El gobierno abierto como una plataforma para el acceso a la justicia

Cuando se menciona el término gobierno abierto, muchas veces se piensa en datos abiertos, transparencia y anticorrupción, pero no necesariamente en un sistema de justicia justo y responsable. Sin embargo, recientemente se está utilizando el movimiento del gobierno abierto para mejorar los mecanismos de acceso a la justicia. El fortalecimiento de los marcos y sistemas legales y su acercamiento a la gente es un tema creciente en los países miembros de OGP, como parte del movimiento de reformadores de los gobiernos y la sociedad civil que buscan que las instituciones y procesos de gobierno sean más transparentes, responsables y accesibles a todos los ciudadanos. Además, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el objetivo 16 compromete a los países a promover “sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.”

Como bien lo sabe la sociedad civil, necesitamos utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para alcanzar nuestros objetivos. OGP tiene tres buenos ejemplos de países que están aprovechando a la Alianza para mejorar el acceso a la justicia. Estos casos abordan los siguientes temas: empoderamiento legal, dar voz a las comunidades marginadas y asegurar derechos para todos, mayor acceso a las estructuras y sistemas institucionales y la aplicación de la ley y rendición de cuentas.

Costa Rica: del aislamiento al acceso a los canales para la toma de decisiones

Los pueblos indígenas de Costa Rica representan el 2% de la población y en su mayoría se encuentran en áreas rurales aisladas. Entre otros factores, el idioma, aislamiento geográfico, falta de recursos y, sobre todo, la exclusión de la toma de decisiones han contribuido a que sean el sector de la población con menor representación y menor acceso a servicios. Aunque según la legislación, los indígenas tienen derecho a ser consultados acerca de los proyectos que los podrían afectar, este derecho (reconocido por convenciones internacionales firmadas por Costa Rica) históricamente había sido ignorado por los gobiernos.

Con el fin de abordar esta problemática, Costa Rica incluyó en su Plan de Acción Nacional el establecimiento de un diálogo entre el gobierno y la asociación de indígenas. Así se inició una conversación al respecto del diseño del mecanismo de consulta. Aunque Costa Rica había firmado la Convención sobre pueblos indígenas y tribales que obliga a implementar un mecanismo de consulta “libre, informado y previo”, pasaron 23 años (un año después de haber establecido el compromiso en el Plan de Acción de OGP) antes de que se estableciera el mecanismo de consulta para pueblos indígenas. Cabe mencionar que el resultado de este compromiso no sólo fue la creación del mecanismo, sino también la increíble mejora en los servicios públicos (salud, vivienda y agua, entre otros) de la región tras llevar a cabo el proceso de consulta.

Sudáfrica: Institucionalización del apoyo legal a nivel comunitario

En Sudáfrica, el gobierno estableció Oficinas de Asesoría Comunitaria para asegurar el acceso a servicios legales a nivel comunitario. Desafortunadamente, las oficinas muchas veces carecían de los recursos necesarios para mantener y escalar su trabajo, así como del reconocimiento institucional para operar a escala. Un grupo de la sociedad civil de Sudáfrica que casualmente asistió a una reunión en la que se mencionó a OGP decidió utilizar la plataforma para impulsar el tema .

Cuando regresaron a su país, descubrieron que se estaba llevando a cabo el proceso de consulta de diseño del Plan de Acción. Así, iniciaron un proceso de colaboración con el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil y lograron incluir un compromiso que buscaba institucionalizar en el sistema de justicia las Oficinas de Asesoría Comunitaria. De esta manera, se aseguraría establecer las oficinas de forma permanente en las comunidades, ofrecer los recursos necesarios y que se capacitar a su personal en temas de defensa, comunicaciones y política.  

El trabajo de la sociedad civil no implica solamente promover temas, sino que muchas veces es ella quien implementa y escala programas y quien se encarga de que se llegue a las comunidades adecuadas. Sudáfrica se encuentra en proceso de implementar este compromiso y los resultados logrados dependerán de los recursos, conocimientos técnicos y voluntad política, pero también de la colaboración con la sociedad civil.

