Systematize Information About Sexual and Reproductive Health Policies (AR0093)

What is the public problem that the commitment will address?
Health is a fundamental human right. Its effective exercise by citizens implies, first of all, knowing the public policies implemented. Having clear and timely information facilitates citizen involvement and monitoring, and provides greater transparency to management. Indeed, civil society organizations (CSOs), especially those involved in sexual health issues, claimed in different spaces for the need for the State to comply with this premise. Regarding sexual health and reproductive health, the absence of available public information that accounts for the actions and policies carried out by the State is evident. Difficulties in accessing data on these issues limits the possibilities of monitoring the progress or absences of public policies, in particular by CSOs that carry out advocacy actions to guarantee sexual and reproductive rights.

What is the commitment?
This commitment aims to produce, systematize and make available information on the implementation of sexual and reproductive health policies. Along these lines, the Secretariat of Health will build and publish data on distributed inputs (general and long-term contraceptive methods) disaggregated by province and input. It will also disseminate data on the training carried out at the request of the provinces on sexual and reproductive health issues; and it will hold meetings with civil society organizations (CSOs) to share progress made in the implementation of these initiatives and receive inputs and ideas that contribute to improving the information available and to generating synergies between government and civil society. Through this commitment it is expected to guarantee access to complete and timely information on policies implemented at the federal level regarding sexual health and reproductive health that allows the interested communities to analyze it as part of their work agendas.

How will the commitment contribute to solving the public problem?
Information will be made available on the implementation of policies on sexual health and reproductive health territorially disaggregated, which has been required by civil society organizations interested in these issues. In this way, it is expected that the publication of systematized information will facilitate monitoring and expand the possibilities of advocacy, especially by CSOs dedicated to this agenda at the federal level, in pursuit of the full exercise of the right to responsible sexuality.

Why is this commitment relevant to OGP values?
The commitment is mainly relevant to transparency, as it facilitates access to information that is not currently produced or is not available on fundamental issues such as sexual health and reproductive health.

Additional information
This commitment is aligned with the 2030 Agenda and its SDG 3 on health and well-being, in particular to target 3.7, referring to “ensuring universal access to sexual and reproductive health care services, including for family planning, information and education, and the integration of reproductive health into national strategies and programs”.

15. Sexualidad y derechos

Este compromiso tiene por objetivo producir, sistematizar y disponibilizar información sobre la implementación de políticas de salud sexual y salud reproductiva. En esa línea, la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación [actual Ministerio de Salud de la Nación] construirá y publicará datos sobre insumos distribuidos (métodos anticonceptivos en general y de larga duración) desagregados por provincia e insumo. También difundirá datos sobre las capacitaciones realizadas a demanda de las provincias en temáticas de salud sexual y salud reproductiva; y realizará encuentros con organizaciones de sociedad civil (OSC) para compartir avances en la implementación de estas iniciativas y recibir aportes e ideas que contribuyan a mejorar la información disponible y generar sinergias entre gobierno y sociedad civil.

Objetivo principal

Garantizar el acceso a información completa y oportuna sobre políticas implementadas a nivel federal en materia de salud sexual y salud reproductiva que permita a la comunidad especialmente interesada analizarla como parte de sus agendas de trabajo.

Hitos

15.1 Publicación trimestral de datos sobre la cantidad de métodos anticonceptivos distribuidos en las 24 jurisdicciones del país, desglosados por provincia y por insumo, así como disponibilización anual de la cantidad total de la población cubierta con los métodos distribuidos.

15.2 Publicación trimestral de la cantidad de capacitaciones que se realicen a los equipos de salud en las jurisdicciones que lo soliciten sobre: consejería en salud sexual y salud reproductiva; métodos anticonceptivos en general y de Larga Duración (LARCs); diversidad sexual y corporal; y anticoncepción Inmediata en el Post Evento Obstétrico (AIPE).

15.3 Realización de al menos dos encuentros de retroalimentación entre sociedad civil y la Secretaría de Gobierno de Salud para verificar avances en el compromiso y recibir ideas, con miras a identificar sinergias.

Nota editorial: Para leer el texto completo de este compromiso, consulta el plan de acción de Argentina en el siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuarto_plan_de_accion_nacional_de_gobierno_abierto_-_argentina_-_v4.pdf.

Análisis del compromiso

A partir de la constatación de que la ausencia de (o las dificultades de acceso a) informaciones relevantes sobre las acciones y políticas gubernamentales en materia de salud sexual y reproductiva limita las posibilidades de monitoreo de la sociedad civil, este compromiso se propone facilitar el acceso a información completa y oportuna sobre las políticas implementadas a nivel federal en esa área. Con ese objetivo, la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación (actualmente Ministerio de Salud) sistematizará y publicará series de datos sobre la distribución de métodos anticonceptivos, desagregados por provincia e insumo, consignando la cobertura poblacional alcanzada; así como acerca de las capacitaciones realizadas a demanda de las provincias en temáticas de salud sexual y salud reproductiva, desagregadas por localidad y por tema. Adicionalmente, el compromiso incluye la realización de encuentros con OSC para recoger sus aportes conducentes a la ampliación y el mejoramiento de la información disponible.

Dado que sus tres hitos se traducen en actividades observables y se operacionalizan en entregables tangibles (encuentros con sociedad civil, datos publicados), el compromiso es considerado verificable.

