Recomendaciones | Ejemplos | Recursos | Socios | Introducción

En tiempos de crisis, es fácil reducir la prioridad a los esfuerzos de inclusión. Sin embargo, asegurar que las reformas de gobierno abierto en el contexto de la pandemia sean incluyentes es clave para asegurar que los esfuerzos de respuesta y recuperación sean efectivos. Lo anterior debido a que las mujeres, miembros de la comunidad LGBTQIA+, personas que viven con discapacidades y las minorías sufren de forma desproporcionada los impactos económicos y los efectos en la salud. La perspectiva de inclusión implica reconocer, medir y planear los impactos que las políticas pueden tener en diferentes comunidades, tomando en cuenta criterios como género, sexo, raza, etnicidad, discapacidades y edad. Además, los esfuerzos de gobierno con neutralidad de género que no reconocen de forma específica las necesidades de las mujeres, hombres, personas transgénero, no binarios y personas de género no conforme no darán resultados equitativos para los ciudadanos. La perspectiva de género indica qué grupos son más impactados por las pandemias y el tipo de políticas y programas que pueden ayudarles a enfrentarla y a su reconstrucción durante estos tiempos extraordinarios.

Además, la pandemia ha descubierto aun más las grandes desigualdades que desde tiempo atrás han existido en los servicios sociales, programas de gobierno, acceso a recursos digitales, así como las necesidades de colecta de datos y de transparencia. Los esfuerzos de recuperación incluyentes pueden ayudar a los gobiernos a reconstruir instituciones mejores y atender las barreras sistemáticas para la equidad a través de la implementación de políticas y prácticas abiertas.

A enero de 2020, los miembros de OGP habían establecido 127 compromisos con perspectivas de género y de inclusión. Estos compromisos abarcan una variedad de temas, por ejemplo intervenciones dirigidas a reducir la violencia de género, esfuerzos de análisis holísticos, iniciativas diseñadas para incrementar el acceso a fondos públicos para las empresas operadas por mujeres y diseminar información sobre clínicas de salud y solicitar retroalimentación sobre la calidad del servicio recibido.

RECOMENDACIONES

Es importante que los gobiernos, la sociedad civil y la comunidad académica y científica comprendan la complejidad del impacto del COVID-19 desde una perspectiva de género para asegurar que se desplieguen las políticas y recursos adecuados.

Respuesta abierta: 

Las medidas de respuesta abierta sitúan a la transparencia, la rendición de cuentas y la participación en el centro de los esfuerzos inmediatos de gobierno dirigidos a frenar los contagios y ofrecer asistencia durante la emergencia.

