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Costa Rica

Center for Territorial Intelligence (CR0061)

Overview

At-a-Glance

Action Plan: Costa Rica Action Plan 2019-2022

Action Plan Cycle: 2019

Status: Active

Institutions

Lead Institution: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos

Support Institution(s): Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Ministerio de Ambiente y Energía, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Instituto Costarricense de Turismo y Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE). Costa Rica Limpia

Policy Areas

E-Government, Environment and Climate, Land Rights & Spatial Planning, Legislation & Regulation, Public Participation, Public Service Delivery, Sustainable Development Goals

IRM Review

IRM Report: Costa Rica Design Report 2019-2021

Starred: Pending IRM Review

Early Results: Pending IRM Review

Design i

Verifiable: Yes

Relevant to OGP Values: Access to Information , Civic Participation

Potential Impact:

Implementation i

Completion: Pending IRM Review

Description

¿Cuál es el problema público que abordará el compromiso?
Costa Rica y el mundo se enfrentan a una crisis climática provocada por el calentamiento global que amenaza con alterar irremediablemente las condiciones de vida en nuestro planeta. En Costa Rica se estima en un 2,4% el crecimiento anual de las emisiones de gases de invernadero. Y si no se toman medidas mitigadoras, entre 2015 y 2030 estas emisiones crecerían en un 60% y podrían llegar a aumentar en un 132% en 2050. Entre las varias razones detrás de estos aumentos en emisiones se encuentran el uso desordenado y carente de planificación de los territorios y un modelo de ordenamiento que está orientado en función del vehículo privado y no de las personas.

Esta situación responde a una falta histórica de integración multisectorial y multifactorial en la gestión del territorio y a un incumplimiento generalizado de las normativas existentes. Es así como únicamente 40 de los 82 cantones del país cuentan con un plan regulador (aunque en la mayoría sólo sea parcial), solo 21 cuentan con viabilidad ambiental de la Secretaria Técnica Nacional (SETENA) y apenas 4 cuentan con matriz de vulnerabilidad hidrogeológica.

Esta falta de un adecuado ordenamiento territorial ha generado degradación ambiental, la destrucción de ecosistemas, modelos insostenibles de movilidad y problemas asociados a la vulnerabilidad ante amenazas naturales provocadas por el cambio climático, cuyos costos de atención para el año 2015 se estiman en un 2,5% del PIB, según la Contraloría General de la República. Unido a esto, se ha detectado una dificultad de concientizar e involucrar a la ciudadanía en los procesos de ordenamiento territorial ya que la institucionalidad costarricense no tiene mecanismos oficiales para hacer efectiva la coordinación necesaria entre los diversos actores, los cuales también incluyen a la sociedad civil y al sector privado, para trabajar en pro de la solución a los problemas de ordenamiento territorial. Además, no hay una efectiva participación de la población en la toma de decisiones políticas sobre la planificación y el desarrollo urbano que sea bien informada y tenga incidencia.

En respuesta a esta situación, el gobierno costarricense ha impulsado iniciativas ambiciosas como el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050, el cual tiene entre sus ejes la gestión del territorio rural, urbano y costero orientado a la conservación y el uso sostenible. También se encuentra la Política Nacional de Desarrollo Urbano 2018-2030, que se propone aumentar el conocimiento, participación e involucramiento de todas las personas en los temas clave del ordenamiento territorial, así como promover una planificación urbana inclusiva, resiliente y adaptable a nuevas circunstancias, que derive en un Plan Nacional de Desarrollo Urbano, planes reguladores, planes regionales y planes a otra escala subnacional que incorporen la variable ambiental y contemplen la mejora y adaptación paulatina de las infraestructuras a efecto de mitigar los riesgos y amenazas del cambio climático.

El MIVAH, además, ha asumido el esfuerzo de crear el CIT el cual es una plataforma tecnológica, sustentada en un Centro de Información Geográfica, accesible al público a través de un geoportal, el cual contiene información y datos georreferenciados e incluye visores sobre temáticas y proyectos vinculados al ordenamiento territorial y la planificación urbana en el país. La publicación de información, a través del CIT, tiene como objetivo facilitar el acceso a la información geoespacial oficial a usuarios no expertos y a la población costarricense en general, así como el de facilitar el intercambio de insumos y mejorar la articulación y coordinación entre instituciones, la
cogestión territorial y social, la planificación y la programación presupuestaria en las áreas donde las instituciones estatales consideren estratégicas y de prioridad, para apoyar la toma de decisiones basadas en datos para mejorar el ordenamiento del territorio y el desarrollo sostenible. Este Centro se encuentra en una versión beta que todavía no es accesible al público.

