Public Information on Human Trafficking (AR0084)

What is the public problem that the commitment will address?
Justice services aimed at victims of human trafficking are in a process of permanent strengthening. A correct and effective service towards the target population requires improving institutional articulation strategies and achieving open information systems. The existing institutional fragmentation coupled with the multiplicity of services involved and the territorial dimension of the country make it difficult to address this problem in an integral way and pose coordination and articulation challenges between different actors. The absence of an information system with official data on trafficking hinders, on the one hand, the realization of situational diagnosis for the formulation of public policies. On the other hand, it is a barrier for civil society organizations (CSOs) to influence the decisions taken by the State on this subject and to exercise citizen control.

What is the commitment?
The proposal is to guarantee access to public information on human trafficking so that it ensures an innovative and openness approach to the justice system. This commitment will be based on (1) the opening of statistical data, (2) the opening of information on the policies implemented in the processes of assistance and support for victims of human trafficking by the Ministry of Justice and Human Rights and (3) the development of areas of dialogue and articulation with civil society and other institutional actors that address this issue.

How will the commitment contribute to solving the public problem?
The publication of the databases of the National Program for the Rescue and Accompaniment of Victims Damnified by the Crime of Human Trafficking (PNR, program´s acronym in Spanish) and the information provided by the Federal Trafficking Council and the CSOs will allow to have key data for the realization of situational diagnoses and the formulation of public policies specially designed to address this problem. Likewise, it will be a fundamental tool for all civil society organizations, distributed throughout the national territory, since they will have consultation instruments and, in turn, may be active stakeholders for collaboration and information . The development of inter and intra institutional working and collaboration meetings will promote the articulation between the stakeholders responsible for trafficking policies and the civil society organizations involved in order to achieve a comprehensive approach to the problem.

Why is this commitment relevant to OGP values?
The commitment is mainly relevant to transparency as it will systematize and publish PNR information in open formats that is currently unavailable. Access to information on assistive devices and official statistical data on this problem will facilitate knowledge by civil society organizations to monitor the actions of the PNR and collaborate by providing new information.

Additional information
The commitment is linked to SDGs 5, 10 and 16.

6. Trata de personas

Este compromiso se basará en (1) la apertura de datos estadísticos, (2) la apertura de información sobre las políticas implementadas en los procesos de atención y acompañamiento a víctimas de trata de personas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y (3) el desarrollo de ámbitos de diálogo y articulación con la sociedad civil y otros actores institucionales que abordan la temática.

Objetivo principal

Garantizar el acceso a la información pública sobre trata de personas que asegure un enfoque de innovación y apertura del sistema de justicia.

Hitos

6.1 Publicación de bases de datos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de las Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas (PNR) en formatos abiertos en el Portal datos.jus.gob.ar

6.1.1 Análisis, sistematización y publicación de estadísticas sobre:

• Víctimas rescatadas (segmentada por sexo, edad, nacionalidad, tipo de explotación, comunidad indígena)
• Asistencias brindadas
• Denuncias a la línea 145
• Casos judicializados
• Capacitaciones realizadas

6.1.2 Publicación de Convenios nacionales e internacionales suscriptos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

6.2. Realización de reuniones semestrales de trabajo con actores institucionales y OSC vinculados a la temática de la trata de personas sobre procesos de restitución de derechos para afianzar la articulación institucional y el diálogo con sociedad civil.

6.3. Sistematización de los recursos existentes para brindar asistencia a las víctimas de trata de personas (con sus datos de contacto y ubicación geográfica) en un sitio web que contemple una actualización semestral.

6.4. Realización de al menos dos (2) capacitaciones a las áreas que trabajan temas de trata para sumar datos a la Plataforma (temáticas: trata de personas, el uso de la plataforma, Ley de Derechos y Garantías de Víctimas de Delito, entre otros).

6.5. Apertura de datos sobre los procesos de asistencia directa a víctimas conforme al artículo 11 de la Ley 27508.

Nota editorial: Para leer el texto completo de este compromiso, consulta el plan de acción de Argentina en el siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuarto_plan_de_accion_nacional_de_gobierno_abierto_-_argentina_-_v4.pdf.

Análisis del compromiso

Este compromiso persigue el objetivo de garantizar el acceso a la información pública e implementar mecanismos de participación en relación con la trata de personas, un tema relevante de la agenda de derechos a nivel nacional. El camino escogido para ello es, por un lado, la apertura de datos estadísticos y de información sobre las políticas implementadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en materia de atención y acompañamiento a víctimas de trata de personas; y, por el otro, el desarrollo de espacios de diálogo y coordinación con la sociedad civil y otros actores institucionales interesados. Según el planteo del compromiso, la ausencia de un sistema de información con datos oficiales sobre trata dificulta al Estado el diagnóstico de la situación y la formulación de políticas públicas, y a la sociedad civil la labor de incidencia y monitoreo.

El compromiso es verificable porque sus hitos suponen la realización de actividades y la producción de entregables observables: la publicación de las bases de datos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de las Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, de los datos disponibles sobre los procesos de asistencia directa a víctimas y de los convenios internacionales sobre el tema suscriptos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; la publicación de recursos útiles para las víctimas en una plataforma en línea; la administración de capacitaciones internas; y la realización de reuniones semestrales con actores institucionales y OSC que trabajan en el tema. El compromiso se destaca por el nivel de detalle en relación con actividades y entregables, lo cual facilitará la tarea de monitorear su cumplimiento.

