Coordination to Implement the "Sowing Security" Strategy (CR0065)

¿Cuál es el problema público que abordará el compromiso?
Costa Rica ha enfrentado en años recientes un aumento de la criminalidad. Este aumento se ha reflejado particularmente en la tasa de homicidios dolosos (la cual alcanzó un 11,7 por cada 100.000 personas en el año 2018), pero también se evidencia en otros crímenes que afectan de manera más cercana la cotidianeidad de la mayoría de la ciudadanía. Ese es el caso de los asaltos, para los cuales llegaron a reportarse 16.490 denuncias en el 2018, un aumento del 10,8% en relación con el año anterior. Además, en el 2018 se recibieron 7.264 denuncias de robo a vivienda, para un promedio diario de 19,9 denuncias. Esta situación genera una sensación creciente de inseguridad, frustración, impotencia y desprotección en la ciudadanía, lo que también resulta en una pérdida de credibilidad en las leyes y el sistema de seguridad. Debido a la complejidad del fenómeno de la criminalidad y a los múltiples factores socioeconómicos y delictivos que inciden en él, surge la necesidad de adoptar un abordaje de la prevención de la seguridad que integre políticas coherentes, evaluables, sostenibles e integrales, con un enfoque 99 multidimensional, producto del estudio de las problemáticas que afectan la seguridad pública, el desarrollo humano y la seguridad ciudadana. Con ese fin, el Ministerio de Seguridad Pública actualmente se encuentra implementando Sembremos Seguridad, una estrategia integral de prevención para la seguridad pública que progresivamente se está expandiendo a los 82 cantones del país. Sembremos Seguridad permite identificar, priorizar y focalizar las principales problemáticas que afectan e inciden en la seguridad y convivencia ciudadana a partir de diagnósticos locales para la comprensión y transformación de fenómenos de violencia, riesgos sociales, delitos y otros factores generadores de inseguridad, logrando integrar las capacidades institucionales, políticas públicas y la gestión comunitaria, desde un ámbito cantonal. El resultado de estos diagnósticos es la definición, priorización y ejecución de una serie de líneas de acción particulares para cada cantón que deben ser implementadas por el Ministerio de Seguridad Pública, las Municipalidades y otras instituciones u organizaciones relevantes. El cumplimiento actual de estas líneas de acción se encuentra en un 63%. Sin embargo, a pesar de ese avance, la estrategia cuenta con retos importantes en términos de seguimiento de las líneas de acción. Por un lado, el MSP ha encontrado algunas dificultades para el cumplimiento de sus líneas y acciones. Por otro lado, aún debe articularse de manera efectiva con otras instituciones responsables de implementar acciones. Por último, se ha reconocido la necesidad de ampliar la publicación de información accesible y clara sobre el cumplimiento de las líneas de acción para cada cantón en el sitio web del MSP, ya que la falta de esta información imposibilita a la ciudadanía dar un seguimiento a los avances o retrasos que se están presentando.

¿Cuál es el compromiso?
Fortalecer la articulación en torno a la estrategia integral de prevención de seguridad pública Sembremos Seguridad, para atender de forma más efectiva las problemáticas de seguridad ciudadana que afectan a cada cantón. Esto se lograría a través de las siguientes acciones prioritarias:
1. Potenciar la articulación de las instituciones públicas involucradas en las líneas de acción de Sembremos Seguridad de cada cantón, dependiendo de sus potestades y capacidades, con el fin de avanzar en el cumplimiento de las líneas de acción y rendir cuentas sobre sus avances.
2. Transparentar el estado de avance y cumplimiento de las líneas de acción para cada cantón por medio de la publicación de información relevante en formatos abiertos, accesibles y desagregados territorialmente en el sitio web del Ministerio de Seguridad Pública.
3. Mejorar la divulgación de información, convocatorias y actividades relacionadas con la estrategia Sembremos Seguridad entre las organizaciones y personas de la comunidad por los canales que sean más apropiados. El compromiso tiene como objetivo asegurar un mejor y más pronto cumplimiento de las líneas de acción de los cantones en donde se está implementando la estrategia Sembremos Seguridad, involucrando más activamente a las instituciones públicas y ciudadanía.

