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Costa Rica

Transparent Management Processes Infrastructure Projects (CR0036)

Overview

At-a-Glance

Action Plan: Costa Rica National Action Plan 2015-2017

Action Plan Cycle: 2015

Status: Inactive

Institutions

Lead Institution: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

Support Institution(s): Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Instituto Costarricense de Electricidad, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Municipalidades, Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Comisión Nacional de Concesiones, Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica, Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Defensoría de los Habitantes, Cámara Costarricense de la Construcción, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, Organizaciones interesadas

Policy Areas

Anti-Corruption Institutions, Audits and Controls, E-Government, Fiscal Transparency, Infrastructure & Transport, Open Contracting and Procurement, Private Sector, Right to Information

IRM Review

IRM Report: Costa Rica End-of-Term Report 2015-2017

Starred: No

Early Results: Marginal

Design i

Verifiable: Yes

Relevant to OGP Values: Access to Information Public Accountability , Technology

Potential Impact:

Implementation i

Completion:

Description

En Costa Rica, a pesar de que existen garantías constitucionales para el derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos, la información normalmente se presenta de manera excesiva, compleja, poco clara, e incluso incompleta. Por ese motivo, la disponibilidad actual de información no ha generado el efecto deseado: que los ciudadanos puedan ejercer control sobre el desempeño del Estado. Además actualmente Hasta ahora la información que está disponible de forma pública, se limita, en su mayoría, a procesos de contratación, debido a su naturaleza de competencia pública, dejando de lado información de las etapas preparatorias (siendo estas quizá aún más relevantes que la contratación misma), como: la justificación de la selección de proyectos y metodologías de financiamiento, así como las justificaciones de factibilidad económica y técnica de los mismos. Finalmente, la falta de unificación de formatos, en los que esta información es presentada, impide realizar evaluaciones comparativas del desempeño de las instituciones.
Objetivo Principal: Transparentar los procesos de gestión de proyectos de infraestructura durante todo su ciclo de vida, desde su planteamiento inicial hasta los efectos de su operación, permitiendo un control ciudadano efectivo, del desempeño de las instituciones pública.
Breve descripción: Las instituciones que desarrollan proyectos de infraestructura proporcionarán con el detalle requerido, de manera transparente y de libre acceso, la información del proceso por etapas: etapa 1: identificación del proyecto, etapa 2: elaboración del proyecto, etapa 3: proceso de contratación, etapa 4 ejecución, etapa 5: finalización del proyecto. Las instituciones deberán proporcionar la información adicional (según las características determinadas para favorecer su claridad y uso), en respuesta a los requerimientos de información que reciban por parte de la ciudadanía.

IRM Midterm Status Summary

Compromiso 13. Procesos transparentes de gestión de proyectos de infraestructura

Texto del compromiso:

Objetivo principal: hacer transparentes los procesos de gestión de proyectos de infraestructura durante todo su ciclo de vida, desde su planteamiento inicial hasta los efectos de su operación, permitiendo un control ciudadano efectivo del desempeño de las instituciones públicas.

Breve descripción del compromiso: las instituciones que desarrollan proyectos de infraestructura proporcionarán con el detalle requerido, de manera transparente y de libre acceso, la información del proceso por etapas: etapa 1: identificación del proyecto; etapa 2: elaboración del proyecto; etapa 3: proceso de contratación; etapa 4: ejecución; etapa 5: finalización del proyecto. Las instituciones deberán proporcionar la información adicional (según las características determinadas para favorecer su claridad y uso), en respuesta a los requerimientos de información que reciban por parte de la ciudadanía.

Hitos:

  1. Determinar la metodología de publicación, seguimiento y evaluación de la información.
  2. Emitir la orden a las instituciones de publicar la información en una sola plataforma web, para permitir el control de formato y la presentación de una ventanilla única para el ciudadano.
  3. Acompañar y verificar que las instituciones en cuestión coloquen la información requerida.
  4. Evaluar la disposición de la información.

Nota editorial: Para efectos de simplificación el investigador del MRI unió los hitos 3 y 4 en la tabla que se presenta a continuación.

Institución responsable: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

Institución (es) de apoyo: Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Instituto Costarricense de Electricidad, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Municipalidades, Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Comisión Nacional de Concesiones, Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica, Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Defensoría de los Habitantes, Cámara Costarricense de la Construcción, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, Organizaciones interesadas.

