Fight Against Corruption and Impunity (HN0037)

Altos índices de corrupción en el país. Bajos niveles de confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Descoordinación en la actuación de las instituciones que tienen entre sus funciones contribuir en la
lucha contra la corrupción. Alta impunidad frente a delitos de corrupción.

Aumentar la confianza ciudadana y el control de la corrupción mediante la definición de políticas y
estrategias que permitan reducir la impunidad, la armonización de instrumentos normativos y
coordinación de acciones de las diferentes instituciones públicas con responsabilidad en la materia.

5. Lucha contra la corrupción y la impunidad

Texto del compromiso:

Se han acordado y ejecutado lineamientos que permiten resultados medibles en la lucha contra la corrupción y la impunidad mediante:

1.     La formulación y aprobación, a diciembre del 2014, de una Política Integral de Transparencia. Probidad y Ética de Honduras (PITPEH) por el Poder Ejecutivo y demás instituciones vinculadas.

2.     La presentación, a junio del 2015, de un proyecto al Congreso Nacional para otorgar rango de Ley a la PITPEH.

3.     La publicación, a partir de diciembre del 2014, de informes semestrales del MP sobre los avances en la totalidad de los casos de corrupción que han judicializado, con especial énfasis en aquellos denunciados por la ciudadanía.

4.     La publicación, a junio del 2016, de un informe de veeduría ciudadana sobre la implementación y el logro de objetivos de la PITEPH.

Institución responsable: TSC-IAIP-Ministerio Público (MP)-DPTMRE.

Instituciones de apoyo: instituciones de gobierno – Procuraduría General de la República (PGR), CONADEH, Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Organizaciones de la sociedad civil – Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Comisiones Ciudadanas de Transparencia (CCT) y Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC).

Fecha de inicio:          junio de 2014.                                                 Fecha de cierre: junio de 2016.

Objetivo del compromiso

La formulación de este compromiso responde a los altos índices de corrupción y a la alta impunidad en Honduras, sumados a la falta de coordinación en la actuación de las instituciones fiscalizadoras y de justicia que han tenido serios efectos sobre la economía, seguridad y desarrollo en el país^{[Note 52: http://www.elheraldo.hn/opinion/857570-368/algunas-consecuencias-de-la-corrupci%C3%B3n-e-impunidad]}. En el año 2015, el país recibió un índice global de impunidad de 64.4 de acuerdo al Índice Global de la Impunidad (IGI)^{[Note 53: http://www.udlap.mx/cesij/resultadosigi2015.aspx ]}. Este compromiso tiene como objetivo principal aumentar la confianza ciudadana y el control de la corrupción mediante la definición de políticas y estrategias que permitan la reducción de la impunidad, la armonización de instrumentos normativos y la coordinación de acciones de las diferentes instituciones públicas con responsabilidad en la materia.

Cumplimiento

Medio término: Limitado

En cuanto al cumplimiento de los diferentes hitos de este compromiso, se registra un avance limitado. Para avanzar en la formulación de la Política Integral de Transparencia, Probidad y Ética de Honduras (PITPEH), el Gobierno trabaja con organismos internacionales como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo. Para el primer hito, el IAIP elaboró la llamada Política Pública Nacional y el Plan de Acción en Transparencia y Acceso a la Información Pública (política pública) bajo el marco del programa Eurojusticia.^{[Note 54: El IAIP presentó comentarios al informe del MRI con evidencias de la formulación de esta política disponibles en la biblioteca virtual de la AGA para Honduras. https://drive.google.com/open?id=0ByGU03hIyT02dEZ3VmRHZHNBNWM]} De esta manera, se registra un avance limitado para el hito 1, mientras que no se ha avanzado en el cumplimiento de los hitos 2 (la presentación de una política al Congreso) y 4 (la publicación de un informe de veeduría ciudadana en la implementación del PITPEH).

En cuanto al hito número 3, el Ministerio Público había publicado en su página web informes anuales de tres instituciones públicas con un resumen de los casos judicializados. Se reportan los casos dentro del periodo correspondiente entre junio de 2014 y junio de 2015.^{[Note 55: Para la investigación de medio término, se encontraron los informes publicas en la página del Ministerio Público, sin embargo, el vínculo ya no se encuentra operativo. https://www.mp.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=1732:compromiso-53-del-mp-con-la-agah&catid=144:compromiso-53-del-mp-con-la-agah   ]} De los 27 casos reportados en los informes, tres se identifican como denunciados por la ciudadanía. Sin embargo, según comunicados publicados por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), se han presentado 156 denuncias de casos de corrupción entre el 2012 y el 2016, de los cuales 53 han sido judicializados.^{[Note 56: ALAC ha presentado 156 denuncias de corrupción ante Ministerio Público. http://asjhonduras.com/webhn/alac-ha-presentado-156-denuncias-de-corrupcion-ante-mp/#sthash.AHdA6lqj.dpuf ]} De acuerdo a los avances que registra el hito, el nivel de cumplimiento al final del primer año del plan de acción era sustancial. No se presentó un informe semestral sino un único informe anual por institución y no es claro cuál es el énfasis que se le dará en la publicación de estos informes a los casos denunciados por la ciudadanía.

