Skip Navigation

Nuevo Gobierno chileno y prioridades OGP

Andrea Sanhueza|

El nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Chile en su Primer Plan de Acción 2012-2013 es significativo. De un total de 19 compromisos cumplió 15 de ellos.

No cabe duda que la administración del Presidente Piñera -quien dejó el poder este 11 de Marzo luego de 4 años- realizó un esfuerzo sistemático no solo para cumplir con lo comprometido en el Primer Plan sino que también realizó un proceso de consulta con organizaciones de la sociedad civil y servicios públicos para recoger propuestas para el Segundo Plan de Acción 2013-2014.

Bajo la nueva administración de la Presidenta Bachelet ha asumido como Presidente de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia, el Sr. Rodrigo Mora, quien deberá  enfrentar el desafío de vincular los compromisos establecidos en el Plan de Acción 2013-2014 con las recomendaciones y propuestas contenidas en el Informe de Avance 2012-2013 del Gobierno de Chile.

Esta tarea puede parecer un trabajo mecánico de conciliar dos documentos. Muy por el contrario, es una responsabilidad de toda relevancia.

Es relevante ya que aquellos compromisos que queden plasmados en el Plan de Acción 2013-2014 serán la hoja de ruta del Gobierno, y para cumplir con ella realizará esfuerzos de coordinación y seguimiento con los servicios responsables, además de informar sobre sus avances, así como también destinar recursos y capital político para su cabal y oportuna implementación.

Por un lado dispone de un Plan de Acción 2013-2014 que comprende un total de 87 compromisos. Al realizar un rápido análisis se puede apreciar que existen compromisos particulares con un alcance acotado y otros que pueden tener un impacto  sustantivo a nivel nacional en el caso de ser implementados.

Por su parte el  Informe de Avance del Independent Reporting Mechanism (IRM) recopila propuestas provenientes de organizaciones de la sociedad civil expertas en los temas en función de los logros alcanzados y los desafíos pendientes.

A la fecha el Presidente de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia ha sido proactivo en esta materia convocando el 24 de Marzo a las organizaciones de la sociedad civil y órganos autónomos que conforman la Mesa Técnica encargada de colaborar con la autoridad  en el proceso del Open Government Partnership (OGP).

El desafío de compatibilizar estos dos procesos se vio reflejado claramente a través de comentarios, preguntas y propuestas que realizaron los y las participantes de esta reunión. Este diálogo reflejó por un lado la importancia de la tarea y en segundo lugar que existen varias formas de abordarla.

Algunas cuestiones que me parecen fundamentales que el Plan de Acción 2013-2014 incorpore.

  • Es indispensable reorganizar y priorizar. No todos los 87 compromisos tienen el mismo alcance y potencial impacto. Estos se pueden reagrupar de acuerdo a su alcance, ya sea local, sectorial, regional y/o nacional.
  • Incorporar como prioridades:
    • La implementación de la Ley del Lobby recientemente promulgada.  Chile ha dado un paso crucial en transparencia y ahora hay que asegurarse que se ponga en práctica.
    • Dotar de visión y voluntad política a la implementación de la Ley sobre Participación Ciudadana. Las instancias de participación establecidas en la Ley se han implementado durante los dos últimos años pero sin creer que efectivamente una gestión pública que  incorpore a la ciudadanía contribuirá a que las políticas públicas sean más efectivas y democráticas. 
    • Continuar liderando el proceso de América Latina y el Caribe para mejorar la implementación de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales.

Si avanzamos en estas prioridades Chile será un país que consolidará sus niveles de transparencia y se pondrá al día con la enorme deuda que tiene con su gente, la cual hoy se siente excluida de las decisiones que le afectan y le interesan.

 

Open Government Partnership