Recomendaciones | Ejemplos | Recursos | Socios | Introducción

El derecho a la información es un derecho fundamental y un elemento inherente a la libertad de opinión y expresión. Es fundamental en la gobernanza moderna y elemento clave de la misión de OGP. El derecho a la información (DAI) permite al público dar seguimiento a la toma de decisiones del gobierno, participar para asegurar que se tomen buenas decisiones y exigir al gobierno que rinda cuentas. 

Durante la pandemia, el público tiene una mayor necesidad de contar con información completa y oportuna. Al mismo tiempo, la capacidad de respuesta de los gobiernos a las solicitudes de información se está enfrentando a limitaciones: muchos funcionarios están trabajando desde casa, otros han sido reasignados a funciones diferentes y, en algunos casos, los documentos, son difíciles de acceder. Cuando no hay lineamientos claros, las respuestas pueden ser irregulares.  

Además, las medidas extraordinarias que muchos gobiernos han tomado han resultado en la suspensión de procesos administrativos, afectando los procedimientos de las solicitudes de información. Además, se han limitado las apelaciones. Asimismo, las normas de preparación y publicación proactiva de información, característica de la mayoría de los regímenes de transparencia, se han suspendido. 

Ciertos grupos como las mujeres, adultos mayores, minorías lingüísticas y comunidades rurales carecen de acceso a internet, dificultando el acceso a documentos digitales. 

En esta sección presentamos algunas recomendaciones que se pueden adoptar para respetar el DAI en la mayor medida posible durante las fases de respuesta y recuperación. Mayor información sobre publicación proactiva de información se puede encontrar en otras secciones de esta guía. 

RECOMENDACIONES

Un grupo de colegas del Centre for Law and Democracy, Access Info Europe y el Institute for Development of Freedom of Information desarrollaron los siguientes lineamientos. 

Respuesta abierta

Las medidas de respuesta abierta sitúan a la transparencia, la rendición de cuentas y la participación en el centro de los esfuerzos inmediatos de gobierno dirigidos a frenar los contagios y ofrecer asistencia durante la emergencia.

• Leyes de acceso a la información: Los gobiernos deben aspirar a mantener sus procedimientos de solicitudes de información y, en la mayor medida posible, los requisitos de responder a las solicitudes “lo antes posible” deberán permanecer vigentes. 
• Legalidad: Las suspensiones o ampliaciones de plazos deberán estar fundamentadas en la ley, por ejemplo en las declaraciones de estado de emergencia que tienen limitaciones de tiempo y están sujetas a la aprobación por parte de los parlamentos. Todo cambio debe hacerse del conocimiento del público.
• Solicitudes electrónicas: Las solicitudes electrónicas deben respetarse como siempre cuando los documentos y el personal estén disponibles. Eliminar barreras para simplificar las solicitudes de información, por ejemplo los requisitos de identificación digital. 
• Comisionados de información: Trabajar  con comisionados de información para establecer sistemas de respuesta a las solicitudes de información durante la pandemia, para informar a los funcionarios y para monitorear la implementación. Asegurar que existan los recursos para responder a las apelaciones de información. 
• Priorización
• Priorizar las solicitudes sobre COVID-19: Cuando sea posible, dar prioridad especial a las solicitudes de información sobre la pandemia y sus impactos en la salud, economía, educación, empleo y medidas sociales. 
• Personal: identificar a los empleados que no tengan cargas de trabajo completas y reasignarlos para responder a las solicitudes de información de mayor prioridad. 
• Transferencias especializadas: Crear canales y protocolos para la identificación, transferencia y remisión de solicitudes de información entre la unidad de DAI y la unidad encargada de la coordinación de la respuesta al COVID-19. 
• Publicar proactivamente: Si se dificulta responder a todas las solicitudes, los gobiernos pueden monitorear las solicitudes y publicar de forma proactiva la información más solicitada. Asignar recursos a esta tarea prioritaria. 
• COVID-19 deben publicarse en un solo sitio web de fácil acceso y en el nivel de gobierno correspondiente. Lo anterior deberá incluir respuestas a las solicitudes de información. La publicación proactiva debe incluir datos sobre la situación, recursos, adquisiciones públicas, presupuestos y fondos, como se explica a lo largo de la guía de gobierno abierto sobre COVID-19.
• Toma de decisiones: Las decisiones de respuesta a la pandemia deben publicarse de forma proactiva, indicando quién tomó la decisión y argumentos que la justifiquen, por ejemplo fundamentos legales o científicos. 
• Medidas legales: La publicación de todas las leyes no solo deberá hacerse en los diarios oficiales, sino también en espacios accesibles, asegurando que las personas y las empresas tengan claridad sobre las regulaciones. La implementación de las leyes debe ser transparente, incluyendo la actuación policial, sanciones y procedimientos de los tribunales. La transparencia debe aplicar a las medidas de confinamiento, restricciones de viaje, controles fronterizos y otras medidas.
• Conferencias de prensa: Cuando la información se da a conocer en conferencias de prensa o en la forma de respuestas a solicitudes de periodistas, ésta deberá ser publicada en línea también. 
• Difundir información de manera que sea recibida por todos los sectores de la población: Asegurar que la información sea fácil de entender y que se difunda de forma proactiva a través de otros medios (televisión, radio, prensa, redes sociales, tableros comunitarios, etc.) de manera que llegue a todos los sectores de la población. 
• Apertura: Asegurar que toda la información sea publicada en formato abierto y que los documentos y datos estén exentos de licencias y puedan ser reutilizados.

