Argentina Design Report 2017-2019

El proceso de cocreación del tercer plan de acción en Argentina ha sido el más inclusivo y participativo registrado hasta la fecha. El plan de acción resultante abarcó tanto a los tres poderes del Estado nacional como al plano subnacional e incluyó compromisos en temas sensibles tales como presupuesto, compras y contrataciones y conflictos de interés, así como áreas temáticas clave, incluidas las de medio ambiente, género y salud. Sin embargo, el plan es de ambición limitada debido a deficiencias en el diseño de los compromisos. Para el cuarto plan de acción, se recomienda incluir menos compromisos con más alcance, que describan con precisión el problema identificado, el punto de partida y el resultado que se espera obtener mediante su implementación. Adicionalmente, se sugiere enfatizar el principio de rendición de cuentas, tema prioritario en Argentina pero en gran medida ausente del plan de acción.

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA, u OGP por sus siglas en inglés) es una alianza mundial que reúne a reformadores de gobiernos y líderes de la sociedad civil para crear planes de acción que hagan a los gobiernos más inclusivos, receptivos y responsables. El Mecanismo de Revisión Independiente (IRM, o IRM por sus siglas en inglés) monitorea todos los planes de acción para asegurar que los gobiernos hagan seguimiento a los compromisos y los cumplan. Argentina se unió a OGP en 2012 y desde entonces ha implementado tres planes de acción. Este reporte evalúa el diseño del tercer plan de acción de Argentina.

Descripción general del plan de acción

El Gobierno inaugurado a fines de 2015 hizo suyo el discurso del gobierno abierto, facilitó los resortes institucionales para agilizar la participación argentina en OGP y lanzó una estrategia de gobierno abierto que excedió con creces los planes de acción suscriptos ante OGP. Los cambios concretos de política pública, sin embargo, fueron más lentos y menos profundos de lo esperado. Asimismo, la sociedad civil organizada continuó reclamando compromisos sólidos en materia de transparencia y control presupuestario y fortalecimiento de mecanismos anticorrupción, particularmente en relación con las contrataciones públicas de obras de infraestructura, entre otras cuestiones.

El proceso de cocreación – el más participativo realizado hasta la fecha – fue en sí mismo cocreado por el Gobierno y la sociedad civil. Se compuso de cuatro etapas sucesivas, a saber: sensibilización, recepción de propuestas, mesas de diálogo y consulta pública en línea. El momento central del diseño del plan fue el trabajo en mesas de diálogo temáticas, realizadas tanto a nivel nacional (en la ciudad capital) como en varias entidades subnacionales (diez provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). De ellas surgieron los borradores de los compromisos, que se refinaron posteriormente y que eventualmente se incluyeron en el plan. La Dirección de Gobierno Abierto desempeñó un importante rol de liderazgo del proceso, asistida por la recientemente instalada Mesa Nacional de Gobierno Abierto, un foro de composición paritaria entre Gobierno y sociedad civil que desempeñó funciones de asesoramiento y curación de propuestas durante el desarrollo del plan, y de monitoreo y reporte durante su implementación. El proceso de consultas públicas registró niveles variables de participación, pero en todos los casos fue consistente con los estándares de cocreación de OGP.

El proceso de diseño del tercer plan incluyó esfuerzos relativamente exitosos para extender el alcance del plan de acción horizontalmente (más allá del Poder Ejecutivo) y verticalmente (hacia entidades subnacionales). Asimismo, por primera vez se atendieron las demandas de la sociedad civil en relación con la inclusión de algunos temas de presupuesto, compras y contrataciones; obras de infraestructura[1] y servicios públicos; organismos de control, declaraciones juradas y conflictos de interés; medio ambiente, salud, educación y género, entre otros. En consecuencia, el plan resultante supuso un salto cualitativo en relación con los anteriores. Sin embargo, la estrategia de reclutar organismos interesados en presentar compromisos resultó en un plan abultado y disparejo en alcance y ambición. La mayor parte de los compromisos presenta un impacto potencial limitado y coloca escaso énfasis en la dimensión de rendición de cuentas[2], aspectos que la investigadora del IRM recomienda tener especialmente en cuenta de cara al cuarto plan de acción.

Tabla 2. Compromisos notables

Recomendaciones

Las recomendaciones del IRM tienen como objetivo informar el desarrollo del próximo plan de acción y guiar la implementación del plan actual[3].

Tabla 3. Cinco recomendaciones CLAVE del IRM

[1] En relación con el tema clave de la transparencia y el control de las obras de infraestructura, sin embargo, las OSC consultadas subrayan la limitación de que “el único compromiso incluido [en ese sentido] fue el de la Ciudad de Buenos Aires, cuando sobre el punto pesaba una mayor demanda en el ámbito nacional”. Cf. Representación de sociedad civil en la Mesa Nacional, comentarios escritos, 5/08/19.

[2] Definición del valor de rendición de cuentas según el Manual de Procedimientos IRM: “Normas, regulaciones y mecanismos que llaman a los actores del gobierno a justificar sus acciones, a actuar ante las críticas o requerimientos que se les hacen, y a aceptar responsabilidad por el incumplimiento de leyes o compromisos”: Véase https://www.opengovpartnership.org/documents/irm-procedures-manual/

[3] El IRM modificó el formato de los informes de revisión de planes de acción en respuesta a la evaluación del IRM 2017. La transición a los nuevos formatos afectó el cronograma de revisión de los planes de acción 2017-2019. Por ello, el IRM envió el informe de diseño al gobierno de Argentina en los últimos meses de implementación de su tercer plan de acción 2017-2019 y ya avanzado el proceso de cocreación del cuarto plan de acción 2019-2021.