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Colombia

Territorializing Guidelines Sexual Violence Prevention in Women and Girls (CO0057)

Overview

At-a-Glance

Action Plan: Colombia Action Plan 2017-2019

Action Plan Cycle: 2017

Status: Inactive

Institutions

Lead Institution: Direcctión de Politica Criminal y Penitenciaria-Ministerio de Justicia del Derecho

Support Institution(s): NA

Policy Areas

Capacity Building, Gender, Marginalized Communities, Public Participation

IRM Review

IRM Report: Colombia Implementation Report 2017-2019, Colombia Design Report 2017-2019

Starred: Pending IRM Review

Early Results: Did Not Change

Design i

Verifiable: Yes

Relevant to OGP Values: Civic Participation

Potential Impact:

Implementation i

Completion:

Description

Descripción del compromiso: En Colombia, la violencia sexual perpetrada contra las mujeres es una problemática generalizada y sistemática. Durante el año 2016 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses registró 21.399 exámenes medico legales por presunto delito sexual, con una tasa de 43,90.De este porcentaje el 73,98 % eran mujeres. Frente a esta situación la Corte Constitucional emitió una serie de sentencias para la garantía de los derechos de las mujeres sobrevivientes de actos de violencia sexual perpetrados por actores armados. En este sentido se produjeron los “Lineamientos de prevención de violencia sexual en mujeres y niñas” que buscan fortalecer los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. De este modo, el Ministerio de Justicia y del Derecho tiene como objetivo Territorializar4 los lineamientos de prevención de violencia sexual en 13 territorios, 5 en 2018 y 8 en 2019, que se encuentran en fase de implementación de los acuerdos de paz. Estos lineamientos se construirán de manera conjunta entre entidades del Estado, academia y organizaciones de mujeres, para identificar situaciones de violencia cometidas contra mujeres y niñas en cada uno de sus entornos y de esta forma adaptar y ejecutar acciones de prevención que respondan a necesidades específicas.

IRM Midterm Status Summary

Compromiso 1: Territorialización de los lineamientos de prevención de violencia sexual en mujeres y niñas

Texto del compromiso como aparece en el plan de acción:

En Colombia, la violencia sexual perpetrada contra las mujeres es una problemática generalizada y sistemática. Durante el año 2016 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses registró 21.399 exámenes medico legales por presunto delito sexual, con una tasa de 43,90. De este porcentaje el 73,98 % eran mujeres. Frente a esta situación la Corte Constitucional emitió una serie de sentencias para la garantía de los derechos de las mujeres sobrevivientes de actos de violencia sexual perpetrados por actores armados. En este sentido se produjeron los “Lineamientos de prevención de violencia sexual en mujeres y niñas” que buscan fortalecer los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. De este modo, el Ministerio de Justicia y del Derecho tiene como objetivo Territorializar los lineamientos de prevención de violencia sexual en 13 territorios en 2018 y 8 en 2019, que se encuentran en fase de implementación de los acuerdos de paz. Estos lineamientos se construirán de manera conjunta entre entidades del Estado, academia y organizaciones de mujeres, para identificar situaciones de violencia cometidas contra mujeres y niñas en cada uno de sus entornos y de esta forma adaptar y ejecutar acciones de prevención que respondan a necesidades específicas.

Actividad 1: Aprobación del documento general de Lineamientos de prevención por parte del Consejo Superior de Política Criminal.

Producto: Documento Lineamientos de prevención de violencia sexual en mujeres y niñas por parte del Consejo Superior de Política Criminal.

Actividad 2: Construcción de la metodología para la territorialización de lineamientos de prevención de violencia sexual.

Producto: Herramientas metodológicas para la socialización e implementación de los lineamientos de prevención de violencia sexual en mujeres y niñas en territorios priorizados.

Actividad 3: Construcción conjunta de lineamientos en cada territorio

Producto: Lineamientos de prevención ajustados a particularidades de cada territorio.

