Trayectoria de Gobierno Abierto
Introducción
España se unió a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) en su fundación en 2011. Desde entonces, su participación se ha ampliado para incluir a siete miembros locales de OGP y a todas las comunidades autónomas en su último plan de acción nacional. Hasta la fecha, España ha asumido 105 compromisos de gobierno abierto, muchos de los cuales han demostrado niveles más altos de ambición y resultados tempranos en comparación con los de sus pares globales y europeos. Habiendo completado su primer plan de acción de cuatro años en 2024, España presentará pronto su quinto plan de acción. Como copresidente del Comité Directivo de OGP, el país será el anfitrión de la 9ª Cumbre Mundial de OGP en octubre de 2025.
A través de sus planes de acción de OGP, España ha fomentado proactivamente una cultura de gobierno abierto en el sector público. Los principios de gobierno abierto se han incorporado en el programa de estudio para las pruebas de acceso a la Administración Pública, y miles de funcionarias y funcionarios públicos han sido capacitados en valores y procedimientos de gobierno abierto como responder a las solicitudes de acceso a la información, gestionar la información pública, evaluar la participación ciudadana en las políticas públicas y abordar cuestiones éticas y de conflictos de intereses. Durante la Semana de Gobierno Abierto anual, las Administraciones Públicas estatal, autonómicas y locales de España organizan miles de actividades en todo el país para crear conciencia sobre los valores del gobierno abierto.
El establecimiento del Foro de Gobierno Abierto en 2018 fue un hito clave para fortalecer el ecosistema de gobierno abierto en España. Este foro multiactor unió a las 17 comunidades autónomas a través de la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), varios ministerios (a través de la comisión interministerial), organizaciones de la sociedad civil y representantes de organizaciones que trabajan con comunidades marginadas. Esta estructura aseguró que el gobierno abierto llegara a todo el país y, al mismo tiempo, le dio una base legal que proporcionó mayor consistencia a los esfuerzos de gobierno abierto y estabilidad al proceso de OGP. Con el tiempo, las mejoras han aumentado las expectativas de la sociedad civil sobre la calidad del diálogo con el Gobierno. Sin embargo, aún existe la oportunidad de diversificar el Foro, al incluir a organizaciones que trabajen en áreas de política más allá de la transparencia y el acceso a la información.
Desde 2016, España ha ampliado significativamente la participación institucional en el proceso de OGP, con la participación de más actores públicos y organismos gubernamentales diversificados. En total, 83 instituciones diferentes han participado en los cuatro planes de acción de España. Recientemente, España extendió sus esfuerzos de gobierno abierto al Poder Legislativo, pues el Congreso de los Diputados lanzó su primer plan de acción del Parlamento Abierto para 2025–2027.
La ciudad de Madrid, el País Vasco, Aragón, Cataluña, Asturias, la Comunidad Valenciana y Navarra son miembros del programa OGP Local. Colectivamente, han adoptado 59 compromisos en 14 planes de acción. El entusiasmo y la expansión de las iniciativas de gobierno abierto a nivel autonómico y local ha permitido el avance de las reformas en todos los niveles de la Administración Pública en España. En algunos casos, reformas locales ambiciosas han precedido a iniciativas similares a nivel nacional, como el registro de lobbies obligatorio de Madrid desde el primer plan de acción (2016–2017). Por su parte, el cuarto plan de acción nacional de España incluyó compromisos de todas las comunidades autónomas como una forma de avanzar aún más en las reformas de gobierno abierto en diferentes niveles y jurisdicciones de gobernanza.
Un enfoque principal de España dentro del marco de OGP ha sido mejorar el acceso público a la información. El primer plan de acción (2012–2013) llevó a la adopción de la primera Ley de Transparencia de España, estableciendo un marco jurídico para el acceso a la información. Más recientemente, en 2023, España ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos (Convenio de Tromsø), el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que reconoce el derecho general de acceso a los documentos oficiales en poder de las autoridades. Los avances han sido graduales, y la sociedad civil continúa abogando por fortalecer el alcance de la Ley de Transparencia para que esté alineada con estándares internacionales, como el Convenio de Tromsø.
El IV Plan de Gobierno Abierto de España (2020–2024) introdujo reformas legislativas para fortalecer la integridad y los esfuerzos anticorrupción, como la protección de los denunciantes y la regulación de los lobbies. Las persistentes acusaciones de corrupción en todas las administraciones gubernamentales subrayan la necesidad de cerrar las brechas legales, particularmente en la contratación pública, que ha estado notablemente ausente en los planes de acción anteriores de OGP.
Esta Trayectoria de Gobierno Abierto pone de relieve los esfuerzos de España para institucionalizar el proceso de OGP a través del Foro de Gobierno Abierto y otras instituciones. También se centra en cómo España se ha apoyado en OGP para avanzar en el acceso a la información y fomentar una cultura de gobierno abierto en el sector público y en la sociedad en general. Por último, analiza la difusión de prácticas de gobierno abierto localmente, tanto a través del programa OGP Local como de la inclusión de las comunidades autónomas en el cuarto plan de acción nacional.
Construcción de un ecosistema de gobierno abierto
El ecosistema nacional de gobierno abierto de España se ha expandido significativamente en los últimos años, marcado por un grupo creciente y más diverso de partes interesadas. Con el tiempo, las relaciones entre el Gobierno y la sociedad civil han evolucionado desde la desconfianza inicial hacia un diálogo más constructivo y abierto. Si bien los dos primeros planes de acción se desarrollaron sin una participación significativa de la sociedad civil, el tercer plan de acción marcó un punto de inflexión, con cambios estructurales y de personal en el Gobierno, así como el establecimiento de un foro multiactor. Mantener un proceso ágil, participativo y orientado a los resultados sigue siendo un desafío a medida que las partes interesadas se adaptan a las necesidades cambiantes de la agenda de gobierno abierto en España.
La participación de la sociedad civil en OGP: un comienzo gradual
Si bien la Constitución española de 1978 reconoce el derecho a participar en los asuntos públicos, los mecanismos de participación en España antes de unirse a OGP solían limitarse a los órganos consultivos formales tradicionales, como las instituciones constitucionales, o a entidades como sindicatos, asociaciones empresariales y comunidades directamente afectadas. En las últimas décadas, y en línea con estos valores democráticos, la ciudadanía ha expresado cada vez más su demanda de una mayor participación, transparencia, integridad y colaboración en las decisiones públicas. En respuesta a estas aspiraciones, España se unió a la OGP en 2011.