Fecha de inicio:  enero de 2016.       Fecha final: marzo de 2017.

Contexto y objetivos

Durante las últimas décadas, el sector privado ha incrementado significativamente su participación en el desarrollo y la administración de obra pública en Costa Rica, situación que se potenció con la promulgación de la Ley General de Obra Pública de abril de 1998.  Ley N.º 7762 del 14 de abril de 1998, Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos.  Con frecuencia se contratan los servicios del sector privado no solo para los procesos de construcción de obra pública, sino también para los de supervisión y mantenimiento. Sin embargo, estos no cuentan con procesos adecuados de difusión de los resultados de la supervisión o ejecución, lo que ha perpetuado la opacidad y limitado la capacidad de control ciudadano hacia las compañías del sector de infraestructura y obras públicas.

Con frecuencia, la información disponible para los ciudadanos se centra en los procesos de contratación, ya que son de competencia pública, y se deja en segundo plano el acceso público a aspectos como la justificación de la selección de proyectos, las formas de financiamiento y los estudios de factibilidad económica y técnica de estos.

Esta situación ha facilitado escándalos y usos ineficientes de recursos públicos en el desarrollo de infraestructura, entre los que cabe destacar algunos ejemplos:

  • La ruta 27, inaugurada en el 2010.  Es una de las obras de infraestructura otorgadas en concesión más grandes del país en los últimos años. Menos de un año después de su apertura empezó a presentar problemas debido al tratamiento inadecuado de una de las laderas en su trayecto, lo que provocó repetidos deslizamientos que bloqueaban toda la carretera. Los problemas se atribuyen en parte a una fiscalización inadecuada y sobre todo una falta de seguimiento a los informes de supervisión durante la etapa de construcción. Todavía en el 2012, el Consejo Nacional de Concesiones no había conformado un órgano para que fiscalizara el funcionamiento de la ruta (Leticia Vindas, El Financiero, “Consejo sigue sin fiscalizar obras en ruta hacia Caldera”, 10 de enero de 2013).
  • La ruta 1856, conocida como trocha fronteriza, se construyó de manera urgente en medio de escándalos de corrupción publicados por la prensa y que en la actualidad están siendo investigados por la Fiscalía para ser denunciados.  Se concibió en el 2011 como un medio de afirmación de la soberanía nacional en la zona fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua después de la invasión nicaragüense a isla Calero, parte del territorio costarricense. Por esta situación, el Gobierno declaró su construcción emergencia nacional y la empezó sin haber hecho estudios de pacto ambiental, sin diseño de drenajes previstos, entre otros requisitos. Según un informe de la Contraloría General de la República de diciembre de 2012, para construir la vía el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) trasladó ¢27.000 millones (unos $50 millones) previstos para puentes y recarpeteo de otras rutas nacionales. Luego de importantes avances la obra se detuvo y en mayo de 2012 autoridades del Gobierno presentaron ante la Fiscalía una serie de denuncias por sustracción de fondos públicos y peculado. En septiembre de 2016, la Fiscalía anunció que acusaría a 48 personas por este caso (Gustavo Fallas, La Nación, “Fiscalía general anuncia que acusará a 48 personas por caso de La Trocha”, 29 de septiembre de 2016).

Este compromiso pretende desarrollar procesos y mecanismos de divulgación que permitan a los ciudadanos dar seguimiento al avance de proyectos de infraestructura pública y llamar a rendir cuentas a las empresas contratadas para estos. Para el cumplimiento de este compromiso, el Gobierno se adhirió a la Iniciativa de Transparencia del Sector Construcción (CoST, por sus siglas en Inglés).  Esta es una entidad de adhesión voluntaria y multisectorial a nivel internacional que busca incrementar la transparencia y rendición de cuentas en el sector de la construcción de obras públicas por medio de la divulgación de información clave de los proyectos durante todas las fases del ciclo de construcción.  CoST provee la guía y los principios que regirán la forma de transparentar y mejorar la rendición de cuentas de los proyectos de infraestructura, lo que también permitirá atender el problema de la falta de estandarización en los formatos y contenidos que actualmente se comparten sobre estos procesos y evaluaciones en el desempeño de las instituciones. A través de su implementación, el Gobierno cumpliría con el primero de los hitos del compromiso.