¿Cómo contribuirá el compromiso a solucionar el problema público?
El compromiso se vincula y articula con una política pública ya existente, la cual es la estrategia integral de prevención para la seguridad pública Sembremos Seguridad. Este programa cuenta con un riguroso proceso de cinco etapas que combinan una serie de técnicas y herramientas metodológicas para, con el apoyo de ciudadanos, instituciones y expertos, definir problemáticas relevantes para el cantón y las líneas de trabajo que se tendrán que ejecutar para darles solución. De esta forma la estrategia permite contribuir a la solución del problema social de la criminalidad y la inseguridad ciudadana, con acciones que se vinculan a las particularidades y necesidades de cada cantón. Este compromiso, entonces, se alinea completamente con los objetivos finales de la estrategia Sembremos Seguridad, pero le añade un componente más vigoroso de participación y colaboración institucional, especialmente en las etapas de seguimiento, ejecución y evaluación de las líneas de acción, así como de transparencia y rendición de cuentas al mejorar el acceso a la información sobre el cumplimiento de la Estrategia. Esto permitirá desarrollar un interés directo de las comunidades en la ejecución de las líneas de acción de la estrategia Sembremos Seguridad para sus cantones, lo que contribuirá a su mejor y más expedito cumplimiento, a una mejor gestión de la estrategia y a un enfoque más sostenible en la prevención, redondeando así en un mejoramiento de la percepción de seguridad y los índices de criminalidad del cantón. El impacto final del compromiso será alcanzar al menos un 80% en el avance de cumplimiento de las líneas de acción internas y externas de los cantones diagnosticados por Sembremos Seguridad hasta el primer semestre del año 2020 (incluyendo los diagnósticos del 2017 hasta el periodo indicado). Este impacto se podrá verificar midiendo el porcentaje de avance total de las líneas de acción (la suma del porcentaje de las líneas de acción que se encuentran en proceso más las líneas de acción que se encuentren cumplidas a lo interno y externo) en cada uno de los cantones en comparación con el nivel de avance que tenían antes del compromiso.

¿Por qué este compromiso es relevante para los valores de OGP?
Es relevante para la transparencia ya que se propone publicar información y datos en formatos abiertos y accesibles sobre los avances en la implementación y el cumplimiento de las líneas de acción de la estrategia Sembremos Seguridad a nivel cantonal. Dicha información actualmente en su mayoría no se encuentra publicada y la poca información disponible no está en formatos abiertos. Es relevante para la rendición de cuentas ya que incluye acciones que buscan generar un mayor escrutinio y monitoreo ciudadano del cumplimiento de los compromisos y las líneas de acción asumidas por los diferentes actores en el marco de la estrategia 102 Sembremos Seguridad, evaluación que se espera lleve a impulsar acciones correctivas ante los rezagos o debilidades en la implementación.

Información adicional
La ejecución del compromiso será financiada con el presupuesto de la estrategia Sembremos Seguridad, programa del Ministerio de Seguridad Pública y la Embajada de Estados Unidos con el que se encuentra completamente vinculado y alineado. El compromiso está vinculado con el área estratégica de Seguridad Humana del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022, el cual tiene como meta el haber implementado la estrategia Sembremos Seguridad en 64 cantones durante el periodo 2019-2021. El compromiso está vinculado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 16: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces responsables e inclusivas.”.

7. Articulación en el cumplimiento de las líneas de acción de la estrategia Sembremos Seguridad con transparencia y rendición de cuentas

Texto del compromiso tal y como aparece en el plan de acción.