¿Cuál es el compromiso?
El compromiso busca fortalecer la recolección, integración y publicación de los datos sobre ordenamiento territorial y uso del territorio para así tomar decisiones más informadas desde la institucionalidad pública en términos de planificación territorial y generar soluciones innovadoras a problemas territoriales con base en esa información. Además, busca facilitar a la sociedad civil organizada un acceso más fácil a estos datos, con el fin de que se involucre más activamente en las diferentes instancias participativas y de representación ciudadana que existen actualmente en torno a estos temas, para así posicionar el ordenamiento territorial como un tema prioritario en la agenda ciudadana y política del país a través del cual se pueden solucionar problemas relevantes e indirectamente alcanzar las metas de descarbonización detalladas en el Plan Nacional de Descarbonización. Con ese fin se plantean seis acciones principales:
1. El desarrollo y lanzamiento de la versión final del Centro de Inteligencia Territorial, a partir de una evaluación de la versión beta con organizaciones de sociedad civil, instituciones públicas y actores clave para adecuar y realizar mejoras desde la perspectiva de los potenciales usuarios y público meta.
2. Articulación con otras instituciones como: MOPT, MINAE, ICT, INVU, CNE, MJP, INDER, Ministerio de Salud, CCSS, MEP, MSP, Ministerio de Cultura, ICODER, AyA, IMAS, MICITT, IFAM, MIDEPLAN, IGN, MAG, INEC y municipalidades; para integrar en la plataforma información específicamente relevante para el ordenamiento territorial que contribuye a la descarbonización y el cambio climático, como lo son datos de movilidad, flota vehicular, planes reguladores (urbanos y costeros), recuperación de infraestructura, emisión de gases, variables ambientales de planes reguladores, entre otros.
3. Conformación de un Consejo Ciudadano de Ordenamiento Territorial, integrado por una comunidad de usuarios expertos de diferentes sectores con los que ya el MIVAH trabaja, que se encargue de evaluar periódicamente la información disponible en el Centro de Inteligencia Territorial y genere recomendaciones sobre datos que se deban agregar, presentación y uso de la información existente y formas de mejorar la experiencia del usuario, entre otros. Este Consejo también apoyaría los esfuerzos por articular con otras instituciones que aún no hayan compartido información para ser integrada dentro del Centro.
4. Realización de talleres con la comunidad de usuarios expertos que estarán enfocados en potenciar el uso de los datos disponibles en el CIT para generar propuestas de solución a los problemas ligados con el ordenamiento territorial, la adaptación al cambio climático y la descarbonización. Estos talleres pueden tomar también la forma de foros, expediciones de datos y hackatones y, de ser posible, deben vincularse con las municipalidades que ya han sido identificadas como especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático.
5. Co-creación de una Guía de Participación Ciudadana para el Ordenamiento Territorial, que facilite y fortalezca el involucramiento ciudadano y explique claramente las potestades, responsabilidades, regulaciones y normativas existentes sobre el tema, la cual servirá para promover los espacios participativos formales ya existentes en el tema de ordenamiento territorial y movilidad. Para la promoción de estos espacios también se aprovecharán el Consejo Ciudadano de Ordenamiento Territorial y los talleres con la comunidad de usuarios expertos previamente descritos, así como otros espacios de formación y capacitación que otras instituciones brindan.
6. Aprovechamiento de los espacios de involucramiento ciudadano abiertos a partir de este compromiso para generar insumos y esfuerzos que contribuyan a la presentación y promoción ante la Asamblea
Legislativa de una Ley de Ordenamiento Territorial.