El compromiso es relevante para los valores de gobierno abierto de acceso a la información y rendición de cuentas, en tanto sus objetivos son claros y podrían marcar un avance muy significativo en materia de transparencia y eficiencia en el uso y la ejecución de recursos para el desarrollo de infraestructura pública, uno de los grandes retrasos y retos que enfrenta Costa Rica. A la vez, a través de metodología definida como parte del primer hito, la de metodología de CoST, se rendirá cuentas sobre el uso de recursos y desarrollo de proyectos de infraestructura pública.

El proceso definido CoST incluye la elaboración de auditorías mediante las cuales la junta directa encargada de dirigir la iniciativa en el país puede llamar a cuentas a las compañías ejecutoras y al Gobierno, y exigir mejores resultados de los proyectos.

Esto hace que el impacto del compromiso pueda ser potencialmente transformador; no obstante, se ha calificado como moderado debido a que, de momento, la plataforma CoST se aplicará únicamente en una parte de las instituciones que desarrollan infraestructura. El objetivo del Viceministerio de Infraestructura, del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), y que ha tomado el liderazgo de este compromiso, es iniciar con proyectos de este ministerio y del Ministerio de Educación Pública (MEP). Esto implica que, de momento, estarían quedando por fuera organismos e instituciones con gran participación en la construcción de obra pública en el país, como el Consejo Nacional de Vialidad, Acueductos y Alcantarillados; el Instituto Costarricense de Electricidad y las municipalidades del país, entre muchas otras. El objetivo es ir abarcando cada vez más instituciones y poco a poco incluir estas y otras.

El MOPT es responsable de administrar la infraestructura vial nacional, lo que incluye las carreteras primarias, secundarias y terciarias (según su grado de importancia). No obstante, de acuerdo a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, los ayuntamientos son responsables de más del 80 % de la red vial del país, y tras la aprobación de la Ley Especial de Transferencia de Competencias en octubre de 2015, recibirán el 22,25 % de lo recaudado por el impuesto a los hidrocarburos.

El Ministerio de Educación, por su parte, recibe la mayor asignación del presupuesto nacional cada año. Más del 60 % se destina a remuneraciones y menos de un 5 % a gastos de capital, que en su mayoría son las transferencias hechas a las Juntas de Educación y Administrativas, encargadas de la mejora y creación de infraestructura. Existe una oportunidad real de mejorar la transparencia del uso que las Juntas dan a estos recursos, pues actualmente no se supervisa de cerca su manejo de los recursos.

Cumplimiento

La Junta Directiva de CoST aceptó a Costa Rica para que formara parte de la iniciativa le notificó decisión mediante carta fechada el 30 de junio de 2016. En ella los remitentes se manifiestan “impresionados por la calidad de la aplicación” y la intención del Gobierno de implementar la iniciativa en el país y las entidades legales que requerirá su operación mediante la publicación de un decreto ejecutivo.

Este decreto definiría las funciones y responsabilidades de esas entidades y cumpliría con el segundo de los hitos del compromiso, al girar a las instituciones designadas la orden de adherirse a la iniciativa CoST. Su implementación cumpliría con el primer hito, pues esta sería la metodología escogida para hacer transparentes los procesos de gestión de proyectos de infraestructura durante todo su ciclo de vida, darles seguimiento y evaluar la calidad de la información publicada sobre ellos.

Uno de los principios de CoST es el enfoque multisectorial para el seguimiento de los proyectos mediante un grupo conformado por representantes del Gobierno, la sociedad civil y el sector privado. En el caso de Costa Rica, este grupo lo integrarían las asociaciones Consumidores de Costa Rica y Costa Rica Íntegra, por parte de la sociedad civil; la Cámara de la Construcción, la Unión de Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado (UCCAEP) y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio y Asociaciones Empresariales de Costa Rica (Fedecámaras), del sector privado, y los Ministerios de Hacienda, Obras Públicas y Transportes y de Planificación y Política Económica. El Ministerio de la Presidencia, la Defensoría de los Habitantes, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y el Laboratorio Nacional de Materiales operarían como observadores.

Para septiembre de 2016 no se habían seleccionado los cinco proyectos con que iniciará el plan piloto de aplicación de la metodología de CoST, pero se contaba con la lista de candidatos de donde se escogerían. El Gobierno planeaba realizar el anuncio público de la iniciativa en el mes de noviembre, cuando estuviese listo el decreto mencionado, que también crearía una secretaría técnica dentro del Ministerio de la Presidencia a cargo de la iniciativa a nivel nacional.