Objetivo principal

“Fortalecer la articulación en torno a la estrategia integral de prevención de seguridad pública Sembremos Seguridad, para atender de forma más efectiva las problemáticas de seguridad ciudadana que afectan a cada cantón “

Hitos

• Publicación en el sitio web del Ministerio de Seguridad Pública de información y datos en formatos abiertos y accesibles sobre los avances en la implementación de la estrategia Sembremos Seguridad y el cumplimiento de sus líneas de acción, desagregados territorialmente para cada cantón. Estos datos deberán actualizarse mensualmente.
• Seguimiento trimestral a las líneas de acción de cada cantón, mediante visitas de campo a los gobiernos locales, con el fin de verificar y evidenciar en el sitio el cumplimiento de las líneas de acción planteadas.
• El Ministerio de Seguridad Pública junto con las respectivas municipalidades, la sociedad civil organizada y las instituciones del Estado presentes en la zona, incorporará 30 nuevos cantones a la Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública Sembremos Seguridad.
• Informe de rendición de cuentas al final del periodo de implementación del compromiso que evidencie el cumplimiento en la ejecución de al menos 80% de las líneas de acción internas y externas de los cantones diagnosticados hasta el primer semestre del año 2020 (incluye los diagnósticos del 2017 hasta el periodo indicado), con la participación integral de los actores involucrados.

Nota editorial: Para leer el texto completo de este compromiso, consulte el plan de acción de Costa Rica en el siguiente enlace: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/01/Costa-Rica_Action-Plan_2019-2021.pdf

Análisis del compromiso

Los casos de violencia e inseguridad en Costa Rica mostraron un crecimiento constante entre los años 2015 y 2018. La cantidad de asaltos registrados por la sección de estadísticas de la página web del Organismo de Investigación Judicial, del Poder Judicial [49], al principio de ese período fue de algo más de 15.000 asaltos. Alcanzó los 17.000 en 2016 y superó los 19.000 en 2018. El comportamiento de los homicidios a nivel nacional fue similar, pues pasaron de 477 en 2014 a más de 600 en 2017. Bajaron a 585 en 2018 [50] año en que el número de denuncias por asalto creció un 10% y la tasa de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes aumentó de 9,9% a 12%, según el Órgano Judicial. Las principales causas se atribuyen al crecimiento de la actividad del narcotráfico y la proliferación de bandas delictivas organizadas [51]. Para 2019 tanto la cantidad de asaltos como de homicidios (18.300) bajaron con respecto al año 2018 (563), sin embargo, persisten condiciones que fomentan una percepción de violencia e inseguridad entre la población.

La iniciativa Sembremos Seguridad es una estrategia implementada por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) desde el año 2017, como evolución del llamado Análisis Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana [52], que busca determinar los delitos y factores sociales que más afectan a los ciudadanos en cada uno de los 82 cantones del país, según la percepción de las personas y las estadísticas registradas. El fin es usar esta información para determinar las acciones de coordinación y cooperación entre Gobiernos locales, instituciones y participación ciudadana que más efectivamente ayudarían a abordarlos y, en consecuencia, mayor impacto tendrían en la seguridad de la población cantonal [53]. El programa cuenta con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y la asesoría de la Policía Nacional de Colombia.

Entre agosto de 2018 y julio de 2019 se realizaron, como parte de esta estrategia, cerca de 5.000 encuestas y 3.500 entrevistas en 28 de los 82 cantones que conforman el territorio costarricense. El resultado de la información recolectada permitió identificar 970 factores de riesgo, los cuales serán atendidos mediante 362 líneas de trabajo articuladas con 48 instituciones del Gobierno central y entidades privadas bajo los principios de priorización y focalización. El plan de acción indica que esas líneas de acción se habían cumplido en un 63%.

El compromiso busca publicar mensualmente información en el sitio web del MSP sobre el progreso en el cumplimiento de estas líneas de acción en cada uno de los cantones y facilitar la coordinación entre los ciudadanos y las entidades públicas que participen en su implementación. La iniciativa incluye visitas de campo cada trimestre a los Gobiernos locales para verificar el cumplimiento de las acciones planteadas y un informe que dé cuenta del progreso logrado en la meta de completar al menos el 80% de las líneas de acción internas y externas de los cantones diagnosticados hasta el primer semestre del año 2020.

