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Compromiso Destacado: Consulta Previa según la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo

OGP Support Unit|

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País: Brasil

Plan de acción: 2013-2015

Compromiso 5.3: Consulta Previa según la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo

Los pueblos indígenas de Brasil han luchado desde hace mucho tiempo con el gobierno por el uso de su territorio, la protección de sus recursos naturales contra las industrias extractivas y los impactos ambientales de las concesiones hidroeléctricas a sus ríos sagrados. En 2004, el gobierno de Brasil ratificó la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el primer instrumento internacional vinculante que aborda de forma específica los derechos de los pueblos indígenas y tribus a la consulta previa e informada sobre los temas que los afectan, por ejemplo las concesiones sobre sus tierras y la extracción de recursos naturales.

Como parte de su participación en OGP, el gobierno incorporó un compromiso en su segundo plan de acción para respetar e incluir los proceso de consulta de acuerdo con la Convención 169. En su evaluación de medio término, el informe del IRM marcó este compromiso con cumplimiento limitado pero con el potencial de ser un paso importante en esta área. Un grupo de trabajo interinstitucional se reunió en nueve ocasiones para desarrollar una propuesta de cambios para los mecanismos de consulta con las comunidades indígenas y afrodescencientes (Quilombolas) requeridos por la Convención 169. Sin embargo, fue difícil establecer un diálogo con las comunidades porque algunos grupos se pronunciaron en contra de la regulación. Algunos argumentaban que el proceso era una “cortina de humo para esconder la intención real de debilitar los medios reales de la consulta” y otros dijeron que no era necesaria porque los principios para llevar a cabo consultas ya existen.

El juicio político de Dilma Rousseff y la crisis política y económica alrededor de él presentan algunos retos para el progreso de Brasil. La incertidumbre es preocupante para los ambientalistas y defensores de los derechos humanos. Este año, el senado de Brasil debatió una ley que afectaría directamente a las comunidades indígenas. Hay incertidumbre acerca de si la nueva administración dará seguimiento a este debate y cómo es que afectará el requisito de consultas previas e informadas. En el futuro, el informe final del IRM mostrará si se han logrado mayores avances en este compromiso. Si la nueva ley es aprobada, será interesante ver si el gobierno logra incorporar la Convención 169 para garantizar la participación y voz de los pueblos indígenas de Brasil en la toma de decisiones.  

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