Esta secretaría técnica realizaría el estudio de línea base sobre el estado de la transparencia en infraestructura pública del país a principios de 2017, uno de los requisitos para poner a funcionar el plan que se espera que esté listo a mitad de ese año.

Siguientes pasos

Los efectos de este compromiso dependerán en gran medida de las instituciones que lleguen a participar de la iniciativa y los proyectos que se incluyan en esta, y de que el Gobierno logre que los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas estipulados por CoST se conviertan en el estándar nacional para el desarrollo de infraestructura pública.

En este sentido, el investigador del MRI recomienda:

  • Ampliar el número de obras que se sujetarían a la supervisión mediante el sistema de CoST, y empezar a incluir las obras más grandes que actualmente se encuentran en desarrollo en el país.
  • Que el grupo multisectorial defina estándares mínimos de su actuacion, como la información mínima que publicarán, como será su divulgación y cuál será el organismo responsable de velar por la rigurosidad de la información.
  • Incluir a las municipalidades dentro de la implementación de la iniciativa de CoST.

IRM End of Term Status Summary

Compromiso 13. Procesos transparentes de gestión de proyectos de infraestructura

Texto del Compromiso:

Objetivo principal: hacer transparentes los procesos de gestión de proyectos de infraestructura durante todo su ciclo de vida, desde su planteamiento inicial hasta los efectos de su operación, permitiendo un control ciudadano efectivo del desempeño de las instituciones públicas.

Breve descripción del compromiso: las instituciones que desarrollan proyectos de infraestructura proporcionarán con el detalle requerido, de manera transparente y de libre acceso, la información del proceso por etapas: etapa 1: identificación del proyecto; etapa 2: elaboración del proyecto; etapa 3: proceso de contratación; etapa 4: ejecución; etapa 5: finalización del proyecto. Las instituciones deberán proporcionar la información adicional (según las características determinadas para favorecer su claridad y uso), en respuesta a los requerimientos de información que reciban por parte de la ciudadanía.

Institución(es) responsable(s): Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

Institución(es) de apoyo: Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Instituto Costarricense de Electricidad, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Municipalidades, Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Comisión Nacional de Concesiones, Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica, Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Defensoría de los Habitantes, Cámara Costarricense de la Construcción, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, Organizaciones interesadas.

Fecha de inicio: enero de 2016  Fecha de cierre: marzo de 2017

 

Objetivo del compromiso

La finalidad de este compromiso era transparentar los procesos de asignación y desarrollo de proyectos de infraestructura, no solo durante la adjudicación de los contratos, donde suelen concentrarse los esfuerzos de divulgación de la información, sino también durante las etapas de construcción, control de calidad, entrega, mantenimiento y cualquier otra que pudiese formar parte de su ciclo de vida.

La intención inicial era publicar la información sobre cada una de las siguientes etapas:

1.  Identificación del proyecto

2.  Elaboración del proyecto

3.  Proceso de contratación

4.  Ejecución

5.  Finalización del proyecto

Los procesos y mecanismos de divulgación a utilizar deberían permitir a los ciudadanos dar seguimiento al avance de proyectos de infraestructura pública y llamar a rendir cuentas a las empresas contratadas para su desarrollo.

Para cumplir con estas metas se optó por adherirse a la Iniciativa de Transparencia del Sector Construcción (CoST por sus siglas en inglés[Note106: Esta es una entidad de adhesión voluntaria y multisectorial, a nivel internacional, que busca incrementar la transparencia y rendición de cuentas en el sector de la construcción de obras públicas por medio de la divulgación de información clave de los proyectos durante todas las fases del ciclo de construcción.]), y empezar a desarrollar los procesos e implementar los protocolos que esta establece. Este organismo internacional define estándares y mecanismos de divulgación de información sobre el desarrollo de obra pública, para que los ciudadanos puedan dar seguimiento al avance de los proyectos y llamar a rendir cuentas a las empresas contratadas para estos.

Cumplimiento

Medio término: Sustancial

A la hora de redactar el informe de medio término, el Gobierno había escogido aplicar la plataforma CoST únicamente a una parte de las instituciones que desarrollan infraestructura: el Viceministerio de Infraestructura, del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), y el Ministerio de Educación Pública (MEP). Costa Rica ingresó a la iniciativa CoST en junio de 2016.