La adhesión de España a OGP coincidió con el surgimiento de movimientos sociales anti-austeridad en el país, como el 15-M, junto con una creciente demanda pública de transparencia gubernamental y múltiples escándalos de corrupción. En ese momento, España ya tenía organizaciones de la sociedad civil (OSC) que trabajaban en las áreas de acceso a la información y transparencia gubernamental. Por ejemplo, la coalición ProAcceso, liderada por la organización Access Info Europe, incluyó periodistas, académicos y OSC de los campos del desarrollo social e internacional. La Fundación Civio, fundada en 2012, también ha estado abogando activamente por la transparencia del Gobierno y la legislación sobre acceso a la información. Otras organizaciones especializadas que trabajan en temas de gobierno abierto comenzaron a surgir en el momento de unirse a OGP, como XNet, Openkratio, y Political Watch. Desde 2015, un capítulo activo de la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional en España ha reunido a profesionales académicos de países de habla hispana que trabajan en gobierno abierto, rendición de cuentas pública e integridad política.
Ante este panorama, la relación entre el Gobierno y la sociedad civil en los primeros años de OGP en España carecía de diálogo y colaboración. En lugar de involucrar a la sociedad civil para abordar cuestiones políticas o sociales más amplias a través de OGP, el Gobierno español en ese momento entendía el gobierno abierto de forma limitada, en términos de reforma de la Administración Pública, gobierno electrónico y eficiencia administrativa. El desarrollo del primer (2012–2013) y segundo (2014–2016) planes de acción respectivamente tuvo pocas oportunidades para que las OSC dieran su opinión sobre los compromisos. Durante el segundo ciclo del plan de acción, Access Info presentó una solicitud de acceso a la información para obtener una actualización del gobierno sobre el estado del plan de acción, lo que puso de relieve para el Gobierno la importancia de un monitoreo independiente y allanó el camino para un modelo más participativo y colaborativo en los planes de acción subsiguientes.
Foro de Gobierno Abierto: Sentar las bases para la participación activa
La inclusión significativa de las OSC en el desarrollo del proceso de OGP se aceleró durante el tercer plan de acción (2017–2019). Tras el retraso en la formación de un Gobierno elegido en 2016, la cartera de OGP pasó de la Presidencia al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La llegada de un nuevo punto de contacto también renovó la energía, el enfoque y la capacidad para coordinar el proceso de OGP, y la voluntad de involucrar a la sociedad civil en el desarrollo del tercer plan de acción. El compromiso con la comunidad internacional a través de eventos como la Cumbre Global de OGP 2016 en París también dinamizó a los involucrados en el proceso nacional de España. Estos factores dieron lugar a tres grandes avances en el marco del gobierno abierto de España:
1. Creación de la Subdirección General de Gobierno Abierto (SGA), bajo la Dirección General de Gobernanza Pública, para la supervisión del proceso de España.
2. Conformación de la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto para formalizar la colaboración entre las administraciones territoriales en las reformas de gobierno abierto.
3. Creación del foro multiactor de España (el Foro de Gobierno Abierto).
La inspiración para el foro multiactor de España vino cuando el punto de contacto español asistió a la Cumbre Global de OGP 2016 en París, en la que escucharon sobre foros similares en otros países. Al regresar a España, su equipo comenzó a establecer un foro. Se tuvieron en cuenta las recomendaciones del IRM, y al reunir a las OSC clave y la red de comunidades autónomas, España cocreó su tercer plan de acción e incluyó el compromiso de establecer un foro formal multiactor.
El Foro de Gobierno Abierto estableció reglas claras de participación y creó un espacio donde la sociedad civil propusiera compromisos y mantuviera un diálogo directo con el Gobierno sobre la cocreación de dichos compromisos. Esta iniciativa permitió que las OSC fueran reconocidas formalmente como actores relevantes en el proceso de OGP por primera vez. Según un miembro de la sociedad civil, el Foro es beneficioso para canalizar los esfuerzos y conectarse con las personas que trabajan en gobierno abierto. De hecho, la mayoría de las y los representantes del Gobierno y la sociedad civil reconocen su utilidad para generar conciencia sobre las reformas. Además, la orden gubernamental que estableció el Foro proporcionó la primera base legal para el proceso de OGP. Gracias a esta institucionalización, el Foro ha sido un gran éxito para la Dirección General de Gobernanza Pública, ya que le ha permitido resistir los cambios de personal, administrativos y políticos.
Estructura actual de Gobierno Abierto dentro de la Administración General del Estado La estructura de gobierno de OGP en España consta de múltiples niveles. |
Ampliación de la participación institucional en OGP
España ha ampliado significativamente la participación institucional en el proceso de OGP desde 2016, con la participación de más y diversos actores públicos y organismos gubernamentales. Esto se puede atribuir a la creación del Foro de Gobierno Abierto durante el tercer plan de acción y a la inclusión de compromisos de las comunidades autónomas y entidades locales de España, en el cuarto plan de acción
Estos cambios han contribuido a modificar la percepción del gobierno abierto de ser considerado una agenda de partido político a algo más técnico, institucionalizado y reconocido por sus valores prácticos en todo el espectro político. Mientras que nueve instituciones diferentes lideraron 13 compromisos en el primer plan de acción de España, en su cuarto plan de acción 57 instituciones (de las cuales 53 nunca habían participado) implementaron 62 compromisos. En total, 83 instituciones han participado en los cuatro planes de acción de España.
El Congreso de los Diputados aprobó recientemente el primer plan de acción de Parlamento Abierto de España para 2025–2027, que comprende 31 compromisos destinados a mejorar la transparencia, promover la participación ciudadana, garantizar la integridad y la rendición de cuentas, y promover la formación y la sensibilización en los procesos parlamentarios.
Las funcionarias y funcionarios públicos comprometidos han construido y fortalecido el ecosistema de gobierno abierto dentro de la Administración Pública española. La institucionalización del foro multiactor no sólo ha garantizado su legitimidad a largo plazo, sino que también ha ayudado a salvaguardar la agenda de gobierno abierto durante la volatilidad política y la polarización.
El Foro de Gobierno Abierto ha sido clave para la institucionalización del diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil. Los compromisos en los planes de acción recientes han buscado fortalecer la representación y la colaboración efectiva en el Foro. Sin embargo, ante el aumento de las expectativas, algunos miembros de la sociedad civil creen que el formato formalizado y la falta de compromiso político de alto nivel limitan la utilidad del Foro como un espacio de diálogo y colaboración con el Gobierno. Por ejemplo, durante la implementación del plan de acción, los grupos de trabajo y las reuniones plenarias se limitan a compartir actualizaciones sobre los compromisos. Un miembro de la sociedad civil señaló que el lobby directo de los partidos políticos y miembros del Congreso ha sido más exitoso para alcanzar algunos de sus objetivos estratégicos.
