Renovación de AGA en México: lecciones y prioridades para nuestro nuevo Plan de Acción 2013-2015

AGA ha cumplido un primer ciclo en México. El periodo de implementación del primer Plan de Acción ha concluido con el año 2012, al mismo tiempo que la administración del Presidente Felipe Calderón, quien formalizó su adhesión a la iniciativa en el año 2011.

El 14 de diciembre de 2012 el Grupo Promotor en México (conformado por el gobierno federal, el órgano garante de acceso a la información y ocho organizaciones de sociedad civil –OSCs), dio a conocer el Reporte de Cumplimiento de este primer ciclo de AGA en México. A tres meses de haber iniciado la administración del Presidente Enrique Peña Nieto (cuyo origen partidario es diferente al del expresidente Calderón), el Grupo Promotor formalizó el inicio del proceso de consulta que sustentará el diseño del nuevo Plan de Acción 2013-2015 de AGA para México.

Este nuevo Plan deberá construir sobre los aciertos que tuvimos en la etapa previa, subsanar los errores cometidos y asumir los retos que quedaron pendientes en el primer ciclo de implementación. Entre los principales aciertos destacan los siguientes:

1. Enfoque dialógico y participativo para conformar un Plan de Acción Ampliado con compromisos concretos, evaluables e incluyentes de las propuestas de las OSCs.

2. Inclusión del órgano garante de acceso a la información pública (el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos –IFAI), en el proceso de promoción de la iniciativa en México, al cual aportó su experiencia, capacidad técnica y legitimidad institucional. Esto favoreció sin duda el acercamiento, el diálogo y la eventual participación decidida del sector de la sociedad civil organizada.

3. Formalización, en el seno del Grupo Promotor, de una instancia ejecutiva de impulso, coordinación y seguimiento, el Secretariado Técnico Tripartita (STT), integrado por un representante del Gobierno Federal (la Secretaría de la Función Pública), un representante de las ocho OSCs, y un representante del órgano garante federal de acceso a la información pública (el IFAI). Esto sin duda favoreció la eficacia y coordinación de los trabajos del Plan.

4. El compromiso y capacidad mostrada por el grupo de ocho OSCs integrantes del Grupo Promotor para proponer, impulsar y dar seguimiento a la realización de 68 compromisos por parte del Gobierno Mexicano.

Aunque el balance de este primer ciclo de implementación fue favorable, también enfrentamos retos que no pudimos superar y que estamos llamados a hacerlo deseamos que este segundo Plan de Acción sea más eficaz y genere beneficios directos a los ciudadanos. Entre éstos, destacan los siguientes:

1. Agenda de compromisos de mejora no diseña desde una perspectiva estratégica y centrada en el ciudadano.
El escaso tiempo disponible para el diseño del Plan limitó la posibilidad de que los compromisos de mejora se centraran en aspectos estratégicos de la gestión pública que representen mejoras sustantivas para los ciudadanos.

2. Precaria integración de los compromisos de mejora del gobierno con los procesos de programación y presupuestación de sus agencias responsables de implementarlos.
Los compromisos de mejora nunca fueron integrados a los procesos formales de programación y presupuestación de las agencias responsables de su implementación, por lo que imperó el enfoque de “buena voluntad” más que el de responsabilidad pública. Incluso, algunos compromisos no fueron implementados argumentando “limitaciones presupuestarias”.

3. Principios de AGA, particularmente los de “Rendición de Cuentas” y “Participación Ciudadana”, precariamente integrados al Plan.
La falta de perspectiva estratégica y de centralidad ciudadana en el Plan, (generada en buena medida por la ausencia de un diagnóstico causal de los principales problemas públicos a resolver), limitaron la inclusión de dos principios clave para efectuar los propósitos del gobierno abierto: la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

4. Compromisos de mejora centrados sólo en un orden de gobierno (el Federal) y en un Poder (el Ejecutivo), así como exclusión de la iniciativa privada.
El escaso tiempo disponible para el diseño del Plan contribuyó también a un alcance limitado del mismo, dejando fuera a los poderes Legislativo y Judicial, a los gobiernos subnacionales y a un actor clave de la gobernabilidad democrática en México: la empresa. 

A partir del balance arriba descrito, el nuevo proceso de diseño del Plan de Acción 2013-2015 para México, debe poseer al menos los siguientes atributos:

1. Robustecer y construir sobre los cuatro aciertos arriba descritos.
2. Tomar un enfoque estratégico y orientado a resultados de alta relevancia para el ciudadano, integrando los principios de participación ciudadana y de rendición de cuentas como horizontes de realización del Plan.
3. Generar un proceso de consulta amplio pero pausado e incluyente de otros órdenes y poderes gubernamentales, así como a la iniciativa privada, del sector académico y de otras organizaciones y redes de la sociedad civil.
4. Integrar el Plan 2013-2015 al marco formal de planeación del gobierno federal como un “Plan Especial” vinculado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y por tanto vinculante y exigible, para trascender el enfoque de “buena voluntad” que imperó en el Plan anterior.
5. Integrar al Plan la perspectiva internacional y el rol que México deberá jugar en el marco de AGA a nivel internacional cuando asuma la co-presidencia.
6. Reconocer que la sostenibilidad del Comité Tripartita demanda de recursos humanos y financieros para su adecuada implementación.