Create Open Data Policy (EC0001)

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda?
Los datos que actualmente se generan no responden a las necesidades ciudadanas, no se encuentran estandarizados y no permiten la interoperabilidad, y tampoco abarcan al conjunto de las instituciones del Estado. Adicionalmente, se requiere asegurar el cumplimiento de las nuevas disposiciones en materia de protección de datos personales

¿Cuál es el compromiso?
Generar una política de datos abiertos y la guía para su implementación, con participación y colaboración ciudadana, considerando estándares para la gestión de datos abiertos y la protección de datos personales. Este compromiso busca favorecer el acceso ciudadano a más información.

¿Cómo contribuirá a resolver la problemática?
Permitirá definir una política de datos abiertos y la guía para su implementación con la participación de los actores involucrados dediversos sectores, que:
• Permita la coordinación de los actores institucionales con diversas responsabilidades
• Incluya la visión de usuarios y ciudadanos
• Asegure el cumplimiento de las normas en materia de protección de datos personales
• Defina estándares para la gestión de datos abiertos
• Cuente con procedimientos y herramientas para la publicación y la utilización de datos abiertos.
• Que pueda ser adoptado por los niveles subnacio

¿Por qué es relevante a los valores de OGP?
• Participación ciudadana: Incorpora la visión ciudadana e implica un involucramiento activo de los ciudadanos.
• Transparencia y acceso a la información: Mejora la calidad y accesibilidad de los datos en el sector público.

Vinculación a la Agenda 2030
Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructuras
Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos

Información adicional
El compromiso está vinculado con instrumentos nacionales e internacionales de planificación como la Agenda 2030, el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2017, el Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2021-2018, Plan Nacional de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, Agenda ELAC 2020, Política Ecuador Digital (Eje de acción: Eficiencia y seguridad de la información); y con instrumentos normativos como la Constitución de
la República, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT).

1. Elaboración colaborativa de la política de datos abiertos y la guía para su implementación

“Generar una política de datos abiertos y la guía para su implementación, con participación y colaboración ciudadana, considerando estándares para la gestión de datos abiertos y la protección de datos personales. Este compromiso busca favorecer el acceso ciudadano a más información”

Hitos

“Hito 1: Validación de la política de datos abiertos, elaborada con insumos recibidos de participantes de los sectores público, privado, academia, sociedad civil y ciudadanía, que fueron obtenidos en mesas realizadas de manera previa a la formalización del presente compromiso.

Hito 2: Mapeo de actores públicos, académicos, privados y de sociedad civil relacionados con la temática, y desarrollo de la metodología para la cocreación de la Guía para la implementación de la Política.

Hito 3: Cocreación de la Guía para la implementación de la Política que incluye modelo de gobernanza y gestión de datos abiertos.

Hito 4: Identificación y selección de indicadores para la medición de la implementación de la política de datos abiertos con la participación de actores mapeados.

Hito 5: Difusión de la Política, Guía e Indicadores para la gestión de datos abiertos y sus estándares de apertura.

Hito 6: Capacitación sobre la Guía de datos abiertos dirigida a funcionarios públicos y usuarios.

Hito 7: Elaboración y publicación de informe de la implementación de la política de datos abiertos”.

Fecha de inicio y término del compromiso (previa a la extensión del periodo de implementación del plan de acción [1]): enero 2020-abril 2021.

Nota editorial: Para leer el texto completo de este compromiso, consulta el plan de acción de Ecuador en el siguiente enlace: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/01/Ecuador_Action-Plan_2019-2021.pdf

Análisis del compromiso

Desde el año 2014 el Ecuador ha dado pasos importantes en la promoción de iniciativas de datos abiertos. Se destaca la Guía de datos abiertos vigente, que promueve la liberación de datos en formato unificado y bajo licencia abierta. De esta forma la información puede ser asimilada y procesada en formatos no propietarios.

Pese a los avances, actualmente se identifica que los datos no se encuentran estandarizados, no permiten la interoperabilidad y tampoco abarcan al conjunto de las instituciones del Estado. Según el Barómetro de Datos Abiertos, de los 15 tipos de datos evaluados, solo cuatro reciben más de 60/100 puntos en cuanto la calidad de los datos publicados (estadísticas de crimen, datos electorales, registros de compañías y datos sobre la calidad de la educación primaria y secundaria). Diez de ellos califican con menos de 15/100 puntos (entre ellos, datos presupuestarios detallados, aquellos relacionados al gasto público, a contratos públicos y estadísticas nacionales de medio ambiente) [2]. Adicionalmente, el Índice OURData que revisa el diseño y la implementación de políticas de datos abiertos gubernamentales (DAG) de los países en tres áreas (disponibilidad de datos, accesibilidad y apoyo del gobierno a la reutilización de datos), otorga 0.29 puntos, y ubica al Ecuador en el lugar 12 entre 16 países de la región (con promedio regional en el 0.43) [3]. En parte, esto destaca la importancia de potenciar espacios desde el gobierno para interactuar con la sociedad civil y comprender las demandas y necesidades de datos. Asimismo, la opinión reiterada en las entrevistas realizadas para este informe, señalan desconocimiento de la ciudadanía y de funcionarios públicos sobre la importancia de la apertura de datos y la importancia de procesos de alfabetización en datos abiertos. Además, se deben procurar nuevas formas de capacitación para generar habilidades que permitan el uso y la publicación de datos abiertos, así como de la diferenciación de los datos abiertos con los datos personales [4] y la importancia de la protección de estos últimos. Por ello, este compromiso aspira a avanzar en esta línea y generar una política de datos abiertos que responda a las necesidades ciudadanas.

El Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL) asume este compromiso de elaboración participativa de la política de datos abiertos, que empleará los insumos de discusión generados en las mesas de cocreación para el Plan de acción de Gobierno Abierto. Además, el espacio de cocreación referido permitió un mapeo de actores públicos, académicos, privados y de sociedad civil relacionados con la temática. Estos participarán también en la cocreación de la Guía de implementación de la política de datos abiertos. Por último, con respecto a los procesos de alfabetización digital, se plantea el desarrollo de capacitaciones a funcionarios públicos y ciudadanía sobre este insumo de política.

En conjunto, estas acciones apuntan a fortalecer el diseño de la política de datos abiertos, mediante la incorporación de la sociedad civil tanto en su proceso de formulación como en su implementación. Adicionalmente, uno de los objetivos clave del compromiso es mejorar la gestión de datos abiertos y promover la publicación de datos relevantes para la ciudadanía y organizaciones de sociedad civil. Por ello, este compromiso se observa relevante para el principio de participación ciudadana y acceso a la información.

Es importante destacar que el compromiso se enfoca en la estandarización en la gestión de datos abiertos y protección de datos personales y no considera la necesaria actualización de la normativa de acceso a la información vigente (LOTAIP), un elemento central para abordar algunos de los problemas que describe este compromiso (prácticas de publicación de datos dispares entre instituciones del Estado y el aseguramiento de las disposiciones en materia de protección de datos). Fundamedios, organización de sociedad civil especializada en temas de derecho a la información, ha reportado las complejidades para acceder a datos de las instituciones públicas, denunciando violaciones a la LOTAIP, discrecionalidad en la entrega de información a cargo de las instituciones públicas y la ausencia de un cuerpo independiente que garantice la aplicación de la ley, el derecho a la información y la protección de datos. [5] En ese orden de ideas, si bien las actividades propuestas como parte del compromiso mejorarían los mecanismos de política para apertura de datos y acceso a estos, la creación de la Política de Datos Abiertos debería ir acompañada de la actualización de la normativa nacional. Correspondientemente, el 28 de septiembre de 2020, de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo le presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para sustituir a la LOTAIP [6]. Según algunos entrevistados, este proyecto de ley implicó un trabajo coordinado a lo largo del año 2019 entre varias instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. La propuesta incluye actualizaciones de fondo que pueden impulsar los hitos de este compromiso y mejorar su alcance [7]. Sin embargo, como se ha referido previamente, al momento de elaboración de este informe, este Proyecto de Ley [8] no ha ingresado para discusión en la Asamblea Nacional Legislativa y su aprobación es esencial para poder transformar el estatus quo en relación con la cultura en torno al acceso a la información pública, publicación de datos abiertos y protección de datos. Por ello, la investigadora del MRI considera que este compromiso es un paso significativo, aunque con una limitación de alcance.

Por ello, se recomienda el involucramiento de la Asamblea Nacional del Ecuador en el proceso de OGP y el impulso de una reforma a la LOTAIP. Este tema cobra especial relevancia en el contexto actual de pandemia. Por ejemplo, el Ecuador debería aspirar a fortalecer los mecanismos de acceso a la información cumpliendo con los requerimientos de la Ley y cumplir con el principio de respuesta a solicitudes “lo antes posible”. Sobre todo, a solicitudes relacionadas con el COVID-19 (en torno a los impactos en salud, economía, empleo, educación, seguimiento del gasto público, etc.). Adicionalmente, se sugiere revisar la guía de OGP sobre el derecho a la información y el coronavirus, que incluye una serie de recomendaciones específicas que fomenten la publicación completa y oportuna de la información. [9]

Adicionalmente, se sugiere que la Guía de implementación de la política de datos abiertos pueda ser trabajada y socializada con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), con la finalidad de mejorar la coordinación en la gestión de información con formato abierto a nivel local y mejorar la comparabilidad entre gobiernos subnacionales.

Compromiso 1. Elaboración colaborativa de la política de datos abiertos y la guía para su implementación

Verificable: Sí

¿Tiene una visión de gobierno abierto? Sí

Potencial para obtener resultados: Moderado

● Cumplimiento:Completado

● ¿Abrió el Gobierno?Marginal

El proceso participativo llevado a cabo bajo este compromiso, que completó la totalidad de sus actividades [1], ha sentado las bases para el fortalecimiento de los modelos de gobernanza en materia de datos abiertos al interior de las instituciones públicas. Sin embargo, como señala la encuesta a gestores institucionales sobre la implementación de ambos instrumentos, siguen existiendo vacíos respecto a los procedimientos y lineamientos metodológicos para la publicación de datos abiertos [2]. El compromiso no definía en sus actividades acciones correctivas posteriores a este diagnóstico. Igualmente, organizaciones consultadas por el IRM señalaron la necesidad de realizar sesiones de capacitación continua para fortalecer conocimientos de los funcionarios responsables, y abordar las implicaciones éticas y de protección de datos asociadas al proceso [3].