De cara al futuro, el compromiso ministerial de alto nivel podría impulsar la adopción de compromisos más ambiciosos. Conforme más instituciones se incorporen al ecosistema de OGP, el foro multiactor de España también se beneficiaría de la diversificación de su membresía más allá de la transparencia y la lucha contra la corrupción para incluir a las OSC que trabajan en temas como el medio ambiente, la igualdad de género y la inteligencia artificial. La SGA ha tomado medidas en esta dirección al incorporar a las asociaciones que apoyan a las mujeres y a los jóvenes al proceso de OGP para el quinto plan de acción.
Promoción del derecho de acceso a la información
Durante su primer plan de acción de OGP en 2013, España adoptó la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno (‘Ley de Transparencia’). En los 12 años transcurridos desde la aprobación de la ley, España ha utilizado los planes de acción para seguir mejorando el acceso a la información, en particular a través del Portal de Transparencia. Sin embargo, aún no se ha abordado la presión de la sociedad civil para fortalecer el mandato de la Ley de Transparencia y alinear el marco legislativo con el Convenio de Tromsø.
 Fuente: RTI Rating |
Aprobación de la Ley de Transparencia
España fue uno de los últimos países de Europa en adoptar la legislación sobre acceso a la información. La Constitución Española de 1978 reconocía el derecho de la ciudadanía a acceder a los registros administrativos. Sin embargo, su reconocimiento constitucional tuvo un efecto práctico limitado ya que ninguna ley específica desarrolló plenamente este derecho. En cambio, hubo otras leyes que regulaban específicamente el acceso a la información archivística (artículo 37 de la Ley 30/1992), la información ambiental (Ley 27/2006) y la reutilización de la información del sector público (Ley 37/2007).
La aprobación de una ley de acceso a la información fue una prioridad importante para la sociedad civil y el Gobierno desde la adhesión de España a OGP en 2011. Abordar el acceso a la información ocupó un lugar destacado en la agenda del Gobierno debido a los informes del Grupo de Estados contra la Corrupción sobre la corrupción en España, la sensibilización de las OSC y los casos de corrupción de alto perfil. Si bien OGP no incluyó el acceso a la información en la agenda del Gobierno, ya que un proyecto de ley ya estaba en desarrollo en este momento, era una de las condiciones para la membresía de OGP y, por lo tanto, incentivó al Gobierno a llevar la legislación al Parlamento.
La visibilidad externa de ser miembro de OGP sirvió como palanca para acelerar la adopción de la ley, ayudando a superar las vacilaciones políticas y la inercia institucional. Tanto el Gobierno como la sociedad civil consideraron la Ley de Transparencia como la reforma más importante del primer plan de acción. Según un representante de Access Info, era un problema obvio y de alta prioridad. Sin embargo, la redacción se realizó en gran medida dentro del Gobierno con una participación mínima de la sociedad civil y en julio de 2011, se presentó al Parlamento el proyecto de ley de transparencia, pocos días antes de que el Gobierno anunciara elecciones anticipadas en noviembre.
Bajo un nuevo Gobierno y con un nuevo proyecto de ley, el Parlamento aprobó la Ley de Transparencia (Ley 19/2013) el 28 de noviembre de 2013, que entró en vigor en diciembre de 2014 para la Administración General del Estado y en diciembre de 2015 para las comunidades autónomas y entidades locales. El texto final de la ley no cubrió todas las demandas de la sociedad civil, particularmente la Coalición ProAcceso. Un representante de la sociedad civil atribuye este alcance limitado a las negociaciones entre los partidos políticos más grandes de España en ese momento. No obstante, la ley creó un marco legal para el derecho de acceso a la información y fue clave para sentar las bases de una cultura de transparencia dentro de la Administración Pública española. Ella formalizó el proceso de solicitud de información, definió el canal para ejercer el derecho al acceso a la información y definió las categorías de información y conjuntos de datos que deben divulgarse. También creó un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (“Consejo de Transparencia”) como órgano de supervisión y aplicación, así como Unidades de Información y Transparencia en todos los ministerios de la Administración General del Estado para gestionar el derecho de acceso a la información.
Además, la ley permitía el litigio cuando el Gobierno no cumplía con los requisitos legales. Organizaciones como Access Info y la Fundación Civio han utilizado este mecanismo para promover el acceso a la información. La implementación de la ley también ha aclarado qué se considera “información” y qué está protegido por las disposiciones de protección de datos. El papel del Consejo de Transparencia como guardián de la ley ha sido crucial, al igual que el liderazgo de su primer presidente, quien estaba convencido de la necesidad de crear una cultura de transparencia en el sector público. En general, el Consejo a menudo se pronunció a favor de los ciudadanos y ciudadanas frente a las Administraciones Públicas en sus solicitudes de información.
Tras su adopción, la organización Access Info identificó varias deficiencias en la Ley de Transparencia en comparación con los estándares internacionales. Por ejemplo, las personas no pueden solicitar borradores de documentos y deben proporcionar un número de identificación nacional (DNI) para solicitar información al Gobierno. Otras leyes, como las de archivos, secreto o protección de datos personales, pueden tener prioridad, mientras que el Consejo de Transparencia no tiene poder vinculante y no puede sancionar a las Administraciones por el incumplimiento de sus resoluciones. Finalmente, la ley solo se aplica al Poder Ejecutivo y a la Administración Pública. Quedan excluidos el Congreso, el Poder Judicial y otros órganos constitucionales como la Casa Real, salvo en lo que se refiere a sus actividades administrativas.
Acceso a la información a nivel de comunidades autónomas y localA raíz de la aprobación de la Ley de Transparencia de 2013, numerosas comunidades autónomas y municipios en España han adoptado sus propias normativas sobre transparencia y acceso a la información pública. Quince de las 17 comunidades autónomas tienen sus propias leyes de transparencia, mientras que las Islas Baleares y el País Vasco se rige la ley nacional. Además, municipios como Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza tienen ordenanzas que regulan el principio de transparencia, algunas de las cuales incluso superan las disposiciones de ley estatal. Por ejemplo, la ordenanza de transparencia de Madrid no requiere entregar una identificación nacional para presentar solicitudes de información y la ley de Cataluña establece un mecanismo de mediación cuando el Gobierno niega el acceso. Un representante de la sociedad civil ha destacado la necesidad de generalizar estas innovaciones estuvieran en todo el país para que los solicitantes puedan evitar litigios costosos y largos, al mismo tiempo que participan en el diálogo. |
Avanzar en las mejoras e implementación de la Ley de Transparencia
Aunque España ha utilizado el proceso de OGP para impulsar la implementación de la Ley de Transparencia, las mejoras significativas en el marco legal sobre el acceso a la información han avanzado con lentitud. La regulación para gestionar la implementación de la ley, que era un compromiso en el tercer plan de acción (2017–2019), tampoco se ha adoptado. De igual modo, las recomendaciones para fortalecer la Ley de Transparencia que redactaron con la sociedad civil en el Foro de Gobierno Abierto durante el cuarto plan de acción (2020–2024), no se han enviado al Parlamento para su debate y adopción.
