Uruguay Transitional Results Report 2018–2020

La Alianza para el Gobierno Abierto es una alianza global que reúne a reformadores de Gobierno y líderes de la sociedad civil en la creación de planes de acción que logren gobiernos más incluyentes, responsables y que rinden cuentas. Los compromisos de los planes de acción pueden contribuir a esfuerzos existentes, identificar medidas adicionales para completar reformas que están en curso o iniciar medidas en un área completamente nueva. El Mecanismo de Revisión Independiente (IRM, por sus siglas en inglés) monitorea todos los planes de acción para asegurar que los gobiernos cumplan con sus compromisos. Los líderes de la sociedad civil y del Gobierno pueden utilizar estas evaluaciones para reflexionar sobre sus avances y determinar si las acciones implementadas tuvieron impactos en la vida de las personas.

El Mecanismo de Revisión Independiente de OGP se asoció con Analía Bettoni del Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) para llevar a cabo esta evaluación. El IRM tiene el objetivo de aportar insumos a un diálogo constante sobre el desarrollo e implementación de compromisos futuros. Para consultar una descripción completa de la metodología del IRM, visite: https://www.opengovpartnership.org/about/independent-reporting-mechanism.

Este informe cubre la implementación del cuarto plan de acción de Uruguay para 2018-2020. En el año 2021 el IRM implementará un nuevo enfoque a su proceso de investigación y al alcance de sus informes sobre sus planes de acción aprobados en el marco de la actualización el IRM^[1]. Los informes de implementación de los planes de acción 2018-2020 fueron ajustados para adaptarlos al proceso de transición a los nuevos productos del IRM y permitir al IRM ajustar sus procesos de trabajo a la luz de los efectos que ha tenido la pandemia por la COVID-19 sobre los procesos de OGP en los países.

Implementación del plan de acción

El informe de transición de resultados del IRM evalúa el estado de los compromisos de los planes de acción y los resultados de su implementación al final del ciclo del plan de acción. Este informe no evalúa “Verificabilidad”, “Relevancia” o “Impacto potencial”. El IRM evalúa estos tres indicadores en los informes de diseño. Para más detalles de cada uno de los indicadores, revise el Anexo II en este informe.

Aspectos destacados y resultados generales

La implementación del plan tuvo un avance sustantivo en el cumplimiento de metas. Se cumplió el 49% de los compromisos de forma sustancial y un 21 % en forma completa, lo que muestra un nivel de cumplimiento similar al del plan anterior.

El cumplimiento de los compromisos se midió al 31 de agosto de 2020, fecha oficial de cierre del plan de acción, pero dado que el Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto aprobó en mayo de 2020 una extensión interna para la ejecución de los compromisos hasta el 10 de diciembre[2], para medir los resultados preliminares también se tomaron en cuenta los avances identificados en ese período adicional.

Compromisos 1, 2 y 7 (Implementación del Plan Nacional de Aguas; Sistema Único Nacional de Gestión de Denuncias Ambientales; Sistema de recepción y procesamiento de denuncias) En la evaluación de diseño de este plan de acción se identificaron cinco compromisos notables (1,2, 7, 13 y 38). Sin embargo, no todos lograron implementarse en forma completa y sustancial y alcanzar su potencial. El compromiso 1, a cargo del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, buscaba incorporar componentes de acceso a la información y participación ciudadana en la construcción e implementación de Planes Regionales de Cuenca, previstos en el Plan Nacional de Aguas. El compromiso 2, a cargo del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Intendencia de Montevideo, tenía como objetivo desarrollar e implementar el Sistema Único Nacional de Gestión de Denuncias Ambientales accesible a la población, permitiendo realizar una trazabilidad de actuaciones sobre aquellas denuncias. El compromiso 7, a cargo de la Junta de Transparencia y Ética Pública, planteaba implementar un sistema para recibir y procesar denuncias ciudadanas contra la corrupción, brindando garantías para los denunciantes.

A pesar del potencial prometedor de estos compromisos, su implementación se vio limitada. Temas relacionados con la pandemia por la COVID-19 obstaculizaron la implementación de los compromisos 1 y 7. En el caso del compromiso 2, se reportaron retrasos vinculados con reestructuras por el cambio de Gobierno y la creación del nuevo Ministerio de Ambiente, sumado a la pérdida de contacto entre las agencias implementadoras. Si bien al momento de cierre del periodo de implementación del plan de acción no se lograron los resultados esperados, cabe destacar que en el caso del compromiso 1 se avanzó en materia de participación ciudadana para la construcción colectiva de los planes de gestión integrada de los recursos hídricos, que se adaptó a la modalidad virtual. También, durante la extensión otorgada por el Gobierno se avanzó en la creación de una herramienta de e-participación que contribuirá a ampliar y facilitar procesos de participación en todo el país.