La mesa de trabajo del área temática de “Seguridad” propuso esta iniciativa. Las personas que participaron en la consulta en línea para priorizar los principales problemas a atacar escogieron como los más importantes el aumento del crimen organizado y de las pandillas, la impunidad, la débil legislación para atacar la delincuencia común y la falta de programas de prevención desde la niñez. En el taller de definición de problemas se escogió la necesidad de un abordaje integral de la prevención de la criminalidad como problemática que el compromiso debe abordar. Para atenderla, los participantes definieron en el taller de soluciones que las propuestas serían articular las capacidades institucionales del sector público y privado para la intervención de problemáticas específicas de seguridad e incentivar la prevención de delitos desde la niñez y en todas sus demás etapas hasta adultos, a través de la educación.

El compromiso es uno de los que más claramente muestra la relación lógica entre los problemas priorizados, la problemática definida, la solución propuesta y el compromiso redactado dentro de este plan de acción. Como producto de seguir adecuadamente la metodología, se obtuvo una iniciativa más concreta con metas definidas y puntos de control claros. La iniciativa de “Sembremos Seguridad” pretende ayudar a solucionar varios de los problemas señalados durante las consultas públicas del proceso de cocreación y, al procurar coordinar iniciativas de varios sectores de la población e instituciones, también atiende la problemática priorizada y las soluciones propuestas en la mesa temática, que además afectan a un amplio sector de la población nacional. Por estas razones su impacto potencial es calificado como moderado.

Como se ha explicado, la estrategia “Sembremos Seguridad” no es nueva y ya incluía el componente de participación al involucrar a la población cantonal en los procesos de priorización de acciones en favor de la seguridad ciudadana. El aporte del compromiso radicará en recopilar la información sobre el avance en la ejecución de las líneas de acción de todos los cantones y publicarla en el portal del Ministerio de Seguridad Pública [54]. Esto ayudará a medir los resultados de la estrategia y a que los ciudadanos que participen en ella llamen a rendir cuentas a las instituciones responsables de implementarla. De esta forma se completa la integración de prácticas de gobierno abierto en las diferentes etapas del desarrollo de la política pública: participación durante su diseño e implementación, y publicación de información y participación tras su desarrollo y puesta en marcha.

Resultaría valioso agregar un mecanismo de rendición de cuentas tras la implementación de la iniciativa y no asumir que se dará con solo publicar la información de cumplimiento descrita en el texto del compromiso.

La forma en que se redactó el compromiso no es tan específica al indicar qué acciones se tomarán para mejorar la articulación entre las instituciones que trabajan en “Sembremos Seguridad”. En lo que sí es específico es en la meta de transparentar el estado de avance de las acciones por cantón en formato abierto y en lograr que el progreso de estas alcance el 80% en todos los cantones diagnosticados.

El fin de la información a publicar será impulsar el cumplimiento de las metas regionales de los equipos que conforman este programa de seguridad, por lo que la visualización de la plataforma de divulgación y la información e indicadores usados deberán diseñarse de manera que ayuden a conseguir esta meta y permitan entender cuan exitoso ha sido cada cantón.

Compromiso 8. Desarrollo del Sistema Observatorio Judicial para monitoreo y fiscalización de la gestión judicial

● Verificable: Si

● ¿Tiene una visión de gobierno abierto? Si, relevante para acceso a la información, participación ciudadana y rendición de cuentas

● Potencial para obtener resultados: Transformador

● Cumplimiento: Completado

● ¿Abrió el Gobierno? Significativo

Compromiso 8. Desarrollo del Sistema Observatorio Judicial para monitoreo y fiscalización de la gestión judicial – Poder Judicial

Contexto y objetivos:

El compromiso del Poder Judicial tuvo por objetivo la concreción de una plataforma web, llamada Observatorio Judicial [65], que permitiera medir y divulgar información y estadísticas sobre el tiempo que tardan las diferentes oficinas judiciales del país en dar resolución a sus casos. Esto con la intención de contribuir a reducir el tiempo que toma resolver los casos judiciales, conocido como mora judicial y que el compromiso definió como el problema a abordar.