Se definió que el grupo multisectorial que se encargaría del seguimiento de los proyectos estaría conformado por representantes del Gobierno, la sociedad civil y el sector privado, representados a través de las asociaciones Consumidores de Costa Rica y Costa Rica Íntegra, por parte de la sociedad civil; la Cámara de la Construcción, la Unión de Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado (UCCAEP) y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio y Asociaciones Empresariales de Costa Rica (Fedecamaras), del sector privado, y los Ministerios de Hacienda, Obras Públicas y Transportes y de Planificación y Política Económica. El Ministerio de la Presidencia, la Defensoría de los Habitantes, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y el Laboratorio Nacional de Materiales operarían como observadores.

Finalmente, para septiembre de 2016 estos organismos trabajaban en la selección de los seis proyectos con que iniciará el plan piloto de aplicación de la metodología de CoST. 

Fin de término: Sustancial

La inclusión en CoST se anunció públicamente[Note107: Presidencia de la República, comunicado oficial del 27 de marzo de 2017.] el 27 de marzo de 2017 mediante un acto formal de firma de adhesión en el que participaron la vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, y Christiaan Poortman, presidente de CoST.

El Gobierno y Costa Rica Íntegra cocrearon el decreto ejecutivo[Note108: Diario oficial La Gaceta, Decreto Ejecutivo N° 40380-MP- H-MOPT-MIDEPLAN del 8 de mayo de 2017.] mediante el cual se oficializó la iniciativa. Se publicó el 8 de mayo de 2017. En él se define como objetivo fortalecer la transparencia “durante todos los ciclos de vida de los proyectos de infraestructura y obra pública, así como el adecuado manejo de los fondos públicos destinados a financiar dichas obras, mediante la divulgación de información básica relativa a la gestión del proyecto, la validación de la información divulgada que garantice su comprensión y la participación de diversos sectores en el desarrollo de la obra.”

También se definen las funciones del Grupo Multisectorial (GMS) y se establece que estará conformado por tres representantes del sector público, tres del privado y tres de la sociedad civil. Las personas que ocuparán esos cargos lo harán sin percibir dietas y por dos años[Note109: De acuerdo con el decreto, los miembros del Grupo Multisectorial procederán de las siguientes instituciones: Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Ministerio de Planificación Económica, Ministerio de Hacienda, Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), Federación de Cámaras (FEDECAMARAS), y Cámara de la Construcción. Por parte de la sociedad civil la integrarán la organización Costa Rica Íntegra, la Asociación de Consumidores de Costa Rica y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.].

Cada año, los miembros del GMS deberán ofrecer una evaluación de labores y de la pertinencia de su participación en el órgano, y aquellos que no cumplan con los criterios que se lleguen a definir mediante reglamento se deberán remover.

El GMS inició operaciones en diciembre de 2016, aunque su primer reunión oficial, posterior a la publicación del decreto que oficializa la integración a CoST, fue en junio de 2017. Deberá sesionar al menos una vez por mes. Designó como presidente al representante de Costa Rica Íntegra y asignó al viceministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes[Note110: Acta de la sesión ordinaria del mes de abril del Grupo Multisectorial de la iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción (CoST), 20 de abril de 2017.] como campeón de la iniciativa por parte del Gobierno.

También creó dos comités de trabajo, uno de gobernanza y otro de implementación. Los comités plantearon propuestas de productos a desarrollar, plazos, cronograma, financiamiento, entre otros.

El Ministerio de la Presidencia tendrá a su cargo la dirección ejecutiva[Note111: Se asignó al señor Daniel Garro, de Costa Rica Íntegra como presidente del GSM, como campeón, Mario Durán, viceministro de Reformas y Proyectos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y en la dirección ejecutiva a Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano.] de la iniciativa y también asumió, aunque de manera temporal, la secretaría técnica de CoST, encargada de coordinar a las acciones del GMS y la adecuada implementación de la iniciativa. La Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales actuarán como observadores.