Recuperación y reformas abiertas

Las medidas de recuperación abierta sitúan a la transparencia, la rendición de cuentas y la participación en el centro de los esfuerzos de mediano plazo reconstruir las sociedades tras la pandemia de COVID-19. Asimismo, las iniciativas de reformas abiertas se aseguran que el público esté en el centro del gobierno en el mundo post-pandemia.  

• Fortalecer la capacidad de respuesta a solicitudes: Deben realizarse inversiones en el desarrollo de capacidades de colecta y difusión de información. Lo anterior a través de:
• Digitalización: Dar prioridad a la transición digital de toda la información, documentos y datos para simplificar y acelerar su acceso. Debe asegurarse que el almacenamiento, protección y acceso a los registros y archivos sea seguro. 
• Colecta de datos: Evaluar los sistemas nacionales de colecta de datos estadísticos y de otros tipos y reportar los resultados a las autoridades centrales y regionales, trabajar con las oficinas encargadas de las estadísticas para mejorar los sistemas y acelerar la colecta de datos. 
• Mantenimiento de los registros: Trabajar con los archivistas para asegurar la implementación de buenas prácticas en el mantenimiento de registros con el fin de facilitar el acceso y compilación rápida en el futuro, por ejemplo asegurar que los archivos digitales sean de fácil acceso.
• Recursos y capacitación: Para dar respuesta al incremento de la demanda de información, asignar suficientes recursos para la transparencia reactiva y proactiva y asignar funcionarios capacitados para satisfacer la demanda. 
• Planear anticipadamente la publicación proactiva: Planear con antelación para asegurar una mayor publicación proactiva y mejorar los sistemas que permiten la actualización rápida de los documentos y datos publicados. 
• Apertura sobre la pandemia: Comprometerse a la publicación de materiales no confidenciales y a la apertura máxima de materiales para las investigaciones post-crisis. Mejorar los sistemas para facilitar la actualización de los documentos publicados. 

EJEMPLOS

Los siguientes son ejemplos de iniciativas presentadas recientemente como respuesta a la pandemia de COVID-19 que identificamos gracias a la comunidad y a partir de materiales de nuestros socios. 

• Argentina: La Agencia de Acceso a la Información Pública nacional suspendió el curso de los plazos dentro de los procedimientos administrativos de procesamiento a solicitudes de acceso a la información, pero dio flexibilidad en los plazos, dependiendo de la justificación. 
• Nueva Zelanda: La oficina de la defensoría subrayó la importancia de la normalidad y la importancia que tiene el derecho a la información sobre la pandemia para asegurar que la respuesta a la crisis sea robusta. 
• Reino Unido: La oficina del comisionado de información publicó una serie lineamientos sobre retrasos, registros, fugas de datos y la recuperación tras la crisis. 
• Estados Unidos: El servicio de investigación del congreso (departamento de la Biblioteca del Congreso) creó un resumen de las respuestas de las instituciones al COVID-19 sobre acceso a la información. Lo anterior apunta al papel de supervisión que tienen los parlamentos para asegurar que los derechos tengan la prioridad adecuada. 

 Los siguientes ejemplos son compromisos establecidos previamente por miembros de OGP que demuestran los elementos de las recomendaciones planteadas aquí.