Según información del informe del Estado de la Justicia 2022, lejos de mejorar, la mora judicial continúa empeorando. “Las áreas de mayor volumen de casos como cobros, penal y los circuitos judiciales de la Gran Área Metropolitana siguen con indicadores decrecientes que afectan a los promedios del conglomerado institucional a la baja. En el período 2019-2020 persisten las tendencias a la disminución de casos terminados por persona juzgadora, que en 2020 alcanzó el número más bajo reportado desde 1990…”. Para entonces se contabilizan 2.384 casos activos (sin resolución) por cada mil que ingresaban [66].

El compromiso se cumplió en su totalidad. El Observatorio del Poder Judicial se lanzó en abril de 2021, aunque se mantuvo como una herramienta solamente de uso interno hasta que se habilitó su acceso al público en general, a través de la página electrónica [67] del Poder Judicial, en septiembre del mismo año. Ese período se aprovechó para revisar la calidad de la información compartida, darlo a conocer dentro del Poder Judicial y diseñar la estrategia de comunicación para divulgarlo externamente.

El Observatorio Judicial cumple con el objetivo planteado en el compromiso de ofrecer datos descargables en formatos abiertos sobre el total de expedientes activos y resueltos del Poder Judicial, estadísticas agregadas sobre la antigüedad de estos según la fecha de ingreso, el tipo de resolución, materia, entre otras variables. Los datos se ofrecen desagregados por juzgados, tribunales y salas, aunque en la gran mayoría de casos van de 2019 en adelante. Cumple también con el hito que proponía integrar contenido del Sistema Georreferencial del Poder Judicial al Observatorio, al tener una tercera sección con mapas del territorio nacional que muestran información georreferenciada de las oficinas del Organismo de Investigación Judicial, de Atención y Protección de Victimas, fiscalías y juzgados de pensiones y de violencia doméstica, incluyendo la jurisdicción de cada una de ellas [68]. Aunque esta información es de naturaleza administrativa y no incluye datos en materia jurisdiccional o de mora judicial.

Para cumplir con el objetivo de establecer un canal para que las poblaciones interesadas puedan emitir propuestas de mejora se optó por crear una cuenta de correo electrónico [69] que puede accederse en la sección de “Ayuda y medios de contacto” del Observatorio.

Una vez que la plataforma estuvo lista, el Poder Judicial trabajó con quienes atendieron la convocatoria a participar en alguno de los tres talleres que se celebraron para validar aspectos como su contenido, interface y usabilidad. Para estos talleres se convocó a la sociedad civil en general y a dos sectores que el Poder Judicial consideró como los usuarios potenciales más interesados en hacer uso del Observatorio: abogados y periodistas. Los talleres fueron desarrollados por el Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública de la Universidad de Costa Rica, Innovaap, que elaboró un informe [70] con la sistematización y análisis de las recomendaciones ciudadanas recibidas en cada uno, así como su viabilidad para ser implementadas. La Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Justicia (Conamaj) creó una matriz con las propuestas recibidas que se usó para dar respuesta a los participantes sobre cómo se utilizarían o por qué no era posible aplicar las sugerencias recibidas [71].

Como parte del cumplimiento de los hitos, el equipo implementador también diseñó a través de un proceso participativo una estrategia de comunicación externa que ayudará a dar a conocer la plataforma y que busca “posicionar al Observatorio Judicial como un referente nacional de información estadística judicial para fortalecer la transparencia institucional y la apertura de datos” [72]. Esta fue validada en tres talleres realizados con los mismos grupos poblacionales: abogados, periodistas y la sociedad civil interesada, quienes indicaron en qué medida la plataforma era comprendida y llenaba sus necesidades informativas.

Finalmente se completaron los hitos con la publicación del informe final del proceso de implementación del Observatorio, publicado en la página de Justicia Abierta del Poder Judicial [73].