• Llevar a cabo análisis de género de las políticas de respuesta a COVID-19: “La desigualdad de género exacerban los brotes y las respuestas que no incorporan género exacerban las desigualdades,” declaró CARE Internacional. Los análisis de género deben informar disposiciones presupuestarias, beneficios y suplementos gubernamentales, toma de decisiones de las adquisiciones de gobierno, intercambio de información y pagos y servicios asociados a la emergencia.
• Colectar y publicar datos demográficos interseccionales a nivel nacional y estatal para contribuir al diseño de políticas de respuesta, asegurándose de mantener la privacidad y seguridad de los datos personales. Los datos de COVID deberán ser interseccionales y desagregados por género, por ejemplo las personas a quienes se aplican pruebas, quiénes tienen resultados positivos, quiénes se recuperan y quiénes fallecen. En los casos en los que dichos datos ya se están colectando, los gobiernos han identificado diferencias significativas en el acceso a tratamiento médico entre grupos de género, edad, capacidad, raza y etnia. Por ejemplo, los datos de Estados Unidos y el Reino Unido muestran que ciertos grupos raciales, étnicos, indígenas y comunidades con discapacidades tienen mayores tasas de infección y mortalidad debido a que tienen una mayor probabilidad de tener menor acceso a servicios de salud. Además del sector salud, es necesario realizar inversiones robustas para la colecta de datos desagregados con el fin de orientar las políticas económicas, educativas y sociales, así como los esfuerzos de recuperación. Con estos datos, los gobiernos y la sociedad civil pueden trabajar en conjunto para atender las necesidades de la comunidad y los vacíos en la provisión de servicios.
• Incluir a las mujeres y a las poblaciones vulnerables en el liderazgo frente a COVID y la creación e implementación de políticas: A nivel global, las mujeres representan el 70% de los trabajadores de salud, pero solamente ocupan el 30% de las posiciones de liderazgo, 25% de los parlamentarios y el 20% de los cargos a nivel de ministro. Además, las mujeres y minorías representan la mayoría del personal de primeros auxilios y los trabajadores de primera línea (por ejemplo, empleados de supermercados). Además de los adultos mayores, estas personas tienen una mayor probabilidad de sufrir interrupciones a los servicios y apoyos durante la pandemia. De forma colectiva, su liderazgo y participación es fundamental para diseñar estrategias de respuesta efectivas y confiables.
• Conservar las leyes sobre derechos equitativos, transparencia y rendición de cuentas. La pandemia y la crisis económica que la acompaña ha generado oportunidades para que los gobiernos retiren algunas protecciones y regulaciones cívicas. Por ejemplo, el Reino Unido suspendió el requisito de publicación de brechas salariales de género, argumentando que representaba una carga adicional durante estos tiempos extraordinarios. Sin embargo, si los gobiernos no logran cerrar las brechas salariales de género, entonces se exacerbará el efecto de la crisis económica en las mujeres y sus familias. En Hungría, el gobierno propuso reducir el derecho de las personas transgénero a marcadores de género autodefinidos como parte de la legislación asociada a la emergencia.
• Incrementar la protección y los recursos para atender la violencia de género. Los hogares no siempre son espacios seguros para las personas que se encuentran bajo confinamiento y las tasas de violencia doméstica han aumentado durante la pandemia. El UNFPA estima que podemos esperar 31 millones de casos adicionales de violencia de género si el confinamiento se mantiene durante al menos 6 meses y podría crecer en 15 millones de casos adicionales por cada 3 meses que se añadan.
  • Las comunidades vulnerables requieren de un mayor acceso a una serie de servicios para su seguridad, incluyendo organizaciones comunitarias, servicios de salud física y mental, accesibilidad y servicios de justicia criminal como aplicación de la ley y la incidencia judicial.
  • En coordinación con organizaciones de mujeres y de miembros de la comunidad LGBTQIA+, los gobiernos deben incrementar los fondos y el acceso a servicios de crisis, por ejemplo líneas telefónicas y servicios de mensajería de texto y otros recursos innovadores que ofrezcan apoyo a los sobrevivientes durante la pandemia y tras ella.
  • Además, los gobiernos pueden revisar sus marcos legales y leyes de prevención de la violencia y la discriminación para atender y prevenir las brechas de justicia de género que ha descubierto la pandemia.
• Dirigir recursos e información para abordar los impactos sociales y de género. En estos tiempos, muchas mujeres están llevando la mayor parte de la carga del cuidado de los hijos, los adultos mayores y los hogares. Además, es más probable que sean afectadas por desempleo, reducción de horas laborales o cierres de la economía informal. Las mujeres están sufriendo la reducción de los servicios de salud materna y reproductiva. Según las proyecciones de UNFPA, 47 millones de mujeres podrían perder acceso a anticonceptivos, llevando a 7 millones de embarazos no planeados en los próximos meses. En el diseño de políticas de respuesta, estas necesidades económicas, sociales y de salud deben tomarse en cuenta a través de consultas, con transparencia y rendición de cuentas para monitorear la implementación y el impacto de las mismas.
• Aumentar los servicios y recursos en colaboración con las comunidades impactadas. Los beneficiarios de los servicios y fondos de gobierno pueden ayudar a evaluar la efectividad de las estrategias de respuesta. Lo anterior es de especial importancia para las personas que viven con discapacidades que están sufriendo restricciones en los servicios de salud, asistencia, transporte y educación y que sufren de manera desproporcionada la falta de accesibilidad a información sobre prevención y a asistencia de gobierno. Los gobiernos deben apoyar la “continuidad de los servicios de salud y sociales incluyentes, incluyendo la rehabilitación tecnología auxiliar y la asistencia personal” y diseñar e implementar estrategias de respuesta en colaboración con las comunidades afectadas. El gobierno debe publicar información sobre COVID-19 a través de una serie de formatos accesibles y legibles por máquina y utilizar tecnologías accesibles. Para mayor información, consulta la sección de datos abiertos de esta guía.

Recuperación y reformas abiertas

 Las medidas de recuperación abierta sitúan a la transparencia, la rendición de cuentas y la participación en el centro de los esfuerzos de mediano plazo reconstruir las sociedades tras la pandemia de COVID-19. Asimismo, las iniciativas de reformas abiertas se aseguran que el público esté en el centro del gobierno en el mundo post-pandemia.  

La recuperación abierta requerirá del seguimiento a las reformas mencionadas aquí: análisis de género, datos incluyentes, toma representativa de decisiones y servicios para las personas afectadas por la violencia de género.