Se emitió una directriz[Note112: Directriz N° 084-MIDEPLAN, publicada el 06 de septiembre de 2017.] mediante la cual se insta a todas las instituciones del Estado que conforman el Sistema Nacional de Inversión Pública, bajo la rectoría del Ministerio de Planificación y Política Económica[Note113: Diario oficial La Gaceta, Nº93 del 18 de Mayo de 1974: Artículo 9: Corresponde al MIDEPLAN velar porque los programas de inversión pública, incluidos los de las instituciones descentralizadas y demás organismos de derecho público, sean compatibles con las previsiones y el orden de prioridad establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Artículo 10: Ningún ministerio u organismo autónomo o semiautónomo podrá iniciar trámites para obtener créditos en el exterior sin la previa aprobación del MIDEPLAN.], a actualizar, al menos cada tres meses, la información sobre los proyectos de inversión que deberá ser de acceso público y registrada en el Banco de Proyectos de Inversión Pública[Note114: MIDEPLAN, 06 de septiembre de 2010: “El Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) es un componente del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y está constituido por todos los proyectos de inversión pública, debidamente sistematizados que han elaborado las instituciones públicas como parte del cumplimiento de sus funciones legalmente establecidas, que se traducen en la programación institucional y en los procesos presupuestarios que son parte del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.”] del sistema mencionado. Además instruye sobre la necesidad de generar indicadores para el avance físico y financiero de los proyectos en etapa de ejecución o por iniciarse.

Se escogieron seis proyectos para desarrollar el plan piloto con que empezará la iniciativa CoST (las cifras se ofrecen en millones):

·  Mejoramiento Ruta Nacional N° 160, sección Playa Naranjo-Paquera:  US$ 28

·  Ampliación y Rehabilitación Ruta Nacional N°1 Cañas-Limonal: US$ 85

·  Diseño y Construcción Puente sobre el Río Virilla, Ruta Nacional N°147: US$8.5

·  Diseño y Construcción de Puente sobre Río Virilla en Ruta Nacional N°32. Promedio de ofertas: US$20, 5

·  Carretera Guacimal- Santa Elena: aproximadamente US$10.7

·  Mejoramiento Ruta Alto Comte: aproximadamente US$7

El GMS decidió que la plataforma que usaría para publicar la información de los proyectos a los que dará seguimiento será MapaInversiones, una iniciativa regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ya se lanzó en Colombia[Note115: http://maparegalias.sgr.gov.co/#/%5D en el 2013 y que busca generar transparencia y eficiencia de la inversión pública a través de la divulgación y gestión de la información relacionada a este tema.

Si bien CoST se limitaría a garantizar la transparencia de los proyectos mencionados, MapaInversiones se usaría para dar acceso a información relacionada a los cerca de 160 proyectos de inversión en el área de transporte y coordinados desde el MOPT, y otras inversiones del banco de proyectos del estado.

Adicionalmente, el viceministerio propuso crear una sección en esta plataforma para que los ciudadanos tengan la opción de llamar a rendir cuentas, compartir su opinión y contrastar o pedir más detalles sobre la información publicada por la iniciativa.

Aunque al momento de redactar este informe de fin de término el Gobierno trabajaba en su diseño y esperaba ponerla en operación durante el mes de octubre, la versión de la herramienta web para Costa Rica aún no se había puesto en línea, por lo que todavía no se había transparentado la información de los proyectos, y por lo tanto no se había cumplido con el objetivo final del compromiso.

¿Se avanzó en la apertura del Gobierno?

Acceso a la información: No cambió

Participación ciudadana: Marginalmente

Rendición de cuentas pública: No cambió

La iniciativa CoST se alinea con los principios de gobierno abierto al promover una mayor divulgación de información sobre el desarrollo de infraestructura pública, fomentar la rendición de cuentas mediante mecanismos y estándares previamente establecidos e involucrar a la sociedad civil en cada uno de estos procesos con una representación en el GMS igual a la de los sectores privado y público. Sin embargo, este potencial se hará efectivo cuando se complete la implementación y se empiecen a aplicar los principios de la iniciativa a proyectos concretos. Mientras esto no se dé, resulta difícil afirmar que CoST Costa Rica cambió prácticas en la apertura del Gobierno.

La redacción del compromiso no reflejaba una relevancia clara a la participación ciudadana. Sin embargo, el hecho de haber creado e iniciado la operación del GMS, con participación equitativa entre Gobierno, sector privado y sociedad civil, es un avance a resaltar en el valor de participación ciudadana, pues no existía en el país una instancia de participación semejante en relación al sector de infraestructura pública.