El Portal de Transparencia de España, puesto en marcha en diciembre de 2014 durante el segundo plan de acción, es el punto central a través del cual se presentan las solicitudes de acceso a la información. Siguiendo una recomendación del IRM, un compromiso en el tercer plan de acción simplificó las solicitudes de información. Ahora las personas solo necesitan un número de identificación y un código de acceso, generados por el propio portal, en lugar de un certificado digital más complicado y poco común. Desde su lanzamiento, el número de solicitudes de información ha crecido de solo 3.151 en 2015 a 14.096 en 2024.
El portal también prevé la publicación proactiva de información gubernamental en formatos reutilizables. El tercer plan de acción implicó la publicación de datos estadísticos sobre el acceso a la información, así como los salarios y currículos de las y los altos funcionarios, que eran datos frecuentemente solicitados por la sociedad civil. En el cuarto plan de acción, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública realizó nuevas mejoras en el portal para apoyar la transposición de la Directiva de la UE de 2019 sobre la reutilización de la información del sector público. Para ello se actualizó la sección económica y financiera para incluir cuentas anuales, bienes inmuebles, ejecución presupuestaria, altos funcionarios y funcionarias (como currículum vitae, remuneración y actividades después de dejar el cargo), legislación (pendiente de aprobación y en vigor), contratos públicos y subvenciones. Además, el portal publica las solicitudes de información aceptadas, la información más solicitada, un espacio para monitorear los compromisos de OGP y ofrece la opción de suscribirse al portal para acceder a nuevas publicaciones relacionadas con la transparencia.
A pesar de esos avances, los expertos de la sociedad civil creen que el Portal de Transparencia tiene margen de mejora. Según un representante de la sociedad civil, el portal está orientado hacia el cumplimiento (asegurándose de que cada departamento cargue su información) en lugar de ayudar a los usuarios a encontrar lo que necesitan. La organización Access Info, por ejemplo, utiliza el portal para enviar solicitudes, no para encontrar información que ya está publicada. Mencionaron que el proceso de verificación digital y la necesidad de una identificación española se puede actualizar, puesto que la organización ha sido contactada por personas fuera de España para presentar solicitudes de información en su nombre. La evolución hacia un portal más interactivo y accesible está en marcha, con el objetivo de facilitar la experiencia del usuario.
El Convenio de TromsøEn el marco del cuarto plan de acción, España ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos (Convenio de Tromsø), el 27 de septiembre de 2023, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2024. Esta ratificación es un avance significativo en el compromiso de España con el acceso a los documentos públicos ya que el Convenio es el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante que reconoce un derecho general de acceso a los documentos en posesión de las autoridades públicas. Los países que se adhieren al Convenio de Tromsø deben garantizar que todas las personas tengan derecho a acceder a dichos documentos. Sin embargo, Access Info señaló que la Ley de Transparencia española no se alinea con el Convenio porque no se extiende a toda la información en poder de todos los organismos públicos. Por ejemplo, el Convenio de Tromsø incluye el Poder Judicial, que no está cubierto por la Ley de Transparencia. También limita las posibilidades de solicitar “comunicaciones internas” y otros documentos regulados por otras leyes sobre el acceso público a la información, como los que se encuentran en los archivos públicos. |
A lo largo de su membresía en OGP, España ha impulsado el derecho al acceso a la información y la publicación proactiva de diversos tipos de información a través del Portal de Transparencia. La aprobación de la Ley de Transparencia en 2013 fue un gran paso para acercar a España a los estándares internacionales de acceso a la información, consolidando un derecho fundamental que se ha ido fortaleciendo desde entonces. Si bien una mejor implementación y reforma legal son necesarias para optimizar el acceso a la información, el derecho ya es utilizado por un número creciente de organizaciones y ciudadanos y ciudadanas. Aunque OGP puede no haber sido el punto de partida para la adopción de la Ley de Transparencia, la inclusión continua de los compromisos relacionados con el acceso a la información en los planes de acción ha asegurado un avance constante, aunque gradual, en esta área clave.
Encabezando la educación y la formación en gobierno abierto
Las partes interesadas de OGP en España reconocen la importancia de crear una cultura de gobierno abierto tanto en la sociedad como en el sector público. Para lograrlo, a través de sus planes de acción España ha sido pionera en la sensibilización sobre los principios de gobierno abierto mediante formación específica y cursos para funcionarias y funcionarios públicos. La incorporación de temas de gobierno abierto en la capacitación y selección de las y los funcionarios públicos demuestra un sólido compromiso para integrar estos principios en la Administración Pública. Además, un número creciente de instituciones españolas aprovecha la Semana del Gobierno Abierto Anual como un momento clave para la divulgación, la educación y la sensibilización ciudadana.
“(…) tener una sociedad civil educada y capacitada es fundamental; sin ella, los gobiernos difícilmente estarán abiertos. Si no somos capaces de salir de este espacio de OSC especializadas, nos será difícil abrir gobiernos” — Comentario de una parte interesada
Integración de los principios de gobierno abierto en la función pública
No fue hasta el tercer plan de acción que España comenzó a promover activamente el concepto de gobierno abierto dentro de la función pública. Para ello introdujo contenidos sobre gobierno abierto e igualdad en el plan de estudios oficial para las pruebas de acceso a la función pública. Un empleado de la SGA recordó que antes de prepararse para el examen no tenía conocimiento sobre este concepto y fue precisamente la exposición a estos contenidos lo que le inspiró a solicitar trabajar allí.
