Digital Platform for Access to Information on Plans, Programs and Protection Mecha Mos Women's Rights (CR0047)

¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda? La violencia contra las A1:BP153 es un fenómeno que afecta a la mitad de la población, esta agenda ha sido atendida tanto a nivel nacional como internacional. De acuerdo al “Segundo Estado de los Der de las Mujeres en Costa Rica”, se indica que en la última encuest mujeres el 57,7% de las mujeres reporta haber sido víctima de al menos un incidente de violencia física o sexual en algún momento de su vida. Asimismo, el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial indica que del 2007 al 2015, se recibieron un total de 139.501 casos nuevos en las Fiscalías Penales de Adultos, por delitos contemplados en la Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer. De ello, las 5 principales causas presentadas ante el Ministerio Público en orden de magnitud son Incumplimiento de una medida de protección (30.23%), Maltrato (26.50%), Amenazas contra una Mujer (19.98%), Ofens as a la Dignidad 9.86%) y Violencia Emocional (8.55%). Actualmente, el país cuenta con herramientas jurídicas internacionales tales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, así como fuentes jurídicas nacionales tales como la Ley contra la Violencia Doméstica, la Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer, Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, entre otros. No obstante, y a pesar de la existencia de estas herramientas legales, persiste un desconocimiento generalizado sobre los derechos de las mujeres, los procedimientos que se deben realizar y además no se cuenta con mecanismos de acceso a la información que permitan la transparencia, la eficiencia y el seguimiento de procesos institucionales que buscan la igualdad entre los géneros y atienden la violencia contra las mujeres. Esto genera que, a pesar de la existencia de programas y plataformas institucionales, como la Política para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG) y el Plan Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI), se debe fortalecer las acciones y herramientas que permitan el acceso a estos programas y servicios para la garantía y disfrute pleno de sus derechos. Finalmente es necesario fortalecer los mecanismos de monitoreo y realimentación de las políticas, programas y plataformas existentes, que permitan un mayor acercamiento a sus derechos y aprovechamie nto de los mecanismos de atención en cuánto a los derechos de las mujeres. ¿Cuál es el compromiso? Creación de una plataforma que centralice la oferta de servicios de atención para la prevención de violencia contra las mujeres, según el Plan Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI). De manera específica la plataforma contendrá: 1. Información y recursos disponibles sobre a) la identificación de situaciones en las que sus derechos se vean vulnerados, y b) dónde debe acudir si encuentra en una situación de vulnerabilidad. 2. Ruta de acceso a cada uno de los servicios de atención para la prevención de la violencia contra las mujeres. 3. Reportes y realimentaciones de la calidad y/o utilidad de los recursos y mecanismos de las diversas instituciones competentes para atender situaciones violencia contra la mujer. ¿Cómo contribuirá a resolver la problemática? La plataforma facilitará información clara y accesible para toda la población, sobre instrumentos legales e institucionales que buscan la protección de los derechos de las mujeres. Mediante: 1. Acceso en formato empático, accesible y universal para que las mujeres puedan acceder de manera sencilla a la oferta institucional en esta materia. 2. Datos centralizados y desagregados que faciliten las instituciones para: a. informar a las usuarias, b. incentivar la creación de programas y políticas innovadoras que garanticen un acceso y disfrute más efectivo de la oferta institucional para atender la violencia contra las mujeres. c. brindar insumos para quienes, desde academia, sociedad civil, trabajen en acciones afirmativas para la igualdad de los géneros. Este componente debe estar alineado a la implementación de la Política Nacional de Apertura de Datos Públicos regulada en ¿Por qué es relevante a los valores de OGP? Transparencia: situando en forma detallada, clara y comprensible la información y los datos de los programas , mecanismos y servicios en materia de violencia contra la mujer, para toda la población. Participación ciudadana: instalación de espacios de participación en diversos niveles, desde la conformación del grupo de trabajo hasta el involucramiento de organizaciones y colectivos en la construcción del estado de situación y el diseño de la plataforma. Una vez puesta a disposición de la población, esta se convertirá en un espacio de intercambio con las instituciones, no solo de consulta sino de propuesta y realimentación. Tecnología e innovación: establecimiento de la plataforma digital a través de un proceso en el que se incorporen metodologías para la innovación, de manera que la selección de la herramienta sea fundamentada y resulte de un diagnóstico y análisis de las necesidades de la población a la que irá dirigida. Información adicional Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Este compromiso se encuentra estrechamente ligado con el ODS 5: “ empoderar a todas las mujeres y las niñas, atendiendo las siguientes metas: 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación 5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres 5. c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles. Asimismo se asocia también con el ODS 10: Reducción de las Desigualdades, específicamente la siguiente meta: 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto. También responde a una de las metas establecidas en el ODS 16: Promover sociedades justas, pacíficas y exclusivas, específicamente la 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Por otra parte, el presente compromiso atiende áreas señaladas por la Alianza por un Gobierno Abierto para el desarrollo de compromisos en materia de género y sexualidad, derechos humanos y acceso a la justicia.

