanas, entre otros.
Por tanto, se busca el fortalecimiento en las capacidades de la población por medio la participación presencial y digital en el monitoreo de la legislación relacionada con sus derechos y deberes en los ejes de Gobierno Abierto.
De igual forma se busca dar sostenibilidad a las normas que se han promovido en los procesos de Gobierno Abierto con el objetivo de que la herramienta sea un mecanismo de realimentación y control ciudadano para que las instituciones puedan hacer una mejora continua.
¿Por qué es relevante a los valores de OGP?
Transparencia y Acceso a la Información. Permite el monitoreo del proceso de implementación de normas priorizadas relacionadas con Gobierno Abierto de cara al ciudadano. Además, mejora las condiciones de acceso a la información para la generación de espacios de participación pública en la toma de decisiones y la colaboración, impactando en la sensibilización y facultad de ciudadanos y servidores públicos.
Rendición de cuentas. Iniciativa que por los mecanismos de implementación asegurará los espacios para que las instituciones se refieren a sus avances y pendientes en cuanto a normativa vigente en materia de apertura gubernamental y estatal.
Participación y Colaboración. El compromiso facilita el espacio de realimentación desde las contrapartes para mejorar los procesos de gestión pública y organización, en miras al cumplimiento de normativa en materia de gobierno abierto.
Información adicional
Se vincula con el Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense, la Comisión Nacional de Gobierno Abierto, la Comisión Nacional de Datos Abiertos, Gobierno Digital, Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria.
Se adscribe con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles: ·Paz, Justicia e Instituciones Sólidas: apoya el acceso a derechos y deberes, y a la consolidación de instituciones responsables y eficaces. Meta del Objetivo 16: 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

IRM Midterm Status Summary

5. Observatorio del marco jurídico vigente en materia de gobierno abierto

Texto del compromiso:

Establecimiento del Observatorio del marco jurídico de Gobierno Abierto para el monitoreo de la implementación de normas y acciones, así como la evaluación del impacto para el monitoreo ciudadano y el diseño de iniciativas de realimentación y mejora. [28]

Fecha de inicio: noviembre de 2017              Fecha de término: agosto de 2019

Contexto y objetivos

El plan de acción implementado anteriormente por Costa Rica ayudó a fortalecer el marco jurídico nacional en materia de gobierno abierto. Lo hizo a través de cuatro decretos que definen reglas y requerimientos para las instituciones públicas sobre varios temas: publicación de datos abiertos [29], divulgación de información sobre el desarrollo de infraestructura pública, la creación de la iniciativa CoST y reglas para que los ciudadanos puedan hacer valer su derecho de acceso a la información.

Además, como cumplimiento de ese segundo plan de acción, se publicaron cinco directrices [30] sobre las mismas temáticas, de manera que el mandato jurídico alcanzara no sólo a los ministerios dentro del Poder Ejecutivo, sino también a organismos e instituciones que forman parte del gobierno descentralizado.

Sin embargo, desde la perspectiva del investigador, el cumplimiento de estas reglas jurídicas no se ha dado al pie de la letra y los organismos emisores, los ministerios de Presidencia y de Planificación Nacional y Política Económica no han dado el seguimiento y apoyo oportuno a las instituciones para que cumplan con los requisitos y tiempos definidos por la normativa.

Para Ignacio Alfaro, de Abriendo Datos, otras razones por las que no se ha cumplido del todo la normativa publicada son el desconocimiento de los funcionarios sobre el tema de gobierno abierto y que la red de reformadores creada por el gobierno no logró inculcar prácticas de esta materia en sus instituciones [31].

En octubre de 2017, tras cumplirse el período de implementación del segundo plan de acción, solamente 58 instituciones públicas [32] ya habían designado un oficial de acceso a la información y había más de 30 pendientes, sin tomar en cuenta el sector descentralizado. Para entonces no se tenía información detallada de lo publicado bajo el formato de datos abiertos por cada institución, según lo solicitado por decreto. Presidencia había afirmado que llevaría un control público del avance de estas publicaciones por medio de su página gobiernoabierto.go.cr [33]; sin embargo, una vez alcanzadas las 60 instituciones, la página no volvió a actualizarse.

Este contexto valida lo que afirma el plan de acción: “Existe falta de control y seguimiento del marco jurídico vigente relacionado con acceso a la información, participación ciudadana y anticorrupción. En la actualidad no existe un esfuerzo sostenido por verificar la implementación y cumplimiento de normativa relacionada con prácticas de Gobierno Abierto. Asimismo, es necesario contar con indicadores de evaluación y monitoreo en función de los esfuerzos que se están realizando en temas de gobierno abierto, justicia abierta, Parlamento abierto y Estado abierto” [34].