El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)—organismo del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, impartió formación en gobierno abierto a empleados del sector público durante el tercer y cuarto plan de acción. La capacitación abarca temas como las solicitudes de acceso a la información, la gestión de la información, la evaluación de la participación ciudadana en las políticas públicas, la ética y los conflictos de intereses. La primera capacitación (2018–2019) involucró a 3.354 participantes, mientras que 9.189 personas solicitaron la admisión a la segunda capacitación (2021–2024)—de las cuales solo 3.612 fueron admitidas. Aunque un miembro del Foro de Gobierno Abierto señaló que la efectividad de la formación depende del entusiasmo de los instructores, las encuestas a los participantes en la capacitación han mostrado altos niveles de satisfacción. Debido a la gran demanda, el número de plazas ofertadas ha aumentado en años posteriores.
Según la SGA, la capacitación y la inclusión del tema en los exámenes de la función pública han aumentado la concienciación entre los empleados públicos estandarizando su comprensión del gobierno abierto. Ahora, más funcionarias y funcionarios lo ven como una herramienta que puede apoyar su trabajo, en lugar de una tarea administrativa adicional. Como resultado, los ministerios continúan solicitando formación no solo a la SGA en materia de gobierno abierto, sino también a la Subdirección de Transparencia (dependiente de la Dirección de Gobernanza Pública), que ofrece cursos sobre transparencia proactiva.
Cada vez más instituciones españolas aprovechan la Semana de Gobierno Abierto (OGW, por sus siglas en inglés) anual como un momento clave para la divulgación pública, educación y sensibilización. Las Administraciones Públicas estatales, autonómicas y locales han institucionalizado la OGW como Semana de la Administración Abierta (que se celebra simultáneamente cada año con la OGW). En 2025, se organizaron más de 1.700 eventos en España, la cifra más alta entre todos los países de OGP. A nivel nacional, la Semana de la Administración Abierta busca promover y consolidar los conceptos y valores de gobierno abierto entre las y los funcionarios públicos.
Semana de Administración AbiertaLa Semana de Gobierno Abierto, conocida en España como la Semana de Administración Abierta, se ha convertido en un evento clave para las Administraciones Públicas españolas a la hora de sensibilizar a la opinión pública sobre el gobierno abierto. Durante la primera Semana de Gobierno Abierto en 2018, se organizaron 347 eventos en toda España, la cifra más alta entre los países miembros de OGP, y ha seguido creciendo desde entonces. Durante 2024 se llevaron a cabo más de 1.300 eventos, mientras que en 2025 se organizaron más de 1.700. Los eventos incluyen una amplia gama de capacitación, talleres, seminarios web y conferencias. En 2025 incorporaron una sesión de aprendizaje del INAP sobre sus laboratorios de participación ciudadana (Laboratorio de Innovación Pública y HazLab), así como un escaparate del portal España es Cultura, y la sesión de formación “Café con datos” en Navarra sobre la calidad y beneficio de los datos para su publicación en portales. Como señaló un funcionario de la SGA: “Gracias a la Semana de Gobierno Abierto, llevamos a cabo una gran cantidad de actividades cada año. Ayuda a los ciudadanos y ciudadanas a conocer la Administración. Esto probablemente no sucedería sin OGP.” |
Un desafío clave para el éxito de estas iniciativas es asegurar que las personas comprometidas en la Administración pública cuenten con el apoyo político necesario para superar las barreras institucionales. al implementar lo que aprendieron. Además, es fundamental que otras funcionarias y funcionarios públicos se muestren receptivos a integrar las normas de gobierno abierto en su trabajo diario. Sin embargo, la base para este cambio cultural a largo plazo demuestra un alejamiento de la situación de hace más de diez años, cuando el gobierno abierto se entendía en gran medida como la publicación de información gubernamental, datos abiertos y gobierno electrónico.
Avanzar el gobierno abierto en municipios y comunidades autónomas
Los municipios y las comunidades autónomas de España están asumiendo un rol cada vez más activo en las reformas de gobierno abierto, con muchas iniciativas llevadas a cabo a través de OGP. En 2016, Madrid se convirtió en el primer Gobierno local español en unirse al programa OGP Local. Desde entonces, la membresía se ha expandido al País Vasco (2018), Aragón (2020), Cataluña (2020), Asturias (2022), la Comunidad Valenciana (2022) y Navarra (2024). Juntos, estos siete miembros han adoptado 14 planes de acción de OGP y han asumido 59 compromisos. En particular, el cuarto plan de acción de España fue el primero en incluir compromisos de las 17 comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
España es un país descentralizado compuesto por 17 comunidades autónomas, cada una administrada por su propio marco legal y órganos de gobierno. Numerosas redes regionales apoyan la transparencia y la participación pública, reforzando la rendición de cuentas local. La mayoría de las comunidades autónomas como el País Vasco, Navarra, y Aragón mantienen sus propios portales de datos abiertos, así como Valencia con su propio portal de participación ciudadana. A pesar de los cambios políticos, la agenda de gobierno abierto se ha mantenido viva, consolidando prácticas que cada vez más administraciones están incorporando de manera estructural.
Entusiasmo inicial por avanzar en el gobierno abierto a través de OGP Local
Como capital y la ciudad más grande, la ciudad de Madrid ha liderado a los gobiernos locales españoles en el impulso al gobierno abierto, convirtiéndose en el primer miembro español de OGP Local en 2016. Elegida entre los “alcaldes del cambio” en 2015, la administración de la nueva alcaldesa asumió un claro compromiso político con el gobierno abierto. Durante su período el Ayuntamiento de Madrid se unió a la Carta Internacional de Datos Abiertos en noviembre de 2015 y aprobó una Ordenanza de Transparencia en julio de 2016, lo que le valió a la ciudad el reconocimiento como “uno de los regímenes de transparencia subnacional más progresistas de Europa.” Cabe destacar que su plataforma online “Decide Madrid” (lanzada en 2015) se ha convertido en un referente de innovación en participación ciudadana a nivel internacional y ha ganado el Premio de las Naciones Unidas al Servicio Público.
Madrid ha aprovechado su membresía en OGP Local para arraigar los principios de gobierno abierto en su cultura administrativa local. El primer plan de acción (2016–2017) produjo importantes reformas, incluido el presupuesto participativo a través de Decide Madrid y un registro obligatorio de lobbies para el Ayuntamiento de Madrid, una medida que se implementó ocho años antes de que el propio Gobierno nacional propusiera una regulación similar. El número de lobbies o grupos de presión registrados ha aumentado de 50 en enero de 2018 a 1.120 en julio de 2025, lo que muestra una consolidación del proceso. Los planes sucesivos han incluido medidas como la creación de un buzón de quejas, “Madrid en Datos”, la creación de un panel de control para los compromisos de gobierno abierto, la mejora de Decide Madrid y la promoción de acciones comunitarias para una ciudad más saludable.