1. Plataforma digital de acceso a información sobre planes, programas y mecanismos de protección de derechos de las mujeres

Texto del compromiso:

Crear una plataforma que centralice la oferta de servicios de atención para la prevención de violencia contra las mujeres, según el Plan Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI). Esta plataforma contendrá:

1. Información y recursos disponibles sobre a) la identificación de situaciones en las que sus derechos se vean vulnerados y b) dónde acudir si se encuentra en una situación de vulnerabilidad.
2. Ruta de acceso a cada uno de los servicios de atención para la prevención de la violencia contra las mujeres.
3. Reportes y realimentaciones de la calidad y/o utilidad de los recursos y mecanismos de las diversas instituciones competentes para atender situaciones violencia contra la mujer. [1]

Fecha de inicio: noviembre de 2019              Fecha de término: agosto de 2019

Contexto y objetivos

Antes del 2012 el promedio de mujeres fallecidas a manos de sus parejas, exparejas o atacantes sexuales rondaba las 36 al año, habiendo llegado hasta 42 en el 2011 [2]. A partir del 2012, Costa Rica logró una disminución importante en el número de femicidios [3] registrados anualmente, ya que ese año la cantidad pasó a 26 y el promedio por el período de 12 meses bajó a 24.5. Sin embargo, este nuevo promedio no continuó descendiendo, sino que se mantuvo constante por los siguientes 6 años. A marzo de 2018 ya se había alcanzado la mitad de esa cantidad.

De acuerdo con el Observatorio de Violencia de Género contra las mujeres y acceso a la justicia del Poder Judicial, en esos mismos 6 años se ha presentado un promedio de 132 solicitudes de medidas de protección por día. Entre 2014 y 2016, el 37% de los informes policiales reportó violencia física contra mujeres y un 9% de las llamadas que entraron al servicio de emergencias al 9-1-1 se hicieron para denunciar casos de violencia intrafamiliar [4].

El país cuenta con instrumentos jurídicos [5] locales e internacionales creados para prevenir esta forma de violencia; sin embargo, el plan de acción indica que persiste un desconocimiento generalizado sobre los derechos de las mujeres y los procedimientos para hacerlos valer. Además, señala que no se cuenta con mecanismos tecnológicos que permitan dar seguimiento desde el hogar a los procesos institucionales que buscan la igualdad entre géneros y atienden casos de violencia contra las mujeres.

La expectativa en la creación del compromiso fue atender la problemática descrita mediante la publicación de “información clara y accesible para toda la población, sobre instrumentos legales e institucionales que buscan la protección de los derechos de las mujeres”. Esta información contendría datos centralizados y desagregados para informar a las usuarias; incentivar la creación de programas y políticas públicas y brindar insumos para actores que trabajen en acciones afirmativas en igualdad de género.