• Uruguay (2016-2018): El gobierno consultó a la sociedad civil y al público para definir un mecanismo a  través del cual se publicaría información sobre violaciones históricas a derechos humanos. 
• Sri Lanka (2016-2018): El Gobierno de Sri Lanka decretó una ley de derecho a la información a través de la cual asignó recursos para desarrollar sistemas para el manejo de documentos, reporte, publicación proactiva y respuesta a solicitudes. El compromiso además consideró la capacitación de funcionarios y una campaña de sensibilización del público. 
• Paraguay (2014-2016): La ley de acceso a la información pública establece estándares y mecanismos de acceso a información pública, tiempos de respuestas y sanciones en caso de incumplir. 
• Estados Unidos (2015-2017): El Gobierno de Estados Unidos mejoró la eficiencia y efectividad de la ley de libertad de información. 
• Bulgaria (2014-2016): El Gobierno de Bulgaria reformó la ley de acceso a la información para incrementar la apertura y eficacia. Además fortaleció la coordinación y capacidad de aplicación de la ley 

RECURSOS

Diversas organizaciones han publicado declaraciones sobre el acceso a la información en el contexto de la pandemia, incluyendo: 

• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 10 de abril de 2020
• La Comisión Africana de Derechos Humanos, 24 de marzo de 2020. 
• La Conferencia Internacional de Comisionados de Información, 14 de abril de 2020. 
• La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, 19 de marzo de 2020
• Consulta la ficha técnica de OGP sobre derecho a la información.
• RTI-Rating.org identifió y catalogó todas las modificaciones públicas a las leyes de DAI, tanto por ley como por decreto. 
• La National Freedom of Information Coalition de Estados Unidos centralizó buenas prácticas de acceso a la información y libertad de prensa de periodistas y OSC durante la crisis del COVID-19.
• Artículo 19 publicó un informe que incluye recomendaciones sobre cómo luchar contra la desigualdad de género a través del acceso a la información.

SOCIOS QUE PUEDEN OFRECER APOYO ADICIONAL E INFORMACIÓN

• Centre for Law and Democracy
• Access Info Europe
• African Freedom of Information Centre

Agradecemos a nuestros socios de Access Info Europe, el Centre for Law and Democracy y International School for Transparency  por compartir sus recomendaciones y por revisar este módulo. 

Recommandations | Exemples | Ressources | Partenaires | Introduction

Le droit à l’information est un droit fondamental et une partie inhérente du droit à la liberté d’opinion et d’expression. Il est essentiel à la gouvernance moderne et fait partie intégrante de la mission du PGO. Il permet au public de suivre les décisions du gouvernement, de participer à la prise de meilleures décisions et de tenir le gouvernement responsable.

Pendant la pandémie, le public a un besoin accru d’informations complètes et à jour. Parallèlement, la capacité des gouvernements à répondre aux demandes d’informations est mise à rude épreuve : de nombreux fonctionnaires travaillent à domicile, certains ont été réaffectés et les documents peuvent être difficiles à consulter physiquement ou numériquement. Des orientations peu claires peuvent conduire à des réponses inégales.

En outre, des mesures extraordinaires prises par de nombreux gouvernements ont entraîné la suspension des procédures administratives, affectant le traitement des demandes d’informations. Les recours devant les tribunaux sont également limités. De même, les règles relatives à la préparation et à la publication proactives d’informations, une caractéristique de la plupart des régimes nationaux de transparence, sont également suspendues.

Les populations, notamment les femmes, les aînés, les minorités linguistiques et les communautés rurales, peuvent rencontrer des difficultés à obtenir des enregistrements numériques en raison du manque d’accès à Internet.

Cette section fait des recommandations pour respecter le droit à l’information autant que possible pendant la réponse et la récupération. De plus amples informations sur la divulgation proactive d’informations peuvent être trouvées dans le Guide du gouvernement ouvert.

RECOMMANDATIONS

Des collègues du Centre for Law and Democracy, d’Access Info Europe et de l’Institute for Development of Freedom of Information ont élaboré un certain nombre de lignes directrices.

Réponse ouverte :

Les mesures de réponse ouverte placent la transparence, la responsabilité et la participation au centre des efforts immédiats du gouvernement pour limiter la contagion et fournir une aide d’urgence.