Las ambiciosas reformas en el primer plan de acción de Madrid crearon un sentido de sana competencia saludable e incentivaron la adopción de reformas democráticas innovadoras, una mayor transparencia y el fortalecimiento de la participación ciudadana, incluso a nivel nacional. Gracias a sus reformas en el marco de OGP, Madrid ganó rápidamente reconocimiento internacional como líder en gobierno abierto. Este impulso no solo generó presión sobre el Gobierno nacional para que avanzara en su propia agenda de gobierno abierto, sino que también se refleja hoy en el creciente número de gobiernos autonómicos y locales en España que participan en la Alianza.
Avanzar en el gobierno abierto en los municipios y las comunidades autónomas
Antes de unirse a OGP Local, muchos municipios y comunidades autónomas españolas tenían bases sólidas en el gobierno abierto. El País Vasco se incorporó a OGP Local en 2018 habiendo desarrollado el portal Irekia en 2010 como canal de información a la ciudadanía. Antes de unirse a OGP Local en 2020, Cataluña ya contaba con un fuerte apoyo institucional para el gobierno abierto, habiendo creado la Secretaría de Transparencia y Gobierno Abierto en 2016, así como la Red de Gobiernos Transparentes de Cataluña. Navarra también había implementado plan de acción de gobierno abierto para 2021–2023 con 25 compromisos, antes de su unión en 2024.
Al unirse a OGP Local, los miembros españoles han establecido marcos para sostener la reforma del gobierno abierto. El País Vasco, Cataluña, Aragón, Asturias y Navarra han establecido foros multiactor para sus procesos de OGP, mientras que otros utilizan organismos ya existentes. Por ejemplo, Madrid involucró a elos consejos deliberativos y utilizó Decide Madrid para invitar al público a participar en el desarrollo de sus planes de acción. En su cuarto plan, Madrid creó un grupo motor de gobierno abierto con una composición equitativa de miembros de la sociedad civil y del Ayuntamiento. Navarra y Valencia aprovecharon las redes de participación y los órganos consultivos del Gobierno-OSC, como el Consejo Navarro de Participación Ciudadana y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. Por otra parte, el Laboratorio de Gobierno Abierto de Aragón (LAAAB) ha creado una red altamente motivada de gobiernos locales, OSC y proyectos, proporcionando refuerzo y visibilidad a OGP que ha motivado a diferentes departamentos a integrar las innovaciones de gobierno abierto en su trabajo diario.
Los miembros locales de OGP de España han tratado de promover la participación pública con un enfoque en prácticas innovadoras. Por ejemplo, el Gobierno vasco estableció el Laboratorio de innovación para la participación ciudadana (iLab) para estimular la innovación en la participación ciudadana. Con el tiempo, la comprensión del gobierno abierto entre los miembros locales de OGP en España ha pasado de una normativa más amplia a reformas específicas, al incluir a grupos determinados como jóvenes, personas ancianas y las personas con discapacidad en los procesos participativos. Por ejemplo, Madrid está creando un espacio especial en Decide Madrid para apoyar la participación directa de los jóvenes y lanzó THIVIC, un laboratorio de innovación social. Por su parte, la participación de OGP de Aragón ha influido en el pensamiento de LAAAB sobre cómo mejorar las oportunidades de participación e innovación para grupos subrepresentados y para zonas rurales en Aragón. Navarra quiere normalizar la comunicación clara dentro de su administración, acercando los servicios de la administración al medio rural con una nueva oficina móvil.
Hay varias redes de municipios y comunidades autónomas en España, dedicadas al aprendizaje e intercambio de experiencias sobre el gobierno abierto. Creada en 2016 la Red Interautonómica de Participación Ciudadana se reúne anualmente para compartir experiencias y hacer declaraciones sobre el avance de normas de gobierno abierto. Las comunidades autónomas se turnan para organizar las reuniones de la Red cada año. Además, la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la FEMP desempeña un papel importante en la coordinación y difusión de la participación ciudadana y las iniciativas de gobierno abierto a nivel local. Creada en 2015, la Red está integrada por más de 400 entidades locales. Los grupos de trabajo dentro de la red producen guías, apoyan la implementación de iniciativas locales, redactan regulaciones modelo y participan en el Foro de Gobierno Abierto de España. La FEMP ha utilizado los planes de acción de OGP para consolidar y fortalecer la red. Por ejemplo, publicó dos modelos de regulaciones municipales sobre transparencia pública y gobernanza de datos para facilitar su adopción, por parte de los municipios más pequeños, en el cuarto plan de acción. Asimismo, en 2021, Madrid lanzó la comunidad de prácticas denominada “El Grupo Participativo”, que ha crecido hasta contar con 74 gobiernos locales y regionales de todo el mundo y otras instituciones, y más de 135 prácticas (talleres y grupos de trabajo, así como un curso masivo abierto en línea [MOOC, por sus siglas en inglés] llamado “El ABC de la participación”).
OGP Local acerca a los municipios y las comunidades autónomas a los debates globales sobre temas de gobierno abierto y fomenta la colaboración con otras comunidades autónomas y entidades locales en otros países. Según un funcionario del País Vasco, OGP Local inspira a las partes interesadas al exponerlas a las tendencias mundiales y les ayuda a implementar iniciativas a nivel local. Además, subraya que OGP Local legitima el impulso de una agenda de gobierno abierto tanto internamente como en diferentes niveles de gobierno y partidos políticos.
Mantener el impulso durante las transiciones políticas
Las elecciones municipales y autonómicas han influido en la continuidad de las reformas de gobierno abierto de los miembros locales de OGP a lo largo de los planes de acción. En Cataluña, varios cambios de gobierno y reestructuraciones en los equipos de gestión y departamentos afectaron negativamente al plan de acción 2021-2023. En Aragón, las elecciones regionales de 2023 provocaron el traslado de algunos funcionarios y funcionarias que habían trabajado en el primer plan de acción (2021-2023). A pesar de esta transición, la sociedad civil contribuyó al codiseño del segundo plan de acción (2024-2026), garantizando la continuidad de las reformas de gobierno abierto.