Para cambiar esta condición, el compromiso propone crear un “observatorio del marco jurídico de gobierno abierto para monitorear la implementación de normas y acciones”, así como para evaluar su impacto. Lo anterior se lograría a través de un “mecanismo multicanal que permitirá verificar los procesos y su cumplimiento en función de metas institucionales definidas en la estrategia organizacional”, afirma el texto. El compromiso no indica cuáles son las normas a las que el observatorio daría seguimiento, pero al señalar de forma general que se haría el monitoreo de la legislación relacionada con los derechos y deberes en los ejes de gobierno abierto y las normas que se han promovido, se asume que son las mencionadas anteriormente. Esto permite calificar el compromiso como verificable.

Lo anterior también hace este compromiso relevante para el valor de acceso a información. También lo es para participación ciudadana, pues pretende incluir a la sociedad civil como parte activa del monitoreo. Sin embargo, pareciera que se pretende abarcar más que eso, sin explicarse cómo. Se indica que el Observatorio promoverá una cultura “orientada al uso de las tecnologías de la información y la comunicación del sector público, una mayor participación digital y presencial, acceso a derechos por medios electrónicos” y la generación de capacidades en los servidores públicos sobre el ejercicio de deberes y responsabilidades ciudadanas”. Debido a su amplio alcance y al mismo tiempo a su poca especificidad, no es posible prever un impacto más que menor para este compromiso.

Por otro lado, el compromiso está planteado en una etapa muy inicial de su proceso de planificación en la que no está clara su factibilidad: sus actividades incluyen realizar la investigación necesaria para definir las necesidades de recursos para su operación y sostenibilidad y definir la metodología que seguirá. Tampoco se explica de qué forma y a través de qué mecanismos participaría la sociedad civil para cumplir con el objetivo de realizar un monitoreo ciudadano.

El Ministerio de Presidencia se identifica como institución implementadora, pero no se detalla cuál sería su función: facilitar la información a las OSC para que éstas realicen las tareas propias de observación o ejecutar las tareas operativas de recabar y analizar la información.

Las actividades también incluyen talleres y campañas para su difusión y la elaboración de un informe semestral que incluya la aplicación de indicadores sobre gobierno abierto, lo que le hace relevante para el pilar de acceso a información.

Se desconoce qué organismos y de cuáles sectores provendrían los integrantes del observatorio, así como cuál sería su participación. Tampoco indica si el órgano se limitaría a recolectar y difundir información, o  tendría la responsabilidad y potestad de acompañar y mover a cumplir con la normativa a las instituciones que la infrinjan.

Siguientes pasos

El compromiso es importante para asegurar que se alcancen los objetivos esperados de la normativa desarrollada a raíz de compromisos anteriores de gobierno abierto, por lo que conviene incluirlo en planes de acción siguiente en caso de no completarse en el bienio que abarca el plan de acción (2017-2019).

Será importante especificar la normativa a la que el observatorio dará seguimiento y la medida sobre la que se medirá el impacto. Si ésta abarca más allá de la desarrollada durante el segundo plan de acción, se debería proveer un contexto y justificación que respalde la inclusión de esas regulaciones dentro del alcance del observatorio.

Debido a que el compromiso pretende también medir el impacto de las normas implementadas, es importante definir cuál es el objetivo esperado de cada una de ellas, de manera que se definan indicadores claros que permitan determinar si éstas alcanzaron con éxito las metas para las cuales fueron creadas. Para que esos indicadores sean eficaces, deberán cuantificar alguno de los resultados esperados en la materia que regulan. Estos podrían relacionarse a procesos usados por el público externo, pertinencia y uso de información publicada, eficiencias o reducción de tiempos y recursos usados para la operación, entre otros.

Además es necesario aclarar cuál será el rol de Presidencia en el Observatorio una vez que esté operativo y cómo se involucrará a la ciudadanía para garantizar que sea ella quien realice las tareas de observación y de llamar a la rendición de cuentas.

Una vez que el observatorio produzca sus informes y se definan e implementen las actividades de divulgación señaladas en el compromiso, deberá trabajarse con las instituciones que tengan temas pendientes cumplir según la normativa, de manera que lleguen a cumplir con todos los requisitos y procesos que ésta señala. De esta manera, el observatorio dará lugar a pasos siguientes y acciones que permitirán que el compromiso tenga mayor impacto en el largo plazo.