Otras consideraciones son:

• Diseñar respuestas de recuperación para los más afectados  a través de procesos de consulta y análisis de datos desagregados por género. Por ejemplo, existen desigualdades significativas como el caso de las personas que no tienen acceso a cuentas bancarias o empleos de la economía formal, quienes no pueden recibir servicios de protección, fondos de recuperación, seguros o apoyo de seguridad social. Los gobiernos deben asegurar que los créditos para las pequeñas empresas y los criterios de adquisiciones tomen en cuenta las desigualdades históricas y asignen una proporción de los fondos a las empresas  propiedad de mujeres y minorías, las cuales surgirán de forma desproporcionada los impactos de la crisis resultante de la pandemia. Será necesario aplicar consultas frecuentes y mecanismos de monitoreo para asegurar que las reformas sean efectivas y que exista supervisión por parte de diversos actores durante la recuperación.
• Asegurar que los esfuerzos de participación ciudadana sean incluyentes. El uso de plataformas digitales por parte de los gobiernos y la sociedad civil para la participación, retroalimentación y cocreación es una solución natural durante los tiempos de distanciamiento social. Sin embargo, en muchos países existe una brecha digital importante, por lo que algunas comunidades no tendrán acceso a los espacios de participación digital, especialmente las mujeres, personas indígenas, comunidades rurales y de bajos ingresos, personas con discapacidades visuales o auditivas. Es importante comprender las limitaciones que implica la toma virtual de decisiones y considerar diseñar formas de comunicación específicas para actores clave, académicos y grupos de la sociedad civil que tengan acceso limitado.
• Abordar la violencia y el acoso de género en línea. El acoso virtual y las amenazas puede impedir que las mujeres, las personas de la comunidad LGBTQIA+ y otras comunidades marginadas o vulnerables participen en foros virtuales. Estas amenazas podrían incluso reflejarse en violencia en espacios físicos. El gobierno y la sociedad civil deben trabajar para evaluar las amenazas, crear códigos de conducta y procedimientos de atención a las transgresiones, diseñar políticas de escalada e implementar reformas de justicia según sea necesario.

EJEMPLOS

Los siguientes son ejemplos de iniciativas presentadas recientemente como respuesta a la pandemia de COVID-19 que identificamos gracias a la comunidad y a partir de materiales de nuestros socios. 

• México: La Universidad Nacional Autónoma de México creó un portal en el que publica datos, información y recomendaciones sobre género y la crisis global de salud.
• Croacia: El ministro del interior de Croacia está trabajando con la sociedad civil en la campaña “a puertas cerradas” que busca aumentar la denuncia de los casos de violencia doméstica en tiempos de distanciamiento social.
• Francia: Una organización de tecnología cívica creó un sitio web para vincular a los trabajadores de la salud con servicios de atención infantil y compra de provisiones mientras trabajan.
• El Gobierno de Francia cubrirá los costos de 20 000 cuartos de hotel a las víctimas de violencia doméstica y creará centros de orientación en tiendas para que las mujeres puedan pedir ayuda mientras hacen diligencias.
• Argentina: Un grupo de organizaciones legales y universidades crearon un sitio web que ofrece servicios legales en el contexto de la pandemia a grupos vulnerables, incluyendo información sobre derechos reproductivos.
• Reino Unidos: Global Health 5050 compiló una base de datos de COVID-19 que incluye datos a nivel de país sobre casos, muertes, hospitalizaciones y casos en trabajadores de la salud desagregados por género y edad.
• Hawai, Estados Unidos: La Comisión sobre el Estado de las Mujeres creó un Plan Feminista de Recuperación Económica frente a COVID-19 en coordinación con actores para la reconstruicción tras la crisis con políticas que aborden las desigualdades de género históricas.
• Nepal: La organización Humanity & Inclusion está diseñando mensajes de prevención sobre COVID-19 para personas con discapacidades.
• Internacional: La Alianza Internacional de Discapacidad presentó el Monitoreo COVID-19 de los Derechos de las Personas con Discapacidad a través del cual los gobiernos, organizaciones y personas con discapacidades pueden responder una encuesta para identificar los problemas que las personas con discapacidades están enfrentando durante la pandemia. El sitio web muestra los resultados de la encuesta.

Los siguientes ejemplos son compromisos establecidos previamente por miembros de OGP que demuestran los elementos de las recomendaciones planteadas aquí.