Para cumplir con este objetivo, el gobierno propone la conformación de un grupo de trabajo integrado por todos los sectores interesados, el cual elaborará un plan de trabajo. Por otra parte, se realizará un mapeo de los recursos y mecanismos existentes a los que pueda acudirse para cumplir con el compromiso, así como los instrumentos, servicios y programas existentes en la institucionalidad y sociedad civil para la protección de los derechos de las mujeres. A partir de esto, se definirán las necesidades en una hoja de ruta que contemplará cómo se divulgará la información, cómo se mejorarán los servicios y programas y cómo se priorizarán los datos a implementar.

Posteriormente, se diseñará un plan para comunicar, monitorear y mejorar los programas; se diseñará y publicará una plataforma digital y se elaborará un informe de resultados con recomendaciones para la sostenibilidad y escalamiento tanto de la plataforma como de los mecanismos asociados. El cumplimiento de todas estas actividades es verificable.

Sin embargo, a criterio del investigador del IRM , ninguna de las actividades atiende directamente el segundo objetivo: incentivar la creación de programas y políticas que faciliten aprovechar las alternativas existentes para atender la violencia contra las mujeres en las instituciones públicas. Asimismo, ninguna resuelve la incógnita sobre cómo la plataforma ayudará a disminuir las consecuencias de la violencia de género.

El compromiso es relevante en su objetivo de lograr un gobierno más abierto por su vinculación con el valor de acceso a la información y tecnología e innovación, pues la plataforma publicaría en un mismo portal digital las diferentes alternativas que existen para denunciar situaciones de violencia de género o para que las víctimas soliciten ayuda. Previo a la implementación del compromiso, la información se encuentra dispersa entre las diferentes plataformas de las instituciones encargadas de atender esta problemática.

Por otro lado, no existe un vínculo claro entre la problemática definida y lo que busca atacarse. El compromiso cuantifica el fenómeno de la violencia contra la mujer a través de la cantidad de denuncias recibidas, pero afirma que la plataforma ayudará a disminuir el desconocimiento sobre los derechos de las mujeres y procesos para hacerlos valer cuando sean irrespetados, sin que ofrecer datos que permitan dimensionar ese desconocimiento.

El presupuesto implícito que justificaría la relación entre ambos aspectos es que una mayor divulgación de los derechos femeninos y las opciones que existen para hacerlos respetar, a través de la plataforma que se pretende desarrollar, disminuiría los casos de violencia de género o facilitaría su atención. Sin embargo, esta conexión causa-efecto no es tan directa y depende de gran cantidad de factores que se salen del control y alcance del compromiso.

En la opinión de Temístocles Guerra, de la Asociación de Desarrollo Sostenible LGTBIQ Costa Rica, al circunscribir el ámbito del compromiso solamente a la violencia contra las mujeres se perdió la oportunidad de atender otras formas de agresión contra otros sectores de la población.

En función de lo anterior, para el investigador del IRM el compromiso, tal y como está redactado, presenta dos dificultades. Primero, definir la violencia de género como la problemática que atiende el compromiso es una forma muy amplia y general de describirla. Este problema social tiene muchas aristas, causas y consecuencias, por lo que concretar cuál de ellas se busca atender facilitaría la planificación. Si se define que la causa es el desconocimiento, conviene cuantificarlo, pues de lo contrario no será posible medir el impacto que la plataforma tenga en disminuirlo.

Por otro lado, se conceptualiza la plataforma como el fin último del compromiso y no el beneficio que pretende obtener al ayudar a resolver la problemática. Esto genera que, no importa si la plataforma llega a usarse o no, bastará con que se termine y publique para considera el compromiso completado y exitoso.

La finalidad del compromiso debe ser ayudar a atender el problema de violencia contra las mujeres, ya sea disminuyendo los casos o mejorando su atención, más allá de hacer una plataforma. Al no concretarse la problemática, disminuye el impacto potencial que el compromiso podría tener. Por este último aspecto, el investigador del IRM considera que el impacto potencial del compromiso es menor.

Siguientes pasos

El investigador del IRM considera que, por su relevancia como problema social, este compromiso podría incluirse en el próximo plan de acción. Para ello, recomienda definir qué aspectos de la violencia contra las mujeres pretende atender este compromiso. Una vez definidos, se debe definir cómo se va a medir el beneficio logrado y la variable por la que se determinará en qué medida el compromiso ayudó a atender la violencia.