Fin de término: Limitado

Para el momento de cierre de la evaluación de fin de término, el gobierno no ha avanzado en la formulación y aprobación de la PITPEH. Según se define en el portal web de Probidad y Ética Pública de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, la estrategia en la cual se fundamenta una política de probidad y ética continúa siendo una serie de normativas encabezadas por el Código de Conducta Ética del Servidor Público (2007), la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (2002), el Reglamento del Código de Conducta Ética del Servidor Público (2015), el Reglamento para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Probidad y Ética (2006) y la Declaración de Cartagena de Indias, entre otros.^{[Note 57: “Marco Legal”, Portal de Probidad y Ética, Secretaría General de Coordinación de Gobierno, http://probidad.etica.scgg.gob.hn/index.php/marco-legal ]} De acuerdo con la información de la entrevista con la DPMTRE, todavía se está trabajando en la coordinación y definición de una estrategia conjunta para su elaboración, como lo estipula el compromiso.  

Con relación al hito 3, no se registran nuevas evidencias de gobierno adicionales a las ya destacadas en el informe de avance. Más aun, la página del Ministerio Público anteriormente visitada donde se publicaron los informes de casos judicializados ya no se encuentra operativa. El investigador del MRI llevó a cabo una búsqueda en línea infructuosa de los informes y tampoco consiguió evidencias de la publicación de informes nuevos correspondientes al segundo año de implementación de este compromiso. Por ello, el investigador considera que este hito tiene cumplimiento limitado.

No obstante, la Asociación por una Sociedad más Justa ofrece estadísticas sobre los casos judicializados según su investigación Informe de Judicialización de la Información 2008-2015.^{[Note 58: Ramírez, Lester. “Informe de Judicialización de la Corrupción Pública 2008 – 2015”, Asociación por una Sociedad más Justa (Junio, 2016), http://asjhonduras.com/webhn/judicializacion-de-la-corrupcion-publica-2008-2015/ ]} La organización explica que entre los años 2008 y 2015, se presentaron un total de 3471 denuncias al Ministerio Público, sin embargo sólo 283 casos se transformaron en requerimientos fiscales presentados ante tribunales (1 de cada 12). De éstos, solo el 1.2% son considerados delitos de corrupción pública, de los cuales 50% son de abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario. La ASJ revisó 110 expedientes judicializados de los cuales tabuló un total de 189 imputados. Destacan que el segmento al que más se le imputan delitos de corrupción pública son los empleados públicos de nivel bajo y de los 189, sólo un funcionario había sido condenado a cumplir su pena en prisión por delito de cohecho.^{[Note 59: Ibíd.]}

¿Se avanzó en la apertura del gobierno?

Acceso a la información: No Cambió

Rendición de cuentas pública: No cambió

La construcción de la política pública liderada por el IAIP supuso un gran esfuerzo por definir una estrategia a largo plazo para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública. De manera similar al objetivo de este compromiso, la política pública busca combatir la corrupción mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales, la revisión y adecuación del marco legal, la promoción de una cultura de transparencia y de participación ciudadana y la coordinación institucional para asegurar el cumplimiento de la política.^{[Note 60: “Política Pública Nacional y Plan de Acción en Transparencia y Acceso a la Información Pública de Honduras”, Instituto de Acceso a la Información Pública, (mayo de 2015), https://web.iaip.gob.hn/zona-de-descargas/  ]} Actualmente, la política es utilizada internamente por el IAIP, por ejemplo, como referencia para la verificación de publicación de información en los portales de transparencia, por lo que se considera un avance positivo orientado a la mejora de los procesos internos del IAIP. Sin embargo, a partir de la entrevista con la DPMTRE, esta política servirá de complemento a la PITPEH. El Gobierno todavía está trabajando en la coordinación y definición de una estrategia conjunta para su elaboración, como lo estipula el compromiso. Por estas razones, no se considera que la política pública haya contribuido a la mejora de la calidad de información publicada al ciudadano ni a la apertura de procesos de rendición de cuenta de cara a la ciudadanía.

Un elemento relevante del compromiso fue la publicación de los informes de casos judicializados. Sin embargo, en de la investigación no se encontraron los informes disponibles al público. Por ello, el investigador del MRI considera que este hito no logró un cambio en apertura de gobierno, ya que no se consiguió la publicación periódica de informes de casos judicializados, con especial énfasis en aquellos denunciados por la ciudadanía.

¿Se llevó adelante?

Debido a su cumplimiento limitado durante el periodo de implementación del segundo plan, este compromiso fue incluido en el tercer plan de acción conservando su objetivo y reduciendo sus hitos a dos: la aprobación de la Política Integral de Transparencia Probidad y Ética de Honduras (PITPEH) para julio de 2016 y su implementación para el mismo mes del siguiente año. Se definió como única institución responsable a la DPTMRE.

Adicionalmente, debido a los altos índices de impunidad en el país, se sugiere que el Gobierno lleve a cabo las recomendaciones expuestas en el informe de avances, tales como el desarrollo de un mecanismo de publicación de información sistemático y con amplia divulgación a la ciudadanía con información estadística.