• Afganistán (2017-2019) se comprometió a crear políticas de protección para las mujeres en situaciones de conflicto y emergencia.
• Buenos Aires (2016-2017) creó la plataforma en línea #DÓNDE en la que publica la ubicación de las clínicas de salud y los servicios que éstas ofrecen para cerrar la brecha de los servicios de salud reproductiva.
• Canadá (2018-2020) se comprometió a aplicar un análisis de género en todas las consultas de gobierno y a incrementar el acceso a datos desagregados por género.
• Colombia (2015-2017) creó una plataforma interactiva y un centro de atención telefónica para asegurar que los ciudadanos con debilidad visual y auditiva tengan acceso a información.
• Dinamarca (2012-2014) orientó a las autoridades para asegurar que las personas con discapacidades tengan acceso a servicios y contenido digital.
• Ecuador (2019-2021) se comprometió a crear un plan nacional para la erradicación de la violencia de género.
• Georgia (2018-2020) se comprometió a incrementar la participación política y social de las personas que viven con discapacidades en los municipios de Akhaltsikhe y Kutaisi municipalities.
• Jordania (2016-2018) incrementó los recursos disponibles a las personas que viven con discapacidades en el marco del sistema de justicia.
• Kenia (2018-2020) se comprometió a implementar criterios de contratación abierta y aplicó el requisito de asignar el 30% de los contratos a empresas lideradas por mujeres, jóvenes y comunidades marginadas.
• Nigeria (2019-2021) se comprometió a incrementar la participación de las mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidades y grupos marginados en el gobierno.
• Macedonia del Norte (2018-2020) se comprometió a llevar a cabo una evaluación del presupuesto del ministerio de salud del 2021 bajo el liderazgo de la Asociación para la Emancipación, Solidaridad y Equidad de las Mujeres.
• Sri Lanka (2019-2021) se comprometió a implementar la ley de discapacidades de acuerdo con la Convención Internacional de Personas con Discapacidad.
• Uruguay (2018-2020) se comprometió a colaborar con personas con discapacidades en el monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Acceso a Justicia y Protección Legal de las Personas con Discapacidades.

RECURSOS

Análisis de Género: Women Deliver presentó una explicación sobre la necesidad de aplicar la perspectiva de género durante la pandemia. CARE creó una herramienta rápida de análisis de género para orientar a los tomadores de decisiones en temas como la identificación de poblaciones afectadas por el COVID-19, diseño de recursos para atender la carga desproporcionada que sufren las mujeres en el campo de la salud y los cuidados del hogar y la familia y el aumento a la violencia de género. La herramienta GBA+ desarrollada por Canadá es un recurso valioso.

Datos desagregados: El centro de datos de ONU Mujeres y el centro de recursos de Data2X incluyen resúmenes sobre la colecta de datos sobre coronavirus desagregados por género. Global Health 5050 está publicando datos sobre COVID a nivel de país desagregados por género. Para consultar datos en áreas temáticas relevantes como salud, violencia de género y economía, consulta el Índice de Género de ODS Equal Measures. Próximamente se publicarán datos sobre las personas con discapacidades en el Monitoreo COVID-19 de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Violencia de género: En este enlace puedes encontrar recomendaciones sobre medidas de protección contra la violencia de género de varios actores y en éste y éste las de ONU Mujeres, el Centro para el Desarrollo Global y UNFPA.

Protección social y respuesta económica: El Centro para el Desarrollo Global ofrece estrategias para fortalecer las prestaciones sociales incorporando la perspectiva de género. El Banco Mundial ofrece recomendaciones para la respuesta económica y la recuperación con perspectiva de género.

Servicios incluyentes y accesibilidad: UNICEF recomienda intervenciones para la respuesta y la recuperación para niños y adultos con discapacidades. Las recomendaciones de Humanity & Inclusion incluyen ejemplos a nivel de país y orientación global. Finalmente, la guía de inclusión de la Alianza Internacional de Discapacidad está disponibles en 8 idiomas.

SOCIOS QUE PUEDEN OFRECER APOYO U MAYOR INFORMACIÓN

• Equal Measures 2030
• Hivos
• Internacional de Datos Abiertos
• The B Team
• Centro para el Desarrollo Global
• Women Deliver

Agradecemos a nuestros socios de Open Data Charter, the B Team, el Centro para el Desarrollo Global, Equal Measures 2030 y Heroínas Abiertas por compartir sus recomendaciones y por revisar este módulo. 

Recommandations | Exemples | Ressources | Partenaires | Introduction

(Updated 5/4/2020)

En cas d’urgence, il est facile de faire échouer les efforts d’inclusion. Cependant, il est essentiel d’apporter une optique d’inclusion aux réformes de gouvernement ouvert en matière de COVID-19 pour garantir une réponse efficace du gouvernement et des efforts de relance. Cela est particulièrement important, car les femmes, les personnes LGBTQIA +, les personnes handicapées et les communautés minoritaires sont touchées de manière disproportionnée par de nombreuses difficultés sanitaires et économiques. Observer une optique d’inclusion implique de reconnaître, de mesurer et de planifier les impacts des politiques sur des communautés spécifiques, en examinant des marqueurs tels que le genre, le sexe, la race, l’ethnicité, le handicap et l’âge. En outre, les efforts de réponse non genrés du gouvernement qui ne reconnaissent pas les besoins uniques des femmes, des hommes, des personnes transgenres, non binaires et dont le genre est non conforme ne parviendront pas à produire des résultats équitables pour les citoyens. Observer une optique d’inclusion nous indique qui est le plus touché par la pandémie et quels types de politiques et de programmes peuvent les aider à y faire face et à se reconstruire en ces temps difficiles.