En el caso del compromiso 2, se avanzó en el diseño y definición de los protocolos de actuación, se elaboró un formulario para canalizar las denuncias y se diseñó el flujo de las denuncias. Sin embargo, la creación del nuevo Ministerio de Ambiente en julio de 2020, y la reestructura institucional asociada, influyó en el cumplimiento del compromiso, afectando la implementación del sistema y el relacionamiento entre las agencias implementadoras. Por otra parte, el cambio de Gobierno en marzo de 2020 afectó la implementación del compromiso 7, ya que la persona referente dejó en ese momento su cargo y no fue sustituida. No obstante, se destaca el proceso de consulta realizado con la sociedad civil en torno a la estructura y contenidos del portal de denuncias, participación que también se dio durante el proceso de elaboración del compromiso, como se señaló en el informe de diseño. Por otra parte, para poder hacer frente a las limitaciones presupuestales, se logró realizar una adaptación de la propuesta original del compromiso utilizando utilidades ya disponibles en el portal trámites.uy.

La implementación del plan de acción presenta resultados destacables en compromisos relevantes al valor de la participación ciudadana, algunos de los cuales responden a demandas de la sociedad civil. Esto configura un avance en relación con el plan anterior, que estaba fundamentalmente centrado en el acceso a la información. Un ejemplo, es el compromiso 8 (responsabilidad de la Corte Electoral), que habilita información para una mejor auditoría ciudadana tanto de los resultados de las elecciones como del financiamiento de los partidos políticos, lo que constituye un reclamo de larga data desde la sociedad civil.

Otros compromisos lograron buenos resultados generando procesos participativos en el diseño de las políticas públicas y servicios o buscando alternativas para la cocreación de soluciones a los problemas. El compromiso 31 de Catastro Abierto (responsabilidad de la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas), además de dar continuidad a compromisos anteriores, incorpora la participación de potenciales usuarios para la definición de sus servicios e incluye un componente de rendición de cuentas, único en todo el plan. También se logran buenos y auspiciosos resultados en la línea de justicia abierta a través de los compromisos del Poder Judicial (13, 14 y 15) que buscan transparentar los procesos judiciales para todas las personas involucradas y eventualmente a toda la población.

Impacto de la pandemia por la COVID-19 en la implementación

La pandemia por la COVID-19 impactó fuertemente la implementación de los compromisos del plan de acción de Uruguay y muy especialmente los que incluían instancias de participación presencial.

El 13 de marzo de 2020, el Presidente de la República y el Consejo de Ministros promulgaron el decreto 93/020[5], que declaró el estado de emergencia sanitaria nacional a causa de la pandemia por la COVID-19. Entre otras medidas, este decreto suspendió todos los espectáculos públicos y otorgaba autoridad para suspender aquellos eventos que implicaran la aglomeración de personas. Si bien no hubo una cuarentena obligatoria para toda la población, se impulsó el confinamiento voluntario y el teletrabajo de los funcionarios públicos en aquellas dependencias que estaban en condiciones de realizarlo. Esto llevó a una disminución de recursos humanos disponibles en las oficinas de distintos ministerios y otros organismos, y al cierre temporal de algunos servicios, lo que resintió también el cumplimiento de algunos compromisos del plan de acción. Asimismo, la situación de emergencia sanitaria obligó a los organismos públicos a redistribuir recursos humanos y destinar sus mayores esfuerzos para atender prioridades y urgencias emergentes de la nueva situación.

En el análisis de cada compromiso se detalla cuáles fueron los retrasos en el cumplimiento de las metas o cancelaciones a raíz de la pandemia, para cada caso.

[1] Para mayor información, visite: https://www.opengovpartnership.org/process/accountability/about-the-irm/irm-refresh/

[2] Noticia de la extensión del plazo disponible aquí: https://tinyurl.com/6am3sne8

[3] La LUC es un paquete legislativo que incluye más de 500 artículos sobre saneamiento, educación, vivienda y medidas de seguridad, entre otros temas: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19889-2020

[4] Entrevista realizada a Daniel Carranza (DATA), 04/10/2021

[5] Acceder aquí: https://www.impo.com.uy/bases/decretos/93-2020