¿Cómo contribuirá el compromiso a solucionar el problema público?
El compromiso contribuye a solucionar el problema ya que:
1. El CIT les permitirá a las diferentes instituciones del Estado tener una visión completa del territorio, tomar mejores decisiones y avanzar procesos más efectivos e informados en torno al ordenamiento territorial y la mitigación de las causas y los efectos del cambio climático.
2. La información del Centro podrá ser utilizada por la ciudadanía, organizaciones de sociedad civil y sector privado para generar proyectos y soluciones a los problemas de ordenamiento territorial a los que se enfrentan, particularmente en los territorios más afectados por el cambio climático o donde se generan más emisiones.
3. Los mecanismos o espacios de participación en el tema de ordenamiento territorial en las diferentes instituciones serán impulsados, promocionados y acercados a la ciudadanía, para que estos mecanismos vuelvan a tener relevancia y la ciudadanía pueda tener incidencia directa en el ordenamiento territorial y temas afines. Además, se crearán nuevos espacios de participación para acompañar e incidir en las diferentes acciones que plantee la institucionalidad.
El CIT se desarrollará como una plataforma para el intercambio de información geoespacial a nivel institucional, pero también como un visor informativo que fomenta la transparencia y rendición de cuentas hacia el ciudadano,
cumpliendo con los principios de Gobierno Abierto. Por lo anterior, la forma de medir su impacto va asociado a indicadores de producto tales como:
-Número de ciudadanos que accedan al CIT para consulta de información.
-Número de ciudadanos que solicitan publicar información en el CIT, sea en materia de estudios o investigaciones.
-Número de ciudadanos que descargan información para sobreponerla con la información que tenga de referencia para un estudio o bien para un trabajo universitario, colegial o escolar.
-Número de instituciones gubernamentales que, como grupo de trabajo, acceden al CIT para definir proyectos que cumplen con algunos de los 10 ejes de descarbonización.
-Número de municipalidades y grupos de consultores que, como grupo de trabajo, acceden al CIT para elaborar su plan regulador.

De igual manera, se puede hablar de indicadores de eficacia, relacionados al número de proyectos desarrollados u obras construidas que consideraron información del CIT; así como los montos invertidos en ellos por unidad de tiempo determinada (anual o cada 4 años).

¿Por qué este compromiso es relevante para los valores de OGP?
-El compromiso es relevante para la transparencia, ya que está integrando, publicando, haciendo accesible y visualizando nueva y mejor información geoespacial sobre la gestión y las condiciones del territorio.
-El compromiso es relevante para la participación cívica porque está impulsando las oportunidades de acceso a los espacios de participación, está fortaleciendo las capacidades y la formación de aquellas personas que desean participar en estos espacios y también está creando nuevos espacios vinculados con la evaluación y el uso de los datos del Centro de Inteligencia Territorial.
-El compromiso es relevante para la rendición de cuentas ya que a través de la información que llegará a recibir el ciudadano, grupos organizados, gobiernos locales e instituciones públicas, todos los usuarios tendrán la posibilidad de referirse a la institución o sector correspondiente a fin de hacer valer su opinión respecto a la atención que recibe su cantón, distrito o zona de residencia; o bien ser fiscalizadores de los proyectos realizados en materia de ordenamiento territorial.

Información adicional
El compromiso está vinculado con el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050 y la Política Nacional de Desarrollo Urbano 2018-2030.
El compromiso está vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022, el cual tiene como una de sus metas nacionales la Descarbonización de la economía y tiene un área estratégica de “Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial”
El compromiso está vinculado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible N°13: “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos” y vinculado al N°15: “Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica ”

IRM Midterm Status Summary

3. Centro de Inteligencia Territorial (CIT) para transparentar la información de ordenamiento territorial, apoyar la toma de decisiones y potenciar el involucramiento ciudadano

Texto del compromiso tal y como aparece en el plan de acción.

Objetivo principal

“El compromiso busca fortalecer la recolección, integración y publicación de los datos sobre ordenamiento territorial y uso del territorio para así tomar decisiones más informadas desde la institucionalidad pública en términos de planificación territorial y generar soluciones innovadoras a problemas territoriales con base en esa información. Además, busca facilitar a la sociedad civil organizada un acceso más fácil a estos datos, con el fin de que se involucre más activamente en las diferentes instancias participativas y de representación ciudadana que existen actualmente en torno a estos temas, para así posicionar el ordenamiento territorial como un tema prioritario en la agenda ciudadana y política del país a través del cual se pueden solucionar problemas relevantes e indirectamente alcanzar las metas de descarbonización detalladas en el Plan Nacional de Descarbonización.”