De plus, cette épidémie continue de révéler une multitude d’inégalités de longue date dans les services sociaux, les programmes gouvernementaux, l’accès aux ressources numériques, ainsi que des besoins spécifiques de collecte de données et de transparence. Des efforts de récupération plus inclusifs ont la possibilité d’aider les gouvernements à reconstruire de meilleures institutions et à surmonter les obstacles systémiques à l’égalité en améliorant les politiques et pratiques ouvertes.

En janvier 2020, les gouvernements du PGO avaient pris 127 engagements qui incluent des perspectives de genre et d’inclusion. Les engagements vont d’interventions visant à réduire la violence basée sur le genre en travaillant à l’échelle du gouvernement pour recueillir et analyser les données de manière holistique, à des initiatives spécifiques visant à accroître l’accès des entreprises appartenant à des femmes aux offres de marchés publics, à accroître les connaissances des citoyens sur les cliniques de soins de santé et à solliciter une rétroaction sur la qualité des soins reçus.

RECOMMANDATIONS

Les gouvernements, la société civile et les communautés universitaires et scientifiques doivent comprendre la complexité de l’impact de la COVID-19 du point de vue du genre et de l’inclusion pour garantir des réponses politiques et des ressources appropriées.

Réponse ouverte :

Les mesures de réponse ouverte placent la transparence, la responsabilité et la participation au centre des efforts immédiats du gouvernement pour limiter la contagion et fournir une aide d’urgence.