¿Abrió el Gobierno? Significativo

La creación del Observatorio Judicial ayudó a abrir el Gobierno significativamente. La cantidad de información que puso a disposición del público y las posibilidades que ofrece para descargar los datos y analizarlos ayudará a profundizar en el estudio del desempeño del Poder Judicial, marcando un antes y un después en la publicación proactiva de información del órgano. Es un primer paso serio en la dirección correcta, relevante para el público meta y que podría llegar a ayudar a que quienes toman parte en los procesos participativos y de rendición de cuentas de la institución, puedan informarse y ofrecer insumos pertinentes. Sin embargo, para que esto sea una realidad, es necesario tomar una serie de acciones que se sugieren en la siguiente sección.

El Observatorio también contribuye al proceso de digitalización del Poder Judicial. Si bien la etapa de recopilación de datos es todavía muy manual y por lo tanto laboriosa y expuesta a errores de manipulación y digitalización [74], introducirlos a un sistema para luego ser publicados ayuda a someter los datos a un mayor escrutinio que sirve para validarlos y fomentar su precisión. Las diferentes instancias validan la información que sobre ellas se publica y ayudan a corregir cualquier imprecisión. A pesar de que esto no es gobierno abierto, sí constituye un paso fundamental para generar acciones posteriores de gobierno abierto y contribuye a mejorar la calidad de la información, uno de los retos clave del proceso según se indicó en el Informe de Diseño 2019-2021. El informe “El Estado de la Justicia de 2022” afirma sobre el Observatorio Judicial que “supone una mejora importante” y “disminuye la manipulación de la información” [75].

Otro aspecto en el que la implementación del compromiso contribuye es en la generación de buenas prácticas para liderar procesos participativos cada vez de mayor calidad. A través de los años, el despacho de la presidencia de la Corte y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), parte del equipo implementador, han probado diferentes metodologías y encontrado qué funciona mejor en diferentes casos [76]. Para este compromiso, sin dejar de lado la convocatoria abierta para la sociedad civil, el Poder Judicial se enfocó en trabajar durante los procesos de cocreación y validación con dos grupos de usuarios para quienes el Observatorio podría ser de mayor utilidad: abogados y periodistas.

Desde la perspectiva de este Poder, escoger esta estrategia fue producto de un proceso de maduración que los llevó a entender que, por las características de la herramienta, resulta más efectivo segmentar la participación a sectores más interesados que le podrían sacar más provecho, escogiendo en qué momentos del proceso resultará más pertinente recibir retroalimentación de quién para aplicarla al producto final [77]. El resultado fue una valiosa y pertinente retroalimentación que ayudó a hacer más útil y comprensible la herramienta, y que continuará contribuyendo a mejorarla conforme se sigan aplicando las sugerencias recibidas.

Aún es temprano para dimensionar adecuadamente el impacto que tendrá la herramienta, sin embargo, aunque no se llevan estadísticas de uso, el Poder Judicial indicó que actualmente algunas universidades la están usando con fines académicos, e internamente se usa para planificar y administrar mejor los recursos. De igual forma, organismos internacionales y observatorios similares en otros países les han contactado para consultar sobre su creación e intercambiar mejores prácticas, e instituciones públicas les han solicitado información para entenderla mejor y empezar a utilizarla [78].

Para la sociedad civil la herramienta puede llegar a ser de gran utilidad y representa un valioso paso en la publicación proactiva de información del sistema Judicial, sin embargo aún requiere de conocimiento muy especializado para ser aprovechada. Esto limita sus posibilidades de ser utilizada por el usuario promedio del sistema judicial o la sociedad civil en general [79]. Usuarios del Observatorio provenientes de la sociedad civil señalaron esta limitante y la oportunidad de facilitar su comprensión con un lenguaje más comprensible y una interface más amigable, a la vez que recomendaron incluir información sobre la calidad de la atención a los usuarios [80].