Por su parte, tras las elecciones de 2019, el nuevo Gobierno de coalición de Madrid actualizó la normativa de los presupuestos participativos. Si bien se redujo el presupuesto para ajustarlo a la capacidad de implementación, se reforzó la viabilidad de los proyectos. El número de proyectos ha aumentado de 191 proyectos entre 2016 y 2019 a 615 desde junio de 2019. Por otro lado, el nuevo Gobierno modificó el Observatorio de la Ciudad—un órgano de monitoreo ciudadano que emite recomendaciones sobre políticas municipales, creado durante el segundo plan de acción de Madrid (2018-2020). En 2020 devolvió el Observatorio a su propósito original de ser una herramienta de evaluación y canalizó los objetivos de participación a través de otros organismos como el Consejo Social de la Ciudad. Pese a estos cambios, Madrid desarrolló con éxito su cuarto plan (2024-2027) con un nuevo grupo motor que incluyó a tres Direcciones Generales y una amplia gama de actores.
Para asegurar el impulso durante las transiciones políticas, el modelo OGP del País Vasco implica tres niveles de gobierno: comunidad autónoma, tres consejos provinciales y tres ayuntamientos capitales. Este co-liderazgo hace que cada compromiso de OGP sea multinivel y multiterritorial. Sin embargo, la gestión de siete instituciones con diferentes agendas y ciclos electorales también tiene sus propios desafíos, que el País Vasco ha logrado navegar a través de sucesivos gobiernos locales y consejos. La estructura multinivel y multiterritorial ha permitido al Gobierno Vasco mantener con éxito el proceso de OGP a pesar de las limitaciones de capacidad y los desafíos emergentes, por ejemplo, al designar un nuevo líder en diferentes niveles cuando varios municipios están experimentando ciclos electorales simultáneamente.
Avanzar en las reformas de comunidades autónomas y locales en el proceso nacional de OGP
La creación de la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto en 2018 fue fundamental para incluir las reformas autonómicas y locales en el cuarto plan de acción de España. Aparte de un compromiso en el tercer plan que introdujo el presupuesto participativo en la comunidad autónoma de Murcia, los tres primeros planes de acción solo incluían reformas a nivel nacional. Para el cuarto plan, la Dirección General de Gobernanza Pública y la Subdirección General de Gobierno Abierto trabajaron con la Comisión Sectorial para reunir 53 compromisos que abarcan las 17 comunidades autónomas, las ciudades autónomas Ceuta y Melilla, y la FEMP. Los reformadores españoles han afirmado que la inclusión de compromisos de las comunidades autónomas ha enriquecido enormemente el cuarto plan de acción.
Estos compromisos dieron como resultado mejoras en una amplia gama de áreas de políticas, incluidos datos abiertos, capacitación gubernamental abierta para las y los funcionarios públicos, desarrollo de plataformas de participación ciudadana en línea y promoción de la participación de los jóvenes en el desarrollo de políticas públicas. En particular, Castilla y León desarrolló una “huella normativa” que permite al público rastrear cómo la retroalimentación pública influyó en el texto de las leyes a lo largo del proceso legislativo. No se implementó un compromiso similar en el cuarto plan de acción a nivel nacional. Sin embargo, en algunas comunidades autónomas, los cambios de liderazgo dieron lugar a nuevas prioridades legislativas y al abandono de las reformas de gobierno abierto. Por ejemplo, el Gobierno en minoría de Cantabria aprobó el proyecto de Ley de Participación Ciudadana en diciembre de 2024, pero no ha conseguido suficiente apoyo de la oposición en el Parlamento de Cantabria para aprobar la ley.
El futuro del gobierno abierto local
Se prevé que el quinto plan de acción de España continúe incluyendo compromisos de las Administraciones Públicas autonómicas y locales, las cuales han mostrado un gran interés en seguir siendo miembros activos de OGP Local. Según un coordinador de uno de los grupos de trabajo de FEMP, más allá de las acciones actuales, sería importante que se incluyera otra capa de gobierno, las diputaciones provinciales, en el proceso de OGP para institucionalizar aún más las reformas de gobierno abierto local.
Los miembros locales de OGP en España han estado a la vanguardia de la participación ciudadana a través de sus iniciativas locales, como Decide Madrid. El éxito futuro de las reformas locales radica en la capacidad de estas jurisdicciones para garantizar resultados sostenidos que trasciendan los cambios políticos en la trayectoria de OGP en España. Por lo tanto, es importante seguir integrando estas reformas en las actividades diarias de las Administraciones Públicas autonómicas y locales.
 ARAGÓN: Aragón se unió a OGP Local en 2020 y ha asumido seis compromisos a través de sus dos planes de acción. En el plan de acción 2021–2023, mejoró su programa de Gobierno Fácil invitando a personas con discapacidad intelectual o de desarrollo a rediseñar textos legales y administrativos. La iniciativa recibió un Premio de Gobierno Abierto en 2023 y fue destacada como una buena práctica por la OCDE. Para 2023, la página de Gobierno Fácil contaba con más de 23.500 visitas y dio lugar a una iniciativa similar en Castilla y León. Aragón continúa profundizando su compromiso con el Gobierno Fácil e incluyó en su plan de acción 2024-2026 un compromiso dedicado a las personas mayores. |
El futuro del Gobierno Abierto en España
España ha incorporado procesos y marcos de gobierno abierto en su Administración Pública. La creación del Foro de Gobierno Abierto durante el tercer plan de acción inició un período de mejora de la participación y el diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil. Con el tiempo, algunos miembros de la sociedad civil creen que el Foro debería reformarse para darle una mayor influencia en la toma de decisiones y en la implementación de planes de acción.
La inclusión constante de los compromisos de acceso a la información en los planes de acción de OGP ha garantizado un avance en la mejora de un área de política importante para el gobierno abierto. A lo largo de su membresía de OGP, España ha permitido el derecho de acceso a la información y ha publicado de manera proactiva una amplia variedad de datos y documentos gubernamentales a través del Portal de Transparencia. Mientras que la demanda histórica de la sociedad civil de reformar la Ley de Transparencia aún está por cumplirse, el debate sobre la reforma de la Ley de Transparencia sigue abierto, lo que refleja el compromiso continuo de adaptar el marco legal a las nuevas demandas de la sociedad y a los estándares internacionales.
España ha aprovechado OGP para integrar los valores de gobierno abierto tanto en el sector público como en la sociedad. La inclusión de estos temas en los exámenes de ingreso y la capacitación de las y los funcionarios públicos demuestra un fuerte compromiso para incorporar una cultura de gobierno abierto en la Administración Pública. Además, la popularidad de la Semana de Gobierno Abierto es una prueba más de la resonancia de las actividades de estas actividades dentro de la Administración estatal y entre los ciudadanos y ciudadanas que participan en ellas.