• Mener une analyse comparative entre les sexes des réponses politiques à la COVID-19 : « Les inégalités entre les sexes exacerbent les épidémies et les réponses qui n’intègrent pas d’analyse comparative entre les sexes exacerbent les inégalités », déclare CARE International. Une analyse comparative entre les sexes continue devrait éclairer les dispositions budgétaires, les avantages et ajouts gouvernementaux, la prise de décision en matière de passation des marchés, le partage d’informations et les paiements et services d’urgence.
• Recueillir et publier des données démographiques intersectionnelles aux niveaux national et étatique pour éclairer les réponses aux politiques de récupération, en gardant à l’esprit la confidentialité et la sécurité quant aux données personnelles. Les données spécifiques à la COVID doivent être systématiquement intersectionnelles et ventilées selon le sexe pour les catégories telles que les personnes testées et celles qui ont été testées positives, qui ont récupéré et celles qui sont décédées. Là où de telles données sont actuellement recueillies, les gouvernements constatent des différences importantes de sexe, d’âge, de capacité, de race et d’origine ethnique dans l’accès aux soins de santé et aux traitements. Par exemple, les données des États-Unis et du Royaume-Uni montrent que certaines communautés raciales, ethniques, autochtones et de personnes handicapées ont des taux d’infection et de mortalité plus élevés en raison de la probabilité accrue de conditions sous-jacentes et des inégalités sociales historiques qui réduisent leur accès aux soins. Au-delà de la santé, des investissements solides dans des données ventilées sont nécessaires pour guider les efforts de réponse et de récupération des politiques économiques, éducatives et sociales. Avec ces données, les gouvernements et la société civile peuvent mieux travailler ensemble pour répondre aux besoins spécifiques de la communauté et combler les lacunes dans les services.
• Inclure les femmes et les populations vulnérables dans la direction, la création et la mise en œuvre de politiques liées à la COVID : à l’échelle mondiale, les femmes représentent 70% des travailleurs de la santé, mais seulement 30% occupent des postes de direction, 25% sont des parlementaires et 20% occupent des postes ministériels. De plus, les premiers intervenants et les travailleurs de première ligne, comme les commis d’épicerie, les nettoyeurs et les personnes soignantes, sont de façon disproportionnée des femmes et ceux qui s’identifient à une population minoritaire. Ces communautés, ainsi que les personnes handicapées et les aînés, sont également les plus susceptibles de connaître des perturbations dans les services et le soutien aux soins au cours de la pandémie. Collectivement, leur leadership et leur participation sont essentiels à l’élaboration de stratégies de réponse efficaces et responsables.
• Préserver la loi sur l’égalité, la transparence et la responsabilité : La pandémie et la crise économique qui y est associée ont créé des opportunités pour les gouvernements de faire reculer les protections civiles et les réglementations. Par exemple, le Royaume-Uni a suspendu la déclaration obligatoire des écarts de rémunération entre hommes et femmes, invoquant un fardeau injuste en ces temps extraordinaires. Cependant, l’incapacité d’un gouvernement à comprendre et à combler l’écart de rémunération entre les sexes ne fera qu’exacerber les effets économiques de la crise sur les femmes et leurs familles. Par ailleurs, en Hongrie, le gouvernement a proposé de réduire le droit des personnes transgenres à des marqueurs de genre auto-déterminés dans le cadre de la loi omnibus d’urgence.
• Augmenter les protections et les ressources allouées à la violence fondée sur le genre : Le domicile n’est pas toujours un endroit sûr où les gens peuvent se réfugier, et les taux de violence familiale et entre partenaires intimes augmentent pendant le coronavirus. Le FNUAP estime que 31 millions de cas supplémentaires de violence fondée sur le genre pourraient survenir si le confinement se poursuit pendant au moins 6 mois, augmentant de 15 millions de cas à chaque trois mois supplémentaires.
  • Les communautés vulnérables ont besoin d’un accès accru à une gamme complète de services qui contribuent à la sécurité, y compris les organisations communautaires, les services de santé mentale et physique, l’accessibilité et les services de justice pénale comme l’application de la loi et l’activisme judiciaire.
  • En partenariat avec les organisations féminines et LGBTQIA +, les gouvernements devraient augmenter le financement et l’accès aux services de crise tels que les lignes téléphoniques et textuelles et les ressources communautaires innovantes qui fournissent un soutien continu aux survivantes pendant et suite à la pandémie.
  • Les gouvernements peuvent également envisager de réviser les cadres juridiques et les lois prévenant la violence et la discrimination afin de combler et de prévenir les lacunes de la justice genrée révélées par le coronavirus.
• Cibler les ressources et les informations pour faire face aux impacts sociaux et sexospécifiques : En ce moment, de nombreuses femmes sont confrontées à des fardeaux disproportionnés de services de garde d’enfants et d’enseignement à domicile, de soins aux aînés et de soins à domicile. De plus, elles sont plus susceptibles d’être touchées par des pertes d’emplois, des horaires réduits ou des bouclages de l’économie informelle. Les femmes tentent également de réduire l’accès aux services de santé maternelle et reproductive, ce qui, selon les projections du FNUAP, pourrait entraîner la perte de l’accès à la contraception pour 47 millions de femmes, entraînant 7 millions de grossesses non désirées dans les mois à venir. Au fur et à mesure que les politiques de réponse sont créées, ces besoins économiques, sanitaires et sociaux spécifiques devraient être pris en compte avec des mesures de consultation, de transparence et de responsabilité intégrées pour surveiller la mise en œuvre et l’impact.
• Augmenter les services et les ressources accessibles en collaboration avec les communautés touchées : Les personnes qui ont accès à des services et des financements gouvernementaux spécifiques peuvent fournir des informations essentielles sur les besoins et l’efficacité des stratégies de réponse. Ceci est particulièrement le cas pour les personnes handicapées, qui sont confrontées à une réduction des services essentiels à domicile et de soins de santé, des transports et de l’accès à l’éducation, et sont touchées de manière disproportionnée par des informations inaccessibles sur la prévention et l’aide gouvernementale. Les gouvernements devraient soutenir la « continuité des services de santé et sociaux inclusifs utilisés par les personnes handicapées, y compris la réadaptation, les technologies d’assistance et l’assistance personnelle », et concevoir et mettre en œuvre des stratégies d’intervention en partenariat avec les communautés touchées. Les informations sur la COVID-19 devraient être partagées à travers une variété de formats accessibles et lisibles par machine et utiliser des technologies accessibles. Lisez la section des données ouvertes de ce guide pour de plus amples informations.

Récupération et réforme ouvertes :

Les mesures de récupération ouvertes placent la transparence, la responsabilité et la participation au centre des efforts de reconstruction du gouvernement à moyen terme suite à la COVID-19. De même, des initiatives de réforme ouvertes garantissent que le public est au cœur du gouvernement durant la période post-pandémique.

