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Protección del espacio cívico: Prioridad del sector privado

Robin Hodess|

El espacio físico e intelectual que permite a las personas pensar, opinar y actuar libremente está amenazado en todo el mundo. Hoy en día, solamente el 4% de la población global vive en países donde el espacio cívico está abierto e incluso en esos países las amenazas están creciendo. Por ello, se declaró la emergencia en el espacio cívico.

Las libertades civiles son una de las condiciones básicas que los ciudadanos necesitan para exigir a sus gobiernos y al sector privado que rindan cuentas y el derecho a su libertad de expresión, reunión, asociación y acceso a la información es clave para la operación de las instituciones democráticas y el estado de derecho.

Si no se respeta su derecho a organizarse, los ciudadanos no pueden impulsar iniciativas de lucha contra la corrupción. Si no hay libertad de prensa, no pueden denunciar cuando los servicios públicos de educación y salud, entre otros, no se ofrecen adecuadamente.

Además, el espacio cívico es fundamental para el proceso de cocreación e implementación de los Planes de Acción de los miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto que buscan impulsar la transparencia y empoderar a los ciudadanos. Si no cuentan con acceso a la información, los países no podrán iniciar el proceso de creación de reformas. Si no hay libertad de expresión, los esfuerzos de los países de crear un mundo más transparente serán debilitados.

Como ciudadanos, las empresas también tienen interés y motivaciones para proteger el espacio cívico, pues cuando hay restricciones, se generan costos adicionales y las empresas lo saben: 34% de los ejecutivos creen que el 10% o más de sus ingresos está amenazado por las acciones del gobierno. Además, cuando hay disturbios civiles, es difícil para las empresas continuar sus operaciones.

Muchas empresas se han asociado con organizaciones de la sociedad civil para hacer algo al respecto y muchas otras están participando en las discusiones. Durante Open Gov Week, será fundamental que sigamos impulsando este proceso, pues los derechos de las personas de todo el mundo dependen de estas alianzas entre el sector privado y la sociedad civil.

Incluso los países de OGP están sufriendo amenazas a las libertades cívicas. Estudios recientes encontraron que más de la mitad de los países miembros de OGP tienen reportes del uso excesivo de fuerza policial durante manifestaciones públicas, demostrando que la libertad de reunión, entre otros, están seriamente amenazados. Aunque los planes de acción de OGP sí inlcuyen compromisos para proteger el espacio cívico, en el futuro necesitamos incrementarlos y fortalecerlos.

Líderes del sector privado, gobiernos y la sociedad civil están dialogando al proceso y logrando algunos avances. En el fin de semana de gobernanza Ibrahim que se llevó a cabo recientemente, The B Team reunió a líderes de empresas y la sociedad civil para discutir cómo podemos impulsar la acción del sector privado para proteger el espacio cívico. Estas conversaciones intersectoriales han ayudado a promover una colaboración concreta y proactiva sobre este tema.

Junto con el Business and Human Rights Resource Centre y International Service for Human Rights, The B Team está coordinando la Business Network on Civic Freedoms and Human Rights Defenders (“The Business Network”), una red de más de 20 compañías trasnacionales que están buscando respetar y promover las libertades civiles al interior de sus operaciones y a través de acciones de incidencia.

Aunque hay muchas empresas que ya están participando y liderando este proceso, aún hay muchos más que no se han convencido y es muy importante que logremos ayudarles a comprender la importancia del espacio cívico para sus operaciones. The B Team está trabajando en identificar evidencias que ayuden al sector privado a incorporarse al proceso. Con sus aportaciones, tendremos una mayor oportunidad de lograr gobiernos abiertos, responsables y participativos, es decir lograr la visión de OGP.

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