También se escogieron los proyectos con los que empezará la iniciativa y se presentó el Estudio de Línea Base, establecido por la metodología CoST como punto de arranque en todos los países. Seguía pendiente la puesta en línea de la plataforma que se usaría para la publicación de la información de los proyectos.

Para la organización Abriendo Datos[Note116: Susana Soto e Ignacio Alfaro, Abriendo Datos y Costa Rica. Entrevistar ealizada 21 de septiembre de 2017.], ni la plataforma MapaInversiones ni la iniciativa CoST cumplen con la ambición inicial del compromiso de transparentar la información de todos los proyectos de infraestructura del país en sus diferentes etapas, pues al centrarse exclusivamente en el sector de transporte, se dejan por fuera otras áreas relevantes para la inversión pública, como el sector educativo, de acueductos, de producción de energía eléctrica, de salud, entre otros.

A la hora de poner la plataforma en línea, el gobierno amplió el alcance de los proyectos cuya información se publicaría e incluyó todas las inversiones públicas dentro del banco de proyecto del Estado[Note117: https://mapa.presidencia.go.cr/ ].

Por otro lado, Costa Rica Íntegra manifestó su preocupación[Note118: Evelyn Villareal, Andrés Araya. Entrevista realizada el 12 de septiembre de 2017.] por el hecho de que el Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano asumiera el puesto de la dirección ejecutiva del Grupo Multisectorial de CoST. Desde su perspectiva, se corre un alto riesgo de que con el cambio de Gobierno, en mayo de 2018, se pierda continuidad a la labor realizada y existan inconvenientes ante la necesidad de volver a nombrar un encargado de esa función. La práctica habitual en algunos países ha sido la de contratar a una persona exclusivamente para desempeñar ese cargo.

Al respecto, el viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo ciudadano manifestó que “nunca mostraron oposición y no había financiamiento para controlar a alguien tal y como lo pretendían”[Note119: Comentario aportado por el viceministerio de Presidencia citado durante el período de consulta pública del presente Informe de Fin de Término.].

¿Se incorporó en el siguiente plan?

El Gobierno no incluyó esta iniciativa como compromiso en el nuevo plan de acción pero sí como uno de los hitos dentro de un compromiso para dar seguimiento a algunos de los pendientes del segundo plan de acción, pues CoST apenas empieza a implementarse y aún debe divulgarse y consolidarse.

El compromiso por el que se le dará seguimiento a esta iniciativa es el de dar “Seguimiento a los compromisos de la Estrategia Nacional por un Gobierno Abierto”, a través del hito “B”: “Transparentar los procesos de gestión de proyectos de infraestructura durante todo su ciclo de vida”.

