Training on Transparency and Access to Public Information (PE0051)

Problema público identificado: Se han identificado casos de negativa en la entrega de información o falta de actualización de los portales de transparencia por el desconocimiento o inadecuada interpretación de las normas de TAIP por parte de los funcionarios públicos. Objetivo: Fortalecer las capacidades de los funcionarios responsables de atender las solicitudes de información y de los responsables del PTE sobre los alcances de la normativa en materia de TAIP, para un mejor ejercicio de sus funciones y generar mayor valor público para los ciudadanos y ciudadanas.

Compromiso 3. Capacitación a funcionarios para cumplimiento de la LTAIP

Texto del compromiso:

Mejorar los conocimientos y desarrollar habilidades de los funcionarios y servidores públicos para la adecuada implementación de la normativa de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ampliando progresivamente la cobertura de la capacitación.

• Programa de Fortalecimiento de Capacidades sobre Gobierno Abierto enfocado en transparencia y acceso a la información pública (en una primera etapa al personal responsable de atender las solicitudes de información en los tres niveles de gobierno).
• Virtualización del programa de Fortalecimiento de Capacidades sobre Gobierno Abierto enfocado en transparencia y acceso a la información pública.

Institución responsable: Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gestión Pública.

Fecha de inicio: febrero 2015 Fecha final: marzo 2016

Contexto y objetivos

Según el plan de acción, el problema que aborda el compromiso son los frecuentes casos de negativa injustificada a entregar información en las dependencias del Estado, así como la falta de actualización de los portales de transparencia que hace que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) sea, en la práctica, ineficaz.

El objetivo que se plantea es fortalecer las capacidades de los funcionarios responsables de atender las solicitudes de información, y de los responsables del Portal de Transparencia Estándar (PTE) sobre los alcances y normativa en materia de transparencia y acceso a la información pública (TAIP). La entrega de información y la mejora de los contenidos y datos que contienen los PTE se facilitarían si los funcionarios públicos tuvieran un mejor conocimiento del tema. De esta forma los ciudadanos podrían acceder a más y mejor información.

Para alcanzar el objetivo, se propone crear una plataforma de capacitación a funcionarios públicos que permita compartir las buenas prácticas, conocer los precedentes jurisdiccionales sobre la materia y fomentar comunidades de aprendizaje. Sin embargo, no se establece claramente el periodo en que se realizarán estas actividades ni su alcance en número o en función del territorio. Solo se menciona que se haría en los tres niveles de Gobierno. Por esas razones tiene una especificidad media.

El impacto potencial de esta actividad ha sido valorado como menor porque no está claro si se capacitará a la totalidad de funcionarios responsables de entregar información. Aún en este caso, la sola capacitación no asegura la voluntad del funcionario público por ajustarse a la norma; más aún si no existen instancias y mecanismos efectivos para sancionar el incumplimiento de su deber de entregar información ^{Si bien la LTAIP establece textualmente que “Los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las disposiciones a que se refiere esta Ley serán sancionados por la comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso denunciados penalmente por la comisión de delito de Abuso de Autoridad a que hace referencia el Artículo 377º del Código Penal”, no hay mecanismo o instancia explícita para promover estas sanciones y hacerlas de cumplimiento efectivo. Este diagnóstico fue consensuado en la Comisión Multisectorial, así como la necesidad de instituir una Autoridad Autónoma que haga efectivas las sanciones.} , lo que ha venido sucediendo a pesar de que la ley contempla sanciones. La virtualización no está acompañada de un programa de difusión y sensibilización, y tampoco se tiene previsto un mecanismo para evaluar los resultados de esa capacitación.

Cumplimiento

El programa se está desarrollando antes del plazo previsto. Según información brindada por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ^{[1] Mayen Ugarte, titular de la Secretaría de Gestión Pública desde agosto de 2016, en evento “Gobierno Abierto, retomando el proceso”, Lima 23 de septiembre 2016.} , a la fecha se ha capacitado a más de 5.500 funcionarios de diversas regiones del país, en temas relativos a TAIP. El informe de autoevaluación menciona, además, que se realizaron capacitaciones a los 19 ministerios y 54 organismos públicos del Poder Ejecutivo. Adicionalmente se conformaron equipos de capacitación que realizaron réplicas de un Programa de Fortalecimiento de Capacidades en materia de gobierno abierto dirigido a gobiernos regionales y locales.

Este programa se desarrolla en forma de talleres de dos días de duración, para lo cual la PCM elaboró, en colaboración con la agencia norteamericana USAID, cuatro fascículos con su respectiva guía metodológica que, aunque no tiene una plataforma especial, se encuentra en línea en el sitio de la PCM ^{Los cuatro módulos son: Transparencia, Acceso a la Información Pública, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, y Gobierno Abierto. Puede verse los fascículos en línea en:http://sgp.pcm.gob.pe/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/} .

El cumplimiento del compromiso se inició con el desarrollo de los materiales en 2014, fuera del marco formal de la AGA, debido a la vigencia del acuerdo con USAID. La capacitación se inició en febrero de 2015, según informó la PCM, mientras el plan de acción que contemplaba este compromiso de aprobó en julio de 2015.

La virtualización del programa de capacitación (el hito 2) no se ha iniciado. Según el informe de autoevaluación del Gobierno, la virtualización del Programa de Fortalecimiento de Capacidades se está evaluando y se reprogramó para junio de 2017.

Resultados preliminares

Los talleres se han realizado con continuidad según el informe de autoevaluación del plan de acción, elaborado por la Secretaría de Gestión Pública y los materiales utilizados han pasado por varios procesos de revisión. No obstante, el comisionado de la Defensoría del Pueblo señaló, al ser consultado en esta materia, que las mejoras en el desempeño de los funcionarios encargados de atender las solicitudes de información en el último año, son insuficientes.

La supervisión a los portales de transparencia de la Defensoría del Pueblo, efectuada durante el primer semestre de 2015 ^{Reporte Defensoría del Pueblo, Supervisión a los Portales de Transparencia http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/documentos/Segunda-supervision-2015.pdf} , señaló que “en comparación con los resultados del segundo semestre del año 2014, se aprecia que los ministerios, los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales, en el primer semestre de 2015, mejoraron su nivel general de cumplimiento de 87% a 93%, de 69% a 71% y de 42% a 50%, respectivamente”, lo que denota avances, aunque modestos aún.

Por su parte, los interesados que pertenecen a las organizaciones de la sociedad civil manifestaron su escepticismo frente a este tipo de actividades, mientras no exista una entidad con capacidad sancionadora que regule los incumplimientos a la ley.

Siguientes pasos

El compromiso debería ser incorporado en el próximo plan de acción con metas más claras en cuanto a su alcance y con el compromiso adicional de vincular a los funcionarios encargados de proporcionar la información pública, a una capacitación previa más detallada. Esta capacitación, además de señalar los principios básicos del gobierno abierto y las obligaciones legales derivadas de la LAIP, debe incidir en los beneficios que trae a la gestión cumplir estas obligaciones y las excepciones aceptadas, con un estudio de casos relacionado. Para mejorar el impacto, el compromiso debe ser parte de una iniciativa mayor en la que estén incluidas las sanciones a los funcionarios que incumplen su obligación, que se prevé establecerá la recién creada Autoridad Nacional de Transparencia.

En suma, el compromiso debería establecer una capacitación intensiva y obligatoria a todos los funcionarios designados como encargados de brindar información en la totalidad de entidades públicas, lo que debe incluir el conocimiento de las sanciones a las que se exponen, de no hacerlo.