Une récupération ouverte nécessitera la poursuite des réformes ci-dessus: analyse de genre, données inclusives, prise de décision représentative et services spécifiques pour les personnes touchées par la violence fondée sur le genre. Les considérations supplémentaires incluent :

• Concevoir des réponses de récupération pour les personnes les plus touchées via une consultation et une analyse de données inclusives et ventilées selon le genre. Par exemple, les inégalités peuvent empêcher les personnes sans compte bancaire ou sans emploi dans le secteur de l’économie formelle de recevoir des services de protection sociale, des fonds de relance, des assurances ou de la sécurité sociale. Les gouvernements devraient veiller à ce que les prêts aux petites entreprises et les critères d’achat tiennent compte des inégalités historiques et soient affectés à certains fonds aux femmes et aux entreprises appartenant à des minorités, qui ont été touchées de manière disproportionnée par la crise économique liée à la pandémie. Des consultations et un suivi continus sont également nécessaires pour garantir des réformes efficaces et une surveillance responsable de la part des diverses parties prenantes lors de la récupération.

• Rendre l’engagement citoyen numérique inclusif: L’utilisation par le gouvernement et la société civile des plateformes numériques pour l’engagement civique, le retour d’information et la co-création est une solution qui va de soi en cette période de distanciation sociale. Cependant, le fossé numérique peut empêcher certaines communautés de participer en ligne, en particulier les femmes, les communautés autochtones, rurales et à faible revenu, ainsi que les personnes handicapées ayant des restrictions visuelles ou auditives. Comprenez les limites de la délibération en ligne dans votre communauté et envisagez une ouverture spécifique avec les principales parties prenantes, le monde universitaire et les groupes de la société civile dont l’accès est limité.

• Lutter contre le harcèlement et la violence fondés sur le genre en ligne : Le harcèlement virtuel, l’intimidation et les menaces de violence peuvent empêcher les femmes, les communautés et les personnes LGBTQIA + ainsi que les communautés marginalisées ou vulnérables de participer aux forums en ligne. Ces menaces peuvent également se traduire par de la violence hors ligne. Les partenaires du gouvernement et de la société civile devraient travailler ensemble pour évaluer les menaces potentielles, créer des codes de conduite et des procédures en cas de violation, désigner des politiques d’escalade et mettre en œuvre des réformes judiciaires selon les besoins.

EXEMPLES

Les exemples suivants sont des initiatives récentes en réponse à la pandémie de COVID-19 et sont tirés de notre liste d’externalisation ainsi que des documents de nos partenaires.

• Mexique : L’Université nationale autonome du Mexique a créé un portail en ligne pour héberger des données, des informations et des recommandations relatives au genre et à la crise sanitaire mondiale.
• Croatie : Le ministère croate de l’Intérieur collabore avec la société civile à la campagne « Behind Closed Doors », qui vise à accroître le signalement des cas de violence familiale lors de la distanciation sociale.
• France : Une organisation de technologie civique a créé un site Web pour connecter les travailleurs de la santé à un réseau d’entraide de garde d’enfants et de services d’épicerie alors qu’ils sont au travail.
• Le gouvernement français paiera 20 000 nuits d’hôtel pour les victimes de violence familiale et créera des centres de consultation de type pop-up dans les magasins afin que les femmes puissent chercher de l’aide pendant qu’elles font des courses.
• Argentine : Plusieurs organisations juridiques et universités ont créé un site Web qui fournit des ressources juridiques dans le contexte de la pandémie aux groupes vulnérables, y compris des informations sur les droits légaux liés à la procréation.
• Royaume-Uni : Global Health 5050 a compilé un outil de suivi des données ventilées par sexe en matière de COVID-19 qui comprend des données au niveau des pays concernant les cas, les décès, les hospitalisations et les cas parmi les travailleurs de la santé ventilés par âge et par sexe.
• Hawaii, États-Unis : La Commission de la condition de la femme de l’État a créé un plan de relance économique féministe pour la COVID-19 en collaboration avec les communautés de parties prenantes afin de reconstruire suite à la crise avec des politiques qui luttent contre les inégalités de genre de longue date.
• Népal : L’ONG Humanity & Inclusion rend les messages de prévention à la COVID-19 accessibles aux personnes handicapées.
• International : L’Alliance internationale pour les personnes en situation de handicap a lancé un Contrôleur des droits des personnes handicapées en lien à la COVID-19, à travers lequel les gouvernements, les organisations et les personnes handicapées sont invités à répondre à une enquête pour mettre en évidence les problèmes auxquels les personnes handicapées sont confrontées au cours de la pandémie. Le nouveau site Web affiche également les résultats de l’enquête.

Les exemples suivants sont des engagements précédemment pris par des membres du PGO démontrant des éléments des recommandations formulées ci-dessus.