[29] Decreto Ejecutivo N° 40200-MP-MEIC-MC,  Diario Oficial La Gaceta, Imprenta Nacional, 27 de abril de 2017; Decreto Ejecutivo N° 40199-MP,  Diario Oficial La Gaceta, Imprenta Nacional, 12 de mayo de 2017; Decreto Ejecutivo N° 40380-MP- H-MOPT-MIDEPLAN del 8 de mayo de 2017, Diario oficial La Gaceta; y Decreto ejecutivo N° 40387 del 27 de febrero del 2017, Sistema Digital Trámites Costa Rica, modificada su denominación por el artículo 2°: Artículo 19- Créase el Sistema Digital Trámites Costa Rica. Créase el Sistema Digital Trámites Costa Rica, el cual estará constituido por, el Catálogo Nacional de Trámites como un instrumento que estará constituido por todos los trámites, requisitos y procedimientos, ofrecidos por cada ente u órgano de la Administración Pública, que deban realizar los ciudadanos; los Planes de Mejora Regulatoria, instrumento debidamente priorizado y calendarizado en las fechas establecidas por el MEIC…
[30] Además de las directrices concernientes a los decretos mencionados, se incluyen las siguientes: Directriz Ejecutiva N° 074-MP, 27 de abril de 2017, Ministerio de la Presidencia; directriz DVMP-AGZA- 253-2016, que solicita a todos los ministros subir a sus sitios de internet los informes de cumplimiento de las auditorías internas realizadas durante la administración Solís Rivera; directriz N° 084-MIDEPLAN, publicada el 06 de septiembre de 2017.
[31] Entrevista realizada por el investigador del IRM el 03 de noviembre de 2018.
[32] Se pueden encontrar los Oficiales de Acceso a la Información asignados, para un total de 60 instituciones públicas, en la página nacional de gobierno abierto: http://gobiernoabierto.go.cr/documentos/ . Abriendo Datos Costa Rica contactó a los diferentes ministerios en julio de 2017  para pedir cuentas sobre el nombramiento del oficial de acceso a la información: siete ministerios ya habían cumplido, nueve no habían cumplido, uno cumplió parcialmente y otro no les respondió.
[33] Entrevista realizada por el investigador IRM a Jorge Umaña, asesor del Viceministerio de la Presidencia, 14 de septiembre de 2017.
[34] Tercer plan de acción de gobierno abierto de Costa Rica, compromiso No.5