Actividad 4: Validación de los lineamientos en los 13 territorios.

Producto: Documentos de lineamientos validados

Fecha de inicio:  01 julio 2017             Fecha de término: 30 junio 2019

Resumen del compromiso

Verificabilidad

Relevancia frente a los valores de OGP (como está redactado)

Impacto potencial

Cumplimiento

¿Contribuyó a la apertura del Gobierno?

No es suficientemente específico para ser verificable

Es suficientemente específico para ser verificable

Acceso a la información

Participación ciudadana

Rendición de cuentas

Tecnología e innovación para la transparencia y rendición de cuentas

Ninguno

Menor

Moderado

Transformador

No iniciado

Limitado

Sustancial

Completo

Empeoró

No cambió

Marginalmente

Significativamente

Sobresaliente

1. General

Evaluado al final del ciclo del plan de acción

Evaluado al final del ciclo del plan de acción

                                       

Contexto y objetivos

Objetivo general y relevancia

Dadas las altas tasas de violencia sexual contra las mujeres en el país (expuestas en la redacción del compromiso) y buscando generar acciones de prevención que permitan enfrentar esta situación, el Ministerio de Justicia y del Derecho se comprometió a implementar los lineamientos institucionales de prevención de violencia sexual a mujeres y niñas en los territorios del país, generando espacios de diálogo a nivel local para adaptar dichos lineamientos a los diversos contextos territoriales. Con esto, el compromiso busca cumplir lo indicado en el Auto 009 de 2015 de la Corte Constitucional de Colombia sobre la creación e implementación de un programa de Prevención de los Riesgos Extraordinarios de Género en el marco del Conflicto Armado y del Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención integral a sus Víctimas, todo ello en el marco de la Sentencia T-025 de 2004 de la misma Corte [1]. Además, se buscaría implementar dichos mecanismos en los territorios afectados por el conflicto armado, un punto de suma importancia en el marco del posconflicto. En ese contexto, el compromiso busca generar un documento base con los lineamientos generales para la implementación de dichos programas, el cual debería ser adaptado a las características de cada territorio para su implementación a través de estrategias participativas con organizaciones de base, las cuales deberían ser diseñadas como parte del presente compromiso. Este último punto le entrega relevancia al compromiso en cuanto a participación ciudadana, aunque no se explicite qué tipo de estrategias se implementarían en la territorialización de estos lineamientos.

Verificabilidad e impacto potencial

Al igual que los demás compromisos del presente plan, el compromiso marca no solo actividades, sino productos por cada actividad realizada. Por ello, se considera verificable. Aun así, los productos son poco específicos, en particular en cuanto a las herramientas metodológicas para la territorialización, puesto que no se presenta el nivel de involucramiento de la ciudadanía en dicho proceso. No es posible determinar si dichos documentos realmente contribuirían a resolver la problemática identificada.

En cuanto a su impacto potencial, es de notar que tanto funcionarios de la Secretaría de Transparencia como organizaciones de la sociedad civil expresaron en las entrevistas realizadas la importancia de contar con este tipo de estrategias para evitar la repetición de crímenes que han sido invisibilizados en medio del conflicto armado y que mantienen niveles muy altos de impunidad [2]. Dado que existen mandatos judiciales desde el 2015 y que el documento de lineamientos generales fue aprobado en octubre de 2017 [3], las actividades de este compromiso ya se encontraban en ejecución antes de iniciar el presente plan de acción. Aunque en los lineamientos generales se establece la necesidad de contar con organizaciones de la sociedad civil en la implementación, no es claro cómo se haría dicha vinculación ni el nivel de involucramiento de las organizaciones sociales en los territorios seleccionados. De ser implementado totalmente, este compromiso podría constituir el primer paso para la consolidación de una política valiosa que permitiría visibilizar y atender los graves problemas de la violencia sexual en el marco del posconflicto.