El compromiso es relevante para el valor del acceso a la información tal como lo define OGP, ya que apunta a facilitar el acceso a datos actualmente no disponibles o de difícil acceso que resultan fundamentales para la labor de incidencia de las OSC especializadas en derechos de las mujeres y salud sexual y reproductiva. Adicionalmente, contiene un componente secundario de participación ciudadana, en la medida en que incluye un mínimo de dos “encuentros de retroalimentación” con OSC, destinados a “verificar avances en el compromiso y recibir ideas, con miras a identificar sinergias”.

Tal como lo señalaron las representantes de dos OSC que participaron del proceso de cocreación, ACIJ y la Fundación Huésped, el compromiso fue incluido en el plan a raíz de una demanda de la sociedad civil, que una de ellas también identificó como una demanda de la ciudadanía en general [78]. Ambas fuentes, sin embargo, coincidieron en afirmar que parte de la sustancia de la propuesta original acabó perdiéndose en el curso de la negociación que tuvo lugar en la mesa de diálogo y el proceso subsiguiente.

Desde ACIJ, Julieta Izcurdia explicó que la propuesta inicial de su organización, secundada por varias más, consistía en “transparentar el seguimiento físico del programa de Educación Sexual Integral (ESI, del Ministerio de Educación) en las diferentes provincias. La propuesta se combinó con otra vinculada con la transparencia y el monitoreo de las políticas de sexualidad y derechos a cargo de la Secretaría de Salud [pero] a la [mesa de diálogo] solo asistieron representantes de esta última. Tuvimos otra reunión con el Ministerio de Educación, que se comprometió publicar cierta información, pero [esto] no fue plasmado en el compromiso final” [79], que eventualmente no incluyó a este ministerio [80].

Desde la perspectiva de Betiana Cáceres, de la Fundación Huésped, “el compromiso se fue definiendo en función de ese pedido [de la sociedad civil] y lo que el gobierno estaba dispuesto a abrir”, que evidentemente no incluía los datos acerca de la implementación del programa ESI. Así, Cáceres estima que, en relación con el componente de educación, la sociedad civil fue apenas informada, ya que “el gobierno modificó unilateralmente el texto que ya había sido discutido, se [le] pidieron explicaciones y los argumentos no fueron satisfactorios” [81]. Con todo, la experiencia arrojó un resultado positivo, que podrá capitalizarse en el futuro: como lo señala la DGA, la participación de jóvenes en la mesa de diálogo “desencadenó conversaciones diferentes, o más profundas, sobre lo observado por organizaciones. Las jóvenes presentaban la problemática real de lo experimentado en sus escuelas (lo que a su vez plantean las OSC), y si bien no se gestó el compromiso, se les abrió una línea de interlocución con funcionarios que ellas hasta ese momento desconocían” [82].

Por su parte, en relación con el componente de salud, que quedó plasmado en el compromiso, la sociedad civil sí habría sido escuchada e involucrada (“se logró un acuerdo positivo aunque el gobierno no mostró flexibilidad sobre el pedido de que la publicación fuera en formato abierto”), percepción que coincide con la de nuestras fuentes en la Secretaría de Gobierno de Salud [83].

El compromiso eventualmente incluido en el plan tiene ambiciones limitadas, tanto por haber dejado de lado un componente que la sociedad civil consideraba central, como por el hecho de que, como lo subraya la representante de una OSC especializada en el tema, la mayor parte de la información comprometida en materia de salud sexual y reproductiva ya existe: el compromiso no supone la construcción de indicadores ni el relevamiento de datos nuevos, sino más bien la desagregación de datos ya disponibles y la puesta a disposición del público de información que solía ser de uso exclusivamente estatal, y a la que las OSC especializadas eventualmente lograban acceder, pero con cierta dificultad. En lo sucesivo, el acceso simplificado a información más desagregada facilitará la labor de monitoreo de la sociedad civil, especialmente a nivel provincial, donde la opacidad suele ser mayor. En ese sentido, es de destacar la oportunidad, habilitada por el compromiso, de hacer un seguimiento más riguroso de la cadena de suministros e impulsar iniciativas que comprometan a los gobiernos provinciales. Sin embargo, en función de las limitaciones mencionadas, se espera que, de ser implementado según está redactado, el compromiso tenga un impacto menor.

Compromiso 15. Sexualidad y derechos

● Verificable: sí

● ¿Tiene una visión de gobierno abierto? sí

● Potencial para obtener resultados: menor

● Cumplimiento: sustancial

● ¿Abrió el Gobierno? marginalmente

Este compromiso se implementó en una versión ligeramente modificada en relación con la originalmente incluida en el plan de acción. Para dar cuenta de la entrada en vigor de la Ley Nº27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el 24 de enero de 2021, el compromiso pasó a incluir, entre las informaciones de publicación requerida, las referidas a capacitaciones sobre interrupción legal del embarazo (marco legal, modelo de atención, lineamientos técnicos, estrategias de abordaje) en las provincias.

Los datos sobre la cantidad de métodos anticonceptivos distribuidos en las 24 jurisdicciones del país, desglosados por provincia y por insumo, se publicaron trimestralmente solo en el año 2021 [38], lo mismo que los datos sobre capacitaciones [39]. En noviembre de 2020 se realizó el primero de los encuentros de retroalimentación con la sociedad civil pautados en el compromiso, el cual contó con buena participación.

El funcionario consultado informó que el compromiso se implementó correctamente, aunque las capacitaciones y reuniones debieron realizarse de forma remota. Sin embargo, dada su escasa ambición, su efecto sobre la apertura gubernamental es considerado marginal: “A partir del aporte sanitario por parte de las jurisdicciones, los distintos organismos públicos y privados cuentan con la información necesaria para ajustar o generar nuevas políticas públicas respecto de la materia” [40].