Mirando hacia adelante:

El Observatorio Judicial tiene la oportunidad de contribuir más directamente al objetivo principal del compromiso: reducir la mora judicial. Más allá de poner a disposición de los usuarios información para medirlo, no está clara la forma en que mitigará este problema priorizado como el principal a abordar por el compromiso. Para hacerlo podría ayudar el generar métricas que midan la eficacia de las diferentes oficinas judiciales, de manera que se promueva la reducción de la mora y se mida la mejora lograda a través de acciones que se implementen con este objetivo. Para implementar métricas efectivamente es clave acompañarlas de metas ambiciosas pero reales e implicaciones que por su incumplimiento cuando las causas sean atribuibles a funcionarios públicos. Esas metas deben alinearse a la expectativa de los usuarios, es decir, a lo que desde la perspectiva ciudadana se considere como un buen servicio. Esto ayudará a su vez a dar mayor contexto a los datos al definir cuánto tiempo en resolver un caso es considerado como adecuado, cuánto promedio y cuánto malo. Es necesario también hacer la inversión y asignación de recursos necesarios para crear las condiciones que permitan alcanzar las metas, de forma que una mayor productividad no menoscabe el servicio, es decir, que más resoluciones y sentencias logradas en menos tiempo no vayan en detrimento de su calidad.

De momento no se ha trabajado en esta dirección debido a que el Observatorio no se pensó como un sistema para gerenciar la operación Judicial, sino para publicar datos estadísticos. Con estos datos podría medirse la capacidad operativa del Poder Judicial, pero para ello es necesario un largo trabajo de procesamiento y validación que dificulta utilizarlos para llamar a rendir cuentas. Por otro lado, algunos usuarios encontraron que durante el segundo semestre del 2022 habían oportunidades de mejorar la precisión de algunos datos compartidos [81].

Una tarea enorme pero que podría tener gran impacto es determinar cómo se va a medir esa mora judicial, cuál es la meta indicada para cada instancia judicial, si se va a medir por área temática, juzgado, sala, territorio, o de otra manera, y publicar esta información para que la población pueda darle seguimiento. Sería una clara muestra de la voluntad de mejorar, de reconocer que hay oportunidades en la administración de justicia y que el deseo de hacerlas realidad es mayor que cualquier temor a ser juzgados por la situación actual. Esto también permitirá que el Observatorio Judicial se comporte más como un observatorio, que genere análisis y conocimiento a partir de la información publicada, que ya no sea manejado solamente por el mismo Poder Judicial sino por una sociedad civil que puede ofrecer una perspectiva distinta a la que conceden los ojos propios.

Hay también oportunidades para mejorar el contenido de la información y fomentar que el público genere conocimiento a partir de ella, facilitando el cruce de variables en la misma herramienta, ampliando el rango de datos más allá del período 2019-2021 y creando y poniendo a disposición del público recursos para que la población interesada puede capacitarse en su uso e interpretación. Actualmente, encontrar con precisión la información deseada y saber cuáles son los filtros adecuados requiere un conocimiento detallado de la estructura del Poder Judicial, lo que limita la población que puede sacar provecho del Observatorio. Ofrecer recursos como tutoriales en línea y capacitaciones ayudará a atender esta situación.

Un ámbito sobre el que el Observatorio no ofrece información es el de satisfacción de los usuarios. Este resulta clave en una estrategia de mejora y será de gran ayuda para determinar si los hitos que se van logrando, si las metas definidas para los diferentes procesos se alinean a las expectativas de los usuarios y su perspectiva de calidad en los procesos judiciales.

Otro aspecto que permitiría sacar mayor provecho al Observatorio y que fue mencionado por varias de las personas que participaron en los talleres de cocreación es mejorar el glosario y, en general, el lenguaje con que se presenta la información. Por ahora este es bastante técnico y con frecuencia usa jerga del gremio legal y del mismo Poder Judicial. La buena noticia es que el Poder Judicial ya trabaja en este aspecto y valora asociarse con instituciones externas, algunas del ámbito académico [82], para que le ayuden a traducir el lenguaje técnico en uno más fácil de comprender para la población no especializada [83].

Finalmente, desde el sector de investigación y para usos más académicos y de rendición de cuentas, se expresó la necesidad incluir como parte del Observatorio una bitácora de cambios y mejoras aplicadas a los datos, de manera que cada vez que haya una actualización sea fácil entender qué se ha agregado, modificado o corregido, sin necesidad de revisar toda la base de datos para detectar los cambios [84].