III. Tema: Participación Ciudadana

Costa Rica's Commitments

  1. Opening of Public Data on Climate Change and Its Financing

    CR0050, 2017, Environment and Climate

  2. Observatory of the Legal Framework Governing on Open Government

    CR0051, 2017, Legislation & Regulation

  3. Implementation of Standards Integrated Open to Public Procurement Contracts (Sicop)

    CR0052, 2017, Open Contracting and Procurement

  4. Open Justice Policy

    CR0053, 2017, Judiciary

  5. Policy Open Parliament Legislative Assembly of the Republic of Costa Rica

    CR0054, 2017, Legislature

  6. Training for Women of Political Parties

    CR0055, 2017, Gender

  7. Tools and Mechanisms to Promote and Advocacy of Population Lgtbi

    CR0056, 2017, Gender

  8. Follow-Up to the Commitments of the National Strategy for an Open Government

    CR0057, 2017, Legislation & Regulation

  9. Review of the Third Plan of Action by the Administration Governing from 2018 to 2022

    CR0058, 2017, OGP

  10. Digital Platform for Access to Information on Plans, Programs and Protection Mecha Mos Women's Rights

    CR0047, 2017, E-Government

  11. Multichannel Platform National Public Offering of Education in Force

    CR0048, 2017, E-Government

  12. Laboratory and Innovation for Sustainable and Inclusive Cities

    CR0049, 2017, Public Participation

  13. Open Data Policy

    CR0024, 2015, Capacity Building

  14. Decree on Transparency and Access to Public Information

    CR0025, 2015, Capacity Building

  15. Draft Law on Access to Public Information

    CR0026, 2015, Legislation & Regulation

  16. Profile Directory Information of Public Institutions

    CR0027, 2015, E-Government

  17. Model Document Management and File Management

    CR0028, 2015, E-Government

  18. Law Enforcement Excessive Paperwork 8220

    CR0029, 2015, Legislation & Regulation

  19. For Open Government Technology Platforms

    CR0030, 2015, Capacity Building

  20. Costa Rica Strengthen My Future National Platform for Social Innovation and Siec

    CR0031, 2015, E-Government

  21. Starred commitment Transparency Index Ombudsman

    CR0032, 2015, E-Government

  22. Cumplmiento Reports with Internal Audit

    CR0033, 2015, Audits and Controls

  23. Policy Reforms Against Corruption

    CR0034, 2015, Anti-Corruption Institutions

  24. Transparent Selection of Civil Servants

    CR0035, 2015, E-Government

  25. Transparent Management Processes Infrastructure Projects

    CR0036, 2015, Anti-Corruption Institutions

  26. Civil Rights in Open Government

    CR0037, 2015, Capacity Building

  27. Citizen Service Training for Staff

    CR0038, 2015, Capacity Building

  28. Protocol for Dialogue with Sectors and Populations

    CR0039, 2015, Capacity Building

  29. Citizen Participation Policy of the Judiciary

    CR0040, 2015, Capacity Building

  30. Civic Laboratories

    CR0041, 2015, Capacity Building

  31. Houses of Justice

    CR0042, 2015, Justice

  32. 27 Territorial Councils for Rural Development

    CR0043, 2015, Infrastructure & Transport

  33. Talking for Good Living with Indigenous Peoples (RIBCA)

    CR0044, 2015, Marginalized Communities

  34. Table for Guanacaste

    CR0045, 2015, Infrastructure & Transport

  35. Democratic Development Workshops

    CR0046, 2015, Public Participation

  36. Enhance and Strengthen the Citizen Portal (Www.Gob.Go.Cr)

    CR0001, 2013, E-Government

  37. Create Enterprise Platform Used in All Municipalities in the Country

    CR0002, 2013, E-Government

  38. Expand Services in Electronic Service Windows (VES)

    CR0003, 2013, Citizenship and Immigration

  39. Encourage the Use of the Platform "In Time"

    CR0004, 2013, E-Government

  40. Electronically Implement the Veterinary Product

    CR0005, 2013, E-Government

  41. Promote Interoperability Framework

    CR0006, 2013, Capacity Building

  42. Strengthen the National System of Comptrollers Service

    CR0007, 2013, Public Service Delivery

  43. Conduct a Feasibility Study on the Modernization of the Postal Service in Costa Rica

    CR0008, 2013, Capacity Building

  44. Update the Guide for Developing Web Pages

    CR0009, 2013, E-Government

  45. Opening Implement the Public Budget

    CR0010, 2013, E-Government

  46. Hold a Forum on Access to Information and Public Participation in Environmental Issues

    CR0011, 2013, Environment and Climate

  47. Issue a Guideline for the Publication of Minutes

    CR0012, 2013, E-Government

  48. Starred commitment Develop an Index of Transparency of Public Institutions in Costa Rica

    CR0013, 2013, Anti-Corruption Institutions

  49. Submit to the Legislature a Draft Law on Access to Public Information

    CR0014, 2013, Legislation & Regulation

  50. Define and Implement the National Policy of Open Data

    CR0015, 2013, Open Data

  51. Promote Open Data in Public Institutions

    CR0016, 2013, Capacity Building

  52. Spread the Concept and Philosophy of Open Government in Public Institutions, Citizens and Public Opinion

    CR0017, 2013, Capacity Building

  53. Develop a Manual for the Use of Social Networks in Public Institutions in Costa Rica

    CR0018, 2013, Capacity Building

  54. Empower People Through Access to Information and Opportunities for Citizen Participation

    CR0019, 2013, E-Government

  55. Monitor the Open Data Hackathon First and Further Events of This Type

    CR0020, 2013, Open Data

  56. Implement the Pension System in the National Pension

    CR0021, 2013, E-Government

  57. Implement a Single Purchase System in the State Symphysis

    CR0022, 2013, E-Government

  58. Implement the "Digital Citizen Security" Project

    CR0023, 2013, E-Government