El crecimiento de la membresía de OGP Local a seis comunidades autónomas y la ciudad de Madrid es particularmente notable dada la estructura altamente descentralizada de España. La participación en OGP Local ha impulsado una amplia gama de reformas de gobierno abierto, desde el presupuesto participativo y la transparencia en el registro de lobbies en Madrid, hasta la difusión de un programa de lenguaje fácil en el Gobierno de Aragón. Mientras tanto, la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto ha facilitado la cooperación entre el Gobierno nacional y los gobiernos autonómicos y locales en el proceso de OGP. Además, el Congreso de los Diputados aprobó su primer Plan de Parlamento Abierto (2025-2027) con 31 compromisos, lo que demuestra la creciente madurez y la naturaleza transversal de la agenda de gobierno abierto de España en los tres poderes del Estado.
Todavía hay una percepción pública comparativamente alta de la corrupción en España. La plataforma de OGP brinda la oportunidad de implementar el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, recientemente anunciado por el Gobierno, que podría abordar varias recomendaciones de las OSC para el Plan de Acción para la Democracia.
El borrador del quinto plan de acción de España (2025-2029) plantea reformas anticorrupción, como la implementación de un registro obligatorio de lobbies y la adopción del Sistema de Integridad de la Administración General del Estado (SAIGE) en todos los niveles de la Administración Pública. Además, el plan aborda áreas de políticas nuevas y de vanguardia que incluyen la libertad de los medios de comunicación (incluida la transposición de la Directiva de la UE sobre demandas estratégicas contra la participación pública); la promoción del uso ético de la inteligencia artificial en el sector de la justicia y la colaboración con las OSC contra la desinformación y la mejora del derecho legal de los niños a participar a través de asociaciones. Asimismo, los planes de acción futuros podrían considerar la adopción de medidas de integridad pública más sólidas como los compromisos para la publicación proactiva de declaraciones de activos por parte de altos cargos, funcionarias y funcionarios públicos y parlamentarios, y la creación de una oficina independiente para supervisar el cumplimiento de las regulaciones sobre conflicto de intereses.
España es uno de los países de la UE más afectados por la crisis climática, lo que supone graves riesgos para los principales sectores de su economía. Como tal, los futuros compromisos de OGP podrían generar espacios para el diálogo participativo y la rendición de cuentas sobre cuestiones climáticas. Otras áreas políticas importantes para España incluyen la migración, la gestión del asilo, la pobreza infantil y energética y la violencia de género. Tras el primer plan de acción del Parlamento Abierto del Congreso de los Diputados (2025–2027), España podría ampliar sus futuras reformas parlamentarias abiertas para incluir el Senado. Asimismo, el Poder Judicial podría desarrollar su propio plan de acción de justicia abierta.
El camino de las reformas de gobierno abierto en España ha tenido un éxito continuo y ha logrado resultados en áreas clave. Continuar con estas reformas y ampliar su cobertura para abordar los desafíos sociales y políticos pertinentes será necesario ampliar la agenda, así como la participación de nuevas OSC en el proceso de OGP. Sin embargo, la estructura institucional de España para el gobierno abierto ya tiene los elementos básicos para que este avance sea posible. Dado que el país acoge la Cumbre Global de OGP en Vitoria-Gasteiz en octubre de 2025, está en una buena posición para consolidar su liderazgo en la defensa del gobierno abierto y la renovación democrática, en Europa y en el resto del mundo.
Amanecer entre naranjos en la Comunidad Valenciana, España (Créditos: Jonny James a través de Unsplash)Apéndice
Acerca de este informe
A medida que la Alianza para el Gobierno Abierto implementa su Estrategia 2023–2028, los cambios en los enfoques, las formas de trabajo y el aprendizaje son clave para lograr los objetivos estratégicos de la organización. El Mecanismo de Revisión Independiente continúa contribuyendo a esto a través de su papel en la producción y difusión de investigaciones basadas en evidencias.
El alcance de los informes de IRM se ha centrado en las actividades durante un ciclo de plan de acción. Esta investigación crea datos útiles y proporciona información valiosa a OGP y a la comunidad de gobierno abierto. Sin embargo, dado que el análisis se limita en gran medida a los desarrollos dentro de un ciclo de plan de acción, los informes del IRM son menos capaces de responder algunas de las preguntas a largo plazo de las que OGP desea aprender, como parte de esta nueva estrategia.
En 2025, el IRM se comprometió a elaborar un informe que reflexionara sobre los 14 años de participación de España en OGP. El informe Trayectoria del Gobierno Abierto explora la evolución y los logros del gobierno abierto de España en los planes de acción, el Gobierno y la sociedad civil para extraer aprendizajes del trabajo de los reformadores, la Unidad de Apoyo de OGP y los socios.
Metodología
Este informe fue escrito por Matthew Tramonti con entrevistas realizadas por Pedro Espaillat.
Fue revisado por Andreas Pavlou, Paul Braithwaite, Shreya Basu, Tinatin Ninua, José María Marín, Munyema Hasan, Ana Revuelta, Alba Gutiérrez y César Cruz-Rubio. También fue revisado por actores clave del Gobierno y la sociedad civil en España. Muchas gracias a otras personas que han contribuido al informe.
Para producir este informe, el IRM entrevistó y recibió comentarios por escrito de personas del Gobierno y la sociedad civil que trabajan en España. Estos incluyen:
Pablo Garcia Arcos (Punto de Contacto OGP del Gobierno de Cataluña), David Cabo (Fundación Civio y Miembro del Foro de Gobierno Abierto), Rachel Hanna (Access Info Europe y miembro del Foro de Gobierno Abierto), María Pía Junquera Temprano (Ex Punto de Contacto Nacional de OGP, y Directora General de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid), Joaquín Meseguer (Secretario Ejecutivo del capítulo de España de la Red Académica de Gobierno Abierto, y Miembro del Foro de Gobierno Abierto), Gema Ratón (Subdirección General de Gobierno Abierto), Silvia Sancho (Subdirección de Inspección General de Servicios de la Administración General del Estado), Lázaro Tuñón Sastre (Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública y Punto de Contacto Nacional OGP), Elena Sedeño Zarco (Subdirección General de Gobierno Abierto), Ana Aguirre Uriz (Punto de Contacto OGP del País Vasco), Mariana Cancela (Directora General de Relaciones Institucionales, Acción Exterior y Transparencia del Gobierno de Aragón, punto de contacto de la OGP en Aragón), y Susana Barriga Corregidor (Jefa del Servicio de Participación Ciudadana e Innovación Social, Gobierno de Aragón)
Los autores también consultaron los productos e informes anteriores del IRM que cubren los cuatro planes de acción de España, así como la información obtenida de la investigación documental.