Como se mencionó en el punto anterior, la plataforma no debería ser el fin último de este compromiso, sino que éste debe  centrarse en el aspecto, consecuencia o comportamiento que se pretende  cambiar con la plataforma. Por ejemplo, si se definiera que el compromiso busca abordar la falta de denuncias de este fenómeno, su éxito se podría medir a través de un aumento en el número de mujeres que utilizan la plataforma y medios de denuncia.

La plataforma no debería ser más que una actividad o entregable dentro de una estrategia más grande diseñada para atender una problemática social compleja y difícil de abordar.

Por otro lado, la efectividad y aprovechamiento de esta plataforma requerirá de más que una estrategia de difusión, por lo que conviene diseñar un plan que incluya otros aspectos sobre capacitación y acceso a los recursos por los que la información se hará disponible.

1. Plataforma digital de acceso a información sobre planes, programas y mecanismos de protección de derechos de las mujeres

Texto del compromiso:

Crear una plataforma que centralice la oferta de servicios de atención para la prevención de violencia contra las mujeres, según el Plan Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI). Esta plataforma contendrá:

1. Información y recursos disponibles sobre a) la identificación de situaciones en las que sus derechos se vean vulnerados y b) dónde acudir si se encuentra en una situación de vulnerabilidad.
2. Ruta de acceso a cada uno de los servicios de atención para la prevención de la violencia contra las mujeres.
3. Reportes y realimentaciones de la calidad y/o utilidad de los recursos y mecanismos de las diversas instituciones competentes para atender situaciones violencia contra la mujer. ^[1]

Fecha de inicio: noviembre de 2019              Fecha de término: agosto de 2019

El objetivo del compromiso fue crear una plataforma digital que consolidara la información de toda la oferta de servicios ofrecidos por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), las instituciones descentralizadas del Estado y cualquier otra organización para atender y prevenir casos de violencia contra las mujeres.

Además de integrar el plan de acción, la iniciativa también forma parte del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Violencia contra las Mujeres, una instancia creada por ley ^[2] para la “deliberación, concertación, coordinación y evaluación entre el INAMU, los misterios y las instituciones del Estado” que abordan la violencia contra las mujeres ^[3]. Este Sistema a su vez incluye dentro de la Política nacional para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades, Costa Rica 2017-2032 (Planovi), a la política nacional intersectorial e interinstitucional que guía las acciones en materia de prevención contra la violencia hacia las mujeres e intrafamiliar. Uno de los principales proyectos a desarrollar de esta Política, que el Gobierno pretende que se mantenga vigente por 15 años (2017-2032), es la creación de la plataforma planovi.org ^[4].

El documento de la Política nacional indica que su objetivo es reunir y coordinar: “servicios gratuitos de asistencia psicológica, jurídica, sanitaria y social, así como otros servicios interinstitucionales que garanticen un efectivo acceso a la justicia, para evitar o mitigar la revictimización e implementar mecanismos adecuados de operativización de derechos y propiciar una justicia restaurativa” ^[5].

La plataforma se lanzó el 27 de marzo de 2019 ^[6] e incluye información dividida en cinco secciones: Cursos, Noticias, Agenda, Caja de herramientas y Directorio. Estas contienen direcciones y contactos para recibir apoyo en casos de atención y prevención de violencia contra mujeres según la ubicación geográfica, ofrece vínculos a normativa, estadísticas, recursos audiovisuales, y cursos sobre la materia, las actas e informes de la Comisión de Seguimiento del Planovi así como su calendario de reuniones, una agenda de eventos y noticias sobre casos de violencia de género.

La página web no ofrece estadísticas ni información propia en materia de violencia contra mujeres sino vínculos que redirigen al usuario al Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, entidad oficial responsable de llevar las estadísticas sobre el tema. El menú de “Caja de herramientas” ofrece referencias a información o acciones del Juzgado de Violencia Doméstica, el Juzgado de Pensiones Alimentarias, Fiscalía, Defensa Pública Departamento de Trabajo Social y Psicología, así como la Oficina de Atención y Protección a la Víctima de Delito.