Hitos

  • Foros con actores expertos y consultas para evaluar la versión beta del CIT y recibir retroalimentación
  • Lanzamiento del CIT
  • Co-creación de la Guía de Participación Ciudadana para el Ordenamiento Territorial.
  • Realización de, al menos, tres talleres con la comunidad de usuarios expertos para potenciar el uso de los datos disponibles en el CIT y generar soluciones
  • Realización de acciones de articulación y coordinación con otras instituciones para integrar información relevante para el ordenamiento territorial que contribuye a la descarbonización y el cambio climático

Nota editorial: Para leer el texto completo de este compromiso, consulte el plan de acción de Costa Rica en el siguiente enlace: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/01/Costa-Rica_Action-Plan_2019-2021.pdf

Evaluación del informe de diseño de IRM

Verificable:

Relevante:

Acceso a la información, participación ciudadana

Impacto potencial:

Menor

Análisis del compromiso

En Costa Rica el desarrollo de infraestructura y urbano se ha dado sin seguir una planificación adecuada sino más bien guiado por las condiciones del mercado, por la oferta y la demanda. Esta situación ha generado significativos problemas de movilidad y enormes aglomeraciones de vehículos en áreas geográficas relativamente pequeñas dentro del área metropolitana.

Los Gobiernos locales, que gozan de autonomía otorgada desde la Constitución, son los responsables de gestionar la distribución de sus territorios, pues son los que conceden el uso de suelo y permisos de construcción según lo define el Código Municipal [12]. Sin embargo, solo 40 de los 82 cantones del país tiene un plan regulador, ya sea total o, como en la mayoría de los casos, parcial. Además, para el año 2019 solo 21 de ellos contaban con viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional (SETENA), según explica el plan de acción.

Para los territorios que no poseen planes reguladores lo que aplica son los reglamentos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), uno de los órganos rectores en la materia. Estos se encuentran obsoletos, son bastante permisivos con el ambiente y no se alinean a la legislación ambiental desarrollada en el país a partir de 1995 [13].

Como consecuencia de estas condiciones y la dificultad para tomar decisiones en el tema, el plan de acción señala que en Costa Rica se espera un crecimiento anual del 2,4% en las emisiones de gases de invernadero, las cuales podrían llegar a crecer un 60% entre 2015 y 2030 y un 132% en 2050.

Durante la primera década de este milenio el país desarrolló un ambicioso plan para actualizar los planes reguladores de los 31 cantones que componen la Gran Área Metropolitana, mejorar la gestión urbana a nivel local y actualizar el Plan GAM 82. Este plan estaba vigente desde 1982 y definía las reglas para el desarrollo urbano de la zona más poblada del país, que alberga el 65% del parque empresarial y da cuenta de más del 80% de su estructura productiva. El plan se llamó Prugam (Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana) y fue ejecutado en colaboración y con fondos de la Comunidad Económica Europea [14].

Sin embargo, una vez completado no fue acogido en su totalidad por el INVU, que lo usó como insumo para publicar una Política Nacional de Ordenamiento Urbano y, en su lugar, desarrollar una contrapropuesta llamada POTGAM (Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana). Esta recibió un amplio rechazo por parte de asociaciones, organizaciones civiles y gremios relacionados al desarrollo urbanístico [15]. Finalmente, en abril de 2014 entró en vigencia el Plan GAM, tras la publicación de su Reglamento bajo el Decreto N° 38145 [16] y que fue el que actualizó el plan vigente desde 1982.

Otras iniciativas que han buscado ordenar el uso de territorios y gestionar su explotación son el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050, y la Política Nacional de Desarrollo Urbano 2018-2030. El MIVAH creó el Centro de Inteligencia Territorial (CIT) como la plataforma tecnológica oficial para albergar la información y datos georreferenciados sobre temáticas y proyectos relacionados al ordenamiento territorial y la planificación urbana en el país.

Su objetivo es dar acceso a la información geoespacial oficial a usuarios no expertos y generar un intercambio de insumos y la coordinación de acciones entre instituciones que trabajen en áreas relacionadas a la gestión territorial y social. Al momento de redactar el presente informe, en marzo de 2019, el CIT se encontraba en versión beta y todavía no era accesible al público.