Indonesia: Transparencia en la policía

En muchas ocasiones los ciudadanos se ven envueltos en laberintos burocráticos que afectan los mecanismos regulatorios con los que tienen que interactuar en su vida cotidiana. Los ciudadanos de Yakarta y otros sitios de Indonesia se enfrentaban con hostigamientos y con el costo de oportunidad de interactuar con la policía. El país carece de sistemas para ofrecer los sistemas básicos de la aplicación de la ley, incluyendo las infracciones de tráfico. Había una falta de transparencia en las funciones y el mandato de los funcionarios encargados de la aplicación de la ley.

El Gobierno y la sociedad civil de Indonesia colaboraron para incorporar un compromiso de reforma de la policía en el Plan de Acción. El compromiso tiene por objetivo promover la transparencia, rendición de cuentas y capacidad de respuesta de la policía y el sistema de justicia. Así se definió la obligación de publicar información a nivel de funcionario y las cuotas y costos de diferentes infracciones y servicios.

En la mayoría de los países existe un laberinto institucional que los ciudadanos deben navegar cuando presentan una denuncia por incumplimiento de sus derechos y la interacción con las instituciones judiciales es penosa para los ciudadanos. Este compromiso contempla la publicación de información sobre las infracciones en línea, dando acceso fácil a los ciudadanos.

Reformas diseñadas para contextos específicos: OGP

¿Qué tienen en común todas estas historias? La plataforma de OGP permitió lograr avances en temas que parecían imposibles de resolver y que en algunos casos habían estado presentes durante décadas. OGP no buscó soluciones simples, sino que permitió establecer un proceso colaborativo aprovechando recursos y personas que anteriormente ya estaban abordando el problema.

Cada una de estas historias tiene una relación diferente con la justicia, desde crear un discurso de derechos e inclusión en Costa Rica, hasta establecer un sistema de expansión de la justicia en Sudáfrica, hasta asegurar que el estado de derecho sea accesible para todos los ciudadanos como en el caso de Indonesia. En todos estos casos, la necesidad fue identificada de forma colaborativa por los gobiernos y la sociedad civil.

Como en el caso de Sudáfrica, para OGP la sociedad civil debe ser una pieza fundamental del proceso de diseño de políticas públicas y las necesidades de la sociedad civil deben ser la prioridad del gobierno.

En Costa Rica, OGP ha ayudado a impulsar el objetivo 16 de los ODS, tanto a través del proceso de OGP en general, como a través de los compromisos. Las comunidades marginadas ahora tienen voz y voto en el diseño de las políticas que las afectan.

Y lo que es más importante, OGP ha operado como un catalizador al abrir la oportunidad de mayores reformas en Indonesia y Costa Rica. OGP ha logrado resultados concretos en temas y promesas que se habían hecho años atrás, incluso en otros foros internacionales.

Además, el mecanismo de rendición de cuentas de OGP y el seguimiento constante a los compromisos aseguran que el compromiso tenga el alcance esperado. La disponibilidad de datos y el acceso a ellos son clave para el proceso y visión de OGP, pues aseguran que haya resultados en un marco temporal definido. En los casos en los que la implementación de los compromisos no ha sido exitosa, los datos nos ayudan a identificar las razones por la que esto ocurrió.

Los promotores del gobierno abierto y del acceso a la justicia deben trabajar de forma conjunta. El acceso a la justicia está relacionado con los gobiernos responsables y con la protección a los derechos y canales que los ciudadanos tienen para participar en las decisiones del estado. A nivel global, la falta de recursos, la mala calidad en los servicios públicos y la falta de seguridad y justicia son parte fundamental de la visión y objetivos de OGP. Los socios de la sociedad civil que trabajan en estos temas son socios clave, al promover esfuerzos de empoderamiento, justicia, protección y participación ciudadana a través de los Planes de Acción.