Siguientes pasos

Este compromiso aborda un tema prioritario y se encuentra alineado con situaciones de suma importancia del contexto político como lo es el posconflicto y la atención y prevención de víctimas de violencia sexual. Es importante elevar la ambición de este tipo de acciones de manera que pueda generar efectos transformadores. Para ello se recomienda lo siguiente:

  • ser más específicos en cuanto a las actividades a realizar y sobre cómo se implementarían las acciones en el territorio, sobre todo en los principios relevantes de OGP de participación, acceso a la información y rendición de cuentas.
  • contar con organizaciones sociales aliadas para el diseño, el seguimiento y la evaluación de las acciones del compromiso y
  • realizar una mayor socialización de las acciones, lo que implica a su vez una mayor voluntad política para la difusión y publicidad del compromiso
[2] Violencia contra las mujeres, delito invisible en el conflicto armado. El Tiempo, 25 de mayo de 2017. Disponible en: https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/violencia-de-genero-en-el-conflicto-armado-92024

IRM End of Term Status Summary

1. Territorialización de los lineamientos de prevención de violencia sexual en mujeres y niñas

Texto del compromiso como aparece en el plan de acción:

En Colombia, la violencia sexual perpetrada contra las mujeres es una problemática generalizada y sistemática. Durante el año 2016 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses registró 21.399 exámenes medico legales por presunto delito sexual, con una tasa de 43,90. De este porcentaje el 73,98 % eran mujeres. Frente a esta situación la Corte Constitucional emitió una serie de sentencias para la garantía de los derechos de las mujeres sobrevivientes de actos de violencia sexual perpetrados por actores armados. En este sentido se produjeron los “Lineamientos de prevención de violencia sexual en mujeres y niñas” que buscan fortalecer los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. De este modo, el Ministerio de Justicia y del Derecho tiene como objetivo territorializar los lineamientos de prevención de violencia sexual en 13 territorios en 2018 y 8 en 2019, que se encuentran en fase de implementación de los acuerdos de paz. Estos lineamientos se construirán de manera conjunta entre entidades del Estado, academia y organizaciones de mujeres, para identificar situaciones de violencia cometidas contra mujeres y niñas en cada uno de sus entornos y de esta forma adaptar y ejecutar acciones de prevención que respondan a necesidades específicas.

Actividad 1: Aprobación del documento general de Lineamientos de prevención por parte del Consejo Superior de Política Criminal.

Producto: Documento Lineamientos de prevención de violencia sexual en mujeres y niñas por parte del Consejo Superior de Política Criminal.

Actividad 2: Construcción de la metodología para la territorialización de lineamientos de prevención de violencia sexual.

Producto: Herramientas metodológicas para la socialización e implementación de los lineamientos de prevención de violencia sexual en mujeres y niñas en territorios priorizados.

Actividad 3: Construcción conjunta de lineamientos en cada territorio

Producto: Lineamientos de prevención ajustados a particularidades de cada territorio.

Actividad 4: Validación de los lineamientos en los 13 territorios.

Producto: Documentos de lineamientos validados

Fecha de inicio: 01 de julio de 2017 Fecha de término: 30 de junio de 2019

Evaluación del informe de diseño del IRM

Evaluación del informe de implementación del IRM

  • Verificable:
  • Relevante:
  • Impacto potencial: Menor
  • Cumplimiento: Limitado
  • ¿Contribuyó a la apertura del Gobierno?: No cambió
  • Este compromiso buscó construir, de manera participativa, los lineamientos para la implementación del Programa de Prevención de los Riesgos Extraordinarios de Género en el marco del Conflicto Armado y el Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas. La Corte Constitucional de Colombia ordenó su implementación, en el marco de la Sentencia T-025 de 2004.