• Lois sur l’accès à l’information : Les gouvernements devraient viser à maintenir le traitement des demandes de renseignements et, dans toute la mesure du possible, les obligations de fournir des informations « dès que possible » devraient rester en place. 
• Légalité : Toute suspension ou prorogation des délais devrait avoir un fondement juridique, comme faire partie des états d’urgence déclarés, qui sont assortis de délais et soumis à l’approbation du Parlement pour le renouvellement. Toutes les modifications doivent être rendues publiques.
• Demandes électroniques : Les demandes électroniques doivent être honorées comme d’habitude lorsque les documents pertinents et les travailleurs à distance sont accessibles. Il faut éliminer tous les obstacles, tels que les exigences d’identification numérique, pour simplifier les demandes d’informations électroniques.
• Commissaires à l’information : Travailler avec les commissaires à l’information pour établir des systèmes de réponse aux demandes pendant la pandémie, informer les fonctionnaires et surveiller la mise en œuvre. Veiller à ce que des ressources soient en place pour les appels auprès des commissaires à l’information et / ou des tribunaux.
• Priorisation

• Prioriser les demandes liées à la COVID-19 : Dans la mesure du possible, accorder une priorité particulière aux demandes liées à la réponse à la pandémie et à ses impacts (santé, économie, éducation, emploi et mesures sociales). 
• Dotation en personnel : Identifier les travailleurs sous-utilisés et les réaffecter à des demandes de renseignements hautement prioritaires.
• Transfert spécialisé : Créer des canaux et des protocoles pour l’identification, le transfert et le renvoi des demandes de droit à l’information entre une unité de conformité du droit à l’information et la principale unité de coordination de la COVID-19.
• Recours à la publication proactive : Si répondre à toutes les demandes est difficile, assurer la surveillance des demandes et la publication proactive des informations les plus recherchées. Consacrer des ressources à cette priorité. 

• Publication proactive : Les informations et données relatives à la COVID-19 doivent être rassemblées sur un site Web unique et facile à trouver au niveau gouvernemental approprié. Cela devrait inclure des réponses aux demandes d’informations pertinentes. La publication proactive devrait inclure des données sur la situation, les ressources, les marchés publics, les budgets et les fonds, tel qu’indiqué dans le Guide du gouvernement ouvert.  
• Prise de décision : Il devrait y avoir une publication proactive des décisions prises quant à la réponse à la pandémie, la transparence de qui prend les décisions, de même que des justifications sur le fondement des décisions, tels que le fondement juridique ou scientifique. 
• Mesures légales : La publication de toutes les lois devrait avoir lieu non seulement dans les journaux officiels, mais également dans des endroits accessibles, garantissant la clarté de la communication des règles au public et aux entreprises. Il devrait y avoir une transparence sur la mise en œuvre des lois, y compris sur l’action de la police, les sanctions imposées et les procédures judiciaires. Cette transparence devrait s’appliquer, entre autres, aux mesures de quarantaine, aux restrictions de voyage et aux contrôles des frontières.
• Briefings médias : Lorsque des informations sont fournies aux médias lors de conférences de presse ou en réponse à des demandes de journalistes, elles doivent également être téléchargées directement en ligne.
• Diffuser pour toucher tous les secteurs de la population : Veiller à ce que les informations soient compréhensibles pour le public et qu’elles soient diffusées de manière proactive par le biais d’autres médias (télévision, radio, presse écrite, médias sociaux, panneaux d’affichage de la communauté locale, etc.) afin qu’elles atteignent tous les secteurs de la population. 
• Garder ouvert : Veiller à ce que toute publication proactive soit effectuée dans des formats ouverts et que les documents et les données soient libres de licence pour être réutilisés.

Récupération et réforme ouvertes :

Les mesures de récupération ouvertes placent la transparence, la responsabilité et la participation au centre des efforts de reconstruction du gouvernement à moyen terme suite à la COVID-19. De même, des initiatives de réforme ouvertes garantissent que le public est au cœur du gouvernement durant la période post-pandémique.