La plataforma del Planovi es el producto con el que el Gobierno afirma haber cumplido con el compromiso, pero la sociedad civil contraparte de este compromiso no opina igual. Desde su perspectiva, esa no era la plataforma que se tenía pensada a la hora de plantear el compromiso. Lo que esperaban era una herramienta más interactiva, que permitiera el contacto con las mujeres, que fuera capaz de responder a sus dudas y necesidades a través de la misma plataforma, que funcionara como canal de comunicación cuando ellas no recibieran la atención esperada de los servicios del INAMU, que ofreciera información detallada sobre rutas críticas a seguir en casos de violencia y además publicara datos abiertos. Lo desarrollado, en cambio, es una página web institucional que el INAMU tenía ya dentro de sus objetivos, como parte de la Política nacional para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, que hubiera desarrollado igual aunque no hubiese existido el compromiso ^[7].

Por otro lado, el INAMU no involucró a las organizaciones de la sociedad civil contraparte en el desarrollo de la plataforma, y aunque sí incluyó otras organizaciones civiles en el proceso de recolección de información para definir los requerimientos de la plataforma, la participación de estas se habría limitado a aportar sus insumos en la etapa inicial del proceso, sin que se llegara a dar una cocreación ^[8].

De acuerdo con el informe de la sociedad civil sobre la implementación del plan de acción ^[9], un informe de la Comisión Institucional de Transparencia y Datos Abiertos del INAMU indica un listado de los actores que participaron en la construcción del sitio, que en su mayoría pertenecen al ámbito institucional público.

El mismo informe indica también que durante una reunión con la encargada de la implementación de la plataforma, esta indicó desconocer lo que conllevan los procesos de cocreación y el rol de las contrapartes de los compromisos del plan de acción durante la implementación. Esto indicaría la falta de un proceso eficaz de sensibilización y transmisión de conocimientos sobre gobierno abierto a las instituciones implementadoras una vez que se les asigna alguno de los compromisos del plan de acción.

El compromiso incluía como parte de sus actividades de implementación la conformación de un grupo de trabajo integrado por representantes de todos los sectores interesados: sociedad civil, instituciones públicas, academia y sector privado; un mapeo de los recursos y mecanismos disponibles para atender la problemática; la definición de metas de acuerdo al compromiso e identificación de necesidades en una hoja de ruta; el diseño e implementación de la plataforma y de un plan de comunicación para mejora de los programas y servicios que incluiría; así como un informe con los resultados del proceso y recomendaciones para la sostenibilidad y escalamiento de la plataforma. Ninguno de estos documentos fue facilitado al investigador IRM a pesar de su solicitud por correo electrónico.

Una de las dificultades de este compromiso señaladas en el Informe sobre el Diseño del Plan de Acción de Costa Rica 2017-2019, es la poca especificidad con que se estableció la problemática que busca atacar, pues esta se definió como la violencia contra las mujeres. Por otro lado, el INAMU no definió durante el diseño de la plataforma una metodología para cuantificar los beneficios de su implementación, ni ofreció información indicando que los hubiera.

Además la mayor parte de la información contenida existía antes de la creación del portal y proviene de sitios web externos. Excepción de esto son los informes y actas de la Comisión, así como su calendario, la agenda de eventos, el directorio de contacto, ubicación de lugares donde se puede recibir asistencia en la atención y prevención de casos. Por estas razones el compromiso tuvo un impacto marginal en mejorar la apertura del Gobierno.

El principal aporte de la plataforma consiste en divulgar la información anteriormente mencionada, consolidada en un mismo sitio de internet. Esto facilita encontrarla a través de buscadores y agiliza el proceso para ponerse en contacto con quienes pueden ayudar a atender los casos de violencia, lo que mejora el acceso por parte de las posibles víctimas a los servicios ofrecidos.