• Afghanistan (2017-2019) : S’est engagé à créer une politique de protection des femmes dans les situations de conflit et d’urgence.
• Buenos Aires (2016-2017) : A créé la plateforme en ligne #DÓNDE qui répertorie les emplacements et les services des cliniques de santé afin de combler l’écart dans l’accès aux services de santé génésique.
• Canada (2018-2020) : S’est engagé à appliquer une Analyse comparative entre les sexes+ à tous les engagements et consultations publics du gouvernement et accroître l’accès aux données d’inclusion et ventilées par sexe.
• Colombie (2015-2017) : A créé une plateforme Web interactive et un centre d’appels pour garantir l’accès à l’information aux citoyens aveugles et sourds.
• Danemark (2012-2014) : A fourni des conseils aux autorités publiques pour garantir que le contenu et les services numériques soient accessibles aux personnes handicapées.
• Équateur (2019-2021) : S’est engagé à co-créer un plan national pour éradiquer la violence fondée sur le genre.
• Géorgie (2018-2020) : S’est engagée à accroître la participation politique et sociale des personnes handicapées dans les municipalités d’Akhaltsikhe et de Kutaisi.
• Jordanie (2016-2018) : A renforcé les ressources disponibles pour les personnes handicapées dans le système judiciaire.
• Kenya (2018-2020) : S’est engagé à mettre en œuvre un processus ouvert d’octroi de contrats, exigeant que 30% de tous les contrats soient attribués à des entreprises dirigées par des femmes, des jeunes et des communautés marginalisées.
• Nigéria (2019-2021) : S’est engagé à accroître la participation des femmes, des jeunes, des aînés, des personnes handicapées et des groupes marginalisés dans l’ensemble du gouvernement.
• Macédoine du Nord (2018-2020) : S’est engagée à mener une évaluation budgétaire pour le budget du ministère de la Santé 2021, dirigée par l’Association pour l’émancipation, la solidarité et l’égalité des femmes.
• Sri Lanka (2019-2021) : S’est engagé à mettre en œuvre un projet de loi sur les droits des personnes handicapées conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.
• Uruguay (2018-2020) : S’est engagé à impliquer les personnes handicapées dans le suivi et l’évaluation du Plan national d’accès à la justice et à la protection juridique pour les personnes handicapées.

RESSOURCES

Analyse comparative entre les sexes : Women Deliver fournit un aperçu de la nécessité d’appliquer une optique de genre aux politiques au cours de la pandémie. CARE a créé un outil d’analyse entre les sexes rapide en lien avec le coronavirus pour guider les décideurs politiques à travers des besoins tels que l’identification des populations les plus affectées par la COVID-19, l’adaptation des ressources pour soutenir le nombre disproportionné de femmes dans le domaine des soins de santé, les charges domestiques et de soins énormes, et une augmentation de la violence fondée sur le genre. L’outil ACS + du Canada est également une ressource précieuse.

Données non regroupées : Le centre de données d’ONU Femmes et le centre de ressources de Data2X comprennent des explications sur la collecte de données ventilées par sexe en lien avec le coronavirus. Global Health 5050 publie ici des données actualisées liées à la COVID, ventilées par sexe, au niveau national. Pour des données sur des domaines thématiques pertinents tels que la santé, la violence fondée sur le genre et l’économie, voir l’indice du genre dans les ODD d’Equal Measures 2030. Les données à venir sur les personnes handicapées seront fournies via le Contrôleur des droits des personnes handicapées en lien à la COVID-19.

Violence fondée sur le genre : Des recommandations utiles sur les mesures de lutte contre la violence fondée sur le genre et de protection contre celle-ci sont disponibles ici basées sur une collection d’auteurs mondiaux, ONU Femmes ici et ici, le Centre pour le développement mondial et le FNUAP.

Protection sociale et réponse économique : Le Centre pour le développement mondial fournit des stratégies de renforcement des protections sociales sensibles au genre. La Banque mondiale propose des recommandations sensibles au genre quant à la réponse économique et la récupération.

Services inclusifs et accessibilité : L’UNICEF recommande des interventions de réponse et de récupération clés pour les adultes et les enfants handicapés. Les recommandations d’Humanité & Inclusion comprennent des exemples de pays et des orientations mondiales. Enfin, les conseils complets en matière d’inclusivité de l’Alliance internationale pour les personnes en situation de handicap sont disponibles en 8 langues.

PARTENAIRES POUVANT APPORTER UN SOUTIEN ET DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

• Equal Measures 2030
• Hivos
• Charte sur les données ouvertes
• The B Team
• Centre pour le développement mondial
• Women Deliver

Merci à nos partenaires, la Charte sur les données ouvertes, The B Team, le Centre pour le développement mondial, Equal Measures 2030 et Open Heroines pour le partage des recommandations et la révision de ce module.