    De acuerdo con el indicador de avance construido por el Gobierno para este plan de acción, el compromiso se completó en un 27,5% [1]. Respecto de las actividades propuestas, el investigador del IRM corroboró que el Ministerio de Justicia y del Derecho (MJD), entidad responsable del compromiso, aprobó y publicó en octubre de 2017 el documento “Lineamientos para la Prevención de Violencia Sexual contra Mujeres y Niñas – Medidas de prevención primaria y secundaria” [2]. Este incluye entre otros, un diagnóstico de la situación en materia de violencia sexual contra mujeres y niñas y la presentación de 21 lineamientos o recomendaciones en materia de prevención primaria, prevención secundaria y enfoque territorial y participativo en la implementación de las órdenes de la Corte Constitucional.

    Para la construcción de la metodología para la territorialización de los lineamientos de prevención de violencia sexual, el MJD adelantó en mayo de 2019 la contratación de un profesional experto que se encargaría de la elaboración, apoyo y ejecución de dicha metodología [3]. Asimismo, el MJD elaboró un proyecto de estudios previos y términos de referencia para una consultoría que apoyaría los ejercicios de territorialización y la escogencia de una metodología para la construcción conjunta de lineamientos en cada uno de los 13 territorios priorizados. El Gobierno señaló que se contaba con recursos ya aprobados para este trabajo. No obstante, el investigador del IRM no obtuvo evidencias de productos entregados, o que en cumplimiento de las actividades 3 y 4 del compromiso, estos lineamientos fueran ajustados y validados en el territorio. Debido a lo anterior, este compromiso se valora con un cumplimiento limitado dado que los lineamientos nunca fueron debidamente realizados en el nivel territorial, aspecto que le daba relevancia al compromiso para el valor de participación ciudadana.

    Ahora bien, el Gobierno había empezado la ejecución de las actividades de este compromiso antes de iniciar el presente plan de acción, con la aprobación del documento de lineamientos en octubre de 2017 [4]. Sin embargo, organizaciones como Casa de la Mujer, integrante de la Mesa de Seguimiento a los Autos 092 de 2008 y 009 de 2015 de la Corte Constitucional [5], no tuvieron conocimiento si la implementación de los lineamientos propuestos en dicho documento se llevó a cabo con organizaciones de la sociedad civil. Según una representante de la organización Casa de la Mujer, organización que trabaja con mujeres participantes en estos procesos, la implementación del documento del MJD fue deficitaria por cuanto no se destinaron recursos económicos y técnicos suficientes para este ejercicio, además de que no existió una adecuada coordinación interinstitucional y de cumplimiento de responsabilidades de las diferentes autoridades gubernamentales tanto en el nivel nacional como en el nivel local [6].

    Para el investigador del IRM, no se evidenció la realización de acciones para abordar y aplicar los lineamientos señalados en el documento técnico del MJD en los territorios o para determinar cuál fue su incidencia y su contenido en la prevención de la comisión de delitos contra las mujeres víctimas del conflicto en los territorios definidos. Por este motivo la implementación del compromiso no cambió la práctica del Gobierno en materia de participación ciudadana.

    [1] Indicador de avance en la implementación de los compromisos en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) disponible aquí: https://datasketch.github.io/aga-indicators/ 
    [3] Ibid.
    [5] La Mesa está conformada por la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, la Corporación Casa de la Mujer, la Corporación Sisma Mujer, la Liga de Mujeres Desplazadas, la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, el Observatorio Género, Democracia y Derechos Humanos, la Organización Nacional Indígena de Colombia y la Ruta Pacífica de las Mujeres. La Mesa cuenta con el acompañamiento de ONU Mujeres en calidad de observadora. Su trabajo se resume en la elaboración de informes de seguimiento a la implementación de los Autos mencionados, los cuales son remitidos a la Corte Constitucional de Colombia.
    [6] Consulta realizada a la coordinadora de Casa de la Mujer, 28 de febrero de 2020.

    Commitments

    Open Government Partnership