El compromiso es relevante ante todo al valor del acceso a la información, ya que centra en la sistematización y publicación de información que actualmente no se encuentra disponible. Adicionalmente, tiene un componente secundario de participación, en la medida en que uno de sus hitos consiste en la realización de reuniones semestrales de trabajo con OSC sobre procesos de restitución de derechos. Un detalle no menor que no está especificado en el texto es si dichas reuniones serán de carácter informativo, consultivo o decisorio.

La inclusión del compromiso en el plan de acción obedeció a la intención de incluir temas infrecuentes en la agenda de gobierno abierto, relevantes para la agenda de derechos, importantes para organizaciones de base con presencia en el territorio, y ausentes de los planes de acción anteriores. En ese sentido, la representante de una OSC en la Mesa Nacional resaltó que, por su temática, este fue uno de los compromisos más innovadores del plan, ya que vinculó dos agendas que no solían dialogar: la agenda de gobierno abierto, más institucionalista, y la agenda temática de las organizaciones de base con vínculos directos con las víctimas y sus familiares [26].

En efecto, en el proceso de cocreación del compromiso intervinieron numerosas OSC, desde las participantes usuales, enfocadas en temas institucionales y de gobernanza democrática, hasta organizaciones especializadas en la lucha contra la trata y la asistencia a las víctimas, pasando por organizaciones feministas, de mujeres, y centradas en la problemática más amplia de la inequidad de género. En este caso, según varias fuentes de sociedad civil consultadas, la debilidad de participación se observó no del lado de sociedad civil sino del de gobierno. Tal como lo subrayó la citada integrante de la Mesa Nacional, hay muchas áreas del Estado involucradas en la temática, pero solo algunas de ellas estuvieron sentadas a la mesa para elaborar el compromiso [27]. Según la representante de otra OSC participante, Mujeres en Igualdad, la propuesta de esta organización de incorporar a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), del Ministerio Público Fiscal, fue desestimada. La propuesta se fundaba en el hecho de que la trata es un delito federal y en la convicción de que “lo importante es prevenir antes de llegar al rescate de víctimas” [28].

Por efecto de estas ausencias la ambición del compromiso se resintió, ya que no todas las bases de datos cuya apertura fue solicitada por la sociedad civil pudieron ser incluidas [29]. Asimismo, Mujeres en Igualdad aspiraba a que el compromiso incluyera un componente educativo acoplado a la cabal implementación de la ley de educación sexual integral (ESI) en todos los distritos, elemento que tampoco fue incluido en el compromiso. Según consignó la DGA, este elemento estaba siendo discutido en paralelo en vistas de otro compromiso que habría de ser asumido por el Ministerio de Educación, y que finalmente no prosperó. Como tampoco pudo ser integrado en este compromiso, el componente ESI quedó fuera del plan de acción [30].

Con todo, gobierno y sociedad civil coinciden en admitir que la línea de base es baja: actualmente, ni el gobierno cuenta con toda la información necesaria para diagnosticar correctamente la situación y orientar sus políticas, ni la sociedad civil cuenta con la que necesita para sentar posición, incidir sobre dichas políticas y monitorearlas. En consecuencia, aún con las limitaciones de alcance ya apuntadas, es de esperar que, de ser implementado en su totalidad, el compromiso tenga un impacto moderado, ya que sistematizará y publicará parte de la información hoy no disponible, y creará espacios para que la sociedad civil y el gobierno puedan trabajar juntos para profundizar los cambios.

Compromiso 6. Trata de personas

● Verificable: sí

● ¿Tiene una visión de gobierno abierto? sí

● Potencial para obtener resultados: moderado

• Cumplimiento:sustancial
• ¿Abrió el Gobierno?marginalmente

El compromiso se implementó en forma sustancial. El organismo a cargo produjo una sistematización de datos sobre víctimas rescatadas, segmentados según las variables previstas, los cuales fueron incorporados al Portal de Justicia Abierta [11]. El compromiso reportó pasos conducentes a la firma de convenios, aunque no fue posible encontrar el sitio donde están publicados los convenios suscriptos a la fecha. Se realizaron las reuniones previstas en el marco de los encuentros anuales del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas; sin embargo, no parece haberse tratado de reuniones periódicas de trabajo con actores de la sociedad civil, ni existe constancia de sus resultados.

Asimismo, el organismo dispuso un espacio [12] en el sitio de la Jefatura de Gabinete de Ministros en Argentina.gob.ar para presentar los recursos disponibles: línea de denuncias, estadísticas (con el último informe mensual disponible, pero sin acceso a la serie histórica), archivo con puntos focales de asistencia a nivel provincial, y archivos con la normativa del fondo de asistencia directa a víctimas. Se realizaron las capacitaciones comprometidas y, si bien se puso en marcha la conformación del fondo fiduciario de asistencia a víctimas, no se concretó el último hito de apertura de datos, que habría de materializarse en un sitio web de consulta pública –y de utilidad práctica para el usuario final– sobre mecanismos y fondos de asistencia.

La participación de la sociedad civil en la implementación y el seguimiento del compromiso fue muy limitada, posiblemente porque no tuvo la ambición que la sociedad civil había impulsado en el proceso de cocreación. Los efectos de su implementación sobre el acceso a la información se estiman como marginales porque no representó una diferencia significativa en relación con la información disponible con anterioridad.