• Renforcer la capacité de réponse aux demandes : Il faudrait investir dans de solides capacités à recueillir et à fournir des informations. Cela devrait être fait par : 
• Numérisation : Prioriser le passage à la numérisation de toutes les informations et de tous les documents et données afin que l’accès puisse être assuré de manière rapide et rationalisée à l’avenir. Cela devrait inclure une garantie de stockage, de protection et de récupération sécurisés des dossiers et des archives.
• Collecte de données : Évaluer les systèmes nationaux de collecte de données statistiques et autres et de communication de ces informations aux autorités régionales et centrales; collaborer avec les bureaux de statistique pour améliorer les systèmes de collecte rapide des données. 
• Tenue de dossiers : Travailler avec les archivistes pour veiller à ce que les meilleures pratiques de tenue de dossiers, y compris des archives numériques facilement accessibles, soient mises en œuvre de manière à faciliter la localisation et la compilation rapides des informations à l’avenir. 
• Ressources & Formation : Compte tenu de la demande accrue d’informations, veiller à ce que des ressources adéquates soient allouées à une transparence réactive et proactive et qu’il y ait suffisamment de fonctionnaires formés pour répondre à la demande. 
• Planifier à l’avance pour une publication proactive accrue : Planifier à l’avance une publication plus proactive et améliorer les systèmes qui permettent une mise à jour rapide des documents et des données publiés de manière proactive.
• Ouverture sur la pandémie : S’engager à publier des documents non classés et à déclassifier au maximum les documents appropriés liés à toute entreprise de recherche de faits suite à la crise, comme les commissions parlementaires ou les commissions de vérité. Améliorer les systèmes permettant une mise à jour rapide des documents et des données publiés de manière proactive. 

EXEMPLES

Les exemples suivants sont des initiatives récentes en réponse à la pandémie de COVID-19 et sont tirés de notre liste d’externalisation ainsi que des documents de nos partenaires.

• Argentine : L’Agence nationale d’accès à l’information publique a annulé la suspension générale des délais de traitement des demandes de droit à l’information, mais a permis une certaine flexibilité dans le calendrier en fonction des raisons données.
• Nouvelle-Zélande : Le Bureau de l’ombudsman a souligné la normalité et le rôle important que le droit à l’information joue sur la pandémie pour assurer une réponse forte à la crise.
• Royaume-Uni : Le Commissariat à l’information a publié des lignes directrices sur les retards, la tenue des dossiers, les violations de données et la restauration post-crise.
• États-Unis : Le Congressional Research Service (un département de la US Library of Congress) a compilé une enquête sur les réponses des organismes à la Covid-19 en ce qui concerne la liberté d’information. Cela suggère un rôle de contrôle potentiel que les parlements peuvent jouer pour garantir la hiérarchisation des droits.

Les exemples suivants sont des engagements précédemment pris par des membres du PGO démontrant des éléments des recommandations formulées ci-dessus.

• Uruguay (2016-2018) : Le gouvernement a consulté la société civile et le public pour déterminer la portée et le mécanisme par lesquels les informations sur les violations des droits de la personne commises par le passé seraient diffusées et mémorisées.
• Sri Lanka (2016-2018) : Le Gouvernement sri-lankais a promulgué sa loi sur le droit à l’information, qui alloue des ressources et met au point des systèmes de gestion des dossiers, de compte rendu, de divulgation proactive et de réponse aux demandes. L’engagement prévoyait également la formation de responsables désignés et une campagne de sensibilisation du public.

• Paraguay (2014-2016) : La loi sur l’accès à l’information publique a défini des normes et des mécanismes d’accès à l’information publique, des délais de réponse et des sanctions en cas de non-respect.
• États-Unis (2015-2017) : Le gouvernement américain a amélioré l’efficience et l’efficacité du Freedom of Information Act.
• Bulgarie (2014-2016) : Le gouvernement bulgare a modifié sa loi actuelle sur le droit à l’information afin d’accroître son ouverture et son efficacité. Il en a également renforcé la coordination et l’application.

RESSOURCES

Un certain nombre d’organisations ont publié des déclarations concernant le droit à l’information dans le contexte de la pandémie, notamment :

• La Commission interaméricaine des droits de l’homme, 10 avril 2020
• La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 24 mars 2020
• La Conférence internationale des commissaires à l’information, 14 avril 2020
• Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, 19 mars 2020

• Consultez la fiche d’information du PGO sur le droit à l’information.
• De plus, RTI-Rating.org a suivi et répertorié toutes les modifications publiques des lois de droit à l’information, que ce soit par voie législative ou par décret.
• Aux États-Unis, la National Freedom of Information Coalition a centralisé les meilleures pratiques en matière de droit à l’information et de liberté de la presse des journalistes et des organisations à but non lucratif pendant la crise de la Covid-19.
• Article 19 propose un rapport contenant des recommandations sur la lutte contre les inégalités de genre par l’accès à l’information.

PARTENAIRES POUVANT APPORTER UN SOUTIEN ET DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

• Centre for Law and Democracy
• Access Info Europe
• African Freedom of Information Centre

Merci à nos partenaires d’Access Info Europe, du Centre for Law and Democracy et de l’International School for Transparency pour les recommandations et la révision de ce module.