El compromiso surgió del área temática de “Descarbonización”. De los ocho problemas que surgieron tras agrupar todas las propuestas, la inadecuada gestión del territorio ocupó el quinto lugar en importancia. Los primeros fueron el inadecuado tratamiento de residuos sólidos, que el sistema de transporte público no responde a las necesidades de movilidad de la ciudadanía, y la congestión vehicular. Posteriormente el problema único a abordar que definió la mesa de trabajo en el taller de definición de problemas fue la inadecuada gestión del territorio. Las dos soluciones propuestas para atenderlo fueron promover la Ley de Ordenamiento Territorial y el desarrollo del Centro de Inteligencia Territorial; y crear espacios entre sociedad civil y este centro para el uso y promoción de la información sobre descarbonización y ordenamiento territorial.

Al igual que los dos compromisos anteriores, la iniciativa también propone la creación de una plataforma, por lo que aplican las sugerencias planteadas para los dos compromisos sobre la necesidad de que la información divulgada sea pertinente y útil para la población meta, que informe su toma de decisiones y cuente con una estrategia sostenible para mantenerla actualizada constantemente. Esto requiere conocer a los ciudadanos y organizaciones que la usarán y sus necesidades, por lo que será clave involucrarlos durante la etapa de consulta y en la creación del Consejo Ciudadano de Ordenamiento Territorial. La plataforma por sí sola no logrará un impacto en el empoderamiento de los ciudadanos si no se logra que estos la aprovechen para la toma de decisiones y la consecución de sus objetivos.

Por otro lado, miembros de las OSC que participaron en el proceso de cocreación compartieron la impresión de que los insumos aportados no se usaron tanto para redactar el compromiso como para definir el ámbito de acción y cuál sería la institución implementadora. Para Manuel Castrillo, director de la Asociación Proyecto Camino Verde, que tomó parte en el proceso, si bien hubo consenso en la mesa de trabajo sobre el reto a atacar y cómo abordarlo, al final se escogió como compromiso un proyecto ya planeado y en el que estaba trabajando Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH).

Efectivamente en el año 2019 el Plan Anual Operativo Institucional del MIVAH incluyó: “la creación de un Centro de Inteligencia Territorial donde se gestione los datos relevantes para la agenda de vivienda, planificación urbana y ordenamiento territorial” [17]. Al respecto, Manuel Castrillo opinó: “se discutieron otros parámetros que no se incluyeron en el compromiso. Esto no desmerita el valor de la plataforma, pero si el sentido de recabar todos los insumos recolectados y el objetivo de lograr una amplia participación”. Estos aspectos propuestos en el proceso de cocreación y que no se incluyeron pretendían impartir capacitaciones a ciudadanos y empleados municipales en temas de gestión territorial, estrategias de divulgación y el desarrollo de capacidades en áreas relacionadas al manejo de transporte y de desechos sólidos.

Geannina Sojo, Coordinadora de Gobierno Abierto dentro del Ministerio de Comunicación, explicó que se escogió el compromiso precisamente por alinear los intereses expresados durante el proceso de cocreación a la iniciativa en que venía trabajando el MIVAH, y consideró que su valor para gobierno abierto radica en aportar procesos de participación y transparencia a la iniciativa del CIT, con los que inicialmente no contaba [18].

Finalmente sería recomendable que la Guía de Participación Ciudadana para el Ordenamiento Territorial sea sencilla y fácil de usar, y evitar que su creación retrase otros procesos de implementación del compromiso y consuma los recursos que quizás podrían usarse más eficazmente en la capacitación de la población meta. Esta situación ha pasado en planes de acción anteriores, que vieron retrasada su implementación a la espera del desarrollo de guías o manuales, cuyo uso y apropiamiento por parte de los ciudadanos se desconoce.

[12] Código Municipal de Costa Rica N°7794
[13] Allan Astorga, abril de 2018
[14]Prugam y Potgam”, La Nación, 29 de marzo de 2012.
[15]Postgam encalla en el disenso”, El Financiero, edición 878.
[17] Plan Anual Operativo Institucional 2019, Programa 815 Ordenamiento Territorial, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, actualización de agosto de 2019
[18] Entrevista del investigador IRM, 19 de marzo de 2020

Commitments

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