Commitments

  1. Transparency and Accountability in School Board Projects

    CR0059, 2019, Access to Information

  2. Prospective Labor System and National Employment System

    CR0060, 2019, Access to Information

  3. Center for Territorial Intelligence

    CR0061, 2019, E-Government

  4. Inclusive and Participatory Rural Development

    CR0062, 2019, Capacity Building

  5. Using Open Data to Prevent Corruption

    CR0063, 2019, Access to Information

  6. Simplifying Business Regulations Through Citizen Feedback

    CR0064, 2019, Access to Information

  7. Coordination to Implement the "Sowing Security" Strategy

    CR0065, 2019, Access to Information

  8. Develop the Judicial Observatory System

    CR0066, 2019, Access to Information

  9. Opening of Public Data on Climate Change and Its Financing

    CR0050, 2017, Access to Information

  10. Observatory of the Legal Framework Governing on Open Government

    CR0051, 2017, Legislation & Regulation

  11. Implementation of Standards Integrated Open to Public Procurement Contracts (Sicop)

    CR0052, 2017, Anti-Corruption

  12. Open Justice Policy

    CR0053, 2017, Judiciary

  13. Policy Open Parliament Legislative Assembly of the Republic of Costa Rica

    CR0054, 2017, Open Parliaments

  14. Training for Women of Political Parties

    CR0055, 2017, Anti-Corruption

  15. Tools and Mechanisms to Promote and Advocacy of Population Lgtbi

    CR0056, 2017, Gender

  16. Follow-Up to the Commitments of the National Strategy for an Open Government

    CR0057, 2017, Legislation & Regulation

  17. Review of the Third Plan of Action by the Administration Governing from 2018 to 2022

    CR0058, 2017,

  18. Digital Platform for Access to Information on Plans, Programs and Protection Mecha Mos Women's Rights

    CR0047, 2017, E-Government

  19. Multichannel Platform National Public Offering of Education in Force

    CR0048, 2017, E-Government

  20. Laboratory and Innovation for Sustainable and Inclusive Cities

    CR0049, 2017, Public Participation

  21. Open Data Policy

    CR0024, 2015, Access to Information

  22. Decree on Transparency and Access to Public Information

    CR0025, 2015, Access to Information

  23. Draft Law on Access to Public Information

    CR0026, 2015, Access to Information

  24. Profile Directory Information of Public Institutions

    CR0027, 2015, Access to Information

  25. Model Document Management and File Management

    CR0028, 2015, Access to Information

  26. Law Enforcement Excessive Paperwork 8220

    CR0029, 2015, Access to Information

  27. For Open Government Technology Platforms

    CR0030, 2015, Capacity Building

  28. Costa Rica Strengthen My Future National Platform for Social Innovation and Siec

    CR0031, 2015, E-Government

  29. Starred commitment Transparency Index Ombudsman

    CR0032, 2015, E-Government

  30. Starred commitment Cumplmiento Reports with Internal Audit

    CR0033, 2015, Anti-Corruption

  31. Policy Reforms Against Corruption

    CR0034, 2015, Anti-Corruption

  32. Transparent Selection of Civil Servants

    CR0035, 2015, Access to Information

  33. Transparent Management Processes Infrastructure Projects

    CR0036, 2015, Access to Information

  34. Civil Rights in Open Government

    CR0037, 2015, Capacity Building

  35. Citizen Service Training for Staff

    CR0038, 2015, Capacity Building

  36. Protocol for Dialogue with Sectors and Populations

    CR0039, 2015, Access to Justice

  37. Citizen Participation Policy of the Judiciary

    CR0040, 2015, Access to Justice

  38. Civic Laboratories

    CR0041, 2015, Capacity Building

  39. Houses of Justice

    CR0042, 2015, Access to Justice

  40. 27 Territorial Councils for Rural Development

    CR0043, 2015, Infrastructure & Transport

  41. Talking for Good Living with Indigenous Peoples (RIBCA)

    CR0044, 2015, Fiscal Openness

  42. Table for Guanacaste

    CR0045, 2015, Infrastructure & Transport

  43. Democratic Development Workshops

    CR0046, 2015, Public Participation

  44. Enhance and Strengthen the Citizen Portal (Www.Gob.Go.Cr)

    CR0001, 2013, Access to Information

  45. Create Enterprise Platform Used in All Municipalities in the Country

    CR0002, 2013, E-Government

  46. Expand Services in Electronic Service Windows (VES)

    CR0003, 2013, Citizenship & Immigration

  47. Encourage the Use of the Platform "In Time"

    CR0004, 2013, E-Government

  48. Electronically Implement the Veterinary Product

    CR0005, 2013, E-Government

  49. Promote Interoperability Framework

    CR0006, 2013, Capacity Building

  50. Strengthen the National System of Comptrollers Service

    CR0007, 2013, Public Participation

  51. Conduct a Feasibility Study on the Modernization of the Postal Service in Costa Rica

    CR0008, 2013, Capacity Building

  52. Update the Guide for Developing Web Pages

    CR0009, 2013, E-Government

  53. Opening Implement the Public Budget

    CR0010, 2013, Access to Information

  54. Hold a Forum on Access to Information and Public Participation in Environmental Issues

    CR0011, 2013, Environment and Climate

  55. Issue a Guideline for the Publication of Minutes

    CR0012, 2013, E-Government

  56. Starred commitment Develop an Index of Transparency of Public Institutions in Costa Rica

    CR0013, 2013, Anti-Corruption

  57. Submit to the Legislature a Draft Law on Access to Public Information

    CR0014, 2013, Access to Information

  58. Define and Implement the National Policy of Open Data

    CR0015, 2013, Access to Information

  59. Promote Open Data in Public Institutions

    CR0016, 2013, Access to Information

  60. Spread the Concept and Philosophy of Open Government in Public Institutions, Citizens and Public Opinion

    CR0017, 2013, Access to Information

  61. Develop a Manual for the Use of Social Networks in Public Institutions in Costa Rica

    CR0018, 2013, Capacity Building

  62. Empower People Through Access to Information and Opportunities for Citizen Participation

    CR0019, 2013, E-Government

  63. Monitor the Open Data Hackathon First and Further Events of This Type

    CR0020, 2013, Access to Information

  64. Implement the Pension System in the National Pension

    CR0021, 2013, E-Government

  65. Implement a Single Purchase System in the State Symphysis

    CR0022, 2013, Anti-Corruption

  66. Implement the "Digital Citizen Security" Project

    CR0023, 2013, E-Government

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